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Modo: Corpus Pro

INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. · Registro digital (IUS): 27130
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-05-26
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Pág. 192.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 19 DE NOVIEMBRE DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año; en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.

SEGUNDO.-Legitimación del recurrente y oportunidad del recurso. Atendiendo a lo anterior, si la recurrente figuró como parte quejosa en el juicio de amparo directo cuya resolución combate, se estima que cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión, acorde con el numeral 5o. de la Ley de Amparo vigente; además, esta Primera Sala considera que dicho recurso fue interpuesto oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo(1) aplicable, en atención a lo siguiente:

a) La notificación por lista hecha a la parte quejosa de la sentencia de amparo reclamada fue el veintinueve de abril de dos mil catorce.

b) La notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto fue el treinta de abril de dos mil catorce.

c) El plazo de diez días para impugnar la resolución recurrida, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, transcurrió del dos al dieciséis de mayo de dos mil catorce.

d) De dicho cómputo hay que descontar los días tres, cuatro, diez y once de mayo del año en curso, por ser sábados y domingos; respectivamente, así como el primero y cinco de mayo, al ser inhábil de conformidad con lo establecido en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

e) El recurso de revisión se interpuso ante la Oficialía de partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito el quince de mayo de dos mil catorce; consecuentemente, debe declararse oportuna su presentación.

TERCERO.-Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación se hace una relación, en lo que interesa, de los antecedentes del asunto que nos ocupa, de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, de las consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito, y de los agravios del recurrente:

I. Antecedentes del Asunto.

1. Hechos: ********** o **********, contrajo matrimonio el veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y nueve con ********** y con fecha trece de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, el Juez Sexto de lo Familiar en el Distrito Federal, dictó sentencia dentro del juicio de divorcio voluntario, mediante la cual disolvió el vínculo matrimonial celebrado entre ambos.

2. El veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y dos, **********, contrajo matrimonio con **********, procreando dos hijos de nombres ********** y **********, ambos de apellidos **********. Posteriormente, el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Décimo Sexto de lo Familiar del Distrito Federal, dictó sentencia definitiva dentro del juicio de divorcio voluntario, en la cual decretó la disolución del vínculo matrimonial de ********** y **********, sin embargo, seguían viviendo en concubinato en el domicilio conyugal que habían establecido.

3. Con motivo del fallecimiento de **********, el veintiuno de diciembre de dos mil cinco, ********** o **********, formuló solicitud de pensión de viudez, misma que fue presentada el veintinueve del mismo mes y año, ante el Departamento de Pensiones de la Subdelegación Estado de México Poniente, con sede en Toluca, del **********.

4. El treinta de enero de dos mil seis, el Jefe de Pensiones Subdelegacional, de la Delegación Estado de México, con sede en Toluca de este **********, emitió resolución de pensión por viudez, con número de folio **********, a favor de la solicitante.

5. Por otra parte, con fecha veintitrés de octubre de dos mil seis, **********, presentó solicitud de pensión por viudez y orfandad, ante la Subdelegación 8 San Ángel de la Delegación 3 Sureste del Distrito Federal del **********, sin embargo, mediante acuerdo 0454/04 de trece de febrero de dos mil siete, dictado por el Consejo Consultivo del **********, emitió resolución de negativa de pensión, con número de folio **********, y en el considerando de dicha resolución se estableció que dentro del expediente del asegurado **********, obraba acta de matrimonio con persona distinta a la solicitante, es decir, con ********** o **********.

6. Inconforme con dicha negativa de pensión, el veinticinco de mayo de dos mil siete, **********, interpuso recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo de la Delegación Sur del Distrito Federal del **********.

7. El trece de septiembre de dos mil siete, el Consejo Consultivo de la Delegación Regional del Estado de México Zona Poniente, con residencia en Toluca, del Instituto, dictó resolución correspondiente donde resolvió favorable el recurso de inconformidad interpuesto por **********, dejando sin efectos la resolución de negativa de pensión dictada a **********, otorgándole por medio de la Jefatura de Pensiones Subdelegacional de ese Estado, pensión de viudez y orfandad, dejando sin efectos la determinación emitida con folio **********, otorgada a ********** o **********.

8. En cumplimiento a lo anterior, el veinte de junio de dos mil siete, el jefe de pensiones subdelegacional de la Delegación Estado de México Poniente, con residencia en Toluca, dictó resolución **********, a través de la cual otorga a favor de ********** y a sus hijos, pensión de viudez y orfandad, lo anterior, en virtud de haber acreditado su derecho, resolución que le fue notificada por personal del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Toluca, en fecha veinte de diciembre de dos mil siete.

9. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil siete, el Consejo Consultivo de la Delegación Regional del Estado de México Poniente, dictó la resolución número 07/160059, mediante la cual se niega la pensión a ********** o **********, en virtud de no cumplir con los requisitos establecidos para ello.

10. El diecisiete de diciembre de dos mil siete, ********** o **********, interpuso recurso de inconformidad en contra de dicha resolución de negativa de pensión de viudez.

11. El veintiocho de febrero de dos mil ocho, el Consejo Consultivo de la Delegación Regional del Estado de México Poniente, con residencia en Toluca, del Instituto, dictó resolución mediante la cual declaró infundado el citado recurso de inconformidad.

12. Averiguación previa. Con motivo de la denuncia presentada por el apoderado legal para pleitos y cobranzas del **********, el nueve de octubre del dos mil ocho, en la que en esencia el querellante se dolió ante la autoridad ministerial federal del perjuicio patrimonial sufrido, a razón de $********** (**********), en virtud de que ********** o **********, a través del engaño obtuvo un beneficio indebido, consistente en el pago de pensión por viudez, dentro del período comprendido por los meses de marzo a diciembre de dos mil seis, de enero a noviembre de dos mil siete y enero a mayo de dos mil ocho, pues simuló ser esposa del asegurado después de haberse disuelto el matrimonio, lo que ocasionó el quebranto económico al referido instituto por la citada cantidad.

Motivo por el cual, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora con sede en Toluca, Estado de México, inició, integró y posteriormente consignó por duplicado la averiguación previa **********, ejerciendo acción penal el cuatro de noviembre de dos mil diez, sin detenido, en contra de ********** o **********, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de fraude.

13. Causa penal **********. Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil diez, el Juez de la causa radicó la consignación de la averiguación previa bajo el número de causa penal **********, y el diecinueve de noviembre de dos mil diez, libró la orden de aprehensión en contra de la imputada ********** o **********. Así, el nueve de diciembre de dos mil diez, se cumplimentó la orden de aprehensión girada.

El quince de diciembre de dos mil diez, después de que se recibiera la declaración preparatoria, se resolvió la situación jurídica de la referida indiciada, dictándole auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 314 de la Ley del Seguro Social y sancionado por el diverso 386, fracción III, del Código Penal Federal, vigentes en la temporalidad en que ocurrieron los hechos.

14. Juicio de amparo indirecto de ********** o **********. Inconforme con la resolución de término constitucional, promovió juicio de amparo, el cual resolvió el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por lo que en resolución dictada dentro del expediente **********, el dieciséis de febrero de dos mil once, se concedió el amparo solicitado, para efectos que la responsable dejara insubsistente el auto de término constitucional aludido, y con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, debiendo subsanar los vicios formales relativos a la carencia de motivación exigida por el artículo 16 constitucional.

15. Recurso de revisión del agente del Ministerio Público. Inconforme con la determinación anterior, la fiscalía adscrita al juzgado interpuso recurso de revisión correspondiente, además se interpuso recurso de revisión adhesiva, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de la entidad, bajo toca **********, donde en sesión de ocho de diciembre de dos mil once, se determinó, por una parte, confirmar la resolución recurrida, y por otra, dejar sin materia la revisión adhesiva.

16. En cumplimiento al fallo federal, se dictó resolución el veintiuno de diciembre de dos mil once, donde se resolvió la situación jurídica de ********** o **********, decretándose en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito en estudio; ejecutoria que se tuvo por cumplida mediante proveído de cuatro de enero de dos mil doce.

17. Nuevo juicio de amparo indirecto. Inconforme con el auto de formal prisión referido en el párrafo que antecede, la inculpada promovió diverso juicio de amparo, el cual fue resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, dentro del expediente **********, en el sentido de negar el amparo solicitado.

18. Recurso de revisión. En contra de lo anterior, la indiciada interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, órgano que en el toca **********, resolvió confirmar la sentencia recurrida.

19. Sentencia definitiva de sobreseimiento. Seguida la secuela procesal, el veintiséis de julio de dos mil trece se dictó el fallo definitivo en el que el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, estimó que a pesar de que tuvo por acreditados los elementos del tipo penal del ilícito de fraude en estudio, establecido en el artículo 314 de la Ley del Seguro Social, y sancionado por el numeral 386, fracción III, del Código Penal Federal, previo a analizar la responsabilidad penal de la inculpada (por tratarse de una cuestión de orden público), llevó a cabo el estudio preferente de la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el diverso 319 de la Ley del Seguro Social, con relación al artículo 6o., de la ley sustantiva penal federal en la materia.

De esta manera, el juzgador primario concluyó diciendo que, entre la data en que el ********** tuvo conocimiento de la comisión del ilícito y de la persona responsable (trece de septiembre del dos mil siete), y la fecha en que se concretó el ejercicio de la acción penal por parte del agente del Ministerio Público Federal (cuatro de noviembre del dos mil diez), transcurrieron más de tres años, lo que propició se configurara la prescripción de la acción penal del delito. Por tanto, determinó sobreseer en la causa penal ********** instruida a ********** o **********.

20. Apelación del agente del Ministerio Público y el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Inconformes con lo anterior, el fiscal de la adscripción y el instituto que formuló la querella, interpusieron recursos de apelación, los cuales quedaron registrados bajo el número de toca **********, mismo que fue resuelto el treinta de septiembre de dos mil trece, por el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. Lo anterior, fundamentalmente desestimando los agravios similares de los recurrentes, en donde dijeron que al decretar la prescripción de la acción penal, el Juez no aplicó la ley supletoria correspondiente, lo que derivó en una incorrecta valoración de pruebas, pues, indicaron, en el caso concreto no era dable considerar que el instituto tuvo conocimiento de la conducta ilícita atribuida a la inculpada, a partir de la resolución del trece de septiembre de dos mil siete, emitida por el Consejo Consultivo de la Delegación del Estado de México Zona Poniente con residencia en Toluca, del Instituto del Seguro Social, mediante acuerdo **********, dentro del expediente **********, **********, en la que determinó fundado el recurso de inconformidad planteado por **********, otorgándole la pensión de viudez y orfandad a la inconforme y descendientes, dejando sin efecto la emitida con folio **********, de treinta de enero de dos mil seis, otorgada a la inculpada, porque al ser impugnable, era necesario, dijeron, esperar a que dicha resolución quedara firme para tener por sabedor al instituto, tanto del ilícito de fraude como de la persona que lo cometió; además de que los recurrentes dijeron que para tener por interrumpido el término de la prescripción, bastaba con que el nueve de octubre de dos mil ocho, se hubiera presentado la querella a través del apoderado del instituto, por lo que la acción penal no estaba prescrita. Disenso desestimado, porque no era requisito que concluyera el procedimiento administrativo para que se procediera a formular la querella, entonces fue correcto el criterio de Juez de tomar como base del inicio de la prescripción la fecha señalada por él, dado que en la resolución que citara fue el momento en que el instituto se percató que la inculpada carecía de derecho para recibir la pensión mencionada, máxime que la otorgó a la diversa persona, pensión que ésta obtuvo mediante engaños propiciando el quebranto patrimonial del instituto. De manera tal, que para el tribunal de alzada, fue correcto el criterio sobre el transcurso de los tres años para que operara la prescripción de que se trata, a partir de la data citada al momento en que se ejerció la acción penal como determinó el Juez de origen. Sin que tampoco estuvieran en lo correcto los inconformes, agregó, al señalar que la interposición de la querella de nueve de octubre de dos mil ocho, interrumpió el plazo de prescripción, porque para ello, dijeron, debía estarse a las reglas que para tal efecto señala el ordenamiento procesal penal federal, supletorio de la Ley del Seguro Social, porque para la autoridad de alzada, acorde con el numeral 319 de la ley del instituto, se establecía claramente el plazo correspondiente, de modo que atento al principio de especialidad de la ley, conforme al numeral 6o. del ordenamiento procesal citado, no cabía supletoriedad, porque las actuaciones practicadas en la indagatoria no interrumpen dicho plazo para que el Ministerio Público ejerza la acción penal, antes de que fenezca el plazo de tres o cinco años previsto en la ley especial, tal como dijo fue considerado en la jurisprudencia de la Primera Sala «1a./J.» 96/2010, de rubro: "DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE LA OFENDIDA SE QUERELLE Y EN SU CASO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERZA ACCIÓN PENAL, NO SE INTERRUMPEN CON LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NI CON LAS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.". Además de que también citó por analogía, a fin de corroborar su criterio la jurisprudencia de la Primera Sala «1a./J.» 95/2010 de rubro: "DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."

21. Juicio de amparo directo. En desacuerdo, la apoderada general para pleitos y cobranzas del **********, promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución aludida, cuya sentencia constituye la materia del presente recurso de revisión.

II. Conceptos de violación. El ahora recurrente hizo valer, los conceptos de violación que a continuación se sintetizan:

• Que la resolución reclamada viola en perjuicio de los intereses jurídicos del **********, en su carácter de ofendido, los artículos 1o., 14, párrafos segundo y tercero, 16, párrafo primero, 17, párrafos primero y segundo, 20, apartado B, fracción IV, ahora C, misma fracción, conforme a su última reforma que tuvo según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, 21, párrafos primero y segundo, 102, apartado A, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se confirmó el fallo de sobreseimiento por prescripción de la acción penal recurrido, respecto del delito de fraude previsto en el numeral 314 de la Ley del Seguro Social y sancionado en el diverso 386, fracción III, del Código Penal Federal, en correlación con los numerales 314 y 319 de dicha ley especial, y 6o., 100, 105, 107 y 386, fracción III, del Código Penal Federal.

• Que dicha resolución no reúne los requisitos de exhaustividad, no es lógica ni congruente, negándole el derecho de acceso a la justicia, por ende, viola las garantías y derechos fundamentales de la parte quejosa.

• Que al librarse la orden de aprehensión, al dictarse el auto de formal prisión, sus diversas impugnaciones a través del juicio de amparo, y los recursos de revisión en materia constitucional, las autoridades nunca advirtieron causa alguna de prescripción de la acción penal, de esta manera, dichos juzgadores al estar obligados a estudiar la prescripción de la acción penal, de oficio y de manera preferente, debe advertirse que lo hicieron, tan es así que al no considerar procedente la prescripción de la acción penal en cada una de las sentencias y resoluciones de amparo, dieron por agotado el tema de la prescripción de la acción penal, en la vía de amparo y, por ende, procedieron a estudiar los conceptos de violación vertidos por la parte inculpada, dicho actuar se sustentó en los artículos 76 bis y 183 de la Ley de Amparo vigente en la época de los hechos. Cita la tesis de la Primera Sala, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y SUPLENCIA DE LA QUEJA."

• Que la prescripción de la acción penal que refieren no opera en el caso concreto, pues lo cierto es que, tanto el Juez de Distrito de la causa, como la responsable interpretaron mal los hechos y, por ende, la normatividad en que basaron sus resoluciones en las que concluyen que se actualiza la prescripción de la acción penal, que nace del delito de fraude que se atribuye a la inculpada, ahora tercero interesada. Máxime que un Juzgado de Distrito de Procedimientos Penales Federales o Tribunal de Alzada que conoce de apelaciones, como los que intervinieron en el caso en estudio, no pueden ni deben superar o dictar resoluciones contrarias a las emitidas por los Juzgados de Distrito de amparo o tribunales revisores de amparo, quienes conocieron de la impugnación del auto de formal prisión en amparo y en recurso de revisión de amparo, y en la vía constitucional declararon agotado de manera tácita por ministerio de ley, el tema de la prescripción de la acción penal.

• Que el acto reclamado no cumple con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, tampoco se cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, así como de un debido proceso, y sobre todo, de una seguridad jurídica establecida en el artículo 14 de la Ley Fundamental en esa temática, al carecer ambas resoluciones de congruencia, lógica jurídica y exhaustividad, ello conlleva a una negación, de hecho, de acceso a la justicia, violentando de esa forma el artículo 17 de la Constitución Federal.

• Aunado a que el principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Dice que el principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas, en el caso en estudio, el acto reclamado por los razonamientos lógico jurídicos vertidos, es violatorio de derechos fundamentales y de garantías.

• Que la verdadera fecha cuando el ********** conoce del ilícito, es cuando niega la pensión por viudez a la inculpada, ahora tercero interesada, esto es, el veintitrés de noviembre de dos mil siete, y no el trece de septiembre de dos mil siete, como incorrectamente lo señalan las responsables en el acto reclamado. No obstante, se combatirá el acto reclamado en los términos en que fue emitido, sin que ello implique consentimiento alguno.

• Que tratándose de delitos que se persiguen por querella, como lo son los previstos en la ley especial, Ley del Seguro Social, en su capítulo III de su título sexto, entre los que se encuentra el de fraude que se atribuye a la indiciada, el Ministerio Público, legalmente sólo puede iniciar la averiguación previa, a fin de que pueda resolver si ejercita o no la acción penal ante los tribunales, una vez que la víctima u ofendido le ha presentado su querella, esto es, una vez que ha llenado ese requisito de procedibilidad en el plazo que la ley señala para ello; entonces la prescripción sigue corriendo, es decir, vuelve a correr como ocurre, una vez que ha sido librada la orden de aprehensión y el indiciado se encuentra sustraído a la acción de la justicia, a partir de la fecha de su libramiento y a partir de la fecha de presentación de la querella, según las reglas para los delitos que se persiguen de oficio, lo que significa, que se aplican las disposiciones que para la prescripción de la acción penal establece el Código Penal Federal para los delitos perseguibles de oficio. En esas condiciones, dijo, es dable afirmar que, como en el caso, el **********, tuvo conocimiento del delito y de la responsable en su comisión, si bien el trece de septiembre de dos mil siete y su querella la presentó el nueve de octubre de dos mil ocho, de ese modo no opera la prescripción de la acción penal, puesto que transcurrió un año y veintiséis días, no el plazo de tres años que señala el artículo 319 de la Ley de Seguro Social para que opere la prescripción del delito.

• Luego asevera que el tiempo o el plazo que la ley requiere para la prescripción de la acción penal, sólo debe computarse a partir del momento en que el ofendido presenta al Ministerio Público de la Federación su querella (nueve de octubre de dos mil ocho); ello, siempre y cuando, a partir del momento en que el ofendido tiene conocimiento del delito y del delincuente o probable responsable (trece de septiembre de dos mil siete), hasta que se presente la querella (nueve de octubre de dos mil ocho) no haya transcurrido el plazo que la ley señala para la presentación de la querella; ya que en principio, tratándose de delitos que se persiguen por querella necesaria del ofendido, la querella debe presentarse dentro del plazo que señala la ley (Ley del Seguro Social, 3 años que prevé la primera hipótesis de su artículo 319); y una vez presentada, esto es, una vez que se ha llenado tal requisito de procedibilidad, como a partir de la presentación de la querella, el Ministerio Público, legalmente puede dar inicio a la averiguación previa, en donde resuelve el ejercicio de la acción penal; la prescripción, atento a lo dispuesto por el citado artículo 107, párrafo segundo, del Código Penal Federal, seguirá corriendo, es decir, vuelve a correr según las reglas para los delitos perseguibles de oficio (la que se contiene en el artículo 105 del Código Penal Federal).

• Que sin embargo, al establecer ese artículo 107, en su párrafo primero, en lo conducente, que: "Cuando la ley no prevenga otra cosa" (la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contando desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, fuera de esta circunstancia), se desprende como excepción a esa regla general, que la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido; si se trata de un ilícito de los que prevé otra ley, como puede ser una ley especial, por ejemplo, la Ley del Seguro Social, ya que en ésta, específicamente, en el capítulo III, de su título sexto, prevé los delitos a que alude en sus artículos 307 al 317, y éstos, como lo dispone su artículo 305, sólo pueden perseguirse por querella del ofendido **********, que no sea el Código Penal Federal, prescribe en el plazo que esa ley diversa disponga al efecto.

• Que de estimarse que si el Ministerio Público no ejerce la acción penal en ese solo día antes de que venza el plazo que la ley diversa al Código Penal Federal establece para la presentación o formulación de la querella, habrá prescrito y con ello, se habrá extinguido la misma, por ende, la probable responsabilidad del imputado; se afectaría el interés de orden público que tiene la sociedad en la investigación y persecución de los delitos que la Carta Magna en su artículo 21, de manera exclusiva, le asigna al propio Ministerio Público, pues si no hay ejercicio de la acción penal, no habrá proceso penal, por lo mismo, castigo para el delincuente que probablemente haya cometido el delito de que se trate, y sí en cambio, impunidad respecto de su realización.

III. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado que conoció del amparo, señaló lo siguiente:

• Son infundados los conceptos de violación que formula la parte quejosa, sin que exista algún motivo qué suplir como lo dispone el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente.

• En el entendido que, de ser el caso, a favor del **********, procede la suplencia de la queja deficiente, porque si bien se trata de una persona moral, que de acuerdo con su naturaleza no tiene derechos humanos, pues corresponde a una ficción jurídica y éstos sólo son inherentes al ser humano, también se debe ponderar que esa circunstancia no es obstáculo para que no se les reconozcan, por ende, cuando las personas morales oficiales acuden al juicio de amparo en calidad de víctima u ofendido del delito, el juzgador está obligado a suplir la queja deficiente a su favor, pues con ello cumple con el principio de igualdad entre las partes.

• La peticionaria del amparo argumenta que la sentencia reclamada vulnera el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual es infundado. Dicho numeral, tiene como paradigma básico, la obligación por parte de las autoridades de armonizar las disposiciones constitucionales con el derecho internacional de los derechos humanos, a efecto de que se respeten, protejan, garanticen y satisfagan estos últimos; por ello, además de que a los tratados internacionales que contengan disposiciones inherentes a derechos humanos se les otorga rango constitucional, se establece el uso de la interpretación conforme y del principio pro persona; lo que quiere decir que, el operador jurídico se encuentra obligado no sólo a armonizar las normas de derechos humanos, independientemente de su origen constitucional o internacional, con el resto del contenido de la Constitución y con los tratados de derechos humanos, sino que también el sentido de esa armonización debe ser tal que privilegie aquel que otorgue un mayor beneficio a las personas, esto es, que maximice dentro de los márgenes posibles a favor de la libertad, lo que constituye la esencia del principio pro persona.

• De ahí que, en caso de la existencia de un conflicto normativo, no sólo debe prevalecer la Norma Constitucional o internacional -sobre derechos humanos-, sino que la interpretación que se haga de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27130-0b625496/interpretacion-conforme-naturaleza-y-alcances-a-la-luz · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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