BENEFICIOS PRELIBERACIONALES DE LIBERTAD CONDICIONADA Y LIBERTAD ANTICIPADA. REQUERIR PARA SU OBTENCIÓN QUE A LA PERSONA SENTENCIADA NO SE LE HAYA DICTADO DIVERSA SENTENCIA CONDENATORIA FIRME NO VULNERA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, NI SE CONTRAPONE CON EL DERECHO PENAL DEL ACTO.
AMPARO EN REVISIÓN 34/2021. 19 DE MAYO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 34/2021, interpuesto por la defensa del señor ********** o **********, contra la resolución que el treinta de septiembre de dos mil veinte dictó el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo indirecto **********.
La cuestión que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los artículos 137, fracción I y 141, fracción I, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal(1) atentan contra el principio non bis in idem (no ser sancionado dos veces por el mismo delito) y contra el derecho penal de acto, al condicionar el otorgamiento de los beneficios preliberacionales de la libertad condicionada y la libertad anticipada a que en contra de la persona privada de la libertad que lo solicita no se haya dictado diversa sentencia condenatoria firme.
I. Elementos necesarios para resolver
1. Hechos. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, aproximadamente a las tres horas, sobre la carretera de **********, a la altura del ejido **********, en el Municipio de **********, Michoacán, elementos de la Séptima Unidad de Apoyo a Operativos Conjuntos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, a bordo de un vehículo, realizaban actividades de prevención, disuasión y vigilancia, en el marco del operativo **********.
2. Un hombre que caminaba por la orilla de la vía asfáltica logró llamar la atención de los agentes policiales haciéndoles señas, quienes por tal razón detuvieron su marcha. El sujeto se acercó y les informó que en la huerta **********, del referido ejido y Municipio, había personas que portaban armas largas.
3. Los elementos policiales se dirigieron al lugar indicado y una vez que arribaron a una distancia aproximada de quince metros observaron a varias personas que portaban armas largas. Entre dichas personas se encontraba el señor **********, por lo que procedieron a su detención.
4. El señor ********** tenía en su mano derecha un arma larga color negro, calibre 7.62x39 milímetros, con empuñaduras de madera y matrícula **********. Además, portaba un cargador abastecido con treinta cartuchos sin marca, y en la bolsa izquierda del pantalón traía treinta y un cartuchos del mismo calibre.
5. En el lugar también localizaron una maleta de color azul con doscientos sesenta envoltorios pequeños de plástico transparente que contenían metanfetaminas y cincuenta bolsas de material sintético transparente anudadas, de tamaño mediano, con marihuana.
6. Causa penal. Por los hechos anteriores, el nueve de marzo de dos mil quince, en la causa **********, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán dictó sentencia condenatoria en contra del señor ********** por los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina, con fines de comercio, en su variante de venta;(2) narcomenudeo, en la modalidad de posesión de marihuana, con fines de venta;(3) portación de arma de fuego(4) y posesión de cartuchos,(5) ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; se le impuso la pena de diez años de prisión y doscientos días multa equivalentes a $12,754.00 (doce mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); de igual forma se ordenó su amonestación, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, y se negaron los beneficios sustitutivos de la pena de prisión y de condena condicional.
7. Apelación. Inconforme con dicha sentencia, el señor ********** interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado con el número de expediente **********, del índice del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito que por resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince modificó la sentencia de primera instancia, únicamente para reducir el monto de la multa a $6,377.00 (seis mil trescientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional).
8. Amparo directo. En contra de la resolución señalada en el párrafo anterior, el señor ********** promovió amparo directo del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en el expediente **********, que en sesión de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis sobreseyó respecto de la sentencia dictada en primera instancia debido a que cesaron sus efectos, pero negó por lo que hace a la sentencia de segunda instancia.
9. Procedimiento de ejecución de la pena. Con motivo de lo anterior, la sentencia condenatoria quedó firme, razón por la cual el Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en el expediente **********, inició el procedimiento de ejecución de las penas impuestas al señor **********.
10. Solicitud de beneficios preliberacionales. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, el señor ********** solicitó los beneficios preliberacionales de remisión parcial de la pena, libertad preparatoria, libertad condicionada y libertad anticipada.
11. Primera instancia. El Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México tramitó la solicitud de beneficios preliberacionales en el expediente incidental ********** (derivado del expediente **********). Seguida la secuela procesal, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez de Ejecución dictó sentencia en la cual resolvió declarar improcedente la solicitud de los beneficios de remisión parcial de la pena y libertad preparatoria, ya que la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal implicó su derogación.
12. En relación con los beneficios preliberacionales de libertad condicionada y libertad anticipada, resolvió negar la solicitud, dado que el señor ********** no cumplió con el requisito previsto en los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en no contar con diversa sentencia condenatoria firme, ya que además de la sentencia de la que derivó la solicitud de beneficios preliberaciones fue sentenciado en la causa **********, por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por el delito contra el medio ambiente, en su modalidad de transportación de productos forestales; delito por el cual se le había impuesto la pena de dos años de prisión.
13. Segunda instancia. Contra la determinación anterior, el señor ********** interpuso el recurso de apelación que conoció el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en el expediente **********, que el veintiocho de febrero de dos mil veinte confirmó la sentencia recurrida, al estimar que, efectivamente, los beneficios preliberacionales de remisión parcial de la pena y libertad preparatoria se encontraban derogados y que, en relación con los beneficios preliberacionales de libertad condicionada y anticipada, el recurrente no cumplía con el requisito de no contar con diversa sentencia condenatoria firme, previsto en los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por las razones establecidas por el Juez de Ejecución.
14. Amparo indirecto. Inconforme, el señor ********** promovió amparo indirecto, en el que planteó la inconstitucionalidad de los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al estimar que vulneran los artículos 18 y 23 de la Constitución Federal.(6)
15. En los conceptos de violación expuso lo siguiente:
a. Se vulnera el principio non bis in idem, reconocido en el artículo 23 de la Constitución Federal, que establece que no deben valorarse dos veces las mismas circunstancias que fueron consideradas en perjuicio de la persona sentenciada al emitir sentencia condenatoria.(7)
b. Para determinar la procedencia de los sustitutivos de la pena de prisión o la condena condicional, los artículos 70, último párrafo, y 90, fracción I, incisos b) y c), del Código Penal Federal establecen la obligación de valorar los antecedentes personales y penales de la persona sentenciada.(8)
c. Por ende, si los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenan que el Juez tome en cuenta una circunstancia o hecho que se valoró en una etapa previa, dentro del mismo proceso penal y ello genera una nueva consecuencia jurídica en perjuicio de la persona sentenciada, como los antecedentes penales, vulneran el artículo 23 de la Constitución Federal.(9)
d. Los artículos impugnados vulneran al paradigma de derecho penal de acto reconocido en el artículo 18 de la Constitución Federal, que esta Primera Sala definió en la jurisprudencia 1a./J. 19/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS."(10)
e. La concesión de beneficios preliberacionales debe atender a las acciones y comportamiento de la persona sentenciada durante la compurgación de la pena de prisión, en tanto que sus antecedentes penales, condiciones particulares y personales ya fueron analizados al dictarse la sentencia condenatoria, tanto en la individualización de la pena como en el análisis de la procedencia de los sustitutivos de la pena de prisión y la condena condicional.
f. El requisito de no tener diversa sentencia condenatoria firme debe entenderse en relación con el periodo de compurgación de la pena de prisión, dado que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a la ejecución de la pena, de ahí que para su análisis no se deben considerar aspectos o circunstancias que no se hayan llevado a cabo en dicho periodo.
g. La autoridad responsable debió llevar a cabo un control de constitucionalidad de los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
h. La autoridad responsable no aplicó el artículo 27, fracción V, letras G y H, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé la cancelación de antecedentes penales, precepto que es más benéfico en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal, lo que hubiera traído como consecuencia que los antecedentes penales se cancelaran y no fueran valorados para negar los beneficios preliberacionales.(11)
i. No se aplicó la figura de la ultractividad de la ley respecto del artículo 84 del Código Penal Federal, vigente al momento de los hechos, de conformidad con el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que implicó que se contravengan los artículos 1o., 14, párrafo primero, y 17, párrafo segundo, constitucionales, dado que una ley secundaria no puede derogar derechos sustantivos o prohibir su aplicación retroactiva o ultractiva.(12)
j. De no aplicarse ultractivamente la legislación vigente al momento de los hechos, la persona sentenciada bajo el sistema penal mixto se quedaría sin derecho a los beneficios preliberacionales, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal exige mayores requisitos que los que exige el Código Penal Federal para acceder a la libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y tratamiento preliberacional.
16. Sentencia de amparo indirecto. Del amparo indirecto conoció el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en el expediente **********, que celebró la audiencia constitucional el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, y el treinta siguiente engrosó la sentencia en la que determinó negar el amparo en relación con la constitucionalidad de las normas impugnadas y concederlo tratándose del acto de aplicación. La negativa se basó en las consideraciones siguientes:
a. Para que se actualice una violación al principio non bis in idem, reconocido en el artículo 23 constitucional, se requiere que la acción punitiva del Estado recaiga en la misma persona, que se trate de los mismos hechos y que exista una determinación definitiva que hubiera puesto fin a la controversia, la cual ha adquirido firmeza con valor de cosa juzgada, hipótesis que en el caso no se actualiza.(13)
b. El requisito de no tener diversa sentencia condenatoria firme no significa la imposición de una sanción adicional a las penas previamente impuestas, o que se juzgue nuevamente a la persona por los hechos que dieron origen al antecedente penal.
c. Constatar que no se dictó diversa sentencia condenatoria firme es acorde con el artículo 18 de la Constitución Federal, que otorga al legislador la posibilidad de regular los requisitos de procedencia de los beneficios de libertad anticipada y condicionada, de ahí que sea una restricción válida, producto de la libre configuración legislativa, que denota la intención de que ciertas conductas delictivas tengan un tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos a la paz y seguridad sociales y, además, concierne a una medida de política criminal.(14)
d. Que los beneficios preliberacionales sean medios para incentivar la reinserción no conlleva que su otorgamiento sea incondicional ni que deban considerarse un derecho fundamental. Además, el artículo 18 de la Constitución Federal prevé que en ley secundaria se establecerán los beneficios preliberacionales acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución.
e. El requisito de no tener diversa sentencia condenatoria firme no es coincidente con los requisitos previstos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, sino que se trata de medidas político criminales diversas en las que sólo convergen similares exigencias.(15)
f. La negativa de acceso a beneficios preliberacionales no es reminiscencia del derecho penal de autor, pues el examen de procedencia parte de medidas objetivamente verificables.
g. El derecho penal de acto no es aplicable para el otorgamiento de beneficios preliberacionales, ya que éstos son atinentes a la imposición de penas, mas no a su ejecución.
h. La actuación de la Cámara de Diputados y Senadores, así como del presidente de los Estados Unidos Mexicanos no vulneró los derechos fundamentales del señor **********, ya que la expedición y promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal se realizó en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso c), y del 89, fracción I, de la Constitución Federal.(16)
17. Interposición del recurso de revisión y trámite. En desacuerdo, el señor ********** (por conducto de su defensor) interpuso recurso de revisión, en el que estableció como agravios los siguientes:
• El artículo 18 constitucional reconoce el derecho penal de acto, que aplicado en la etapa de ejecución de las penas implica que para el otorgamiento de los beneficios preliberacionales únicamente deban analizarse el comportamiento del solicitante y las actividades realizadas durante el tiempo en prisión.(17)
• De conformidad con los artículos 1o., 14, párrafo tercero, y 22 constitucionales, el derecho penal de acto no sólo debe atenderse para la imposición de penas, sino también para su modificación y duración.(18)
• El principio non bis in idem, reconocido en el artículo 23 de la Constitución Federal, no sólo se actualiza cuando el Estado juzga a una persona dos veces por los mismos hechos delictivos, sino también cuando analiza aspectos o circunstancias que se valoraron en una etapa previa del proceso penal.(19)
• Si el legislador estableció en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal que los antecedentes penales y personales de la persona sentenciada (entre ellos, sentencias condenatorias firmes) se valorarán para acceder a los sustitutivos de la pena de prisión o la condena condicional y, a su vez, los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal contemplan que para acceder a los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada la persona sentenciada no tenga diversa sentencia condenatoria firme, se vulnera el derecho penal de acto y el principio non bis in idem previstos en los artículos 18 y 23 de la Constitución Federal.(20)
• La Ley Nacional de Ejecución Penal es de origen garantista y está integrada con derechos sustantivos, por tanto si se reduce la temporalidad de la compurgación de la pena para el acceso a los beneficios preliberacionales, ello funciona como un incentivo para que las personas privadas de la libertad mantengan un buen comportamiento, de ahí que la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se reclama pueda generar que las personas que cuenten con uno o más antecedentes penales pierdan dicha motivación para mantener un buen comportamiento.
• Que la porción normativa que señala "no tener diversa sentencia condenatoria firme" no haya utilizado los términos "no contar con antecedentes penales" es trascendental, pues implica que sólo se refiera a la diversa sentencia condenatoria firme obtenida por la comisión de un delito cometido durante la compurgación de la pena de prisión.
• La cancelación de los antecedentes penales prevista en el artículo 27, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene el objetivo de evitar que frente al derecho penal de acto, se consideren aspectos anteriores a la ejecución de la pena en perjuicio de la persona sentenciada.(21)
• No procede conceder el amparo para efectos de reponer el procedimiento para que el incidente de solicitud de beneficios preliberacionales se tramite conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues se cumplió con el núcleo duro del procedimiento, esto es, que la aplicación del Código Penal Federal no colocó al señor ********** en un estado de desventaja y en nada favorecería su situación jurídica, por el contrario, le genera un perjuicio al retrasar la impartición de justicia.
18. Admisión y determinación del Tribunal Colegiado. El recurso fue admitido el doce de noviembre de dos mil veinte por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y lo registró como **********. En sesión de catorce de enero dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado emitió sentencia en la que se pronunció sobre la oportunidad y procedencia del recurso, y determinó la inexistencia de causales de improcedencia.
19. Establecido lo anterior, el Tribunal Colegiado reservó jurisdicción a esta Suprema Corte para efecto de que se analizara lo relacionado con la constitucionalidad de las normas reclamadas por el señor **********.
20. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo en revisión 34/2021). Por acuerdo de presidencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió la competencia planteada, ordenó su radicación en la Primera Sala y su turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
21. Mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, presidenta de esta Primera Sala, recibió los autos del recurso de revisión, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a su ponencia para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. Competencia
22. Esta Primera Sala es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; pues el recurso se interpuso contra una sentencia dictada por un Tribunal Unitario en un juicio de amparo indirecto; y no se considera necesaria la intervención del Pleno, en virtud de que este asunto no reviste un interés excepcional.
III. Oportunidad
23. En el caso es innecesario analizar si el recurso de revisión se interpuso de manera oportuna, en virtud de que ello fue analizado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
IV. Estudio de procedencia
24. De conformidad con el punto noveno, fracción II, en relación con los supuestos a que se refiere el inciso a) de la fracción I del punto cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión en amparo indirecto debe abordar el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, examinar las formuladas por las partes cuyo estudio hubiere omitido el órgano jurisdiccional de amparo y las que advierta de oficio, lo cual se advierte que sí realizó el Tribunal Colegiado de origen, tal y como se observa del párrafo 18 de esta sentencia.(22)
25. Como se narró en la demanda de amparo, el señor ********** cuestionó la constitucionalidad de los artículos 137, fracción I y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a su pensar atenta contra el principio non bis in idem, reconocido en el artículo 23 constitucional y el derecho penal de acto, reconocido en el artículo 18 constitucional. El acto de aplicación lo hace valer con la decisión emitida por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito que confirmó la negativa de los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada con base en dichos artículos.
V. Estudio de fondo
26. Esta Primera Sala asume competencia para el análisis del tema de la regularidad constitucional de los artículos 137, fracción I y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en esencia, porque el señor ********** en sus conceptos de violación indicó que contraviene el derecho penal de acto y el principio non bis in idem, reconocidos en los artículos 18 y 23 de la Constitución Federal, respectivamente.(23)
27. El artículo 137, fracción I, se ubica en el capítulo I, denominado "Libertad condicionada", de la Ley Nacional de Ejecución Penal y su contenido es el siguiente:
"Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada
"Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos:
"I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme."
28. La libertad condicionada, es un beneficio preliberacional instituido por el legislador, a fin de que la persona sentenciada que se encuentra en la última fase del proceso penal cumpliendo una pena en prisión, obtenga su libertad antes de que concluya el tiempo de duración de la condena que le fue impuesta en el juicio correspondiente.
29. De manera que aun cuando la pena de prisión subsiste por el tiempo fijado en la sentencia, a través de dicho beneficio que se solicita ante el Juez de Ejecución, se otorga la posibilidad legal de que la persona sentenciada pueda ser puesta en libertad, aunque no de manera plena, sino bajo un régimen de control y condiciones, a lo que podrá acceder siempre que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre los que se encuentra el señalado en la fracción I, relativo a que al momento en que solicita la concesión del beneficio preliberacional, no se le hubiera dictado diversa sentencia condenatoria firme, y que ésta hubiera causado ejecutoria.
30. Por otra parte, el artículo 141, fracción I, se ubica en el capítulo II, denominado "Libertad anticipada", de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y contenido es el siguiente:
"Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada
"El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente.
"El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la autoridad penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido.
"Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los siguientes requisitos:
"I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme."
31. El legislador ordinario previó diversos requisitos y condiciones que, de ser cumplidos por la persona sentenciada, extinguen la pena de prisión que le fue impuesta en juicio; de manera que podrá obtener su libertad antes de que concluya el tiempo que habría de permanecer privado de su libertad en el centro de reclusión; con la acotación de que sólo será la pena de prisión la que se declare extinta, pues persisten las medidas de seguridad y las sanciones no privativas impuestas en la sentencia.
32. Dentro de los requisitos previstos en el artículo 141, a cuyo cumplimiento está obligada la persona sentenciada, se encuentra el relativo a que no se le haya dictado diversa sentencia de condena firme.
33. Del artículo anterior, se puede apreciar que el legislador ordinario previó diversos requisitos y condiciones que, de ser cumplidos por la persona sentenciada, permiten por una parte ser puesto en libertad, aunque no de manera plena, sino bajo un régimen de control y condiciones; y por otra extinguen la pena de prisión que le fue impuesta, de manera que podrá obtener su libertad antes de que concluya el tiempo que habría de permanecer privado de su libertad en el centro de reclusión. Estos beneficios se deben tramitar ante el Juez de ejecución, a petición de la persona sentenciada, su defensor, el Ministerio Público o bien, a propuesta de la autoridad penitenciaria; hecho que debe ser notificado a la víctima o el ofendido.
34. Dentro de los requisitos previstos en los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra el relativo a que a la persona sentenciada no se le haya dictado diversa sentencia de condena firme (contenido en la fracción I de ambos artículos).
35. Como se ve, el legislador dispuso de manera coincidente, que para obtener los beneficios de la libertad condicionada o la libertad anticipada, la persona sentenciada debía cubrir como condición, que a la fecha de su solicitud, no existiera otra condena que la que se le impuso en el juicio penal del que deriva el procedimiento de ejecución en que se actúa; es decir, que se trate de primodelincuente, pues ante la existencia de otro juicio penal por el que también se hubiera dictado sentencia de condena que hubiera causado ejecutoria, procede la negativa de los citados beneficios.
36. Precisado lo anterior, se advierte que subsisten dos temas de los que esta Primera Sala debe hacerse cargo: I) la impugnación referente a que el requisito previsto en los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley de Ejecución Penal, transgrede el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 de la Constitución Federal; y, II) los argumentos en los que se reclama que dichas disposiciones legales colisionan con el paradigma de derecho penal de acto, que se relaciona con el artículo 18 de la Constitución Federal.
I) Constitucionalidad de los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal a la luz del principio non bis in idem
37. El señor ********** en su demanda de amparo planteó que lo dispuesto en los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vulnera el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 de la Constitución Federal, porque permite que los antecedentes penales que se valoraron en la sentencia de condena, específicamente en la individualización de la pena al determinar sobre la concesión o negativa de los sustitutivos penales y el beneficio de la condena condicional, previstos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, fueran tomados en cuenta al momento de resolver la solicitud de los beneficios citados.
38. Que los preceptos legales impugnados, al prever como requisito para la concesión de dichos beneficios, que la persona sentenciada no cuente con otras sentencias condenatorias firmes, vulnera el artículo 18 constitucional, ya que indica que no es válido que se tomen en cuenta sentencias que fueron dictadas con anterioridad a la compurgación de la pena cuyos beneficios preliberacionales se solicitan, siendo ésta una forma de sancionarlo nuevamente.
39. Este argumento fue desestimado por el Tribunal Unitario, pues estableció que el requisito a que se refieren los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no implica que se estime al condenado merecedor de una sanción adicional a las penas previamente impuestas, en tanto no conlleva a ejercer una nueva acción punitiva en contra del quejoso ni lo sanciona dos veces por el mismo delito.
40. El Tribunal Unitario sostuvo que establecer como requisito para acceder a los beneficios de la libertad anticipada y la libertad condicionada no tener diversa sentencia condenatoria firme, no significa imposición de una sanción adicional a las penas previamente impuestas o que se juzgue nuevamente al señor ********** por los hechos que dieron lugar al antecedente penal.
41. En agravios, el señor ********** insiste en que lo dispuesto en la fracción I, de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, implica la doble imposición de la pena y abarca circunstancias específicas que ya fueron tomadas en consideración en la etapa de juicio y que impide respetar el principio non bis in idem reconocido en el artículo 23 de la Constitución Federal. Argumento que se califica como infundado.
42. En el amparo en revisión 1138/2019, esta Primera Sala analizó si el requisito establecido en los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal vulnera el principio non bis in ídem reconocido en el artícu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30058-05dd4f77/beneficios-preliberacionales-de-libertad-condicionada-y-libertad-anticipada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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