AUTORES Y PARTÍCIPES DEL DELITO. PARA DETERMINAR SI LES ES ATRIBUIBLE EL INJUSTO, INCLUYENDO SUS CALIFICATIVAS, DEBE HACERSE LA VALORACIÓN DEL HECHO DE UN MODO DIFERENTE RESPECTO DE LOS DISTINTOS SUJETOS QUE CONTRIBUYERON A SU REALIZACIÓN, SIEMPRE QUE EXISTAN RAZONES MATERIALES QUE LA JUSTIFIQUEN Y ENCUADRAMIENTO TÍPICO.
AMPARO DIRECTO 188/2016. 1 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ NIEVES LUNA CASTRO. SECRETARIO: JUAN ANTONIO SOLANO RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Resultan inatendibles e infundados por una parte y, fundados por otra, los conceptos de violación que se hacen valer, aunque para esto último haya que suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente.
Como cuestión previa, es conveniente precisar que de la causa penal **********, del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en el Estado de México (autoridad señalada como ejecutora), se advierte que el veintiuno de marzo de dos mil catorce, el titular de ese órgano, dictó sentencia absolutoria en favor del aquí quejoso **********, por la comisión de los delitos de secuestro en agravio de ********** y delincuencia organizada en agravio de la colectividad.
No obstante, lo consideró penalmente responsable del ilícito de secuestro agravado (por haberse ocasionado la muerte del secuestrado) en agravio de **********, por lo que le impuso una pena de sesenta y dos años, seis meses de prisión y tres mil novecientos veinticinco días multa, así como la reparación del daño material y moral, suspensión de derechos políticos y civiles y amonestación pública.
En contra de esa resolución, entre otros, el sentenciado ********** se inconformó a través del recurso de apelación, el cual correspondió conocer a los Magistrados de la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quienes por resolución emitida el veintisiete de enero de dos mil quince, en el toca penal **********, confirmaron la sentencia de primera instancia, en el sentido de que el aquí quejoso, era responsable de la comisión del delito de secuestro con modificativa (complementación típica con punibilidad autónoma por haberse causado la muerte del secuestrado), por lo que decidieron sancionarlo con las mismas penas (acto reclamado).
En ese orden, el estudio de la presente resolución se constreñirá al delito antes mencionado, a la plena responsabilidad penal del peticionario de garantías y las sanciones que por éste se le impusieron, ya que esos aspectos fueron los que se confirmaron, sustentan la sentencia de condena e hicieron procedente el juicio de amparo directo.
Precisado lo anterior, el quejoso en su demanda de amparo refiere, de manera general, que se violó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El citado concepto es infundado, toda vez que dicho numeral contiene diversos ámbitos objeto de tutela, como son el goce de los derechos humanos y las garantías para su protección; la obligación de toda autoridad de interpretar conforme a la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano fuera Parte, a efecto de establecer la protección más amplia que se le pueda otorgar al gobernado; la necesidad del servidor público de observar los principios interpretativos en derechos humanos; así como la prohibición de la esclavitud y de discriminación hacia toda persona; los cuales, para ser afectados, requieren de una actuación u omisión específica por parte de la autoridad responsable y, en el caso, este Tribunal Colegiado no advierte que la responsable realizara o dejara de hacer algún acto que tuviera por efecto transgredir el contenido de la Norma Fundamental que reclama como violada.
Lo anterior es así, ya que de la resolución reclamada se observa que la autoridad judicial responsable, al emitir la resolución de segunda instancia que dirimió el conflicto penal, se limitó a verificar que estuviera demostrado el delito por el que se le sentenció, así como la intervención del quejoso en su comisión y, en consecuencia, le impuso las penas que consideró justas; proceder que, por sí mismo, no puede considerarse como violatorio del goce de los derechos humanos del demandante de amparo o de las garantías que la ley establece para su protección.
De igual forma, tampoco se trató de un caso de esclavitud o de discriminación, sino que el asunto versó sobre un conflicto de tipo penal, derivado de la comisión de un delito que se le atribuía al peticionario de garantías, el que debía y tenía que ser resuelto por los Jueces y tribunales del orden común, conforme a la acusación que se formuló en su contra y con base en las pruebas que al efecto se aportaron al juicio.
Ahora, en relación con el artículo 14 de nuestro Máximo Ordenamiento, contrario a lo estimado por el peticionario de amparo, se advierte que al sustanciarse el procedimiento, se cumplieron las formalidades esenciales, en especial el derecho humano de audiencia que con ellas se protege, pues en términos del criterio que sobre el particular ha sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, que lleva por rubro: "FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", así como en la tesis aislada 1a. LXXVI/2005, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 299, que en su rubro dice: "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.", ha establecido que se traducen en los siguientes requisitos:
1) Que se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias;
2) Se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa;
3) Tenga la oportunidad de alegar;
4) Se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y,
5) La sentencia o resolución sea impugnable por los medios ordinarios que la ley prevea.
Requisitos que fueron colmados durante el proceso, pues por cuanto hace a la notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias, se advierte que se hizo saber al ahora quejoso en la audiencia celebrada el veinticinco de mayo de dos mil seis, que el agente del Ministerio Público ejerció acción penal en su contra, por los delitos de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada, así como el nombre de quien lo acusa. (foja 2333, tomo IV de la causa penal)
Del mismo modo, se le enteró sobre los derechos que como inculpado establecía a su favor el apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enmarca las prerrogativas derivadas con motivo del procedimiento iniciado en su contra, dentro de ellas, reservarse el derecho a declarar, el nombre de su acusador, la naturaleza y causa de la acusación, así como designar defensor, como en efecto lo hizo al nombrar al de oficio licenciado **********, quien lo asistió en su declaración preparatoria. (fojas 2333 vuelta y 2334 mismo tomo)
Respecto de la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que fincara su defensa, también se le respetó tal prerrogativa, puesto que una vez que se le decretó formal prisión por los ilícitos de mérito, se siguió el procedimiento y durante la instrucción se le admitieron las pruebas que ofreció (foja 2438, tomo IV), entre ellas:
1. La ampliación de los testigos de cargo ********** y **********, los policías ministeriales **********, así como los elementos de la Policía Judicial Federal de nombres **********, así como del señor **********.
2. La ampliación de declaración de los testigos **********.
3. La testimonial de descargo de ********** y **********.
4. La ampliación de declaración de los testigos de descargo ********** y **********.
5. La ampliación de declaración de los entonces procesados ********** y **********.
6. Los careos constitucionales y procesales entre el ahora quejoso ********** con los testigos de cargo, coprocesados, elementos de la Policía Ministerial y Federal.
7. Documentales que se exhiban durante la secuela procesal; y,
8. Las supervenientes que resulten durante la secuela procesal.
De igual forma, tuvo oportunidad de alegar, ya que las partes formularon sus respectivas conclusiones, en las cuales la representación social señaló que **********, era penalmente responsable en la comisión de los delitos de secuestro con modificativa agravante (por haberse ocasionado la muerte de la víctima) en agravio de **********; secuestro, cometido en contra de **********, y delincuencia organizada en perjuicio de la seguridad pública, solicitando la aplicación de las penas correspondientes a cada uno de esos ilícitos; mientras que la defensora pública y el propio inculpado formularon las de inculpabilidad. (fojas 7179 a 7527, 7544 a 7563 bis y 7586 a 7626, tomo X de la causa penal)
Posteriormente, el veintiuno de marzo de dos mil catorce, se dictó la sentencia de primera instancia en el proceso penal ********** incoado en su contra, en la que fue encontrado penalmente responsable únicamente en la comisión del delito de secuestro agravado (por haberse ocasionado la muerte del secuestrado) en agravio de **********. (fojas 7775 a 7890, tomo XI ídem)
Finalmente, se respetó su potestad de impugnar dicha resolución, ya que en contra de la determinación de primer grado, el sentenciado interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien confirmó la absolutoria y la condenatoria mediante sentencia de veintisiete de enero de dos mil quince, en el toca de apelación **********. (fojas 62 a 164 del toca)
En consecuencia, es evidente que en el proceso que se siguió en contra de **********, no se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, porque tuvo conocimiento del hecho que se le atribuyó, la oportunidad de defenderse y de alegar antes de que se pronunciara la sentencia reclamada, además impugnó la resolución a través del recurso de apelación, medio ordinario de defensa que prevé la ley de la que procede el acto; por tanto, es dable concluir en el caso, que el procedimiento se llevó acorde con lo ordenado por el artículo 14 de la Constitución Federal, resultando infundados los conceptos de violación relativos a este tópico.
De igual modo, debe decirse que la sentencia reclamada no vulnera lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, dado que la Sala Colegiada responsable la emitió debidamente fundada y motivada, al invocarse los fundamentos de derecho que se estimaron aplicables al caso, tanto los que contienen la descripción típica del ilícito atribuido al quejoso, siendo el de secuestro agravado, previsto y sancionado en los ordinales 259, párrafo primero, fracción V, inciso a), del Código Penal del Estado de México, vigente en la época de los hechos; así como los relativos a la valoración de la prueba, consistentes en los numerales 254 y 255, ambos del Código de Procedimientos Penales aplicable.
Luego, para cumplir con el parámetro de motivación del acto reclamado, la autoridad de apelación responsable destacó la importancia de los elementos de prueba a partir de los cuales afirmó los presupuestos que justifican el dictado de la sentencia condenatoria y señaló las razones por las cuales les otorgó valor probatorio, así como avaló los motivos de desestimación de los argumentos que derivaban de la defensa expuestos por el Juez de origen, por considerarlos insuficientes e ineficaces para revocar la sentencia recurrida; en el entendido de que el mismo ejercicio de razonabilidad operó al justificar la aplicación de las consecuencias jurídicas del delito; por lo que es de resolverse que tampoco existe violación a la garantía contenida en el precitado párrafo primero del artículo 16 de la Constitución General de la República.
Lo anterior, conforme a la jurisprudencia número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
El quejoso también señala como precepto constitucional vulnerado, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Atinente a ello, debe decirse que este Tribunal Colegiado, ninguna transgresión a dicha Norma Constitucional advierte, pues en el caso, se le administró justicia por un órgano expedito para impartirla en los plazos y términos fijados por la ley, se dictó la sentencia en forma pronta, completa e imparcial, y el servicio prestado fue de manera gratuita, sin cobro de costas judiciales.
Por otra parte, es inatendible lo expuesto en el sentido de que la sentencia reclamada transgrede en contra del quejoso la garantía individual contenida en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que no se expresó agravio alguno de manera específica, ya que dicho precepto constitucional regula los aspectos formales y de fondo del dictado del auto de plazo constitucional dentro de las setenta y dos horas, no así los requisitos que debe cumplir la sentencia definitiva, que en la especie es la determinación que constituye el acto reclamado; máxime que ese auto de formal procesamiento, no puede ser materia de análisis del presente juicio de garantías, dado que éste procede, entre otras hipótesis, contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio.
Establecido lo anterior, debe destacarse que de la lectura íntegra efectuada de la resolución reclamada, permite apreciar que no se vulneraron garantías constitucionales en detrimento de **********, al condenarlo por el ilícito de secuestro pues, como acertadamente lo concluyó la Sala Colegiada, de las constancias que integran los autos de primera y segunda instancias, se encuentran comprobados los elementos estructurales de dicho delito y la plena responsabilidad penal del quejoso, en términos del artículo 256 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.
Ello es así, pues los elementos probatorios existentes en autos, debidamente relacionados y valorados en su conjunto de manera lógica y natural, más o menos necesarios que existen entre la verdad conocida y la que se busca, conforme a lo reseñado por la Sala natural, se consideran aptos y suficientes para acreditar, en términos de los numerales 121 y 128 del ordenamiento legal antes invocado, los elementos del delito de que se trata, así como la plena responsabilidad penal del sentenciado en su comisión, dado que permitieron al tribunal de apelación llegar al conocimiento como hecho cierto que: el ocho de febrero de dos mil seis, aproximadamente a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, ********** se dirigía a su domicilio a bordo de un auto, tipo Stratus, negro; a esa misma hora, en la calle **********, antes de llegar a la vialidad las Torres, de la ciudad de Toluca, Estado de México, se encontraban a bordo de un taxi ********** y **********, así como en un diverso vehículo ********** y otro sujeto, esperando que pasara **********; al percatarse los activos que la víctima se aproximaba, le atravesaron uno de los automotores, descendiendo de sus unidades ********** y **********, abrieron las portezuelas del automóvil del ahora occiso, lo amagaron con el arma de fuego que llevaba ********** y lo obligaron a pasarse al asiento trasero, tapándole el rostro; acto continuo, se subió **********, enseguida **********, quien se colocó en el asiento del conductor y arrancó el carro, al tiempo en que ********** se metió a su taxi, mientras ********** y otro sujeto abordaron un diverso vehículo y se retiraron del lugar, dirigiéndose hasta una casa de seguridad ubicada en **********, Estado de México, en donde el pasivo permaneció privado de su libertad; mientras, ********** se encargó de llamar por teléfono a ********** (padre del plagiado), solicitándole la cantidad de cinco millones de pesos, a cambio de liberar a la víctima; después de diversas negociaciones, los activos aceptaron recibir la cantidad de ochocientos treinta y dos mil pesos, así como diversas piezas de joyería de oro que ********** colocó en una mochila escolar negra con azul rey, y entregó el once de febrero de dos mil seis a ********** y **********, quienes iban a bordo de una motocicleta, esto, sobre una calle de terracería a la altura de una bodega abandonada por la lateral del boulevard Aeropuerto en esta ciudad; una vez que el padre del pasivo confirmó la entrega del rescate con el sujeto que le estaba dando instrucciones por teléfono, éste le dijo que se fuera a su casa, porque iban a soltar a su hijo; sin embargo, perdió comunicación con los plagiarios y la víctima no regresó a su casa, ya que **********, encargado de liberar al plagiado, lo llevó hasta un paraje conocido como **********, del Municipio de San Antonio la Isla, Estado de México, en donde lo privó de la vida mediante diversos disparos de arma de fuego, en virtud de que fue reconocido por el hoy occiso; así, el trece de febrero de dos mil seis, ********** recibió una llamada telefónica del papá de ********** (amigo de su hijo), informándole que habían encontrado muerto a **********, de quien su padre realizó el reconocimiento del cadáver; procediendo a denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público investigador.
En este sentido, es menester precisar que los artículos 121, 128 y 256 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México aplicable, establecen que para el dictado de una resolución que condene a un procesado, deben converger los siguientes requisitos:
a) Que se compruebe el cuerpo del delito, lo cual se verificará cuando se justifique la existencia de los elementos objetivos del tipo; así como los normativos y los subjetivos, cuando aparezcan descritos en éste;
b) Que se acredite la responsabilidad del procesado; y,
c) Que de los medios probatorios existentes en el sumario, se pruebe directa o indirectamente la participación dolosa o culposa del acusado y que no exista acreditada en su favor alguna otra causa de exclusión del delito.
El ilícito de secuestro que se imputa al quejoso, está contemplado en el arábigo 259, párrafo primero (tipo básico), del Código Penal del Estado de México, vigente en la época de los hechos (ocho de febrero de dos mil seis), que dice:
"Artículo 259. Al que por cualquier medio prive a otro de la libertad, con el fin de obtener rescate o causar daños o perjuicios al secuestrado o a otra persona relacionada con éste, se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa."
Del precepto transcrito, se obtiene que el citado ilícito no se concreta a exigir para su configuración el acto material de la privación de la libertad de una persona, por cualquier medio, sino que se exige que ese acto de privación esté finalísticamente regido, precisamente, por el fin de obtener rescate o causar daños o perjuicios al secuestrado o a otra persona relacionada con éste.
Lo anterior significa que se trata de un elemento subjetivo del injusto, específicamente determinado, de tal manera que constituye la tendencia interna del sujeto de la que parte, como impulso de realización de ese propio fin, la conducta material de la privación, esto es, que el acto material de privación es consecuencia exteriorizada del fin perseguido y no a la inversa, debiendo existir, por ende, una probada relación de continuidad.
En consecuencia, partiendo de la base de las consideraciones anteriormente expuestas, este órgano colegiado estima que la Sala Colegiada Penal responsable, con apoyo en su facultad jurisdiccional, tuvo por correctamente acreditados los citados elementos del delito de secuestro, así como la plena responsabilidad penal del sentenciado en su comisión, con las probanzas siguientes:
La denuncia formulada por ********** (fojas 24 a 26, tomo I) el trece de febrero de dos mil seis, quien ante el Ministerio Público investigador de Metepec, Estado de México, en lo sustancial, refirió: que el miércoles ocho de febrero de dos mil seis, su hijo ********** salió de casa aproximadamente a las seis cuarenta y cinco de la mañana, dirigiéndose al Tecnológico de Monterrey, que se ubica en San Buenaventura, a bordo del vehículo Dodge, Stratus, negro, modelo dos mil tres, sin recordar las placas de circulación; saliendo de dicho centro de estudios a las catorce horas con treinta minutos, al parecer andaba haciendo algunos trabajos de la escuela; ya en la noche, fue a dejar a su novia ********** a un fraccionamiento al lado de la negociación **********, en la calle **********, esto lo supo, porque su esposa le comentó que el hoy occiso había llamado a las veintiuna horas diciendo que ya iba para la casa, que acababa de dejar a su novia; como a las diez de la noche, el declarante recibió la llamada de una persona del sexo masculino, quien le dijo que había secuestrado a su hijo; el de la voz contestó que no le hicieran esas bromas; sin embargo, le contestaron que no era una broma; acto seguido, lo comunicaron con el secuestrado, quien le manifestó: "me agarraron papá y me tienen aquí en un cuarto"; pasó nuevamente al sujeto que había llamado, quien le apuntó que "no fuera a hacer una chingadera" que "no fuera a levantar acta, que no se pasara de pendejo, porque iba a valer madres"; posteriormente, recibió diversas llamadas telefónicas en su domicilio exigiéndole rescate por la cantidad de cinco millones de pesos a cambio de la liberación de **********; después de varias negociaciones, logró reunir la suma de ochocientos treinta y dos mil pesos, así como diversas piezas de joyería de oro, las cuales colocó en una mochila escolar negra con azul rey, y entregó el once de febrero de dos mil seis, a dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, sobre una calle de terracería a la altura de una bodega abandonada, por la lateral del boulevard Aeropuerto en esta ciudad; una vez que confirmó la entrega del rescate con el sujeto que le estaba dando instrucciones vía telefónica, éste le dijo que se fuera a su casa, que iban a soltar a su hijo; luego, perdió comunicación con los plagiarios y no volvió a saber de su vástago, hasta el trece de febrero siguiente, en que recibió una llamada telefónica del padre de un amigo de la víctima de nombre **********, quien le informó que lo habían encontrado muerto, por lo que se dirigió al Semefo para reconocer el cuerpo de **********.
Nueva comparecencia de ********** (foja 195 de los autos) del once de abril de dos mil seis, quien ante el Ministerio Público investigador, en lo sustancial, refirió: que el objeto de su presencia lo era para exhibir las sábanas de llamadas telefónicas del teléfono celular que llevaba su finado hijo **********, el día en que fue privado de la libertad, cuyo número era **********, perteneciente a la compañía Telcel; informaciones que logró conseguir por sus propios medios, solicitando se agregara a la indagatoria para los efectos legales conducentes; asimismo, exhibió un contrato de prestación de servicios expedido por Telcel, en fecha veinticinco de julio de dos mil cinco, a favor de **********, correspondiente a un teléfono celular de la marca Motorola V3, básico; documento que exhibió en original y copia.
El veinte de abril de dos mil seis ********** (foja 207 frente y vuelta de los autos), ante el Ministerio Público investigador señaló que: El día en que fue secuestrado el ahora occiso, éste llevaba consigo un teléfono celular de la marca Motorola, tipo V3, básico, con número de Imei **********, gris metálico; dos carteras de piel, una café y otra negra, sin recordar las marcas; en el interior de éstas llevaba tarjetas de presentación de papel blanco con logotipo de la empresa **********, a nombre de ********** (gerente); calendarios de presentación de la misma negociación; credencial con fotografía expedida por el Tecnológico de Monterrey a nombre de éste; una tarjeta de débito azul, expedida por Banorte a favor del citado occiso; asimismo, una esclava de oro marca Rolex de catorce kilates, un anillo de oro marca Rolex de dieciocho Kilates, un reloj marca Mont Blanc, con carátula negra con correa de piel negra, una cartera de piel café con letras "l d", (sic) pintadas, que contenían fotos del ahora occiso; credencial para votar a nombre de **********; una credencial con fotografía expedida por el Tecnológico de Monterrey a favor de **********; un radio tipo Nextel, modelo 530, negro, con número de Id **********; además, agregó que cuando entregó el dinero del rescate y las joyas que le pidieron los secuestradores, éstos los entregó en una mochila escolar negra con azul rey; el dinero iba enfajillado en paquetes de veinte mil, diez mil pesos y cinco mil pesos, y algunos paquetes llevaban liga e iban en billetes de varias denominaciones, y en algunos paquetes tenían ticket de calculadora; de igual forma, las joyas que entregó como rescate eran: 1. Un juego de gargantilla de oro de catorce kilates, con piedras blancas pequeñas que se compone de aretes y un anillo. 2. Un par de broches de oro de catorce kilates con la figura de dos periquitos. 3. Un par de broches de oro de catorce kilates con la figura de una flor. 4. Un par de broches en forma de cuadro de oro de catorce kilates, una con la figura que simulaba el mar. 5. Un juego de cadena y esclava para hombre de oro de catorce kilates. 6. Un juego de gargantilla de oro de catorce kilates, con piedras negras con bolitas tipo perlas pero eran de oro y estaban combinadas, que se compone de una pulsera y un collar. 7. Un juego de gargantilla de oro de catorce kilates, con la cadena atigrada, que se compone de una pulsera y un anillo ancho. 8. Una cadena de oro de catorce kilates para dama con un dije en piedra blanca. 9. Una esclava de niña de oro de catorce kilates en la cual está grabado por dentro el nombre de ********** 18-05-94. 10. Un anillo de oro de catorce kilates para dama, el cual tiene piedras moradas y blancas, que hacen la figura de un ramillete. 11. Un juego de aretes de oro de catorce kilates que tiene piedras color morado y blanco, que hacen la figura de un ramillete. 12. Una esclava de oro de catorce kilates para dama que se abre en dos partes y es hueca por dentro y ancha, y presenta una abolladura. 13. Una pulsera de oro de catorce kilates con piedras blancas pequeña y una negra grande para dama. 14. Dos torzales para caballero de oro florentino de catorce kilates, uno delgado y uno grueso. 15. Una cadena y anillo de diez de catorce kilates (sic) con eslabones tipo extensible de reloj. 16. Dos dijes de oro de catorce kilates con la imagen de la Virgen de Guadalupe. 17. Un dije con la figura del rostro de cristo con el fondo de un resplandor. 18. Una cruz tipo perla de oro de catorce kilates, con un manto en oro. 19. Una pulsera de oro de catorce kilates con eslabones en figura de pantera, delgada. 20. Una pulsera de oro de catorce kilates, la cual sobre los eslabones llevaba la figura de un elefante en cada uno. 21. Una cadena de oro de catorce kilates combinada en piedritas negras y eslabones. y, 22. Una gargantilla de oro de catorce kilates en forma de renglones con piedritas color gris y diez anillos para dama con diferentes piedras de varios colores; que cuando entregó el rescate, iban dos sujetos del sexo masculino en una motocicleta, por el ruido que hacía, al parecer, era de tamaño y motor medianos.
Testimonio de ********** (madre del pasivo), quien el veinticinco de abril de dos mil seis, refirió que una vez que tuvo a la vista diversos contratos de prenda con joyas anexas a los mismos en bolsas de plástico, las reconoció plenamente y sin temor a equivocarse como de su propiedad y mismas con las cuales se hizo pago de parte del rescate por el secuestro de su finado hijo **********; asimismo, al tener a la vista un morral tipo mochila escolar negro con azul, en tela, lo identificó como el mismo en el cual se entregara la cantidad solicitada por los secuestradores para liberar a la víctima, y del cual tuvo conocimiento que fue encontrado en el domicilio de **********; del igual forma, reconoció una cartera de piel marca Dockers, café, que sabe fue hallada en casa del aquí quejoso y que llevara consigo ********** el día de su secuestro, misma que generalmente portaba para sus credenciales y dinero.
Declaraciones que, a consideración de la Sala responsable, adquieren valor probatorio de indicio relevante al haberse emitido de viva voz, exponiendo circunstancias que percibieron a través de sus sentidos, declarando con inmediatez a los hechos, advirtiendo su narración lógica y verídica, sin error, dudas o reticencias, además de que no se advertían datos que evidenciaran un interés en querer perjudicar al ahora sentenciado; máxime que dichos denunciantes mantuvieron firmes sus señalamientos al momento en que fueron interrogados por las partes en la fase de instrucción y su versión se corrobora con el resto del material probatorio.
A los medios de convicción anteriormente reseñados, se relacionó la declaración de **********, quien el veintiséis de febrero de dos mil seis (fojas 114 a la 120), ante el órgano investigador, mencionó: Que sostenía una relación de noviazgo con **********, mismo que el ocho de febrero de dos mil seis, como de c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27298-1053fed1/autores-y-participes-del-delito-para-determinar-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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