BENEFICIO PRELIBERACIONAL DE LIBERTAD CONDICIONADA. LA PROHIBICIÓN DE OTORGARLO A LAS PERSONAS SENTENCIADAS POR EL DELITO DE SECUESTRO NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS A LA REINSERCIÓN SOCIAL, A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, NI A LA DIGNIDAD HUMANA. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. LOS ARTÍCULOS 137 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y 19 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO NO LO TRANSGREDEN.
AMPARO EN REVISIÓN 158/2025. 3 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIADO: EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ Y MONSERRAT JACQUELINE CÁMARA SANTOS.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 158/2025, que el señor Persona "A" interpuso en contra de la sentencia que, el trece de mayo de dos mil veinticuatro, el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México emitió en el juicio de amparo indirecto Primer Número de Expediente.
El problema jurídico puesto a consideración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 137, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 19, primer párrafo, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que restringen el acceso a beneficios preliberacionales para las personas sentenciadas por el delito de secuestro, vulneran los derechos a la reinserción social, igualdad y no discriminación, dignidad humana e irretroactividad de la ley penal.
Este Tribunal Pleno concluye que los artículos reclamados por el señor Persona "A" son constitucionales porque no afectan sus derechos humanos, por lo que sus argumentos son infundados y permiten confirmar la sentencia que recurrió, negar la protección constitucional y reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado de origen para que resuelva los temas de su competencia, como se explica en el estudio de fondo de esta determinación.
ANTECEDENTES
1. Hechos.(1) El treinta de junio de dos mil once, el señor Persona "B", chofer de una empresa transportista, acudió en un camión de la Nombre de la marca del camión, tipo y color a la recolección de diversos productos de la empresa Nombre de la Persona Moral, los cuales debía entregar en las instalaciones de otra compañía, ubicada entre las calles Nombre de Calle "1" y Nombre de calle "2", en la colonia Nombre de la Colonia, perteneciente a la alcaldía Nombre de la Alcaldía, en la Nombre de la Ciudad.
2. Cuando el señor Persona "B" se encontraba en espera de entregar dicha mercancía, fue interceptado y amagado por un sujeto, quien lo obligó a entrar al tractocamión que conducía, en el que ya se encontraban otros tres sujetos, entre ellos, el señor Persona "A".
3. Posteriormente, los agresores ordenaron al señor Persona "B" que cerrara los ojos, se agachara y les diera las llaves del tractocamión. Acto seguido, los agresores encendieron el vehículo y circularon por diversas vialidades durante aproximadamente dos horas, hasta que liberaron al señor Persona "B" en un parque, en donde lo despojaron de diversas pertenencias.
4. Causa penal. Con motivo de los hechos narrados, se instruyó un procedimiento penal tradicional en contra del señor Persona "A", del que correspondió conocer a la persona titular del Juzgado Décimo Séptimo Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, quien registró la causa penal con el número Segundo Número de Expediente.
5. Seguido el proceso penal mixto, el doce de diciembre de dos mil once, la persona titular del referido juzgado, dictó sentencia condenatoria en contra del señor Persona "A" por la comisión del delito de privación ilegal de la libertad personal, en su modalidad de secuestro exprés, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,(2) por lo que le impuso una pena de prisión de veinticinco años, una multa por la cantidad de $Primera Cantidad de Dinero en Números (Primera Cantidad de Dinero en Letra, y lo condenó al pago de la reparación del daño material.
6. Recurso de apelación. Inconforme, el señor Persona "A" interpuso un recurso de apelación, el cual fue registrado con el número de expediente Tercer Número de Expediente del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
7. Mediante resolución de nueve de marzo de dos mil doce, dicho tribunal de alzada modificó la sentencia recurrida únicamente en cuanto a las sanciones impuestas y la reparación del daño. En ese sentido, redujo tanto la pena de prisión a veintidós años seis meses, como el monto de la multa a $Segunda Cantidad de Dinero en Números (Segunda Cantidad de Dinero en Letra), y lo absolvió respecto a la reparación del daño material y moral.
8. Juicio de amparo directo. Posteriormente, el señor Persona "A" promovió una demanda de amparo directo en contra del fallo de segunda instancia, la cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció y registró con el número de expediente Cuarto Número de Expediente.
9. El siete de diciembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado del conocimiento emitió sentencia en la que negó la protección constitucional al quejoso.
10. Solicitud de beneficio de libertad condicionada. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, el señor Persona "A" -sentenciado- solicitó al juez de ejecución la concesión del beneficio preliberacional de la libertad condicionada, previsto en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(3) respecto a la pena de veintidós años y seis meses de prisión que se le impuso dentro del Tercer Número de Expediente, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, por la comisión del delito de privación ilegal de la libertad personal, en su modalidad de secuestro exprés. De igual forma, pidió la designación de un defensor público.
11. Por proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, el Juzgado Primero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México radicó la solicitud con el número de carpeta de ejecución Quinto Número de Expediente, y determinó que el procedimiento se tramitaría bajo la Ley Nacional de Ejecución Penal; asimismo, al señor Persona "A" le designó dos defensores públicos y requirió, tanto a las autoridades penitenciarias como al juez de la causa penal, diversas constancias para recabar la carpeta de ejecución, a efecto de emitir un pronunciamiento sobre la admisión, prevención o desechamiento de la petición.
12. Desechamiento de solicitud. Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, el juez de ejecución referido desechó, por notoriamente improcedente, la solicitud del señor Persona "A",(4) al actualizarse el supuesto de la causal de improcedencia prevista en el artículo 137, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(5) y el numeral 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,(6) los cuales restringen la posibilidad de acceder a beneficios preliberacionales a las personas sentenciadas por los delitos de secuestro.
13. Recurso de apelación. Inconforme, el defensor público del señor Persona "A" interpuso un recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dentro del toca número Sexto Número de Expediente de su índice.
14. Mediante resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés, la Sala Especializada concluyó que no era posible analizar el cumplimiento de los requisitos para la obtención del beneficio preliberacional solicitado, en virtud de la actualización de la causal de improcedencia advertida por el juez de ejecución, razón por la cual confirmó la determinación impugnada.
15. Demanda de amparo indirecto. El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el señor Persona "A" promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la resolución del tribunal de alzada, en la que esbozó los conceptos de violación siguientes:
a) La autoridad responsable vulneró el derecho a la defensa adecuada, así como los principios de igualdad y contradicción, al limitarse la posibilidad de la defensa de confrontar los datos de prueba de cargo, al no brindarse la totalidad de la carpeta de ejecución.
b) El artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(7) así como los numerales 19(8) y segundo transitorio(9) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro son inconstitucionales al restringir el acceso a beneficios preliberacionales a las personas sentenciadas por la comisión del delito de secuestro, lo que contraviene el derecho a la reinserción social, previsto en el artículo 18 constitucional.(10)
c) Dichos preceptos legales vulneran los derechos a la dignidad humana, así como a la igualdad y no discriminación, puesto que establecen diferencias de trato entre las personas sentenciadas a partir del delito por el que se les condenó.
d) En casos vinculados con el narcotráfico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resuelto que la prohibición de la liberación de una persona basada en el tipo de delito es contraria a los derechos humanos, particularmente al derecho a recibir un trato igualitario.(11)
e) En diversos asuntos, como los amparos en revisión 598/2011(12) y 510/2012,(13) la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la prohibición genérica de beneficios, la omisión total de preverles o su condicionamiento en función del delito es violatorio de los derechos de las personas privadas de la libertad.
f) Si bien, la Ley Nacional de Ejecución Penal restringe el acceso a los beneficios de libertad anticipada y libertad condicionada para las personas sentenciadas por el delito de secuestro, lo cierto es que los derechos a la libertad personal, a la reinserción social y a la igualdad se encuentran contemplados a nivel constitucional.
g) A la luz de la reforma constitucional del año dos mil once, es necesario interpretar las normas relativas a los derechos humanos conforme a la Constitución Política del país, los estándares internacionales en la materia y el principio pro persona.
h) La resolución combatida es inconstitucional porque se violaron las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, tal es el caso que el juez de ejecución no señaló fecha de audiencia para el debate de la solicitud propuesta.
i) No se garantizó el derecho a una defensa adecuada en su vertiente material, puesto que los defensores públicos asignados no actuaron de forma diligente ni contaban con los conocimientos técnicos suficientes para llevar una representación debida. Lo anterior, tampoco fue corregido por el juez de ejecución para evitar la violación a dicho derecho fundamental.
j) La resolución combatida transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento para justificar la privación del derecho a la libertad personal en el caso: no se respetaron las garantías a ser oído y vencido en juicio, no se otorgó la oportunidad de ofrecer pruebas, no se valoró la petición de forma individualizada ni se fundó y motivó debidamente la determinación.
16. Ampliación de la demanda de amparo indirecto. Por escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, el señor Persona "A" formuló una ampliación de su demanda de amparo indirecto. En sus conceptos de violación, expresó:
a) Los artículos 136(14) y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(15) así como los artículos 19 y Segundo Transitorio de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro violan los principios de retroactividad en materia penal y de legalidad al prohibir la concesión del beneficio preliberacional por el delito de secuestro.(16)
b) Las normas reclamadas también son contrarias al principio de igualdad, pues realizan una distinción de trato entre las personas sentenciadas con base en el delito por el que se les condenó.
c) Dichos dispositivos atentan contra lo dispuesto por el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(17) y el numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(18) al prohibir la concesión de beneficios penitenciarios a personas sentenciadas por el delito de secuestro y violentar el derecho a la irretroactividad de la ley penal.
d) La autoridad responsable pasó por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la prohibición genérica de beneficios, la omisión total de preverles o su condicionamiento en función del delito es violatorio de los derechos de las personas privadas de la libertad.
e) Si bien, la restricción para conceder beneficios preliberacionales se trata de una facultad de la persona legisladora basada en razones de política criminal, con miras a desalentar ciertas conductas delictivas, promover la reinserción social y prevenir la reincidencia, lo cierto es que resulta contrario al texto constitucional, pues establece la limitación a un grupo determinado de personas de manera injustificada.
f) También se viola el derecho a la dignidad humana, ya que los beneficios preliberacionales se basan en la posibilidad de una adecuada reinserción social, relacionada con el debido ejercicio de los distintos ejes del sistema penitenciario.
17. Sentencia de amparo indirecto. La demanda y la ampliación que el señor Persona "A" presentó, fueron conocidas por la persona titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien las registró con el número de expediente Primer Número de Expediente. Posteriormente, el trece de mayo de dos mil veinticuatro, el juzgado de distrito dictó sentencia en la que negó el amparo al señor Persona "A", al tenor de las consideraciones siguientes:
a) Es infundado el concepto de violación con respecto a que las normas impugnadas son violatorias del derecho fundamental de retroactividad en materia penal, dado que su contenido no prohíbe la aplicación de una ley posterior si ésta es más benigna.
b) Los artículos reclamados no impiden la prohibición de la aplicación de una ley posterior más benigna, por lo que si existiera una norma más favorable en relación con los beneficios preliberacionales para las personas sentenciadas por la comisión del delito de secuestro, las autoridades jurisdiccionales tendrían el deber de aplicarla.
c) Sin embargo, ello no es así porque ni la Ley General en materia de secuestro ni la Ley Nacional de Ejecución Penal prevén beneficios preliberacionales para regular el delito de secuestro.
d) Es infundado que las normas reclamadas trasgreden el derecho a la reinserción social, pues el artículo 18 constitucional otorga facultad discrecional y amplia a la persona legisladora para establecer los requisitos que permitan el acceso a los beneficios penitenciarios y su concesión está sujeta a la ley secundaria.
e) En ese sentido, el otorgamiento de beneficios no es de forma incondicional e irrestricta por el exclusivo hecho de que opte por los medios de reinserción previstos en el artículo 18 constitucional ni se erige como un derecho fundamental, ya que lo que tiene ese carácter es la prevención por parte del Estado de las medidas instrumentales para lograr la reinserción social. Por tanto, la improcedencia para conceder los beneficios preliberacionales a los sentenciados por el delito de secuestro no transgrede derechos fundamentales.(19)
f) Los artículos impugnados tampoco contravienen los derechos de igualdad ni de dignidad humana, pues la distinción inducida por el legislador se justifica en la mayor relevancia penal de las conductas delictivas allí previstas, así como en el impacto más grave que tienen en la afectación a la seguridad y la salud públicas como bienes jurídicos protegidos por las normas penales, distinción que no atenta contra la dignidad humana.
g) De igual forma, no trasgreden el principio de dignidad humana, pues no puede sostenerse que la debida salvaguarda del mismo depende de la aplicación o inaplicación de los beneficios preliberacionales.
h) Por el contrario, dicha prohibición presupone la existencia de un proceso criminal debidamente concluido, que llevó a la autoridad a imponer una sentencia de condena en contra de una persona que debe compurgar una pena de prisión determinada y respecto de la cual el legislador consideró negar el acceso a los beneficios preliberacionales por política criminal.
i) Por otro lado, no es cierto que no se respetaron las formalidades establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal para resolver la controversia planteada y el recurso de apelación interpuesto.
j) Tal es el caso que el quejoso fue asistido por un defensor público, el cual se le designó previo a proveer sobre su petición y en atención a que lo solicitó. Además, la defensa realizó los actos procesales necesarios para salvaguardar los derechos de su representado, lo que demuestra que se respetó su derecho a la defensa adecuada.
k) Tampoco le asiste la razón al quejoso al sostener que se vulneró su derecho de audiencia por no haber señalado fecha y hora para celebrar una audiencia para resolver la controversia planteada, ya que el juez de ejecución no tenía la obligación de llevarla a cabo por haber desechado su solicitud, de conformidad con los artículos 124(20) y 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.(21)
l) Finalmente, no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, en su vertiente de legalidad, toda vez que la resolución combatida se encuentra debidamente fundada y motivada. Por un lado, el tribunal de alzada expuso las razones correctas y aplicó los preceptos legales exactamente aplicables al caso y, por otro, fue exhaustivo y congruente con los agravios expuestos.
18. Recurso de revisión. Inconforme, el veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, el señor Persona "A" interpuso recurso de revisión en el que, esencialmente, manifestó lo siguiente:
a) El artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(22) así como los numerales 19 y Segundo Transitorio(23) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro vulneran los principios de retroactividad en materia penal y de legalidad, en virtud de que no permiten otorgar el beneficio preliberacional por el delito de secuestro exprés.
b) Esta restricción contraviene la igualdad, puesto que establece una diferencia de trato entre las personas condenadas al señalar que la posibilidad de acceder a un beneficio preliberacional depende del tipo de delito por el que se les sentenció.
c) Las porciones reclamadas violan los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(24)
d) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que la prohibición genérica de los beneficios, la omisión de preverles o su condicionamiento en función del delito es violatorio de los derechos humanos de personas privadas de la libertad.
e) Las leyes secundarias restringen el derecho a la reinserción social al impedir que las personas sentenciadas por el delito de secuestro no puedan obtener beneficios preliberacionales, lo cual no ocurre con la Constitución Política del país.
f) Una persona que infringió la ley puede reincorporarse a la sociedad una vez que se encuentre rehabilitado a través de los beneficios penitenciarios, por lo que exigir que una persona compurgue la pena para dejarla en libertad vaciaría de sentido la creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
g) El derecho penal del acto prevalece sobre el de la persona, por lo que no se puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad.
h) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la prohibición de liberación basada en el tipo de delito era violatoria de derechos fundamentales, particularmente la igualdad.
i) A partir de la reforma constitucional del año dos mil once, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución Política del país, los estándares internacionales en la materia y el principio pro persona.
j) Las personas juzgadoras están obligadas a darle preferencia a los derechos humanos consagrados a nivel constitucional y convencional, en vez de las normas de rango inferior que contravienen su contenido, lo que amerita su inaplicación y el ejercicio de un control de constitucionalidad y convencionalidad.
k) El juez de distrito no realizó el estudio de la litis con respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del país ni los tratados internacionales de los que México es parte, y tampoco valoró de manera individualizada los medios probatorios aportados, en contravención del artículo 16 constitucional.
19. Sentencia del recurso de revisión. Del recurso tocó conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien la registró con el número Séptimo Número de Expediente y en sesión de tres de abril de dos mil veinticinco, determinó la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo,(25) respecto al acto consistente en la inconstitucionalidad del artículo Segundo Transitorio de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en virtud de que dicho precepto legal no fue aplicado en perjuicio del quejoso. Por lo tanto, sobreseyó en el juicio respecto de este acto reclamado.
20. Adicionalmente, el Tribunal Colegiado reservó jurisdicción originaria a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar la constitucionalidad del artículo 137, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
21. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión y lo registró con el número de expediente 158/2025 y ordenó el turno del expediente al Ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
22. Avocamiento. El veinte de mayo de dos mil veinticinco, la Secretaría de Acuerdos de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el avocamiento del asunto. No obstante, el uno de septiembre de dos mil veinticinco, la referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extinguió por virtud de la reforma constitucional que entró en vigor el dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro.
23. Returno a ponente. Por lo anterior, al constituirse una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en proveído de fecha dos de septiembre de dos mil veinticinco, el actual Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó el turno del expediente del presente asunto a la Ponencia del Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para la elaboración del proyecto respectivo.
24. Recepción en Ponencia. Finalmente, el ocho de septiembre de dos mil veinticinco, la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia del Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García el expediente físico del amparo en revisión 158/2025, por lo que, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.
I. COMPETENCIA
25. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a) ,(26) de la Constitución Política del país; 83 de la Ley de Amparo;(27) y, 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(28) así como el punto segundo, fracción VIII, inciso a), del Acuerdo General Plenario 2/2025.
26. Lo anterior, en virtud de que subsiste en el recurso de revisión un planteamiento del quejoso de constitucionalidad relativo a que el artículo 137, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el numeral 19, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, vulneran los derechos humanos a la reinserción social, igualdad y no discriminación, dignidad humana y retroactividad de la ley penal, al no permitir el acceso a la libertad condicionada a las personas sentenciadas por el delito de secuestro, una problemática respecto de la cual este tribunal constitucional no ha resuelto en precedente obligatorio.(29)
27. No pasa inadvertido para este tribunal constitucional que en la resolución de tres de abril de dos mil veinticinco, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito reservó la jurisdicción originaria a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente respecto a la inconstitucionalidad del artículo 137, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
28. Sin embargo, se advierte que la parte quejosa también reclamó la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cuyo primer párrafo establece una prohibición expresa a las personas sentenciadas por el delito de secuestro para acceder a un beneficio preliberacional, en sentido similar a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
29. Dicha cuestión fue observada por el juzgador de amparo, quien se pronunció respecto a esa disposición legal e incluso, en las páginas once y quince de su sentencia, el propio Tribunal Colegiado del conocimiento sostuvo que la parte quejosa reclamó lo anterior y que el juez de amparo lo abordó; empero, únicamente al final de su determinación reservó jurisdicción a esta corte constitucional para conocer del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
30. Por ello, a efecto de analizar integralmente el reclamo del señor Persona "A", así como la resolución recurrida, esta Suprema Corte determina –en términos de un acceso completo a la justicia y sin dilaciones– que subsiste un problema de constitucionalidad tanto del artículo 137 penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como del diverso 19, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, relativo al impacto de la restricción en el acceso a los beneficios preliberacionales para las personas sentenciadas por el delito de secuestro en los derechos humanos a la reinserción social, igualdad y no discriminación, dignidad humana y retroactividad de la ley.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
31. No es necesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el presente recurso de revisión ni la legitimación del señor Persona "A", en virtud de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito verificó dichas cuestiones en la resolución de tres de abril de dos mil veinticinco.(30)
III. PROCEDENCIA DEL RECURSO
32. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso de revisión satisface los requisitos de procedencia, en virtud de que el recurso se interpuso en contra de una sentencia emitida por un Juzgado de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que existe un problema de constitucionalidad latente, relativo a la constitucionalidad de los artículos 137, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y 19, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
33. En consecuencia, se surten los extremos de los artículos 107, fracción VIII, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la procedencia del presente recurso de revisión, respecto de los temas indicados.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
34. En su determinación de tres de abril de dos mil veinticinco, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito desestimó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, la cual fue hecha valer por la Titular del Ejecutivo Federal en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 137, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Dado que esa apreciación se comparte, no es necesario pronunciarse nuevamente sobre la misma.
35. Además, esta Suprema Corte observa que el Tribunal Colegiado decretó el sobreseimiento respecto al artículo Segundo Transitorio de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con motivo de la actualización de la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo,(31) al no haberse aplicado dicho precepto legal en perjuicio del quejoso.
36. Finalmente, no se advierte oficiosamente la actualización de alguna causa de improcedencia adicional, por lo que con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Amparo, procede realizar el estudio de fondo.
V. ESTUDIO DE FONDO
37. El tema a dilucidar por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es determinar la regularidad constitucional del penúltimo párrafo del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el primer párrafo del artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que sirvieron de fundamento para negarle al señor Persona "A" el beneficio de libertad condicionada.
38. La materia del presente recurso se centrará en determinar si los artículos impugnados son incongruentes con los fines perseguidos por la reinserción social, así como los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, a la dignidad humana y a la retroactividad de la ley.
39. Pre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33878-ba28705a/beneficio-preliberacional-de-libertad-condicionada-la-prohibicion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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