RETRACTACIÓN. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO.
AMPARO DIRECTO 366/2013 (CUADERNO AUXILIAR 208/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 9 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SOFÍA VIRGEN AVENDAÑO. SECRETARIO: SALVADOR PÉREZ RAMOS.
CONSIDERANDO:
QUINTO. No se transcribirán íntegramente las consideraciones que sustentan el acto reclamado, ni los conceptos de violación expresados en su contra pues, por una parte, no existe ninguna disposición legal que obligue a que obren formalmente en la sentencia, inclusive, el artículo 74 de la Ley de Amparo, no dispone nada respecto de su transcripción siempre y cuando contenga su análisis sistemático; y, por otra parte, porque junto con esta resolución se ha entregado a los Magistrados integrantes de este cuerpo colegiado y al secretario en funciones de Magistrado: copia certificada de la sentencia reclamada, de la demanda de amparo y del pedimento formulado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado auxiliado, como se acordó en sesión extraordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil trece.
Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio que este Tribunal Colegiado Auxiliar comparte, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis aislada publicada en la página 406, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción y, además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías."
También es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010 (9a.), publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice con el rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
SEXTO. Este Tribunal Colegiado Auxiliar advierte que respecto de los actos de ejecución que por vía de consecuencia se reclaman al titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en San Fernando, Tamaulipas y al agente del Ministerio Público de su adscripción se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo (inexistencia de los actos reclamados).
Ello se sostiene pues aun cuando es verdad que para determinar la certeza del acto de ejecución (reclamado por vía de consecuencia), es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, a pesar de que las autoridades ejecutoras hubiesen omitido rendir su informe; sin embargo, también lo es que esa presunción opera siempre y cuando esté entre las facultades de esas autoridades su cumplimiento.
En tales circunstancias, debe partirse de la base de que el acto que se analiza en este considerando es la ejecución de la sentencia condenatoria, por tanto, deviene incuestionable que en términos de lo previsto por el artículo 39 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y los diversos 507 y 514 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, es a los Jueces de ejecución de sanciones a quienes legalmente les corresponde verificar tal actuación.
Los referidos preceptos legales antes referidos prevén:
"Artículo 39 Ter. Corresponde a los Jueces de Ejecución de sanciones las atribuciones siguientes:
"l. Dar por compurgadas las penas y medidas de seguridad impuestas por sentencia definitiva, en los términos que la impuso el Juez de la causa, ordenar la libertad de los sentenciados que las hubieran cumplido, restituyéndolo en el goce de sus derechos suspendidos;
"II. Modificar las penas y medidas de seguridad impuestas por sentencia firme, en los términos que establezcan las leyes;
"III. Conceder el otorgamiento o denegación de la terminación anticipada de las penas o medidas de seguridad impuestas en la sentencia definitiva;
"IV. Solicitar a las autoridades carcelarias copias de la carpeta de ejecución de cada sentenciado, así como los informes que necesite para concederle o negarle la modificación o terminación anticipada de la pena o medida de seguridad impuesta;
"V. Visitar periódicamente los Centros de Ejecución de Sanciones con los fines siguientes:
"a) Entrevistarse con los internos para escuchar las solicitudes que presenten; y,
"b) Realizar las diligencias para desahogar las pruebas o testimonios, ofrecidos por la parte interesada y así estar en aptitud de conceder o negar la modificación o terminación anticipada de la pena o medida de seguridad impuesta al sentenciado;
"VI. Resolver lo siguiente:
"a) La modificación o terminación anticipada de las penas o medidas de seguridad impuestas en sentencia firme, o el otorgamiento de cualquier beneficio de libertad anticipada, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, libertad definitiva o alguna otra pena en externamiento; y
"b) La revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional, cuando proceda conforme a la ley;
"VII. Hacer comparecer ante su presencia a los sentenciados y las autoridades de ejecución para cumplir con sus funciones;
"VIII. Librar las órdenes de detención que procedan en ejecución de la sentencia, cuando le haya sido revocado algún beneficio; y,
"IX. Las demás atribuciones que esta ley y otros ordenamientos le asignen."
"Artículo 507. La ejecución de las sentencias irrevocables en materia penal, corresponde al Poder Ejecutivo, salvo lo dispuesto en el artículo 514.
La modificación y duración de la sanción es propia y exclusiva de la autoridad judicial a través del Juez de Ejecución de Sanciones, el cual tendrá las atribuciones siguientes:
"I. Dar por compurgadas las penas y medidas de seguridad impuestas por sentencia definitiva, decretando que las mismas han sido debidamente ejecutoriadas, en los términos en que la impuso el Juez de la Causa, ordenando la libertad de los sentenciados que las hubieren cumplido, restituyéndolos en el goce de sus derechos suspendidos;
"II. Modificar las penas y medidas de seguridad impuestas por sentencia firme, en los términos que establezcan las leyes;
"III. Conceder el otorgamiento o denegación de la terminación anticipada de las penas o medidas de seguridad impuestas en la sentencia definitiva;
"IV. Solicitar a las autoridades carcelarias copias de la carpeta de ejecución de cada sentenciado, así como los informes que necesite para concederle o negarle la modificación o terminación anticipada de la pena o medida de seguridad impuesta;
"V. Visitar periódicamente los Centros de Ejecución de Sanciones con los fines siguientes;
"a) Entrevistarse con los internos para escuchar las solicitudes verbales que presenten; y,
"b) Realizar las diligencias para desahogar las pruebas o testimonios ofrecidos por la parte interesada y así estar en aptitud de conceder o negar la modificación o terminación anticipada de la pena o medida de seguridad impuesta al sentenciado;
"VI. Resolver en audiencia oral, lo siguiente;
"a) La modificación o terminación anticipada de las penas o medidas de seguridad impuestas en sentencia firme, o el otorgamiento de cualquier beneficio de libertad anticipada, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, libertad definitiva o alguna otra pena en externamiento; y,
"b) La revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional, cuando proceda conforme a la ley;
"VII. Hacer comparecer ante su presencia a los sentenciados y las autoridades de ejecución para cumplir con sus funciones:
"VIII. Librar las órdenes de detención que procedan en ejecución de la sentencia, cuando le haya sido revocado algún beneficio; y,
"IX. Las demás atribuciones que este código y otros ordenamientos le asignen."
"Artículo 514. La ejecución de la sentencia en lo relativo a la reparación del daño a cargo del delincuente, corresponde al Juez de Ejecución de Sanciones, ajustándose a las disposiciones de la ley procesal civil a ese respecto."
En consecuencia, los actos de ejecución que se atribuyen al titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en San Fernando, Tamaulipas y al agente del Ministerio Público de su adscripción son inexistentes por no contar con facultades legales para efectuar tales actos; por tanto, procede sobreseer en el juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Es aplicable en este aspecto el criterio que se comparte sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia VI.1o.P. J/42, publicada en la página 913, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQUÉLLA O DE LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora, es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o rindiéndolo, hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución, en vía de consecuencia lógica jurídica y no por vicios propios, tal como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: ‘AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.’. Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que mientras en la vía directa los actos reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectiva y expresamente expuesto por la responsable; y en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta, los actos de ejecución impugnados no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica, y en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV, cuyo rubro es: ‘SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO’.; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de la constitucionalidad del acto reclamado, invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiera reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de uno, tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal."
En el caso, no se surte la hipótesis jurídica prevista por el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que se traduce en el imperativo de los órganos jurisdiccionales de amparo de dar vista a los quejosos cuando, de oficio, adviertan la actualización de alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 del ordenamiento legal en comento para que, en un plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga.
Se afirma lo anterior, pues de la interpretación del precepto jurídico en cita se advierte que tal obligación sólo se actualiza en relación con la actualización de alguna causa de improcedencia y no de sobreseimiento directo como aquí acontece.
SÉPTIMO. Previamente a realizar el estudio de la sentencia reclamada y los conceptos de violación que expresó el quejoso, es conveniente relatar las constancias que obran en la causa penal ********** y en el toca de apelación **********.
A) Por oficio ********** de trece de octubre de dos mil ocho, el agente del Ministerio Público investigador con sede en San Fernando, Tamaulipas consignó sin detenidos la averiguación previa ********** instruida en contra de ********** (aquí quejoso), **********, ********** y ********** como probables responsables en la comisión de los delitos de: secuestro, robo de vehículo y lesiones dolosas cometidos en agravio de ********** y asociación delictuosa cometido en agravio de la sociedad (fojas 1 y 79 a 90 del tomo I de la causa penal).
B) En proveído de trece de octubre de dos mil ocho, el secretario en funciones de Juez del Juzgado Mixto de Primera 14. Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en San Fernando, Tamaulipas radicó la causa penal **********; y, al día siguiente, el titular de tal órgano judicial libró orden de aprehensión en contra de los consignados ********** (aquí quejoso), **********, ********** y ********** como probables responsables en la comisión de los delitos de: secuestro, robo de vehículo y lesiones dolosas cometidos en agravio de ********** y asociación delictuosa cometido en agravio de la sociedad (fojas 91 a 123 del tomo I de la causa penal); mandamiento de captura que se ejecutó ese mismo día (foja 125 del tomo I de la causa penal).
C) En diligencia de quince de octubre de dos mil ocho, el Juez de primera instancia, en presencia del defensor de oficio, licenciado **********, hizo saber al inculpado ********** los derechos fundamentales que tutela a su favor el artículo 20 constitucional; le informó de los hechos y los delitos que se le imputan, así como de las pruebas que lo incriminan; el inculpado ratificó su declaración ministerial rendida el doce de octubre de dos mil ocho y solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica (fojas 235 a 238).
D) El veinte de octubre de dos mil ocho, el Juez de la causa resolvió la situación jurídica de ********** e inculpados y dictó en su contra auto de formal prisión al considerarlos probables responsables de los delitos de: secuestro, robo de vehículo y lesiones dolosas cometidos en agravio de ********** y asociación delictuosa cometido en agravio de la sociedad (fojas 161 a 187 del tomo I de la causa penal).
E) Inconforme con el anterior auto de plazo constitucional, ********** promovió el juicio de amparo indirecto 95/2010 que el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas resolvió en el sentido de concederle el amparo que solicitó; y, en cumplimiento de tal ejecutoria federal, el Juez de primera instancia responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinte de octubre de dos mil ocho y dictó otro en el mismo sentido y lo consideró probable responsable en la comisión de los delitos de: secuestro, robo de vehículo y lesiones dolosas cometidos en agravio de ********** y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar por el diverso delito de asociación delictuosa (fojas 336 a 420 del Tomo I de la causa penal).
F) En acuerdo de treinta de junio de dos mil once, el titular del Juzgado de Primera Instancia declaró agotado el periodo de instrucción y puso la causa penal a vista de las partes, para que ofrecieran las pruebas que estimaren conducentes en términos del artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas (foja 586 del tomo I de la causa penal); y, en proveído de quince de septiembre siguiente, dicho juzgador declaró cerrado el periodo de instrucción (foja 604 del tomo I de la causa penal).
G) El seis de diciembre de dos mil once, el Juez de primer grado celebró la audiencia prevista por el artículo 333 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas con la asistencia del secretario de Acuerdos, del agente del Ministerio Público adscrito y del defensor de oficio del procesado **********, en la que tuvo por recibidas las conclusiones de culpabilidad formuladas por el representante social y las de inculpabilidad por el defensor (foja 505 del tomo I de la causa penal).
H) El trece de enero de dos mil doce, el Juez de primera instancia dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso, ********** por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de: secuestro, robo de vehículo y lesiones dolosas cometidos en agravio de **********; por lo que le impuso las penas de treinta años de prisión y multa de un mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, por lo que respecta al delito de secuestro; más tres años de prisión al haberse acreditado el concurso real respecto de los diversos delitos de robo de vehículo y lesiones cometidos también en contra de **********, que la Sala modificó para establecer que respecto estos delitos se acreditó el concurso ideal; además, determinó que la pena de prisión debe computarse a partir del catorce de agosto de dos mil ocho, en que se ejecutó la orden de aprehensión en contra del sentenciado; y, ordenó amonestarlo (fojas 702 a 727 del tomo II de la causa penal).
I) Inconforme con la anterior determinación, el sentenciado ********** interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil doce, el cual fue admitido en acuerdo del mismo día por el Juez de primera instancia (fojas 730 y 731 del tomo II de la causa penal).
J) El siete de agosto de dos mil doce, tuvo verificativo la audiencia prevista por el artículo 375 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, en que las partes ratificaron sus respectivas alegaciones (foja 795 del tomo II de la causa penal).
K) La Sala responsable dictó la sentencia reclamada el cuatro y no el seis de septiembre de dos mil doce, como lo señaló erróneamente el quejoso, en la que confirmó la sentencia de primer grado recurrida (fojas 800 a 876 del tomo II de la causa penal).
OCTAVO. Del estudio integral de las constancias que integran la causa penal y el toca de apelación en que se dictó la sentencia reclamada se advierte que el quejoso ********** es el sentenciado en el procedimiento penal, motivo por el cual se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo que obliga a suplir la deficiencia de los conceptos de violación expresados y se traduce en examinar cuestiones no propuestas, independientemente de que le resulten favorables.
Es aplicable en este aspecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2008, publicada en la página 242, Tomo XXVII, marzo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia.
"Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."
NOVENO. Los conceptos de violación dirigidos a impugnar los presupuestos básicos de la sentencia que condenó a ********** por su plena responsabilidad penal en la comisión de los delitos de: secuestro agravado, robo de vehículo y lesiones dolosas cometidos en agravio de ********** son infundados, ya que no se está en el caso de suplirlos en alguna deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo según se advierte del estudio integral del asunto y enseguida se explicará.
En efecto, de las constancias que obran en el sumario de la causa penal ********** que se analiza se advierte que es incierto que, al dictar la sentencia reclamada, la Sala responsable transgrediera, en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales que tutelan los artículos 1o., 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Federal, ya que al resolver el recurso de apelación que hicieron valer el sentenciado y el defensor de oficio, citó las normas legales exactamente aplicables al caso concreto, expresó los razonamientos y consideraciones lógico jurídicas tendientes a adecuar las conductas típicas a esas hipótesis normativas de acuerdo con el juicio valorativo que realizó de las pruebas existentes en la causa penal y, válidamente, concluyó que son aptos y suficientes para integrar los delitos imputados y justificar su plena responsabilidad penal; sin que se aprecie que, al hacerlo, hubiese infringido los principios de congruencia, de exhaustividad y los que regulan la valoración de pruebas, ni el arbitrio judicial, pues no alteró los hechos, sino que los valoró en forma congruente y total; por lo que su determinación se ajusta a la ley, como se constata del propio acto reclamado en el que se confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a ********** por su plena responsabilidad penal en la comisión de los delitos de secuestro agravado, robo de vehículo y lesiones dolosas previstos y sancionados por los artículos 391, fracción I, 391 Bis, fracción I, 399, 407, 319 y 320, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, vigentes en la época de los hechos, cometidos en agravio de **********, como se constata de los razonamientos lógico-jurídicos que tuvo en cuenta al valorar las pruebas existentes con apego a las reglas que prevén los artículos 288 a 306 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas; fue válido que concluyera que resultaron aptas, suficientes y eficaces para acreditar la existencia de las acciones típicas, antijurídicas, culpables y punibles previstas y sancionada por los referidos artículos que prevén:
"Delito de secuestro
"Artículo 391. Comete el delito de secuestro quien, por cualquier medio, prive de la libertad a otro, con alguno de los siguientes propósitos:
"I. Obtener un beneficio económico para sí o para un tercero;
"... "
"Artículo 391 Bis. Se impondrán de treinta a cincuenta años de prisión y multa de mil a tres mil días de salario y, en su caso, destitución e inhabilitación del servidor público por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, cuando en la ejecución del delito de secuestro a que se hace referencia en el artículo 391 de éste código, concurra alguna de las circunstancias siguientes:
"I. Que el secuestrado sea menor de dieciocho o mayor de sesenta años o que tenga alguna discapacidad física o mental.
"..."
"Delito de robo de vehículo
"Artículo 399. Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa mueble ajena."
"Artículo 407. La sanción que corresponda al responsable de robo simple se aumentará con tres años a doce años de prisión:
"...
"IX. Cuando el objeto del apoderamiento sea un vehículo en circulación o estacionado en la vía pública o lugar destinado a su guarda o reparación.
"..."
"Delito de lesiones dolosas
"Artículo 319. Comete el delito de lesiones, el que infiera a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental."
"Artículo 320. Al que cause una lesión que no ponga en peligro la vida se le impondrá sanción en los siguientes términos:
"I. De tres días a cuatro meses de prisión o multa de uno a diez días salario, o ambas sanciones a juicio del Juez, cuando la lesión tarde en sanar hasta quince días."
Las pruebas que la Sala responsable valoró para tener por acreditados los delitos antes citados y la plena responsabilidad del sentenciado, aquí quejoso, en su comisión son las que obran en la causa penal ********** y enseguida se relacionan:
1) Denuncia por comparecencia formulada el once de octubre de dos mil ocho por el sujeto pasivo, **********, ante la Agencia Octava del Ministerio Público Investigadora con sede en San Fernando, Tamaulipas, en la que dijo que entre las quince y dieciséis horas del veintisiete de septiembre de dos mil ocho se encontraba laborando en su rancho ubicado en el ejido Nuevo San Francisco, Municipio de San Fernando, Tamaulipas y dentro de ese predio tenía estacionado el vehículo de su propiedad, consistente en una camioneta marca Chevrolet, modelo 2000 (dos mil), color blanco, tipo pick up, con número de serie **********; cuando terminó de laborar caminó hacia su camioneta para retirarse a su casa que se encuentra aproximadamente a medio kilómetro de distancia y en ese momento se le acercaron ********** y **********, quienes portaban armas de fuego tipo escuadra, le dijeron que era un secuestro y que se echara al piso, él quiso resistirse porque traía en su mano el machete con el que estaba trabajando e intentó asustar a **********, pero en ese momento escuchó dos detonaciones de arma de fuego y ********** le pegó un cachazo en la cabeza, lo que ocasionó que él cayera al suelo y al estar así los sujetos activos le quitaron una esclava y un anillo de oro; otro anillo de oro con tres diamantes; $580.00 (quinientos ochenta dólares) y $4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta pesos) que guardaba en su billetera; después se quitó un calcetín y se lo metió a él en su boca, lo amarraron, le pusieron un pasamontañas en la cabeza, al revés para que no pudiera ver, lo subieron a su propia camioneta y se lo llevaron por un camino de terracería, luego, lo metieron a la cajuela de otro carro en el que circularon como treinta minutos hasta que el vehículo se detuvo, lo metieron a un cuarto y lo acostaron en un catre en donde lo amarraron, él cree que se encontraba en un rancho porque escuchaba el ruido de las cabras; al pasar mucho tiempo lo sacaron de la habitación en do
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25127-c1438ed0/retractacion-requisitos-que-deben-satisfacerse-para-otorgarle-valor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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