BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 209/2014. 21 DE ENERO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.
CONSIDERANDO:
11. PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y del diverso 85, fracción I, inciso j), del Código Penal Federal.
12. SEGUNDO.-Oportunidad. No se examinará la oportunidad del recurso, toda vez que ésta ya fue analizada por el Tribunal Colegiado del conocimiento.
13. TERCERO.-Antecedentes. Para mejor desarrollo del estudio conviene relacionar los antecedentes principales del asunto.
14. 1. El seis de septiembre de dos mil diez en la causa penal número **********, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó sentencia condenatoria en contra de ********** por su plena responsabilidad penal en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, imponiéndole, entre otras, las sanciones correspondientes a cinco años de prisión y multa de ********** días equivalentes a **********.(1)
15. 2. Inconformes con la resolución anterior, la defensa de la sentenciada y el Representante Social adscrito al Juzgado de Distrito citado, interpusieron sendos recursos de apelación, de los que conoció el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien el veintisiete de octubre de dos mil diez resolvió, con algunas precisiones, confirmar la sentencia condenatoria.(2)
16. 3. Contra esa resolución de segunda instancia, la sentenciada promovió juicio de amparo directo, el que se radicó con el número **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que en sesión de cuatro de enero de dos mil doce pronunció fallo constitucional en el que negó el amparo.(3)
17. 4. Posteriormente, por escrito presentado el tres de mayo de dos mil trece ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, ********** solicitó se le concediera el beneficio de tratamiento preliberacional y se declarara la prescripción de la multa que le fue impuesta, equivalente a cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta pesos.(4)
18. 5. Luego, en acuerdo de **********,(5) el Juez de Distrito admitió a trámite el incidente no especificado, el **********,(6) celebró la audiencia incidental respectiva y el ********** siguiente,(7) dictó resolución interlocutoria en la que declaró infundado el referido incidente, debido a que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal), por el que se condenó a la solicitante del beneficio de tratamiento preliberacional, se encuentra contemplado por el numeral 85 del código punitivo federal, respecto del cual establece que no procede la concesión de ese beneficio.
19. 6. Contra la resolución anterior, ********** promovió juicio de amparo, del que conoció el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien en acuerdo de ********** admitió a trámite la demanda y la registró con el número **********.
20. 7. Una vez celebrada la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo, el **********, el Juez Federal dictó sentencia en la que, por un lado, negó el amparo solicitado respecto de los actos reclamados del presidente de la República; del Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores, y del secretario de Gobernación, consistentes en la expedición, discusión, votación, aprobación, promulgación, refrendo y publicación, de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, y veintiséis de junio de dos mil ocho, en los que se reformaron, entre otras, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y del Código Penal Federal, específicamente el artículo 8, párrafo segundo, de la primera legislación citada, y el numeral 85, fracción I, inciso j), del segundo ordenamiento aludido; así como contra la resolución de **********, emitida en la causa penal **********, en la que se declaró infundado el incidente no especificado.
21. Por otro lado, otorgó la protección constitucional para el efecto de que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, se pronunciara en relación con el planteamiento relativo a la prescripción de la multa que le fue impuesta a la parte quejosa.
22. 8. Contra la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien en sesión de **********, dictó sentencia en la que resolvió reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y enviar los autos a dicho Alto Tribunal.
23. CUARTO.-Conceptos de violación. La parte quejosa formuló en materia de constitucionalidad los argumentos siguientes:
24. Primero.
I. Que los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y 85, fracción I, inciso j), del Código Penal Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, y veintiséis de junio de dos mil ocho, respectivamente, al prohibir la concesión del beneficio de tratamiento preliberacional respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el numeral 400 bis del código punitivo federal, resultan inconstitucionales, ya que conforme a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la libertad de las personas es un derecho que debe ser protegido en todo momento, máxime si se cumple con los elementos que exige la ley para ser reinsertada a la sociedad.
25. II. Que derivado de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, la prohibición de conceder el beneficio de tratamiento preliberacional respecto del delito referido, vulnera los preceptos, reglas y principios siguientes:
26. - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1o., 18 y 133.
27. - Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículos 3, 5, 7, 8, 10 y 11.2.
28. - Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículos 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.3, 8.1 y 9.
29. - Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: Artículos 9.1, 9.4, 10.3, 14.1, 15.1, 15.2 y 17.1.
30. - Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Organización de las Naciones Unidas): Reglas: 57, 58, 59, 60.1, 60.2, 64 y 65.
31. - Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio): Reglas 1.2, 1.5, 2.1, 9.2, 10.1, 10.2 y 10.3.
32. - Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos: Principios 1, 2, 5, 10 y 11.
33. - Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención: Principios 3 y 7.3.
34. Lo anterior, la quejosa expuso, porque tales disposiciones prevén la readaptación del sentenciado para ser reinsertado a la sociedad, además de que el fin de la pena no es agravar la situación del sentenciado, sino proporcionarle todos los medios necesarios para que en breve tiempo pueda reintegrarse a la sociedad a través de tratamientos de reinserción social.
35. Que el argumento anterior se fortalece con las tesis I.4o.A. 464 A, 1a. LXXIV/2005, P. LXXVII/99 y 1a. XIII/2012 (10a.) de rubros: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.", "PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", "TRATADOS INTERNACIONALES, SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", y "CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO."
36. III. Que la responsable debió tener en cuenta que conforme a la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados y al principio pacta sunt servanda, todo tratado internacional en el que se reconocen derechos humanos, obliga al Estado en el ámbito internacional y frente a todas las personas sujetas a su jurisdicción, a respetar, proteger y garantizar esos derechos, por lo que no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir dicha obligación; máxime que el artículo 8 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados se contrapone a la Constitución.
37. Que apoya a su dicho, la tesis 1a. CCXXIV/2011 (9a.) de rubro: "DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO)."
38. Segundo.
IV. Que le causan agravio la iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, expedición, refrendo, promulgación, entrada en vigor, aplicación y ejecución del artículo 8 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y del diverso 85 del Código Penal Federal, porque al prohibir la concesión del beneficio de tratamiento preliberacional respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resultan inconstitucionales.
39. Que con la reforma de diez de junio de dos mil once, en los artículos 1o. y 18 constitucionales se incluyeron los derechos humanos como fundamentales donde todas las personas gozarán de éste reconocimiento en su sentido más amplio sin restricción ni suspensión, favoreciendo en todo tiempo de manera imparcial bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica que está prohibida toda discriminación que atente la dignidad humana, que menoscabe derechos y libertades de las personas en cualquier circunstancia.
40. Que los artículos reclamados, al limitar el derecho a la libertad para ser reinsertada a la sociedad, como lo prevé el precepto 18 constitucional, violan directamente los derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de la materia.
41. QUINTO.-Sentencia recurrida. En relación a los conceptos de violación, en el considerando sexto de la sentencia de amparo, el Juez de Distrito estimó, en esencia, lo siguiente:
42. i. Que los argumentos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad formulados por la quejosa, derivaban de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, el cual prevé que las normas relativas a derechos humanos, se interpretarán conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que se conoce como principio pro persona.
43. ii. Que para llevar a cabo dicha labor, es obligación de todas las autoridades jurisdiccionales del país, aplicar un control de convencionalidad ex officio, en un modelo de control difuso de constitucionalidad, a efecto de que en su respectivo ámbito de competencia, velen por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. Dicha obligación, la quejosa solicitó a la autoridad responsable la observara en la incidencia que originó el acto de aplicación de los numerales reclamados.
44. iii. Que al respecto, la aplicación del principio pro persona no puede servir como fundamento para aplicar en forma directa los derechos fundamentales previstos en los tratados internacionales, al margen de que el derecho internacional convencional sea una fuente del derecho constitucional de carácter obligatorio, toda vez que tal principio, constituye propiamente un instrumento de selección que obliga a analizar el contenido y alcance de los derechos humanos reconocidos en dos o más normas, las cuales los regulan o restringen de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto.
45. iv. Que bajo esa premisa, si el derecho fundamental cuestionado se encuentra previsto tanto en la Constitución como en los tratados internacionales invocados por la quejosa, resultaba innecesario aplicar la norma de fuente internacional, puesto que la de origen interno es suficiente para establecer un sentido protector de ese derecho -reinserción del sentenciado a la sociedad a la que pertenece-; por tanto, señaló el Juez, bastaba el estudio que se realizara del precepto constitucional que prevé esa situación para resolver la constitucionalidad de los numerales reclamados.
46. A lo anterior, el juzgador consideró aplicable la jurisprudencia 2a./J. 172/2012 (10a.) de rubro: "DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
47. v. Que además, apuntó, los instrumentos internacionales invocados por la solicitante de amparo, en su mayoría se refieren, aunque no en forma precisa, a los medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, mismos que son acordes con los previstos en la propia Constitución, como son: el respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte; de ahí que el pronunciamiento en cuanto a la constitucionalidad de los preceptos reclamados, se realizara en relación con el derecho interno del país, máxime, estimó el Juez, que las circunstancias personales de la sentenciada no son determinantes para negar la concesión de algún beneficio penitenciario.
48. vi. Que la situación jurídica de la quejosa se rige por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución General de la República, de lo que se evidenciaba que el sistema penitenciario está organizado con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para tal efecto están previstos en la ley.
49. vii. Que era incuestionable, señaló, que el goce de un beneficio penitenciario tiene como origen la viabilidad del sentenciado a reincorporarse a la sociedad y que se procure no vuelva a delinquir. En ese sentido, si el artículo 8, párrafo segundo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, dispone que no se concederán las medidas que comprenden el tratamiento preliberacional, cuando el sentenciado se encuentre en cualquiera de los casos a que alude el numeral 85 del Código Penal Federal, es que encuentra sustento lo pretendido por el legislador ordinario, que atendió a una política criminal, con la que pretende inhibir la comisión de diversos ilícitos, con la clara intención de procurar que el sentenciado no reincida; destacándose entre los delitos que tornan improcedente la concesión de ese beneficio, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
50. viii. Que lo anterior, a consideración del Juez, tiene sustento en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del segundo párrafo del artículo 8 citado -la cual en la parte que interesa, transcribió-.
51. ix. Con base en lo expuesto, el Juez Federal concluyó, que si tratándose de un delito que por la frecuencia con que se realiza, su gravedad y el daño que causa a la sociedad, se hace improcedente la concesión de los beneficios penitenciarios, era válido afirmar que las disposiciones impugnadas no vulneran en forma alguna el precepto 18 constitucional.
52. x. Que esa prohibición, aseguró, es congruente con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la propia Constitución (en su texto anterior a la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en vacatio legis), que limita a los inculpados por delitos graves a gozar del derecho de libertad provisional bajo caución y con el numeral 16 constitucional, que prevé un tratamiento especial para el caso de que el delito sea calificado grave.
53. xi. Que si constitucionalmente se encuentra establecido un trato diferenciado en razón de la gravedad de los delitos, es innegable, apuntó el Juez, que al limitarse la concesión de los beneficios penitenciarios atendiendo a dicha gravedad, se cumple con las medidas especificadas en la Constitución para lograr la reinserción social del sentenciado y, sobre todo, para procurar que no vuelva a delinquir. Por tanto, señaló, no se transgredió el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Federal, que establece la forma en que se organiza el sistema penitenciario del país.
54. A lo expuesto, el Juez de Distrito estimó aplicable por las razones que la integran, la tesis I.4o.P.52 P de rubro: "LIBERTAD ANTICIPADA. EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL LIMITAR LA CONCESIÓN DE AQUELLOS BENEFICIOS A LAS MODALIDADES DE TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL Y LIBERTAD PREPARATORIA A LOS SENTENCIADOS POR ALGUNO DE LOS DELITOS ENUNCIADOS EN EL PROPIO NUMERAL, NO VIOLA EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", dado que el texto anterior a la reforma que refiere, varió en el concepto de readaptación social que se sustituyó por el de reinserción, ya que se consideró despectivo estimar constitucionalmente al reo inadaptado social, aunado a que lo que justificaba la pena de prisión era la viabilidad de que el sentenciado se reincorporara a la sociedad.
55. xiii. Que el Juez al no advertir deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, negó el amparo solicitado respecto a la inconstitucionalidad del proceso legislativo, es decir, de la discusión, votación, aprobación, expedición, refrendo, promulgación y publicación de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve y veintiséis de junio de dos mil ocho, en los que se reformaron diversas disposiciones legales, específicamente, los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y 85, fracción I, inciso j), del Código Penal Federal. 56. SEXTO.-Agravios. Contra las consideraciones que preceden, la parte quejosa alega en su recurso de revisión, básicamente, lo siguiente:
57. 1. Que en la sentencia recurrida, se omitió interpretar en su beneficio, la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, por lo que se le discriminó y vulneró en su perjuicio la garantía de igualdad consagrada en el artículo 1o. de la Constitución Federal.
58. 2. Que el juzgador no tomo en cuenta que, debido a la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, la prohibición de conceder el beneficio de tratamiento preliberacional respecto del delito operaciones con recursos de procedencia ilícita, vulnera los preceptos e instrumentos siguientes:
59. - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1o., 18 y 133.
60. - Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículos 3, 5, 7, 8, 10 y 11.2.
61. - Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículos 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.3, 8.1 y 9.
62. - Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: Artículos 9.1, 9.4, 10.3, 14.1, 15.1, 15.2 y 17.1.
63. - Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Organización de las Naciones Unidas): Reglas: 57, 58, 59, 60.1, 60.2, 64 y 65.
64. - Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio): Reglas 1.2, 1.5, 2.1, 9.2, 10.1, 10.2 y 10.3.
65. - Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos: Principios 1, 2, 5, 10 y 11.
66. - Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención: Principios 3 y 7.3.
67. Además, la recurrente alega, que el Juez Federal omitió resolver el conflicto de leyes entre la Constitución y la norma impugnada; así, al no concedérsele el beneficio solicitado se le discriminó y se transgredió en su perjuicio la garantía de igualdad.
68. Que el argumento anterior se fortalece con las tesis I.4o.A. 464 A, 1a. LXXIV/2005, P. LXXVII/99 y 1a. XIII/2012 (10a.), de rubros: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.", "PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", "TRATADOS INTERNACIONALES, SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", y "CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO."
69. 3. Que el Juez de amparo no tomó en cuenta la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el principio pacta sunt servanda, de los que se advierte que todo tratado internacional en el que se reconocen derechos humanos, obliga al Estado en el ámbito internacional y frente a todas las personas sujetas a su jurisdicción, a respetar, proteger y garantizar esos derechos, por lo que no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir dicha obligación; máxime que el artículo 8 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados se contrapone a la Constitución.
70. Que apoya a su dicho, la tesis 1a. CCXXIV/2011 (9a.), de rubro: "DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO)."
71. SÉPTIMO.-Estudio de fondo. En principio, se aprecia que los agravios expuestos por la recurrente, son reiteración de sus conceptos de violación, en los que alegó la inconstitucionalidad de los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y 85, fracción I, inciso j), del Código Penal Federal; lo que es inexacto para la técnica del juicio de amparo.
72. En efecto, la recurrente insiste en sostener que los artículos impugnados son inconstitucionales, porque limitan el derecho a obtener el beneficio de tratamiento preliberacional, en contravención a la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, en la que los derechos humanos se incluyeron como derechos fundamentales, esto es, todas las personas gozan de este reconocimiento en su sentido más amplio sin restricción ni suspensión, favoreciéndolas en todo tiempo, además de que prohíbe toda discriminación que atente la dignidad humana y/o menoscabe derechos y libertades de las personas en cualquier circunstancia.
73. No obstante, a efecto de no dejar a la quejosa en estado de indefensión, de oficio esta Primera Sala analizará las consideraciones emitidas por el Juez Federal en la sentencia recurrida mediante las que reconoció la constitucionalidad de los numerales reclamados.
74. Al respecto, el Juez de Distrito declaró infundados los conceptos de violación, ya que, como inicio, consideró que la aplicación del principio pro persona no puede servir como fundamento para aplicar en forma directa los derechos fundamentales previstos en los tratados internacionales, al margen de que estos sean fuente de derecho constitucional de carácter obligatorio, toda vez que tal principio constituye propiamente un instrumento de selección que constriñe a analizar el contenido y alcance de los derechos humanos reconocidos en dos o más normas, las cuales los regulan o restringen de manera diversa, a fin de elegir cuál de esas normas se aplicará en el caso concreto, atendiendo al mayor beneficio.
75. En ese sentido, el juzgador indicó, que si el derecho fundamental cuestionado se encuentra previsto tanto en la Constitución, como en los instrumentos internacionales invocados por la quejosa, era innecesario aplicar la norma de fuente internacional, puesto que la de origen interno es suficiente para establecer el sentido protector de ese derecho -reinserción del sentenciado a la sociedad a la que pertenece-.
76. Por tanto, el Juez Federal sostuvo, que bastaba con el estudio del precepto constitucional que prevé esa circunstancia para resolver la constitucionalidad de los numerales reclamados, apoyándose para ello, en la jurisprudencia de rubro: "DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.",(8) emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
77. Ahora, respecto a la consideración anterior, es importante tener presente que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 293/2011, sostuvo lo siguiente:
78. - Que lo relevante de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, consistía en que incorporó los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales al catálogo constitucional correspondiente a esos derechos. Así, a partir de que los tratados internacionales formaron parte del ordenamiento jurídico mexicano, resultaba irrelevante la fuente u origen de un derecho humano, ya sea la Constitución o un instrumento internacional, toda vez que el artículo 1o. constitucional pone énfasis exclusivamente en su integración al catálogo constitucional.
79. - Que la nueva conformación del catálogo de derechos humanos, no puede ser estudiada en términos de jerarquía, pues la reforma constitucional modificó el artículo 1o. precisamente para integrar un catálogo de derechos y no para distinguir o jerarquizar esas normas en atención a la fuente de la que provienen. Esta conclusión se refuerza si se considera que el artículo 1o. constitucional, además de determinar las fuentes de reconocimiento de los derechos humanos, incorpora criterios hermenéuticos para la solución de posibles antinomias frente a la posible duplicidad en la regulación de un derecho humano.
80. - Que el artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto normativo -compuesto únicamente por derechos humanos- que escapa a la regulación de la jerarquía de las fuentes prevista en el artículo 133 constitucional y cuyas normas de aplicación fueron específicamente diseñadas para la interpretación y aplicación de derechos humanos.
81. - Que con motivo de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos; por lo que el enfoque tradicional de la jerarquía de los tratados internacionales no constituía una herramienta satisfactoria para determinar el lugar que ocupan en el ordenamiento mexicano los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos normativos.
82. - Que una de las principales aportaciones de la reforma constitucional fue la creación de un conjunto de normas de derechos humanos, cuya fuente puede ser, indistintamente, la Constitución o un tratado internacional. De tal suerte, ese conjunto integró el nuevo parámetro de control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano.
83. - Que la literalidad del artículo 1o. constitucional, amplió el catálogo de derechos humanos, previsto materialmente en la Constitución, para comprender también aquellos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, lo único que se modificó fue el régimen constitucional de las normas internacionales de derechos humanos, las cuales se integraron al parámetro de control de regularidad cuya fuente es la propia Constitución.
84. - Que adicionalmente a la interpretación gramatical y sistemática, si se analiza cuál fue la intención y finalidad del Poder Reformador al aprobar la reforma en comento, también se llega a la conclusión de que las normas de derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen un parámetro de regularidad constitucional que sirve para dar coherencia y unidad al ordenamiento jurídico en casos de antinomias o lagunas normativas.
85. - Que de diversos dictámenes de las Comisiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión que participaron en el proceso de reforma, en tanto expresiones de la voluntad del Poder Reformador de la Constitución, se puede apreciar que las modificaciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26206-64cdd4bb/beneficios-penales-para-los-sentenciados-el-hecho-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- LIBERTAD ANTICIPADA. SI EL SENTENCIADO POR UN DELITO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA SOLICITA LA CONCESIÓN DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS RELATIVOS, CONFO (I.9o.P.153 P (10a.))
- LIBERTAD PERSONAL, CONSTANTE PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE LA. (s/clave)
- ACTOS DE TORTURA. SI AL CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, EL JUZGADOR ADVIERTE QUE EL COACUSADO DEL QUEJOSO, QUIEN NO ES PARTE EN EL JUICIO, DECLARÓ HABER SIDO VÍC (I.9o.P. J/20 (10a.))
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