AMPARO INDIRECTO. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO NO ES APLICABLE RESPECTO DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DETERMINEN IMPROCEDENTE EXCUSARSE DE CONOCER DE UN ASUNTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 14 DE JULIO DE 2015. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ, MARÍA LEONOR PACHECO FIGUEROA Y DIÓGENES CRUZ FIGUEROA. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ. SECRETARIA: SANTA FLOR DE MARÍA AVENDAÑO LÓPEZ.
San Andrés Cholula, Puebla. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, correspondiente a la sesión de catorce de julio de dos mil quince.
VISTOS; para resolver los autos del expediente número 2/2015, relativo a la contradicción de tesis suscitada entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, denunciada por el Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Jorge Higuera Corona; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. Mediante oficio T.019/2015, recibido el seis de mayo de dos mil quince por la secretaria de Acuerdos del Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Jorge Higuera Corona, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver el amparo en revisión 547/2014, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma especialidad y circuito, al resolver el recurso de queja 69/2014.
SEGUNDO.-Trámite. Por auto de siete de mayo de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó se formara y registrara el expediente relativo con el número CT. 2/2015, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes copias certificadas de las ejecutorias emitidas en los medios de defensa motivo de la denuncia de contradicción, asimismo, que enviaran los archivos electrónicos correspondientes e informaran si se encontraban vigentes los criterios contendientes o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Por oficios I-897/2015 y 3537, el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, respectivamente, remitieron las copias certificadas requeridas.
Por acuerdo de trece de mayo de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó solicitar al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informara si había emitido algún criterio en relación con el tema de contradicción denunciado.
Mediante oficio 1354-V-2015, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informó que ese órgano jurisdiccional no había emitido criterio en relación con el tema de la contradicción.
Mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil quince, se turnó el asunto al Magistrado Miguel Ángel Ramírez González, a fin de que formulara el proyecto de ejecutoria correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción se emitieron por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Sexto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por un Magistrado integrante de uno de los tribunales que sustenta uno de los criterios contendientes.
TERCERO.-Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que se estiman discrepantes, son las siguientes:
1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el juicio de recurso de queja 69/2014, el catorce de agosto de dos mil catorce (a fojas 61 a 64 de esta contradicción de tesis), en lo conducente, estimó:
"QUINTO.- ... Ahora bien, contrario a lo que consideró el Juez de Distrito, en el caso resulta procedente el juicio de amparo contra la resolución, en la cual, la autoridad responsable determinó improcedente excusarse de conocer del expediente administrativo de determinación de responsabilidades número 39/2012, instaurado en contra del quejoso; lo anterior, porque con independencia de que se trate de un acto que afecte o no derecho sustantivo alguno, lo cierto es que, como fundadamente se alega, la Ley de Amparo vigente expresamente prevé en su artículo 107, fracción VIII, la procedencia del juicio constitucional contra ese tipo de resoluciones vinculadas con el conocimiento de un asunto, según se corrobora de su literalidad:
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.’
"Esto es, lo que reclamó el quejoso fue el acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, dictado dentro del referido expediente administrativo de responsabilidad iniciado en su contra, por el que la delegada de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Educativo del Gobierno del Estado de Puebla, resolvió que era improcedente excusarse de conocer de dicho expediente (por las razones que ahí expuso) y, por ende, que continuaría conociendo del mismo hasta su total resolución.
"Por tanto, es inconcuso que el mencionado acuerdo se trata de una resolución relacionada con la determinación de seguir conociendo de un diverso asunto, pues, como se dijo, en ella la autoridad responsable concluyó que no era procedente inhibirse de conocer del expediente administrativo de responsabilidad que se le instauró al quejoso.
"No es óbice a lo anterior, que el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia señale que es procedente el juicio de amparo indirecto contra actos en los que la autoridad se inhiba o decline la competencia o del conocimiento del asunto, y no cuando la decisión sea en sentido negativo, como en este caso en que la autoridad decidió seguir conociendo del expediente, no obstante que se le planteó la existencia de un impedimento al respecto; pues ello no implica que deba imperar el sentido gramatical de dicho precepto sino el apuntado anteriormente, ya que la intención del legislador, al reformar la Constitución y aprobar la nueva Ley de Amparo, fue ampliar la gama de protección de los derechos humanos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México sea parte y no limitarlos o restringirlos.
"Por ello, la interpretación del citado precepto de la Ley de Amparo vigente debe realizarse atendiendo al principio pro persona, que consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho de acceso al juicio de amparo biinstancial.
"Considerar lo contrario implicaría vulnerar el espíritu del artículo 17 de la Constitución Federal, y de los previstos en los instrumentos internacionales relativos, que consagran el derecho a la tutela judicial efectiva que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre ello y, en su caso, se ejecute la decisión.
"En efecto, la interpretación apegada a los principios de progresividad en la protección de los derechos fundamentales, particularmente de acceso a la justicia y recurso efectivo, entre otros, conduce a vislumbrar con mayor amplitud la fracción VIII del citado numeral 107 de la Ley de Amparo, en la medida que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la propia Constitución y en los tratados de la materia, como en el presente asunto en que lo que se quiere proteger, al considerar procedente el juicio de amparo, es el derecho del quejoso a un recurso judicial adecuado y efectivo ante una autoridad independiente y competente, pero sobre todo imparcial.
"De aquí que deba concluirse que en contra de la resolución en que la autoridad responsable consideró improcedente excusarse de conocer del expediente administrativo de determinación de responsabilidades número 39/2012, instaurado en contra del quejoso; procede el juicio constitucional en la vía indirecta, con fundamento en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo.
"Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.-La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.’
"En los mismos términos se cita la tesis número LXXIV/2013, de la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, página 882, cuya literalidad es la siguiente:
"‘DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.-De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: «GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.», esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.’
"En las relatadas consideraciones, en el caso a estudio era irrelevante el determinar, si el acto reclamado era o no de imposible reparación en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuya interpretación contrario sensu, fue la causa en la que se apoyó el desechamiento; ello, toda vez que la demanda de amparo para ser procedente no se sustentaba en dicha hipótesis, sino en la diversa prevista en la fracción VIII del mismo artículo 107, como se determinó anteriormente.
"Así, al haber resultado esencialmente fundados los agravios de la parte recurrente, lo que procede es declarar fundado el presente recurso de queja y ordenar al Juez de Distrito que provea lo conducente, en relación con la admisión de la demanda de amparo, en términos de los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo."
2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 547/2014 (fojas 41 a 53 de la presente contradicción), el veintidós de abril de dos mil quince, sostuvo, en lo que a esta contradicción de tesis interesa:
"TERCERO.- ... El fallo que antecede constituye la sentencia recurrida en el presente recurso de revisión.
"De conformidad con lo que dispone el artículo 76 de la Ley de Amparo, y al encontrarse estrechamente vinculados, se analizarán de manera conjunta los dos agravios formulados por el inconforme.
"En el primero de ellos (fojas 4 a 9), el recurrente aduce, sustancialmente, que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el Juez de Distrito, al emitirla, no apreció el tercer concepto de violación (el cual transcribe), por lo que no tomó en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar cuáles son los actos reclamados, el juzgador debe analizar en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, con un criterio de "literalidad" y no restrictivo, prescindiendo de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
"Agrega el recurrente que la excusa de la autoridad para conocer de un asunto cuando concurra algún impedimento establecido por la ley, así como la recusación, encuentran su razón de ser en un tribunal imparcial, considerado como un derecho humano, como un derecho sustantivo, y como un derecho fundamental del debido proceso, consistente en que el impetrante sea oído por un tribunal imparcial en la sustanciación del procedimiento administrativo seguido en su contra.
"Sigue diciendo el inconforme que en el caso de que una autoridad y a pesar de encontrarse impedida por la ley para conocer o seguir conociendo de un juicio o procedimiento, determine improcedente excusarse, entonces el juicio de amparo resulta procedente, como en la especie lo es, al actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, tal como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja Q. 69/2014 (transcribe en lo conducente la ejecutoria emitida en ese asunto).
"Por otra parte, en el segundo agravio (fojas 9 a 13), el recurrente manifiesta, en síntesis, que el Juez de Distrito cambia el alcance y contenido de los actos reclamados, pues nunca señaló con tal carácter la audiencia y una resolución interlocutoria.
"Añade el inconforme que, de acuerdo con la Ley de Amparo en vigor, el término de actos de imposible reparación cambió o evolucionó, pues hoy se definen como aquellos que afectan derechos sustantivos, así como violaciones procesales relevantes, como en la especie, que el quejoso sea juzgado por un tribunal imparcial, independientemente de que la resolución que se dicte sea o no favorable a sus intereses, o de que exista o no un recurso para impugnarla.
"Arguye el recurrente que en el marco de la Ley de Amparo en vigor, se tiende a brindar la más grande protección al gobernado, de acuerdo con su artículo 1o., fracción I, aunado a que, conforme al numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impartición de justicia debe ser completa e imparcial.
"Aduce el inconforme que, atendiendo al principio pro persona, la garantía de audiencia y de administración de justicia en forma completa, se satisface cuando las autoridades son totalmente imparciales e independientes, esto es, que la prerrogativa establecida en el citado precepto constitucional, es de carácter permanente, continuo e indivisible, hasta en tanto el gobernado se encuentre sujeto a la acción de la justicia, pues de estimarse lo contrario, se harían nugatorios esos derechos; máxime cuando en la especie, de conformidad con lo que dispone el artículo 314 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del propio Estado, a su parecer la funcionaria pública está impedida y, por ende, por imperativo legal debió excusarse.
"Los argumentos antes sintetizados deben desestimarse.
"En primer término, cabe destacar que este Tribunal Colegiado estima que, como bien lo determinó el Juez de Distrito en el fallo recurrido, en la especie respecto de los actos reclamados por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
"Dichos preceptos disponen lo siguiente:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’
"Ahora bien, al establecer el inciso a) de la fracción III del artículo 107 anteriormente transcrito, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento administrativo seguido en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro del procedimiento, en todos debe aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.
"Tiene aplicación al caso, por igualdad de razón en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 196 y 197, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"‘PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.-La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión procedimiento en forma de juicio, comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.’
"En consecuencia, si la demanda de amparo se enderezó en contra de la resolución de veintiocho de marzo de dos mil catorce, emitida dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad 39/2012, instaurado en contra del quejoso, mediante la cual la autoridad señalada como responsable determinó improcedente excusarse para seguir conociendo de ese asunto, así como en la negativa de la propia responsable para tramitar el procedimiento de recusación que hizo valer en forma de incidente, de conformidad con lo que establece el artículo 317 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria; resulta inconcuso que tales actos se llevaron a cabo dentro del citado procedimiento, tendiente a determinar la existencia de las infracciones administrativas que se atribuyen al propio quejoso, en su desempeño como servidor público del organismo público descentralizado denominado **********.
"Siendo así, resulta claro que los citados actos combatidos en la demanda de garantías, no constituyen la resolución definitiva con la que debe culminar el aludido procedimiento administrativo de responsabilidad 39/2012, contra la que sí procedería el amparo indirecto; de ahí que, en la especie, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de garantías, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
"Por otra parte, contra lo que afirma el recurrente y como bien lo estimó el Juez de Distrito, los actos reclamados de que se trata no son de imposible reparación y, por ende, el juicio de amparo para impugnarlos es improcedente, al no actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.
"Sobre este aspecto, el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor establece el alcance que debe darse a la expresión ‘actos de imposible reparación’, al disponer que revisten tal carácter, aquellos actos que ‘afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte’.
"Conforme a lo anterior, un acto de autoridad debe considerarse irreparable para los efectos del amparo, cuando produzca en la parte quejosa una afectación material en sus derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias sean de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que ocasione únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas.
"Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 39 a 41, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden «... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;»; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que éstos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos», expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de «imposible reparación», no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25953-caab4435/amparo-indirecto-el-supuesto-de-procedencia-del-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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