EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 4 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADALBERTO MALDONADO TRENADO Y JOSÉ FÉLIX DÁVALOS DÁVALOS. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: ADALBERTO MALDONADO TRENADO. SECRETARIO: FRANCISCO RENÉ RAMÍREZ MARCIAL.
Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, correspondiente al cuatro de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente 6/2017, relativo a la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.
Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco denunció la posible contradicción de criterios, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 1/2017; por el Segundo Tribunal Colegiado de la referida especialidad de este Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia 8/2017, y por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al emitir la ejecutoria correspondiente en el incidente de inejecución de sentencia 14/2017.
SEGUNDO.—Trámite ante el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito.
Por acuerdo de once de diciembre de dos mil diecisiete, el entonces Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número de contradicción de tesis 6/2017, y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si subsistían los criterios sustentados en cada uno de los asuntos mencionados o, en caso de que se tuvieran por superados o abandonados, expusieran las razones que sustentaran las consideraciones respectivas, y enviaran copia certificada de las ejecutorias correspondientes.
TERCERO.—Remisión de constancias y turno.
Mediante auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito tuvo por desahogada la vista ordenada; asimismo, con fundamento en el artículo 13, fracciones VI y VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó turnar la contradicción de tesis al Magistrado José Luis González, integrante del Pleno de Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 27, 28, 29, 30 y 39 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre los Tribunales Colegiados en Materia Penal pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue promovida por el titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el incidente de inejecución 1/2017, el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"... Ahora bien, de las constancias relativas al juicio de amparo y de las que se hizo relación con antelación, se puede advertir que, mediante resolución de dos de diciembre de dos mil dieciséis, se declaró procedente el incidente de suspensión condicional de la pena que le fue impuesta al sentenciado **********, ordenándose su inmediata libertad; por lo que si el sentenciado ya obtuvo su libertad, resulta innecesario que se abra un incidente donde se analice la medida cautelar peticionada, de sustitución de prisión preventiva. Amén de que no debe perderse de vista que si el quejoso lo que pretendía con la promoción de la acción constitucional era obtener su libertad mediante la fijación de una medida cautelar, y con el beneficio concedido en sentencia definitiva alcanzó la finalidad buscada, es incuestionable que ninguna transcendencia jurídica tendía (sic) insistir en el cumplimiento del fallo protector."
2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 8/2017, el once de octubre de dos mil diecisiete, esgrimió, en esencia, las consideraciones siguientes:
"Por el contrario, del relato de los antecedentes anteriores y de las constancias que conforman el juicio de amparo indirecto, se puede advertir que, no obstante que el Juez Federal estimó que las autoridades responsables justificaron la imposibilidad material que alegaron, para acatar el fallo protector; sin embargo, la a quo debió determinar interlocutoriamente la existencia o no de la imposibilidad material alegada por la responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y no determinarlo a través del proveído citado en párrafos anteriores (cinco de junio del año en curso); en razón de que, durante la sustanciación de la etapa de ejecución del juicio de amparo, como ya se precisó, las autoridades responsables realizaron diligencias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incluso, el agente del Ministerio Público, solicito al Juez de amparo que por su conducto se citará a la quejosa. En tal sentido, ante la reiterada expresión por parte de la autoridad responsable, en el sentido de que no es posible ejecutar en sus términos la ejecutoria de amparo, porque refirió que está imposibilitada materialmente para hacer comparecer a la quejosa para realizarse el dictamen solicitado, y con ello dar cabal cumplimiento a la sentencia protectora; el Juez de amparo debió ordenar oficiosamente un incidente innominado para que determinara si existe o no la imposibilidad que aduce la responsable."
3. Y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 14/2017, el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, expuso, esencialmente, los argumentos siguientes:
"... Ciertamente, no es jurídicamente posible que la autoridad responsable cumpla con los efectos del fallo protector, por lo que ve al precitado quejoso, esto es, que se practiquen los estudios relativos a los rayos x, para que un especialista en traumatología determinara su manejo final, en torno al padecimiento que presentaba el quejoso en el tobillo izquierdo y la noludación en la pierna derecha, tal como fue ordenado en la ejecutoria de amparo; en razón de que el quejoso obtuvo su libertad ordenada por la autoridad jurisdiccional antes mencionada, al haber compurgado la pena privativa de libertad impuesta en la causa penal en cita."
CUARTO.—Procedencia de la contradicción de criterios.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
I. La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,
II. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
Los requisitos anteriores se sustentan en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
QUINTO.—Existencia de la contradicción de criterios.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito considera que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 1/2017; por el Segundo Tribunal Colegiado de la referida especialidad de este Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia 8/2017; y por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al emitir la ejecutoria correspondiente en el incidente de inejecución de sentencia 14/2017, pues dichos Tribunales Colegiados de Circuito se ocuparon de la misma cuestión jurídica, tomaron en consideración elementos similares y llegaron a conclusiones distintas, con lo que se satisfacen los requisitos para que exista la contradicción de criterios.
En efecto, como puede corroborarse en los asuntos en controversia, cuyas consideraciones esenciales fueron transcritas con antelación, el punto en controversia consiste en determinar si para declarar que existe imposibilidad para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, debe tramitarse el incidente innominado a que se refiere el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, o bien, si debe hacerse la declaratoria correspondiente de plano, es decir, sin sustanciación incidental.
Al respecto, los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Penal del Tercer Circuito estimaron procedente avalar la determinación del órgano de control constitucional de primer grado, en el sentido de que existía imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo. Declaración que se llevó a cabo de plano, es decir, sin sustanciación incidental.
En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó que lo procedente era reponer el procedimiento de ejecución y devolver los autos del juicio de amparo al Juez de Distrito, para que tramitara el incidente innominado que se prevé en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, cuyo procedimiento debía regirse por los artículos 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación que rige la materia, a fin de determinar si existe o no la imposibilidad que aducía la autoridad responsable.
Ello, atendiendo a las circunstancias particulares del caso que analizó, como fueron, que reiteradamente la autoridad responsable expresó al Juez que no era posible ejecutar en sus términos la sentencia de amparo, en virtud de que la quejosa no comparecía para la valoración psicológica necesaria, refiriendo la autoridad que materialmente estaba imposibilitada para ello y planteando la aludida incidencia al juzgado de amparo.
Como se advierte, la contradicción de criterios surge respecto del trámite que debe anteceder a la declaratoria de imposibilidad para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, puesto que los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Penal del Tercer Circuito decidieron de plano, que era factible emitir esa declaratoria sin sustanciación incidental alguna; en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estimó que, previo a emitir una declaratoria en el sentido indicado, era necesario tramitar el incidente a que se refiere el artículo 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, por las particularidades del caso.
En estos términos se da la contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron un mismo problema jurídico, es decir, si para declarar que existe imposibilidad para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, debe tramitarse el incidente innominado a que se refiere el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, o bien, si debe hacerse la declaratoria correspondiente de plano, es decir, sin sustanciación incidental, y sostuvieron criterios discrepantes.
SEXTO.—Aclaraciones.
Cabe señalar que el hecho de que los criterios adoptados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no hayan sido expuestos formalmente como tesis, no es obstáculo para que este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito se ocupe de la contradicción de tesis denunciada, pues a fin de que se determine su existencia, basta que diversos Tribunales Colegiados de Circuito adopten criterios distintos al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Tampoco lo es la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no hayan integrado jurisprudencia, toda vez que la normatividad establecida para dirimir una contradicción de tesis no exige dicho requisito, tal como se indica en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo.
Corolario a lo previo, se estima que el sistema de denuncia de contradicción de tesis entre las establecidas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, tiene por objeto que el Pleno de Circuito correspondiente, a través de la sustentación de un criterio que tenga carácter jurisprudencial y, por ende, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de criterios divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, máxime cuando respecto del problema o punto de derecho dichos Tribunales Colegiados de Circuito actúen como órganos terminales.
Por tanto, de estimarse que la denuncia de contradicción de tesis resulta improcedente sólo porque los criterios en contradicción no tienen la categoría de jurisprudencia, no se cumpliría con el objeto o propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario, al establecer la denuncia de contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia, tendente a superar la inseguridad jurídica derivada de la sustentación de criterios diferentes sobre un mismo problema jurídico, provenientes de órganos jurisdiccionales que deciden con carácter terminal sobre el punto de derecho en conflicto.
En consecuencia, al resolver los Tribunales Colegiados de Circuito los asuntos sometidos a su potestad como órganos terminales, lógicamente pueden sustentar criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, por lo que, de estimarse improcedente la denuncia de contradicción de tesis derivada de lo establecido por éstos, al resolver los asuntos de su competencia, so pretexto de que los criterios divergentes no constituyen jurisprudencia, se llegaría al extremo de hacer nugatoria la intención del Constituyente, al establecer a los Plenos de Circuito como aquellos órganos encargados de homogeneizar los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de su Circuito, permitiendo con ello que subsista la inseguridad jurídica provocada por la aplicación de criterios divergentes al interior del Circuito.
SÉPTIMO.—Estudio de fondo.
Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que este Pleno de Circuito sustenta en la presente resolución.
El punto de contradicción implica el análisis del procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo indirecto, el cual inicia una vez que se cuenta con una sentencia ejecutoriada que concede el amparo, la cual, debe ser debidamente notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo.
A la autoridad responsable se le concede un plazo genérico de tres días para que cumpla la sentencia de amparo; el cual puede ser ampliado dada la complejidad del cumplimiento, o bien, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; asimismo, el plazo es susceptible de reducirse cuando se trate de casos urgentes, con notorio perjuicio para el quejoso.
Dicho requerimiento se debe realizar bajo el apercibimiento de multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo.
Asimismo, si la autoridad responsable o diversa autoridad vinculada al cumplimiento cuenta con superior jerárquico, se debe requerir también a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo el mismo apercibimiento de multa, y de que podría incurrir en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable o vinculada.
Después de que el Juez de amparo realizó el requerimiento de cumplimiento a la responsable, en lo que aquí interesa, pueden ocurrir dos supuestos:
1. Que no se cumpla con la ejecutoria de amparo.
2. Que la autoridad responsable cumpla la ejecutoria de amparo.
En el primero supuesto, cuando la autoridad responsable no ha cumplido y ya transcurrió el término concedido para tal efecto, el Juez de amparo debe multar a las autoridades en los términos indicados y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito.
En el segundo supuesto, cuando la autoridad responsable o vinculada remite informe al órgano jurisdiccional que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que podrá declarar, sin ser limitativo, las siguientes decisiones:
I. Que la sentencia de amparo está totalmente cumplida.
II. Que la sentencia está parcialmente cumplida (existió defecto).
III. Que la autoridad responsable fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo (existió exceso en el cumplimiento).
IV. Que la sentencia de amparo no está cumplida en lo absoluto.
V. Que existe imposibilidad para cumplir el fallo protector.
Cuando se actualiza cualquiera de los cuatro últimos supuestos (defecto, exceso, incumplimiento o imposibilidad), estamos en presencia de un incumplimiento, sólo que sustentados en diversas modalidades, en cuyo caso, el Juez de amparo deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su presidente notificará a las partes la radicación del incidente correspondiente. Posteriormente, el Tribunal Colegiado de Circuito revisará el trámite del Juez y estará en condiciones de decidir lo siguiente:
1. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la tramitación de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento.
2. En cambio, cuando el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y hay elementos suficientes para pronunciarse de plano sobre la actuación de la autoridad responsable, el Tribunal Colegiado de Circuito calificará dicha actuación que podrá ser en los términos siguientes:
a) Declarando que se ha cumplido totalmente con la sentencia protectora.
b) Declarando que ha existido un incumplimiento, o bien, que la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, en cuyo caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará.
c) Declarando que existe una imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo.
Este último supuesto es el que interesa en la presente contradicción de criterios, a fin de determinar si para declarar que existe imposibilidad para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo:
I. Debe tramitarse el incidente innominado a que se refiere el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, o bien;
II. Si debe hacerse tal declaratoria de plano, es decir, sin sustanciación incidental.
Que son las dos formas en que resolvieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Este Pleno de Circuito estima que ambas posturas son adecuadas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.
En efecto, si la causa que genera la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo está probada fehacientemente, de manera que el órgano de control constitucional no tenga duda al respecto, puede declarar la imposibilidad de plano, es decir, sin sustanciación incidental alguna, de conformidad con el numeral 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone:
"Artículo 196. ...
"Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley."
En ese sentido procedieron los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Penal del Tercer Circuito, pues en los casos que analizaron, la imposibilidad era patente, en la medida en que los quejosos, inicialmente internos en un centro penitenciario, habían recobrado su libertad.
En cambio, si la imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer la parte quejosa, incluso, si existe la posibilidad de cumplimiento, adoptando determinadas medidas; entonces, en un supuesto como ése, es conveniente que se ordene la tramitación de un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que señala:
"Artículo 193. ...
"En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; ..."
Supuesto que se actualiza, cuando es necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento a la ejecutoria.
En ese sentido se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, pues en el caso que analizó la imposibilidad no era patente, en la medida en que se hacía depender de la incomparecencia de la parte quejosa para una evaluación psicológica, por lo cual, era necesario el trámite incidental, no sólo para probar la imposibilidad, sino, incluso, para intentar el cumplimiento.
Criterio que se sustenta en la jurisprudencia número 1a./J. 90/2007, de la Primera Sala del máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes:
"SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla."(2)
OCTAVO.—Decisión. Con fundamento en los artículos 216, párrafo segundo, 217 y 225 de la Ley de Amparo, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, en la presente resolución, cuya tesis se redacta en documento anexo, el cual se entiende que forma parte de la presente ejecutoria, como lo autoriza el artículo 44, párrafo último, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
Lo resuelto no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se dictaron las sentencias materia de la contradicción de tesis, por así ordenarlo el artículo 226, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en los términos del considerando quinto de esta resolución.
SEGUNDO.—De
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27968-8552531e/ejecucion-de-las-sentencias-de-amparo-indirecto-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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