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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. · Registro digital (IUS): 29037
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-10-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Pág. 2209.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, VERÓNICA JUDITH SÁNCHEZ VALLE Y MAURILIO GREGORIO SAUCEDO RUIZ. DISIDENTE: ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ. PONENTE: MAURILIO GREGORIO SAUCEDO RUIZ. SECRETARIO: GENARO BOLAÑOS ROJAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, 217 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, 5, 9 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, al haberse denunciado la probable contradicción de los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado y los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Cuarto, todos en Materia Administrativa de este Segundo Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, órgano jurisdiccional que resolvió el amparo en revisión cuyo criterio es contradictorio de los sustentados por los restantes tribunales.

TERCERO.—En relación con la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 328/2017, promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, dicho órgano judicial, en la parte que interesa, adoptó el siguiente criterio:(5)

"... QUINTO.—Actualización de una causa de improcedencia. Es innecesario el análisis de la sentencia recurrida y de los agravios formulados para combatirla, en razón de que este tribunal advierte que, en el caso, se actualiza una causa de improcedencia, que debe ser analizada de oficio y de manera preferente a cualquiera otra cuestión planteada, sin importar que las partes lo aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 93, fracción III, de la Ley de Amparo.—Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, registro «digital»: 192902, cuyos rubro y texto son: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. ...’.—También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 76/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, Novena Época, registro «digital»: 181325, cuyo rubro y texto son: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. ...’.—En efecto, en el caso se actualiza la improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último a contrario sensu ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad responsable de cumplir con la sentencia dictada el quince de julio de dos mil trece, en el juicio contencioso administrativo 444/2013, pero de constancias de autos se advierte que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución.—Los artículos 61, fracción XXIII y 107 de la Ley de Amparo, disponen: ... De acuerdo con el primero de los artículos transcritos, la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse, además de los supuestos específicos que prevé el numeral, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley de la materia.—En cambio, el segundo de los artículos establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.—En casos de ejecución de sentencia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual se define o entiende como: 1. Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia; o, 3. Aquella que ordena el archivo definitivo del expediente.—Esto es, la resolución con la que concluye el procedimiento previsto en la ley que corresponda, para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme.—Tanto es así, que es hasta que se promueva el amparo contra la resolución con la que concluye el procedimiento de ejecución de sentencia, que pueden reclamarse las violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.—Incluso, el propio numeral establece otro supuesto más en el que el amparo procede, únicamente, contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo, en los casos de remate, en los que se entiende que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, oportunidad en la que también pueden reclamarse las violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.—En todos los casos, es claro que el amparo procede, únicamente, contra las resoluciones con las que concluyan los procedimientos previstos en las leyes que correspondan para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme.—Sin embargo, existen casos de excepción en los que no hay que esperar al dictado de la resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de sentencia para promover el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, lo que ocurre en dos supuestos, a saber: 1. Cuando se reclaman actos de imposible reparación; 2. Cuando los actos reclamados afectan a personas extrañas.—Tiene aplicación, por identidad jurídica, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del decreto de expedición de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, registro «digital»: 163152, cuyos rubro y texto son: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. ...’.—También resultan aplicables, por identidad jurídica y de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del decreto de expedición de la Ley de Amparo en vigor, las tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 81 y 1502 del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 133-138, Tercera Parte y Tomo XCIII, Séptima y Quinta Épocas, registros «digitales»: 237913 y 320927, respectivamente, cuyos rubros y textos son: ‘PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. ...’.—‘PROCEDIMIENTO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. ...’.—En suma, cuando se reclaman actos de ejecución de sentencia, el amparo procede, únicamente, contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo, esto es, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia, o bien, ordena el archivo definitivo del expediente, salvo que se trate de actos de imposible reparación, que afecten de manera directa derechos sustantivos, o bien, que afecten a personas extrañas.—Ahora bien, este tribunal, en integraciones anteriores, examinó el procedimiento previsto en el juicio contencioso administrativo para obtener el cumplimiento de una sentencia que declaró la invalidez del acto impugnado, previsto en los artículos 279 a 284 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y obtuvo lo siguiente: 1. Cuando se dicte una sentencia favorable al actor en el juicio contencioso administrativo y ésta cause ejecutoria, comenzará la etapa de cumplimiento, la que se iniciará con el requerimiento de oficio y sin demora, que se comunicará de inmediato a las autoridades demandadas; 2. En dicho requerimiento se ordenará a la autoridad administrativa que cumplimente la sentencia dentro de los tres días siguientes a la notificación, o al menos que justifique y demuestre que se encuentra en vías tendentes, por no ser posible el acatamiento inmediato; 3. Si la sentencia no quedare cumplida dentro del plazo señalado o no se realiza algún acto tendente a ello (sólo cuando esto sea razonable), se dará vista al administrado para que manifieste lo que a su derecho convenga, por otros tres días; 4. La vista se otorgará también por tres días a las autoridades obligadas al cumplimiento, cuando el administrado denuncie o manifieste que existe exceso, defecto o repetición en el cumplimiento de la sentencia; 5. Cuando se manifieste en dicha vista que la sentencia no se encuentra cumplida o se denuncie el exceso, defecto o repetición, la Sala Regional deberá resolver dentro de otros tres días si existe el vicio manifestado o denunciado; 6. Si fuera necesario se admitirán pruebas para demostrar el cumplimiento o incumplimiento; 7. Al resolver sobre la manifestación o denuncia de incumplimiento, la Sala Regional deberá declarar si la sentencia fue cumplida o no; 8. Si se considera que fue incumplida, se requerirá nuevamente y, de forma directa, a la autoridad demandada para que la acate en el plazo de tres días más, bajo apercibimiento de multa por la cantidad equivalente de cincuenta a mil días de salario mínimo en caso de renuencia (la que se podrá imponer y reimponer cuantas veces sea necesario) y, además, si dicha autoridad tiene superior jerárquico, la sección correspondiente de la Sala Superior, a petición de la Sala Regional, resolverá si se solicita al titular de la dependencia estatal, municipal u organismo al que se encuentre subordinado, que la conmine al cumplimiento (esto, con independencia de las otras formas de responsabilidad que pudieran presentarse); 9. Si la autoridad, a pesar de lo anterior, persiste en el incumplimiento, el Magistrado de la Sala Regional comisionará al secretario de Acuerdos o actuario para que, en defecto de la autoridad, cumpla directamente la ejecutoria cuando ésta no lo haga en el último plazo concedido; 10. Sólo cuando no sea materialmente posible dar cumplimiento dentro de los plazos anteriores, el Magistrado de la Sala Regional podrá ampliar dicho plazo hasta por diez días; 11. Cuando la autoridad no cumpla dentro de los plazos anteriores, la sección podrá decretar su destitución, salvo que gozara de fuero constitucional, supuesto en el cual se dará aviso a la Legislatura Estatal para que se proceda como corresponda; 12. Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos serán responsables del incumplimiento de sus inferiores; 13. Sólo en los casos que señala la ley se podrá pedir el cumplimiento sustituto (privación de bienes inmuebles), previo incidente para fijar el valor comercial de los bienes afectados; 14. No podrá archivarse ningún asunto hasta que no quede cumplida la sentencia; 15. Contra las resoluciones dictadas por las Salas Regionales en la etapa de cumplimiento procede recurso de revisión, cuya materia se limitará a verificar la legalidad de lo realizado por la Sala de primer grado; 16. Cuando sea necesario fijar una cantidad líquida (créditos, salarios, contraprestaciones, etcétera), antes de proceder a la etapa de cumplimiento, la Sala Regional deberá abrir un incidente (en términos similares a la cuantificación en el cumplimiento sustituto) para determinar la cantidad exacta que habrá de pagarse con motivo del cumplimiento de la sentencia, y una vez obtenida, se procederá conforme a lo anterior; y, 17. Si en revisión, la sección de la Sala Superior advierte que el procedimiento de ejecución fue seguido sin fijar previamente la cantidad exacta a cubrir, deberá ordenar su reposición y dejar sin efectos lo actuado, a fin de que, antes de comenzar la etapa de cumplimiento, se haga la cuantificación exacta referida.—Así quedó establecido en la tesis II.3o.A.144 A (10a.), publicada en la página 1720 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, Décima Época, registro «digital»: 2007158, cuyos «título, subtítulo» y texto son: ‘CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. PROCEDIMIENTO APLICABLE. ...’.—En la especie, de constancias de autos se advierte que en etapa de ejecución de sentencia, se formularon una serie de requerimientos a la autoridad demandada para el cumplimiento de la sentencia, con desahogos mediante informes de gestiones, plazos ampliados para cumplir e imposición de multas, tal como se advierte de los proveídos emitidos el ocho de noviembre y dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, veintisiete de enero, nueve de febrero, uno y veintidós de marzo, todos éstos de dos mil diecisiete, sin obtener el cumplimiento(6).—Así, de todo lo expuesto se obtiene que el procedimiento de ejecución de sentencia se encuentra actualmente en trámite, sin que exista una determinación que tenga, o no, por cumplida la sentencia.—De lo que se sigue que aún no se agota el procedimiento correspondiente, de manera que no existe todavía un auto que apruebe o reconozca el cumplimiento de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien, que ordene el archivo definitivo del expediente, esto es, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia.—En el caso, falta que se requiera al superior jerárquico de la autoridad responsable, si lo tuviere.—En caso de persistir el incumplimiento, comisionar al secretario de Acuerdos o actuario para que cumpla directamente la ejecutoria.—Además, ante el incumplimiento, la sección puede decretar la destitución del funcionario, salvo que goce de fuero, caso en el que procede dar aviso a la Legislatura Estatal para que proceda como corresponda.—En contra de la resolución con la que concluya la etapa de cumplimiento, todavía procede el recurso de revisión, en el que la sección de la Sala Superior, además de analizar la legalidad de la actuación del Magistrado de primer grado, si considera que debe fijarse previamente la cantidad exacta a cubrir, debe ordenar la reposición del procedimiento y dejar sin efectos lo actuado, a fin de que, antes de comenzar de nuevo la etapa de cumplimiento, se haga la cuantificación exacta.—Es evidente que el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio contencioso administrativo de origen no ha concluido con una resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia, o bien, ordene el archivo definitivo del expediente.—Ahora bien, no es inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 894 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, Décima Época, registro «digital»: 2000211, bajo el rubro y texto siguientes: ‘DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. ...’.—Sin embargo, en principio, la jurisprudencia únicamente resuelve sobre las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, y determina que son autoridades responsables en un juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de una sentencia de invalidez del acto impugnado.—Por otra parte, confirma el criterio de que el amparo debe promoverse hasta que se dicte la resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de sentencia.—En efecto, en la ejecutoria que sustenta la jurisprudencia, en la parte que interesa, se consideró lo que a continuación se transcribe: ... De acuerdo con lo transcrito, antes de acudir al juicio de amparo a reclamar el incumplimiento de una sentencia que declaró la invalidez del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, en primer término, el gobernado debe acudir al procedimiento previsto en la ley que rija el acto, incluso, agotar los medios de defensa que procedan para lograr el cumplimiento de la sentencia.—Cabe agregar, que tampoco se desconoce la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: ‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTNCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). ...’.—En la citada jurisprudencia se establece que la omisión en dar cumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas, constituye un acto de autoridad para efectos del amparo; sin embargo, este órgano colegiado estima que no es aplicable al caso, pues de la lectura de la ejecutoria de donde deriva dicha jurisprudencia, se advierte que el tema central se originó en un juicio ordinario mercantil, en el que no hay mecanismo para hacer cumplir la sentencia, específicamente, se ordenó un embargo, con la especificidad de que no hay posibilidad de aplicarlo a las dependencias del Estado, casuística, distinta a la que se presenta en el asunto que se resuelve, en el que existe un procedimiento que establece los mecanismos para hacer cumplir la sentencia.—De esta forma, como ya se apuntó, al existir un mecanismo en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México para hacer cumplir una sentencia condenatoria para las autoridades, entonces la jurisprudencia resulta inaplicable al caso.—En las relatadas condiciones, en el caso, no se actualizan los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, porque el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad responsable de cumplir con la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 444/2013, pero como quedó demostrado con anterioridad, no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente y, por ende, no existe un auto que apruebe o reconozca el cumplimiento de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien, que ordene el archivo definitivo del expediente, esto es, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia.—Apoya lo expuesto la jurisprudencia XI.5o.(III Región) J/1 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, que este tribunal comparte, publicada en la página 1071 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, Décima Época, registro «digital»: 2002231, cuyos rubro y texto son: ‘AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR UNA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE HA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE NI DICTADO UN AUTO DONDE SE DECLARE EL CUMPLIMIENTO O LA IMPOSIBILIDAD PARA ACATARLA. ...’.—En consecuencia, en el caso, se actualiza la improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo.—En vista de lo anterior, una vez que se cumplieron las condiciones del artículo 64 de la ley de la materia, procede en el caso, estimar actualizada la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, razón por la cual, debe revocarse la sentencia recurrida y sobreseerse en el juicio de amparo.—SEXTO.—Denuncia de posible contradicción de criterios.—Finalmente, no resulta inadvertido para este Tribunal Colegiado que la decisión aquí adoptada, difiere de lo resuelto por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito, pues se tiene conocimiento de que en asuntos como el que se resuelve, que versan sobre la omisión del cumplimiento de una sentencia condenatoria, dictada en un juicio contencioso administrativo, entran al estudio de fondo sin invocar causa de improcedencia de oficio, esto es, confirman la negativa o la concesión del amparo, establecida en la sentencia dictada por el Juez federal.—En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, al resolver los amparos en revisión 327/2016 y 166/2017, en sesiones de catorce de diciembre de dos mil dieciséis y trece de julio de dos mil diecisiete, respectivamente, determinó amparar a la parte quejosa –en ambos asuntos–; el Segundo Tribunal Colegiado en la materia y Circuito mencionados, al resolver el amparo en revisión 358/2017, en sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, estableció confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo; y el Cuarto Tribunal Colegiado en la materia y Circuito en cita, al resolver el amparo en revisión 42/2017, en sesión de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, declaró confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.—En razón de lo anterior, y ante la discrepancia destacada, con fundamento en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase la correspondiente denuncia de contradicción de criterios, entre el sustentado por este Tribunal Colegiado y los previamente referidos, ante el Pleno en Materia Administrativa de este Segundo Circuito, para que resuelva conforme a las atribuciones que le confiere la fracción III del numeral 226 de la ley en cita.—Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.—SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo por las razones expuestas en el considerando quinto de esta ejecutoria.—TERCERO.—Denúnciese la contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en el considerando sexto de esta sentencia."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió el amparo en revisión 327/2016, en los siguientes términos:(7)

"IV. Estudio. Los agravios son infundados en una parte e inoperantes en otra.—En primer lugar, es inoperante lo que plantean las autoridades recurrentes en cuanto a que la quejosa no atendió el principio de definitividad.—El calificativo obedece a que las recurrentes insisten en la improcedencia del juicio de amparo indirecto porque la quejosa no atendió el principio de definitividad, sin controvertir las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito en el fallo constitucional, mediante las cuales desestimó dicha causal.—En efecto, como se resumió previamente, sobre la presunta improcedencia que alegaron las autoridades responsables en su informe justificado, el juzgador federal estimó que si bien el acto reclamado estaba vinculado con la etapa de ejecución de sentencia, lo cierto es que se configuraba uno de los supuestos de excepción a la regla general derivada de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo –relativa a que, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo será procedente cuando se promueva contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo–, ante la omisión de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo de origen de cumplir la sentencia condenatoria emitida el veintiséis de marzo de dos mil quince, lo que provocaba una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa, como lo es el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal.—Decisión que sustentó en las jurisprudencias P./J. 108/2010, 2a./J. 85/2011 y 2a./J. 1/2012 (10a.), emitidas, la primera por el Pleno y las restantes por la Segunda Sala, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros: ‘DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD.’, ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.’ y ‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’, respectivamente.—Sin embargo, sobre tales razonamientos, las autoridades recurrentes son omisas en formular agravios, a fin de evidenciar que fue incorrecto lo considerado por el Juez y que, por el contrario, sí se actualizaba la improcedencia del amparo; toda vez que se limitaron a reiterar que la quejosa no respetó el principio de definitividad, al no seguir el procedimiento de cumplimiento de sentencia que disponen los numerales 279, 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.—De ahí lo inoperante de los agravios, ya que las autoridades no combaten frontalmente la razón toral por la que se desestimó la causal de improcedencia invocada, relativa a que se configuró una excepción ante la violación a un derecho sustantivo de la quejosa, como es el relativo a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 17 constitucional, dada la omisión de las responsables de dar cumplimiento a la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil quince, dictada en los recursos de revisión 2106/2014 y 2138/2014 acumulados.—No es obstáculo a la conclusión alcanzada que la procedencia del juicio deba verificarse oficiosamente; sin embargo, en el caso, el Juez de Distrito se pronunció en forma específica en el sentido de que el amparo indirecto era procedente porque la falta de cumplimiento a la sentencia condenatoria generaba una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa, como lo es el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal; lo cual en forma alguna es confrontado por las recurrentes en sus agravios.—Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia VII.A.T. J/1, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, así como la diversa jurisprudencia 3a./J. 34/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: ‘AUTORIDADES RESPONSABLES. AGRAVIOS INOPERANTES, LO SON CUANDO SE REITERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA EN EL JUICIO Y NO SE ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LLEVARON A DESESTIMARLA. ...’.—‘IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO DESESTIMÓ ALGUNA DE LAS CAUSALES, SE REQUIERE AGRAVIO EN LA REVISIÓN PARA REEXAMINARLA. ...’.—No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que fue correcto que el Juez federal considerara procedente el juicio de amparo indirecto, pues, en esencia, la quejosa planteó que pese a los múltiples requerimientos formulados a las autoridades municipales, la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil quince, dictada en los recursos de revisión 2106/2014 y 2138/2014 acumulados, no ha sido cumplida; determinación que en lo medular se hizo consistir en lo siguiente: ‘... Se condena a la autoridad demandada realice las gestiones necesarias a efecto de que se realice el pago correspondiente en cantidad de $1'825,828.76 (un millón ochocientos veinticinco mil ochocientos veintiocho pesos 76/100 moneda nacional) a **********, S.A. de C.V., lo cual deberá realizar en un término de tres días hábiles ...’.—Por tanto, es claro que en el caso se da uno de los supuestos de excepción a la regla general derivada de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, por virtud de que la omisión atribuida a las autoridades responsables generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante, como lo es el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal.—Adoptar una postura contraria implicaría soslayar que si bien es cierto, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que en el juicio de amparo indirecto sólo pueden impugnarse las últimas resoluciones que se dicten en los procedimientos de ejec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29037-e45c6096/amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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