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LIBERTAD ANTICIPADA. EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AL PREVER QUE LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA NO GOZARÁN DE ESE BENEFICIO, NO VULNERA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, NI SE TRATA DE UNA PENA DE LAS PROHIBIDAS EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. RESTRICCIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LIBERTAD ANTICIPADA A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL NO TRANSGREDE LOS DERECHOS DE REINSERCIÓN SOCIAL, IGUALDAD Y DIGNIDAD HUMANA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 464/2022. · Registro digital (IUS): 32471
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-31
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo II, Pág.1786.

AMPARO EN REVISIÓN 464/2022. 10 DE MAYO DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS MANUEL BARÁIBAR TOVAR.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El doce de noviembre de dos mil quince, dentro de los autos del proceso penal **********, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, dictó sentencia condenatoria en contra de ********** por el delito de delincuencia organizada, previsto en el numeral 2, fracción I, en concordancia con el numeral 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que le fue impuesta la pena de veinte años de prisión, entre otras sanciones.

Ver índice temáticoCiudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 464/2022, interpuesto por **********, en contra de la resolución dictada el treinta y uno de marzo del dos mil veintidós por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en el juicio de amparo indirecto **********.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Primero. Causa penal. El doce de noviembre de dos mil quince, dentro de los autos del proceso penal **********, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, dictó sentencia condenatoria en contra de ********** por el delito de delincuencia organizada, previsto en el numeral 2, fracción I, en concordancia con el numeral 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que le fue impuesta la pena de veinte años de prisión, entre otras sanciones.

2. Segundo. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución anterior, el sentenciado interpuso recurso de apelación, del que conoció el Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, registrándose los autos del cuaderno auxiliar **********, derivado del toca **********, del índice del Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito. El doce de abril de dos mil dieciséis dictó resolución en la que determinó confirmar la sentencia recurrida.

3. Tercero. Juicio de Amparo Directo. En contra de la resolución anterior, **********, promovió juicio de amparo directo, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito; lo registro con el expediente **********, y mediante sentencia de catorce de febrero de dos mil diecinueve resolvió en el sentido de negar la protección federal solicitada.

4. Cuarto. Procedimiento de ejecución de sentencia. El veintiocho de julio de dos mil dieciséis, el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, radicó el SIPE ********** e inició el procedimiento de ejecución de sentencia.

5. Quinto. Solicitud del beneficio de remisión parcial de la pena o la libertad anticipada. El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, al llevarse a cabo una diligencia actuarial y notificarle al sentenciado del proveído de dieciocho de ese mes, el justiciable, haciendo uso de la voz, solicitó el beneficio de la remisión parcial de la pena o la libertad anticipada. En atención a dicha solicitud, el doce de julio de dos mil veintiuno, la Juez Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, desechó la solicitud del beneficio de remisión parcial de la pena y libertad anticipada, toda vez que había sido sentenciado por el delito de delincuencia organizada. En relación con la libertad anticipada sustentó su determinación en el numeral 141, cuarto párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la porción normativa consistente en que "no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada".

6. Sexto. Apelación. En contra del desechamiento, interpuso recurso de apelación, del que conoció el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito; registró con el número de toca **********; y el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, resolvió en el sentido de confirmar la resolución impugnada, en esencia, bajo los siguientes argumentos:

a) Tanto la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en sus artículos 35, 43 y 44, como la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 141 imponen restricciones sobre los beneficios solicitados respecto los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada.

b) De acuerdo con el artículo 141, cuarto párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por los delitos en materia de delincuencia organizada.

c) Dicha decisión se debe a que la racionalidad legislativa se traduce en tres elementos: I) el principio o derecho fundamental; II) el propósito; y III) la política o directriz; esta última se refiere a que el legislador cuando regla una conducta y la sanciona, busca establecer un marco de conducta social y de las instituciones que faculta, amplía, obliga o prohíbe comportamientos de sus miembros. Teniendo sustento la tesis número 1a. LXXV/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RACIONALIDAD LEGISLATIVA. SUS ELEMENTOS."

d) No existe en la Constitución o en algún Tratado Internacional de los que sea parte el Estado Mexicano, disposición que establezca que deben concederse beneficios preliberacionales a los sentenciados por los delitos de delincuencia organizada.

e) El hecho de que los preceptos mencionados señalen que los beneficios preliberacionales deben negarse a los condenados por delincuencia organizada, no implica trato desigual alguno, ni constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, o una distinción que transgreda la dignidad o discrimine a las personas privadas de su libertad, sino que se justifica objetiva, razonable y proporcionalmente, en atención al tipo de delito por el que compurga la pena, de manera que no se da un tratamiento diferenciado perjudicial o injustificado.

Siendo ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 46/2016 (10a.) de rubro: "IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO.", así como la tesis I.9o.P.151 P (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de rubro, "LIBERTAD PREPARATORIA. EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE JUNIO DE 2016, AL ESTABLECER QUE LOS SENTENCIADOS POR LOS DELITOS A QUE SE REFIERE ESTA LEY, NO TENDRÁN DERECHO A DICHO BENEFICIO, SALVO QUIENES COLABOREN CON LA AUTORIDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY."

f) Conforme al principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensa cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria; sin embargo, los beneficios preliberacionales no constituyen derechos fundamentales. Siendo aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 16/2016 (10a.), de rubro "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

g) El artículo 1o. constitucional establece las características de los derechos humanos de universalidad, independencia, indivisibilidad, y progresividad; sin embargo, no puede afirmarse que la disposición que condiciona el beneficio sea contraria al artículo 1o. constitucional, porque los beneficios preliberacionales no son derechos fundamentales. Siendo aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CLI/2015 (10a.), de rubro "BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS. NO CONSTITUYEN UN DERECHO FUNDAMENTAL."

h) Los beneficios preliberacionales no son un derecho fundamental, sino la prevención por parte del Estado de las medidas instrumentales necesarias para lograr la reinserción social, así como que en la ley secundaria ya consideró el derecho fundamental y decidió restringirlo en el caso de los sentenciados por delincuencia organizada. Por lo anterior, observar el principio –pro persona o pro homine–, no implica dejar de observar la legalidad y la seguridad jurídica, al ejercer la función jurisdiccional, ya que se provocaría un estado de incertidumbre jurídica.

Siendo aplicable la jurisprudencia a 2a./J. 56/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL."

7. Séptimo. Demanda de amparo indirecto. En desacuerdo, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno **********, por conducto de su defensora pública federal, promovió juicio de amparo indirecto, señalando:

• Autoridades responsables ordenadoras:

i.) Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito

ii.) El Congreso de la Unión (integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores).

iii.) El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

• Autoridad Ejecutora:

i.) Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.

• Actos reclamados en lo que interesa:

i.) La expedición y promulgación de Ley Nacional de Ejecución Penal.

8. Octavo. Sentencia de amparo indirecto. El Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito registró el asunto con el expediente **********, y el treinta y uno de marzo del dos mil veintidós dictó sentencia, en la que precisó medularmente que los preceptos combatidos eran los artículos 136 a 151 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y negó la protección Federal solicitada.

9. Noveno. Recurso de revisión. Inconforme, el once abril de dos mil veintidós, al momento en que se notificó la sentencia recurrida, el quejoso interpuso recurso de revisión. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció del recurso de revisión y radicó el asunto con el número **********, por lo que ordenó darle el trámite respectivo.

10. Décimo. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante resolución emitida el cinco de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado reservó jurisdicción a esta Suprema Corte, respecto al estudio y pronunciamiento de la regularidad constitucional de los artículos 136 a 151 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis.

11. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente acordó que esta Suprema Corte asumiera su competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por **********. Asimismo, ordenó que se registrara con el número de expediente **********, que se radicara en esta Primera Sala, y turnó el recurso de revisión al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en su calidad de Ministro integrante de la Primera Sala.

12. Avocamiento. Finalmente, por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la entonces Ministra Presidenta de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia designada.

13. Posteriormente, en virtud de que se advirtió una causa de improcedencia que no fue alegada por alguna de las partes, ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, mediante auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, la presidencia de esta Sala ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera,(1) todo esto en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo.(2)

14. El seis de marzo de dos mil veintitrés, se notificó al quejoso la vista con la actualización de la causal de improcedencia, por lo que el plazo de tres días para que hiciera manifestaciones transcurrió para la parte quejosa del treinta y uno de marzo al cuatro de abril de dos mil veintitrés. Sin embargo, no realizó manifestación al respecto.

I. COMPETENCIA

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

16. Lo anterior, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional por un Tribunal Unitario que analizó un asunto de naturaleza penal, competencia de la Primera Sala; y no se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto tribunal, en virtud de que este asunto no reviste un interés excepcional.

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

17. Es innecesario analizar si el recurso de revisión se interpuso por parte legitimada y de manera oportuna, pues ambos de temas ya se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en su conocimiento.

III. PROCEDENCIA

18. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Con la finalidad de estar en aptitud de resolver este recurso, se estima pertinente reflejar, en esencia y en lo que interesa, los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo indirecto y las consideraciones que al respecto se establecieron en la sentencia recurrida.

I. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.

Por lo que respecta a la resolución judicial, el quejoso sostuvo que:

1. No se respetó el artículo 1o. constitucional, pues se inobservó el derecho a la igualdad sustantiva y se discriminó al quejoso dado que la autoridad responsable consideró que el solicitante al ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada, no puede acceder al beneficio de la remisión parcial de la pena y el diverso de libertad anticipada, este último previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

2. Se vulneró el artículo 18 constitucional, ya que la interpretación de la autoridad responsable es contraria a la organización penitenciaria y a los fines para lograr la reinserción social.

3. La interpretación de la autoridad responsable transgrede el principio pro persona, al no realizarse de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales.

4. La autoridad responsable no consideró que sea una doble pena al impedirle los beneficios preliberacionales, cuando la pena del delito impuesta ya conlleva la lesión al bien jurídico tutelado.

5. No se respetó el principio de legalidad y debido proceso contenidos en el artículo 14 constitucional, los cuales, en términos del artículo 29 constitucional, no pueden restringirse ni suspenderse. Máxime que el quejoso es parte de un grupo vulnerable, por lo que se debe realizar un control constitucional con ajustes razonables. Así, no le debió ser exigible un requisito de ley que no pueda cumplir por su condición de interno, lo que lo recriminaliza y estigmatiza.

6. Se transgredió el artículo 133 de la Constitución Federal dado que se soslayó el derecho internacional sobre los derechos humanos, al no considerarse la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", que indica que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; así como "Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos" (Reglas Nelson Mandela).

En relación con la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Ejecución Penal señaló que:

1. La reinserción social debe ser considerado como un derecho humano; sin embargo, la Ley Nacional de Ejecución Penal restringe dicho derecho a los sentenciados privados de la libertad por el delito de delincuencia organizada, lo que vulnera el artículo 18 constitucional.

2. La Ley Nacional de ejecución penal restringe todo beneficio preliberacional a los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, lo que se contrapone al derecho a la igualdad, no discriminación y dignidad humana, sin existir razón válida ni constitucional para ello.

3. La restricción presente en la Ley Nacional de Ejecución Penal es inusitada, cruel y excesiva, lo que vulnera diversos instrumentos internacionales, de los que México es parte, como la "Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura". Igualmente, manifiesta que la restricción a los beneficios preliberacionales, es un acto de tortura avalado por el Congreso de la Unión, toda vez que la identificada restricción se encuentra en contravención al derecho de reinserción social.

4. El sentenciado ya ha recibido una pena que incluye la gravedad de la conducta y la lesión a los bienes jurídicos tutelados. Por tanto, dicha norma resulta en una doble pena que vulnera el principio non bis in idem contenido en el artículo 23 constitucional.

5. Es contraria derecho internacional sobre los derechos humanos, en virtud de que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" indica que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, así como "Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos" (Reglas Nelson Mandela).

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL UNITARIO.

Luego de haber analizado los conceptos de violación, el Tribunal Unitario arribó a la conclusión de que únicamente se analizaría la constitucionalidad de los artículos 136 a 151 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:

1. Resultan infundados los conceptos de violación tendientes a combatir, los preceptos por supuestamente contravenir el artículo 1o. constitucional en su vertiente de igualdad sustantiva, considerando:

• Las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal no pretenden restringir o vulnerar derechos, pues su función principal es consolidar la premisa constitucional de reinserción social.

• El legislador determinó una restricción que supone un tratamiento diferenciado entre los delitos comunes, con respecto de aquellos considerados como de delincuencia organizada. Así se ha integrado un sistema especial de regulación penal en la referida materia.

• Al respecto, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 588/2015, expuso que el legislador cuenta con un amplio margen para moldear la política criminal en nuestro país y consecuentemente en ejercicio de dicha facultad constitucional de configuración legislativa, diseñó un régimen excepcional en la política criminal de Estado frente a la delincuencia organizada por ser un problema social de gran envergadura.

• Además, que este Alto Tribunal ponderó la fuerza normativa del principio democrático de separación de poderes, cuya consecuencia es que los otros órganos del Estado deben respetar la libertad de configuración con que cuentan las autoridades legislativas en el marco de sus atribuciones, por lo que la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.

• Así las restricciones respecto a los beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, carecen de la arbitrariedad y los vicios relativos a una discriminación o exclusión. Esto es así, dado que la distinción legal que opera para el delito de delincuencia organizada se justifica de manera objetiva y razonable, por la mayor relevancia penal de dichas conductas delictivas y su más grave afectación e impacto en los bienes jurídicos tutelados y, por tanto, no contraviene el principio de igualdad. 2. No se transgredió el referido derecho, pues no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatorio. Al respecto, señaló que esta Suprema Corte ha referido que la distinción y la discriminación son términos jurídicamente diferentes: la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En el caso no se observó que la legislación secundaria, ni en la aplicación de estas se establezca un trato diferenciado.

3. No se vulneró el derecho de la reinserción social, pues los beneficios penitenciarios son instituciones jurídicas premiales que tienen como fin la reinserción del individuo, pero su otorgamiento no constituye un derecho fundamental de los sentenciados. En todo caso, en términos del segundo párrafo del artículo 18 constitucional, lo que sí constituye un derecho humano es la prevención por parte del Estado de las medidas instrumentales necesarias para lograr su reinserción y la posibilidad de que el juzgador analice si procede el beneficio solicitado para el caso en concreto. Sirvió de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 16/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18 PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

La Constitución Federal, en su numeral 18, ordena que en la ley secundaria se establezcan requisitos que condicionen su otorgamiento, por lo que se puede restringir los beneficios penitenciarios a las personas sentenciadas por el tipo penal de delincuencia organizada; bajo la premisa de libertad configurativa, fundado en circunstancias de política criminal, seguridad y orden público.

Por tanto, en términos de la legislación aplicable, el sentenciado se encuentra impedido para acceder a los beneficios penitenciarios al haber sido sentenciado por el delito de delincuencia organizada.

4. No se vulneró el principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, en relación con el párrafo segundo del 19 constitucional.

Dicho principio se refiere a la obligación de realizar el ejercicio interpretativo de manera ampliada o de menor restricción ante diferentes interpretaciones de un mismo planteamiento o en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, salvo lo dispuesto en la Constitución Federal sobre el particular. Ello no significa que se dejen de observar requisitos de procedencia, pues de lo contrario se vulnerarían los principios de seguridad jurídica, debido proceso y acceso efectiva a la justicia.

Siendo aplicable las jurisprudencias 1a./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y P./J. 20/2014 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUSITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.", y "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES."

5. Finalmente, no se vulneró el artículo 133 constitucional, relativo al derecho internacional sobre derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", en el numeral 32.2, específica que los derechos humanos no tienen un carácter incondicional y alcance ilimitado.

Así, el otorgamiento de los beneficios no es incondicional, ni deben ser considerados un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado. En el caso se incumple con el requisito establecido por el legislador secundario, esto es que la persona no haya sido sentenciada por delito de delincuencia organizada, el cual fue establecido por el legislador en su libertad configurativa; por lo que se impone acudir a la restricción de tal beneficio, lo que impide acudir a los principios de derecho internacional que indica la parte quejosa; de ahí lo infundado del citado concepto de violación. Siendo ilustrativa la tesis 1a. CL/2015 (10a.) de rubro: "BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS. SU OTORGAMIENTO AL ENCONTRARSE CONDICIONADO NO VULNERA EL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL."

III. RECURSO DE REVISIÓN.

19. Como se señaló en el Capítulo de Antecedentes, en la diligencia de notificación personal de la sentencia de amparo, el quejoso manifestó "... interpongo recurso de revisión", sin que hayan formulado agravios, ni que conste escrito en el que se hayan producido.

IV. ESTUDIO OFICIOSO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA

20. El juicio de amparo constituye un medio de control constitucional a través del cual los gobernados pueden defender sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano, contra disposiciones de observancia general, actos u omisiones de autoridad. También para efectos de este juicio existen presupuestos procesales que deben cumplirse para que el ejercicio de la acción sea procedente y, con ello, se logren los fines esenciales del amparo, esto es, restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado.

21. En ese sentido, conforme a diversos precedentes sustentados por este Alto Tribunal y la técnica procesal que rige el juicio de amparo, el estudio de las causas de improcedencia constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente en cualquier etapa del procedimiento. Ello es así, porque si bien es cierto que existe la obligación por parte de los jueces federales de atender a la demanda de amparo en su integridad y de resolver conforme a la cuestión efectivamente planteada, ponderando la totalidad de las pretensiones del quejoso y los derechos fundamentales que se estiman violados, también lo es que tienen el deber de decretar el sobreseimiento si en algún momento advierten que la acción constitucional resulta improcedente, por actualizarse alguno de los supuestos que de manera enunciativa, mas no limitativa, establece el artículo 61 de la Ley de Amparo.

22. Al respecto, el Tribunal Pleno ha sostenido que en materia de procedencia del juicio de garantías no opera la firmeza del fallo recurrido si el tribunal revisor advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso debe emprender su estudio de oficio, en tanto que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre.(3) Lo anterior es congruente con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo.(4)

23. Conforme a la técnica que rige al dictado de las sentencias en el juicio de amparo indirecto, promovido en contra de normas generales con motivo de un acto concreto de aplicación, el órgano de amparo no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, que es precisamente el cual le permite acudir al juicio de amparo en tanto en él se causa el perjuicio al quejoso y no por sí solas las normas generales consideradas en abstracto.

24. Por tanto, el juzgador de amparo debe examinar la procedencia del juicio en primer término por el acto de aplicación, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia por él, habrá de sobreseerse en el juicio al respecto y a su vez por las normas generales reclamadas, porque aquel acto es el que permite al quejoso acudir al juicio de amparo a controvertir las normas con motivo de su aplicación.(5)

25. Luego entonces, al revisar las constancias de autos, esta Primera Sala advierte oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que no existe aplicación en perjuicio del quejoso de los artículos 135 a 140 y 142 a 151 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de junio de dos mil dieciséis y que entró en vigor el diecisiete de junio del mismo año.

26. Ahora bien, para demostrar la causal de improcedencia aquí advertida, se tiene presente que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la misma ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.

27. De lo anterior se colige que cuando se acude al juicio de amparo a reclamar normas generales que no causen perjuicio por su sola vigencia, es necesario que exista aplicación, sea la primera y se cause perjuicio a la parte quejosa. Por ello, cuando se impugna una ley con moti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32471-4be440eb/libertad-anticipada-el-articulo-141-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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