ARRAIGO LOCAL. EFECTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ. EXCLUSIÓN DE PRUEBAS DIRECTA E INMEDIATAMENTE RELACIONADAS. ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL. ARRAIGO. LA ORDEN RELATIVA NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS (ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXXIII/2001).
ARRAIGO LOCAL. EFECTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ. EXCLUSIÓN DE PRUEBAS DIRECTA E INMEDIATAMENTE RELACIONADAS.
ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2063/2013. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, fracción I, del Acuerdo Plenario Número 5/1999, así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo Plenario Número 5/2013, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve y el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, especialidad que corresponde a esta Primera Sala.
SEGUNDO. Oportunidad. Previo a efectuar el análisis correspondiente, se hace necesario establecer si el recurso de revisión se interpuso de manera oportuna.
En el presente asunto, la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil trece, pronunciada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se notificó personalmente al quejoso el viernes veinticuatro de mayo de dos mil trece (foja 247 del cuaderno de amparo), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, lunes veintisiete de ese mes y año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Amparo y, corriendo el término para su interposición del martes veintiocho de mayo al lunes diez de junio de dos mil trece, excluyéndose los días uno, dos, ocho y nueve del mes de junio por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74 de la Ley Federal del Trabajo.
Por tanto, si el recurso de mérito se interpuso el lunes diez de junio de dos mil trece, su presentación fue oportuna.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación efectuaremos una referencia del contenido de los conceptos de violación hechos valer, la decisión asumida por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento y los agravios del inconforme.
A) Conceptos de violación. El quejoso desarrolló diversos motivos de disenso que podemos sintetizar de este modo:
- Se valoraron indebidamente las declaraciones de los denunciantes **********, **********, **********, ********** y **********, debido a que los tres primeros carecieron de intérprete y resultaron incongruentes entre sí, aunado a que no son verosímiles y son testimonios aislados, asimismo, los reconocimientos que les efectuaron fueron manipulados, amén que de su contenido no se desprende que le formulen imputaciones al no referirse específicamente a su persona, ya que la descripción que le hacen no corresponde a sus características físicas, por lo que debieron ser desestimados;
- Reclama la omisión de efectuar la diligencia de confrontación, ya que no existía de manera clara y precisa la identificación del quejoso por parte de los ofendidos;
- La sentencia combatida es ilegal porque no se acreditaron los elementos descriptivos de la conducta, violentándose a todas luces el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, tampoco se acredita su responsabilidad penal, por lo que afirma que no efectuó un correcto análisis del fondo del asunto;
- No se valoraron correctamente las documentales públicas relativas a la partida instruida contra un adolescente relacionado con los hechos, ni las declaraciones de los inculpados y testigos de descargo, porque estima que no existe inconsistencia entre sus manifestaciones y agrega que se efectuó una incorrecta valoración de los careos entre el quejoso y los cinco denunciantes de referencia, pues de su contenido se desprende que no emiten señalamientos contundentes en su contra;
- Que el arraigo que le fue decretado violenta el artículo 16 constitucional, ya que sólo podría decretarse si existiese delincuencia organizada, pero eso no ocurrió y si bien esa figura está prevista en el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, lo cierto es que dicho precepto no puede rebasar el mandato constitucional de decretarse exclusivamente por el ilícito de delincuencia organizada y no el de secuestro express por el que era investigado y apoyó su argumento en la tesis P. XXII/2006, del Pleno de este Alto Tribunal, de título: "ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(13)
- Fueron violentados en su perjuicio los principios de presunción de inocencia, debido proceso, exacta aplicación de la ley y duda razonable, así como los artículos 1o., 14, 16, y 20 constitucionales.
B) Sentencia del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado determinó negar el amparo solicitado por el quejoso, bajo los razonamientos siguientes:
• Consideró que no se violentaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 constitucional, ya que fue detenido en flagrancia y puesto a disposición inmediata del Ministerio Público, estuvo asistido de defensor particular al emitir su declaración ministerial, cumpliendo con los requerimientos previstos en el precepto 20, apartado A, de la Constitución Federal, asimismo, se recabaron las pruebas que ofreció, fue agotada la instrucción y decretado su cierre, se recibieron las conclusiones de las partes, fue emitida sentencia que estuvo en aptitud de impugnar como lo hizo y, posteriormente, combatió la sentencia de segunda instancia.
• En torno a la figura del arraigo, consideró que los argumentos del quejoso en el sentido de que esa figura comprendida en el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no puede ir por arriba del Texto Constitucional, resultaban inatendibles, porque no constituye una violación procesal impugnable en vía de amparo directo, ya que no está comprendida en los supuestos a que se refiere el artículo 160 de la Ley de Amparo, por lo que debió reclamarse en amparo indirecto en el momento oportuno, debido a ello, consideró que las consecuencias de dicho acto quedaron consumadas de forma irreparable al consignarse la indagatoria ante el Juez de la causa que libró la orden de aprehensión respectiva y que fuera cumplimentada oportunamente.
• Estimó que las declaraciones de los testigos **********, **********, **********, ********** y **********, que fueron ratificadas ante el Juez en que los tres primeros estuvieron asistidos por traductor, también tomó en consideración los testimonios de los policías **********, **********, **********, ********** y **********, pruebas a las que otorgó valor, esencialmente porque cumplen con el principio de inmediatez procesal.
• En el mismo sentido, consideró adecuada la valoración dada a los diferentes medios de convicción, consistentes en las inspecciones del inmueble en que ocurrieron los hechos, de la mercancía, armas, vehículos de los inculpados y ofendidos, así como el dictamen en materia de criminalística, a partir de lo cual, concluyó que su concatenación efectuada por la responsable permite demostrar los componentes que integran el delito que les fue atribuido, sus circunstancias agravantes y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión.
• Desestimó las declaraciones del solicitante de la protección constitucional y de un testigo de descargo, bajo los argumentos de que no se corroboran entre sí y se oponen a las pruebas de cargo que son coincidentes en su contenido, de igual forma, expresó que no existió necesidad de recabar la prueba de confrontación, al no reunirse los requisitos exigidos legalmente.
• Que fue ubicado en un grado de culpabilidad mínimo, lo que impide su análisis porque no podría obtenerse un nivel inferior y condigna a éste se impusieron las sanciones relativas, también calificó de legal la condena a la suspensión de sus derechos políticos, constatando la legalidad de absolverlo al pago de la reparación del daño y no decretar el decomiso de los vehículos asegurados, así como el destino dado a los restantes objetos relacionados con la causa penal, adicionando que no es factible analizar sobre si existe duda razonable pues corresponde ese análisis exclusivamente a los órganos de instancia.
• Por ello, afirma que no existió infracción a los artículos constitucionales, ni a los principios y derechos humanos señalados por el quejoso, ante lo cual, negó la protección constitucional.
C) Agravios. El recurrente esgrimió en vía de agravios, los siguientes:
>> El Tribunal Colegiado de Circuito hizo una interpretación de los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, al estimar que la totalidad de la sentencia recurrida es legal, sin tomar en cuenta el sistema de valoración de las pruebas, conforme a las reglas que establecen los artículos 135, 183 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, amén que esa resolución es ilegal porque se omitió diligenciar la prueba de confrontación.
>> Las imputaciones existentes en su contra no están debidamente comprobadas, porque carecen de datos que permitan otorgarles credibilidad, aunado a que se restó valor injustificadamente a su declaración, así como a la del testigo de descargo.
>> Le causa agravio la determinación impugnada, en cuanto se convalida el arraigo que le fue decretado, porque contraviene el contenido del artículo 16 constitucional, de cuyo contenido se desprende que sólo pudo haberse decretado por el delito de delincuencia organizada que no se le atribuyó, con lo que se le retuvo ilegalmente porque no existían elementos de prueba con los que se le pudiese inculpar dentro del término legal.
Lo anterior, con independencia de que esa figura se encuentre prevista en el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, porque ese precepto no puede ir por encima del Texto Constitucional y nuevamente sustentó su inconformidad en la tesis P. XXII/2006, anteriormente citada.
IV. Por las anteriores razones, fue incorrecto que se estimara legal que se demostraron los elementos del delito y su responsabilidad penal, con lo que se violentaron los principios de presunción de inocencia y duda absolutoria, aunado a que se integró incorrectamente la prueba circunstancial.
Hasta aquí el resumen de los distintos elementos a tomar en cuenta en este recurso.
CUARTO. Procedencia. Por ser una cuestión preferente, esta Primera Sala estudiará la procedencia del presente recurso de revisión, para lo cual es necesario tener en cuenta el siguiente entramado normativo:
Conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y segundo del Acuerdo Plenario Número 5/1999, se deriva lo siguiente:
a) Que en principio, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno.
b) Por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, a condición de que decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos:
I. La inconstitucionalidad de una norma, y/o
II. La interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal.
c) Que para efectos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, además de que en la sentencia recurrida se decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, deberán quedar satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el punto primero del Acuerdo Plenario Número 5/1999. Este acuerdo señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:
I. Exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de amparo;
II. Cuando no se hubieran expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no hubiera que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.
d) El análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte. El hecho de que el presidente del Pleno o de la Sala respectiva lo haya admitido corresponde con un examen preliminar del asunto que no causa estado.
Pues bien, en la demanda de amparo el quejoso combatió el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que prevé la figura del arraigo a que fue sometido en la etapa de investigación, pues considera que rebasa el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que constituye un auténtico planteamiento de constitucionalidad que no fue adecuadamente atendido por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, al considerar que no debía abordar su análisis porque -afirmó- ese acto ocurrido durante la averiguación previa cesó en sus efectos al ser consignada la indagatoria ante el Juez penal.
Esta Primera Sala considera que el a quo, injustificadamente omitió el estudio del reclamo de constitucionalidad planteado.
Lo anterior, porque adverso a lo argumentado en la sentencia de amparo, la figura del arraigo tiene el propósito de asegurar temporalmente al inculpado para recabar las pruebas que logren el éxito de la averiguación, por lo que es lógico que los medios probatorios recabados en ese periodo no fenecen cuando concluye la medida, ya que tendrán efectos en actos posteriores.
Cierto, las pruebas que el Ministerio Público reúna en ese plazo, forzosa y necesariamente estarán a consideración de la autoridad judicial para ser valoradas en cada uno de los actos que marcan el proceso penal, como en el caso de que se le solicite una orden de aprehensión y, posteriormente, tendrán impacto en el posible auto de formal prisión y hasta en la sentencia definitiva.
Con lo que se evidencia que una vez vencido el plazo del arraigo fijado por la autoridad judicial -en este caso de un Juez Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal-, la autoridad ministerial ya cuenta con la orden de aprehensión contra el inculpado, por lo que la restricción a su libertad deambulatoria inicia y termina en el plazo establecido por la autoridad judicial, luego, ese primer momento del arraigo, formal y materialmente sí cesa ante su culminación, pues la libertad personal que se restringió por la orden se levanta por decreto de la propia autoridad que la emitió y, en caso de que continúe esa restricción, no será por la orden de arraigo.
Sin embargo, no sucede lo mismo un segundo momento de esa medida que se traduce en los efectos que producen los elementos de prueba recabados en el tiempo que dura ésta, porque claramente tendrán consecuencias e impacto en la esfera jurídica del inculpado, como ya se indicó, en el caso de ejercer la acción penal en su contra y los correspondientes actos judiciales que continúan: orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia de primera instancia y hasta sentencia definitiva de segunda instancia.
En tal tesitura, los efectos del arraigo no cesan con la consignación de la indagatoria y el cumplimiento de la orden de aprehensión respectiva, pues las pruebas recabadas en su duración subsistirán y tendrán efectos en actos concretos posteriores durante todo el procedimiento penal.
En ese sentido se ha pronunciado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión ********** y ********** del Tribunal Pleno,(14) como en los distintos amparos en revisión ********** y ********** de esta Primera Sala.(15)
De los últimos dos precedentes señalados se emitió la tesis 1a. CCXLVI/2014 (10a.), que indica:
"ARRAIGO. LA ORDEN RELATIVA NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS (ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXXIII/2001). La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista tanto en la Ley de Amparo abrogada como en la vigente, consistente en ‘Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado’, ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, para que se actualice, se requiere de lo siguiente: a) desde luego, de un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) de un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; d) de una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, ha sustentado que para su configuración, no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, la orden de arraigo tiene dos momentos: la restricción de la libertad deambulatoria del indiciado, por un término no mayor a cuarenta días; y que, en ese plazo, se recaben elementos probatorios por el Ministerio Público para lograr el éxito de la investigación. Es claro que el primer momento inicia y fenece el día y hora que indica la autoridad judicial al momento de emitir dicho acto; el segundo momento, al estar sujeto a un plazo tiene principio y fin; sin embargo, las pruebas que se recaben en dicho plazo, que tienen el objetivo de lograr el éxito de la averiguación, lógico es, no fenecen con este último, pues lo obtenido tendrá efectos en actos judiciales posteriores. En esta tesitura, si para considerar actualizada la causa de improcedencia por cesación de efectos no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que sus consecuencias queden destruidas de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo y restituido al quejoso en el pleno goce del derecho transgredido de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, ello permite concluir que contra el acto consistente en la orden de arraigo no puede sobrevenir dicho supuesto de improcedencia pues las pruebas recabadas en su duración subsistirán y tendrán efectos en actos de autoridad concretos posteriores, por lo que no puede actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos. Por lo anterior, se abandona el criterio sustentado en la tesis aislada 1a. LXXXIII/2001, emitida por la Primera Sala, de rubro: ‘ARRAIGO. CESAN SUS EFECTOS CUANDO CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN SE HAYA LEVANTADO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 168."
Por tanto, en el presente asunto se cumplen los criterios para la procedencia del recurso de revisión, en tanto que concurren estas dos circunstancias: 1) el quejoso efectuó un reclamo de inconstitucionalidad de la figura de arraigo contenida en el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y, 2) el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del amparo omitió ese planteamiento so pretexto injustificado de un impedimento técnico para ello.
Asimismo, la importancia y trascendencia se justifican en este caso porque no existe jurisprudencia firme que resuelva el punto y, como se verá, el agravio del quejoso resulta esencialmente fundado. En tales circunstancias resulta procedente el recurso de revisión.
QUINTO. Estudio. La materia de estudio del presente recurso versará en verificar si es cierto que el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal vigente en el año dos mil diez, que regulaba la figura del arraigo que fuera decretado en etapa de averiguación previa al quejoso es inconstitucional, porque infringe el contenido del artículo 16, párrafo octavo, constitucional, posterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho.
El precepto impugnado señalaba:
"Artículo 270 Bis. Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, pero no excederá de treinta días, prorrogables por otros treinta días, a solicitud del Ministerio Público.
"El Juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo."
Para ello, en principio señalaremos que conforme al artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas no pueden legislar en materia de arraigo.
Lo anterior, puesto que la reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 73, fracciones XXI y XXIII, 115, fracción VII y 123, apartado B, fracción XIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, fue trascendente para el sistema de procuración e impartición de justicia en materia penal, pues estableció un nuevo modelo de justicia penal para pasar del llamado sistema mixto al acusatorio u oral. Además, introdujo la figura del arraigo a través de la cual, bajo ciertos requisitos que la propia Constitución señala, se permite limitar la libertad personal.
En efecto, en el artículo 16 reformado se adicionó el párrafo octavo, cuyo texto es el siguiente:
"La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días."
Por ello, como bien lo señala el recurrente, el artículo referido establece la procedencia del arraigo única y exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, que es emitida por la autoridad judicial y a solicitud del Ministerio Público.
Debemos subrayar que en la misma reforma se modificó la fracción XXI del artículo 73, en la que se establece como competencia exclusiva de la Federación el legislar en materia de delincuencia organizada, quedando la facultad accesoria del arraigo como exclusiva de las autoridades federales.
En ese sentido, el transitorio décimo primero de la misma reforma establece lo siguiente:
"Décimo primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al Juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.
"Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia."
Este artículo transitorio modifica temporalmente el alcance del arraigo hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio federal, ya que permite que se dicten órdenes de arraigo en casos distintos a los de delincuencia organizada, en un lugar específico y por un término más limitado, para permitirlo en delitos graves, en el domicilio del indiciado y hasta por un máximo de cuarenta días. Sin embargo, el transitorio en ningún momento modifica la competencia federal para emitir esta orden de arraigo, ni permite que los Ministerios Públicos o Jueces locales emitan estas órdenes. La racionalidad del transitorio sólo puede referirse a la entrada en vigor del sistema acusatorio a nivel federal, modificando las circunstancias materiales y de tiempo, modo y lugar para emitir la orden de arraigo, pero en ningún momento modifica la competencia federal para hacer competentes a las autoridades locales para emitirla.
La competencia para emitir órdenes de arraigo no existía sino hasta la modificación del artículo 16 de la Constitución, estableciéndose exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, materia que la misma reforma hace exclusivamente federal. De este modo puede entenderse que el transitorio permita una mayor extensión de esta facultad de emisión de órdenes de arraigo por razón de materia, pero nunca por razón de competencia, máxime que el transitorio nunca lo dice de manera expresa. Vale la pena hacer notar que el legislador constitucional era consciente de esta limitación(16) y del precedente de esta Suprema Corte de Justicia contenido en la acción de inconstitucionalidad 20/2003, citada por el revisionista, en donde se consideró que el arraigo establecido en un Código de Procedimientos Penales local constituía una limitación a la libertad personal no contemplada por la Constitución y, por ende, resultaba inconstitucional.
Por ello, resulta absurdo pensar que el transitorio décimo primero contiene una permisión o habilitación para que las autoridades estatales legislen y apliquen legislaciones ya existentes sobre el arraigo en tanto no entre en vigor el sistema acusatorio federal, ya que no existe ninguna conexión entre esta entrada en vigor y los sistemas locales; de hecho, ya que la delincuencia organizada se convierte, mediante la modificación de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en una materia de competencia exclusiva de la Federación, de ninguna manera se entendería una competencia residual para los Estados para emitir órdenes de arraigo en tanto no entrara en vigor el sistema acusatorio a nivel federal, o aun sus sistemas locales otorgada por el artículo transitorio décimo primero analizado, ya que a esta competencia local para legislar en materia de arraigo le eran directamente aplicables las razones del precedente de la acción de inconstitucionalidad 20/2003 que había declarado inconstitucional el artículo 122 Bis del Código de Procedimiento Penales del Estado de Chihuahua, competencias locales que nunca se establecieron a nivel constitucional en la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho y no pueden entenderse fundadas en un artículo transitorio.(17)
En tal contexto, al radicarse la competencia sustantiva para legislar en materia de delincuencia organizada de manera exclusiva en la Federación, se impide ya a los Estados legislar sobre dicha materia, además de generar la incompetencia de las autoridades locales para aplicar las disposiciones tanto en la materia de delincuencia organizada como en materia de arraigo, la cual le es constitucionalmente accesoria, aun cuando no haya entrado en vigor el sistema acusatorio federal o en el Estado.
No pasa inadvertido que el artículo sexto transitorio de la misma reforma establezca que las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución y que los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no se verán afectados por la entrada en vigor de la legislación federal. Esto es así, ya que el fundamento constitucional para legislar en materia de delincuencia organizada es distinto de aquel que fundamenta el arraigo, mientras que el primero se encuentra desde la reforma analizada en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución con un sistema de transición entre las competencias locales y la federal, en el caso de la facultad en materia de arraigo no se establece tal cosa y la facultad sustantiva únicamente se refiere a la delincuencia organizada a nivel federal, sin mencionar nunca a las entidades federativas y a sus legislaciones en la materia, las cuales, vale la pena subrayarlo, estaban viciadas de inconstitucionalidad por las razones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25462-ff1ffa7c/arraigo-local-efectos-de-la-inconstitucionalidad-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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