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LIBERTAD ANTICIPADA. LA APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL A SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO NO ESTÁ RESTRINGIDA POR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y TERCERO DE LA LEGISLACIÓN CITADA (APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RETROACTIVIDAD DE LEY BENÉFICA Y PRO PERSONA). CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO EN LA SESIÓN DEL PLENO DE CIRCUITO EN QUE SE LISTÓ EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN RESPECTIVO SE INFORMA SOBRE EL CAMBIO DE CRITERIO DE UNOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES QUE LO HACE COINCIDIR CON EL DEL OTRO, PERO EL INTEGRANTE DE UN DIVERSO TRIBUNAL COMUNICA QUE ÉSTE EN UN ASUNTO SOSTUVO UN CRITERIO SIMILAR AL ABANDONADO POR AQUÉL, ELLO NO LLEVA A DECLARAR SIN MATERIA EL ASUNTO, SINO A REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA CONTINUAR CON SU RESOLUCIÓN EN INMEDIATA SESIÓN. LIBERTAD ANTICIPADA A QUE SE REFIERE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. EL ACCESO A LA VERIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA ES UN DERECHO SUSTANTIVO RELACIONADO CON EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2017. · Registro digital (IUS): 27746
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-04-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEXTO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Pág. 1238.

LIBERTAD ANTICIPADA. LA APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL A SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO NO ESTÁ RESTRINGIDA POR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y TERCERO DE LA LEGISLACIÓN CITADA (APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RETROACTIVIDAD DE LEY BENÉFICA Y PRO PERSONA).

CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO EN LA SESIÓN DEL PLENO DE CIRCUITO EN QUE SE LISTÓ EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN RESPECTIVO SE INFORMA SOBRE EL CAMBIO DE CRITERIO DE UNOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES QUE LO HACE COINCIDIR CON EL DEL OTRO, PERO EL INTEGRANTE DE UN DIVERSO TRIBUNAL COMUNICA QUE ÉSTE EN UN ASUNTO SOSTUVO UN CRITERIO SIMILAR AL ABANDONADO POR AQUÉL, ELLO NO LLEVA A DECLARAR SIN MATERIA EL ASUNTO, SINO A REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA CONTINUAR CON SU RESOLUCIÓN EN INMEDIATA SESIÓN.

LIBERTAD ANTICIPADA A QUE SE REFIERE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. EL ACCESO A LA VERIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA ES UN DERECHO SUSTANTIVO RELACIONADO CON EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEXTO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2017. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: ERIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de doce de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS para resolver los autos del expediente 9/2017, relativo a la denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios emitidos por el Cuarto y el Sexto, así como el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito; y,

RESULTANDO:

I. Denuncia de la contradicción de tesis

1. El trece de junio de dos mil diecisiete,(1) la Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México presentó el oficio ********** ante la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, para efecto de denunciar la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en los recursos de revisión ********** y **********, y el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de ese Circuito, en lo que respecta al recurso de revisión **********, de su índice.

II. Admisión

2. El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito emitió acuerdo en el que tuvo por agregado el oficio referido anteriormente y lo registró con el expediente de contradicción de tesis 9/2017; asimismo, lo admitió a trámite y se declaró competente para que ese Pleno en Materia Penal conociera la denuncia aludida, finalmente, ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de que informara si existía o no alguna contradicción de tesis radicada en ese Máximo Tribunal, respecto a la materia que concierne al caso.

III. Solicitud de informes

3. Con la finalidad de integrar debidamente el expediente, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados Cuarto y Sexto en Materia Penal de este Primer Circuito la remisión de copias certificadas de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión **********,(2) así como **********(3) y **********, respectivamente; y mediante oficio **********, de diez de julio de dos mil diecisiete, certificado el dieciséis de agosto de esa anualidad, la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a este Pleno en Materia Penal, que durante los últimos seis meses no existía radicado en ese Alto Tribunal contradicción de tesis pendiente por resolver que guardara relación con el tema de la denuncia que originó este expediente.

IV. Turno

4. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal emitió acuerdo en el que determinó que el expediente de contradicción de tesis se encontraba debidamente integrado, acordó turnar los autos al Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías, para que, en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(4) formulara el proyecto de resolución.

V. Asunto listado para su resolución, integración de diverso tribunal a la denuncia y devolución para regularizar el trámite

5. El Magistrado ponente presentó el proyecto de resolución, el que fue listado para la sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.

6. En la sesión referida, la Magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, contendiente en la presente contradicción, comunicó al Pleno de Circuito que dicho órgano colegiado abandonó el criterio que originó la denuncia de la contienda.

7. Asimismo, la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara, integrante del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, comunicó que en ese órgano colegiado, por mayoría, se sostenía que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no podía aplicarse la Ley Nacional de Ejecución Penal en procedimientos penales iniciados antes de la vigencia del sistema penal acusatorio.

8. Al respecto, los integrantes del Pleno de Circuito indicaron que si el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito abandonó el criterio contendiente. Entonces, correspondía, por regla general, dejar sin materia la presente contradicción de tesis.(5)

9. Sin embargo, los integrantes del Pleno de Circuito reflexionaron sobre la importancia de la justicia pronta y expedita, así como la seguridad jurídica que hace necesaria la definición de un criterio, al estar implicada la libertad de las personas, debido a que en ese momento conocieron que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sustentaba el criterio que sostuvo el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el asunto que motivó la denuncia, esto es, que no resultaba procedente aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal a los asuntos iniciados antes de la vigencia del sistema penal acusatorio -frente al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito-. Circunstancia que ameritaba no declarar sin materia el asunto, sino regularizar el trámite para que se integrara a la contienda el tribunal citado en primer término y, en todo caso, determinar que se queda sin materia la contradicción entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

10. En efecto, el Pleno de Circuito consideró que, esperar a la nueva denuncia de contradicción de tesis entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos del Primer Circuito, en lo relativo a la aplicación del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal a las personas sentenciadas en el proceso penal mixto, implicaría retrasar la determinación del criterio jurídico que debía prevalecer, cuando el tema implica la libertad personal.

11. De este modo, con fundamento en el artículo 17 constitucional,(6) que contiene el derecho a la justicia pronta y expedita y el principio de economía procesal, los miembros del Pleno de Circuito concluyeron que para integrar la contradicción de tesis debía regularizarse el procedimiento, a efecto de que el Tribunal Colegiado contendiente que cambió de criterio lo informara y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito comunicara las resoluciones en las que se ha pronunciado sobre la aplicación del artículo 141 de la Ley de Ejecución Nacional Penal a los procesados en el sistema penal mixto, para quedar integrado a la contienda.

12. Lo anterior, porque es un hecho notorio(7) la existencia de la postura del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es divergente a la del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que el anuncio realizado por la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara debe considerarse como una integración de ese tribunal a la contienda, conforme a una interpretación extensiva del artículo 30 del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(8) que permite a los Magistrados integrantes del Pleno de Circuito para formular observaciones al proyecto, lo que no debe entenderse limitado a realizarlas a través del sistema electrónico de Plenos de Circuito, sino que podrán formularse directamente ante el Pleno de Circuito.

13. Entonces, la contradicción de tesis debe atenderse de manera prioritaria, porque se debe privilegiar la seguridad jurídica que subyace a las contradicciones de criterios de órganos colegiados constitucionales, pues el propio ordenamiento que regula el funcionamiento de los Plenos de Circuito contempla la posibilidad de sesiones extraordinarias a juicio del presidente del Pleno de Circuito,(9) por lo que la celeridad en la resolución es lo que guía el procedimiento de las contradicciones de tesis.

14. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA DENUNCIA RESPECTIVA DEBE RESOLVERSE CON PRIORIDAD POR TRATARSE DE UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA.-La multiplicación de Tribunales Colegiados lógicamente provoca que la contradicción entre tesis sostenidas por unos y otros sea un fenómeno que al presentarse sólo pueda superarse a través de la denuncia respectiva, la que debe resolverse con prioridad a otros asuntos por tratarse de una afectación a la seguridad jurídica."(10)

15. Similares consideraciones sostuvo este Pleno, al resolver la contradicción de tesis 3/2017, resuelta en la misma sesión.

16. Razonamientos de este Pleno de Circuito que darán lugar a una tesis aislada, al no resolver la temática de esta contradicción, pero que se estima un tópico relevante y orientador, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 218 de la Ley de Amparo,(11) aun cuando no lleguen a formar jurisprudencia, al no tener este Pleno la facultad de formular jurisprudencia por reiteración, en términos de los preceptos 222, 223, 224 y 225 de la citada legislación.(12)

17. Además, con el oficio remitido por la presidencia de ese Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito -comunicando sus ejecutorias en las que abordó el tema de la aplicación del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal a los sentenciados en el proceso penal mixto- se cumple con el informe que deben rendir los contendientes para el trámite de la presente contradicción.

18. No es óbice a lo anterior la existencia de la contradicción de tesis 12/2017, de este Pleno de Circuito -entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el RP. ********** y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el RP. **********-,(13) pendiente de resolverse. En virtud de que dejar sin materia la presente contradicción -9/2017- para resolver aquella que se trata del mismo tema -la aplicación del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal a los asuntos del sistema penal mixto- repercutiría en la celeridad que merece la seguridad jurídica que se genera, al resolver la contradicción de criterios de Tribunales Colegiados, más cuando en la primera contradicción citada es contendiente el amparo en revisión RP. **********, del índice del Noveno Tribunal en Materia Penal del Primer Circuito, que es uno de los asuntos remitidos por ese órgano colegiado a este Pleno de Circuito con el oficio presentado, a efecto de integrar la contradicción que se resuelve en esta ejecutoria.

19. Circunstancias que han quedado precisadas en el acuerdo de la presidencia de este Pleno de Circuito, de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se ordenó listar el asunto para la sesión de doce de diciembre de dos mil diecisiete.

VI. Integrantes de la contradicción de tesis

20. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior y con el oficio dirigido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito a la presidencia del Pleno de Circuito, se considera que los integrantes de la contienda son dicho órgano constitucional y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, frente al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al ser órganos tripartitas que sostienen puntos diversos sobre una temática.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia

21. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(15) 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(16) así como 9, 17, 27 y 33 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(17) relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación

22. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue realizada por una Juez de Distrito del Circuito correspondiente, como lo es la Juez Decimosexto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por lo tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Carta Magna(18) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(19)

23. Además, debe tenerse presente que, ante este Pleno de Circuito, la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara, integrante del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, indicó que ese órgano colegiado sostiene por mayoría criterio diverso al del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que es titular legitimada para esa comunicación, al ser parte del Pleno de Circuito, por lo que su anuncio motivó la integración de ese tribunal a la contienda, lo que dio lugar a la regularización del procedimiento.

TERCERO.-Cambio de criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

24. En la sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la que fue listada esta contradicción, la Magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, comunicó al Pleno de Circuito que dicho órgano colegiado abandonó el criterio que originó la denuncia de la contienda, por lo que se originó la regularización del procedimiento para que se integrara diverso tribunal que sí sostiene un criterio contrario al del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

25. En consecuencia, por oficio de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informó al presidente del Pleno de Circuito que, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, al analizar el amparo en revisión de su índice RP. ********** (resuelto en sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete), determinó abandonar su criterio contendiente, establecido en los amparos en revisión RP. ********** y RP. **********, tras considerar que sí podía ser aplicado en favor del quejoso el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esencialmente, por las siguientes razones:

- Consideró que, conforme a los artículos primero y segundo transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ésta entró en vigor a nivel nacional el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, pero respecto de algunos artículos, el legislador condicionó el inicio de la vigencia de tal normativa, de acuerdo a las reglas contenidas en los dos primeros párrafos del artículo segundo transitorio.

- Respecto al numeral 141(20) de la Ley Nacional de Ejecución Penal (legislación que recoge el sistema procesal penal acusatorio), el tribunal determinó que dicho numeral entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis por no estar comprendido dentro de las reglas de vigencia del artículo segundo transitorio en comento y, sobre todo, porque el nuevo Sistema de Justicia Penal entró totalmente en vigor en la Ciudad de México antes del inicio de la vigencia de la legislación en comento, desde el dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Razón por la cual, lo relativo al otorgamiento consignado del beneficio consignado en el artículo citado resulta aplicable a las solicitudes realizadas con posterioridad a su vigencia.

- Por último, el órgano colegiado reforzó su argumento con lo previsto en el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal en cuanto a que, a partir de su vigencia, deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en ese cuerpo normativo, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional, pues éste dispone que no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados bajo reglas del sistema mixto tradicional y del nuevo sistema penal acusatorio, por lo que se deben homologar los mecanismos de control jurisdiccional que el propio legislador estableció en la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre los que se encuentra el de libertad anticipada a que alude el numeral 141 citado.

26. Así las cosas, ante el abandono del criterio contendiente por parte del Tribunal Colegiado referido, lo procedente es determinar que entre éste y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito no existe contienda y, por ende, la contradicción entre esos dos órganos queda sin materia.(21)

27. Por tanto, sólo habrá de analizarse la contradicción entre el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al quedar el primero integrado a esta contienda, de acuerdo a lo determinado por el Pleno de Circuito en la sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.

CUARTO.-Ejecutorias que sí participan de la contradicción de tesis.

28. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver el recurso de revisión ********** determinó que únicamente los artículos señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio necesitan una declaratoria que estableciera el inicio de vigencia de ese ordenamiento referido. Agregó que la declaratoria mencionada no resultaba indispensable para el artículo 141 de la citada legislación. En el citado precepto se establece el beneficio de libertad anticipada, por lo que para ese numeral, la vigencia inició el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Si se solicitó el beneficio después de esa fecha, entonces, procede su análisis, porque la ley señalada prevé el beneficio indicado, respecto del cual opera el principio de aplicación de la ley posterior más benigna.

29. Para sostener esa determinación expresó, en lo conducente, los siguientes argumentos:

"... SÉPTIMO.-Determinación de este tribunal. Son fundados los agravios formulados por el quejoso, suplidos en su deficiencia, en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

"En primer término, debe precisarse que el quejoso solicitó al Juez de ejecución responsable el beneficio de libertad preparatoria, previsto en el artículo 84 del Código Penal Federal, aduciendo que no debía aplicarse la restricción establecida en el artículo 85, fracción I, inciso J),(22) del mismo ordenamiento, acorde a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entre otras cosas señala que deberán aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en dicha ley, acorde al principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional.

"De acuerdo a lo anterior, el quejoso solicitó la concesión del beneficio preliberacional de libertad preparatoria, previsto en el Código Penal Federal, con base en lo dispuesto en el Código Nacional de Ejecución, con lo que en realidad pretende la creación de una tercera norma para resolver sobre su solicitud, lo cual es jurídicamente inadmisible.

"Ahora bien, en el acto reclamado no se abordó la solicitud en los términos en que fue planteada, sino el Juez responsable denegó la solicitud estableciendo que al quejoso se le dictó sentencia el once de noviembre de dos mil once, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, señaló dicho juzgador, es uno de los delitos previstos en el artículo 85, párrafo primero, inciso j), del Código Penal Federal y, respecto de esa clase de ilícitos, existe prohibición para el otorgamiento del beneficio de libertad preparatoria. El planteamiento del quejoso es precisamente que no opera ya tal prohibición.

"Luego de ello, el Juez responsable estableció en términos genéricos que la actual legislación nacional de ejecución penal antes mencionada, no resulta aplicable al aquí quejoso, pero sin hacer referencia al efecto (inexistencia), según lo hecho valer por el solicitante del amparo, que tal ordenamiento tuvo respecto a la indicada prohibición. En ese sentido, como antes se indicó, la petición del quejoso no se examinó en la forma en que fue planteada y ello no fue advertido por la Juez de amparo.

"En tales condiciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, debe decirse que si bien, jurídicamente no era posible acceder a la solicitud del beneficio penitenciario previsto en el Código Penal Federal (libertad preparatoria), aplicando la Ley Nacional de Ejecución, conforme la petición del quejoso, porque ello implicaría la creación de una tercera norma, en esta petición subyace la intención de acceder a un beneficio de libertad anticipada.

"Por tanto, el Juez responsable debió observar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un beneficio penitenciario denominado libertad anticipada, con relación al cual opera el principio de aplicación de la ley posterior más benigna a favor del peticionario de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 constitucional.

"La Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo primero transitorio, párrafo primero, expresamente señala que ese ordenamiento ‘entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación’, lo cual significa que su vigencia inició el diecisiete de junio de ese mismo año y, a partir de entonces, su aplicación resulta obligatoria.

"El legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio.(23)

"De las reglas contenidas en los artículos transitorios primero y segundo, se desprende lo siguiente:

"a) La Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional.

"b) Sólo la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, antes precisados, depende de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral; y si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado,(24) los preceptos mencionados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley, a más tardar el diecisiete de junio de dos mil diecisiete o previa declaratoria el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y los precisados en el párrafo segundo entrarán en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Esto, siempre y cuando la vigencia de dichos artículos no comprometa la progresividad de los derechos humanos, ni sea contrario a la dignidad humana o a derechos ya reconocidos con anterioridad.

"En consecuencia, la emisión de la declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida ley, salvo los preceptos que específicamente se han señalado, entre los que no se encuentra el artículo 141, que prevé el beneficio preliberacional de libertad anticipada y los requisitos para acceder al mismo;(25) dicho precepto prevé que no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por los delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, esto es, no está prohibida su concesión para los sentenciados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; por tanto, en principio, tal disposición resulta benéfica al peticionario de amparo.

"En tales condiciones, si el aquí quejoso ********** presentó su solicitud (para que se le otorgara el beneficio preliberacional) el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, esto es, cuando la Ley Nacional de Ejecución ya estaba en vigor, procedía que el Juez responsable se pronunciara al respecto aplicando dicha legislación, resolviendo lo que legalmente procediera.

"Consecuentemente, al resultar fundados los motivos de disenso, suplidos en su deficiencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida pronunciada por el Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, en audiencia constitucional celebrada el catorce de febrero del año en curso, en el juicio de amparo 39/2017, engrosada el veintisiete de febrero siguiente y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, contra la resolución dictada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en esta ciudad, en el expediente 2193/2015, para el efecto de que deje insubsistente la determinación reclamada y dicte otra en la que, aplicando la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente al momento de efectuarse la petición del solicitante del amparo, resuelva el recurso de revocación y analice si el peticionario de amparo reúne o no los requisitos establecidos en el artículo 141 de la misma ley, para la concesión del beneficio de libertad anticipada y resuelva lo que en derecho proceda. ..."

30. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión de su índice RP. **********, concluyó que el procedimiento penal iniciado conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales debe seguirse hasta su conclusión, conforme a ese ordenamiento y demás disposiciones aplicables al inicio del procedimiento penal respectivo. Destacando lo previsto en el artículo cuarto transitorio, en donde se estableció que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a ese acto. Por tanto, las modificaciones de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, de ninguna manera se aplicarían a los procedimientos penales del sistema tradicional, estableciéndose así una excepción al principio de retroactividad en materia penal en beneficio del reo. Con fundamento en ese artículo transitorio de la reforma constitucional, no se debe aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal a los sentenciados en el proceso penal anterior al sistema acusatorio, porque el Poder Constituyente restringió el derecho a la retroactividad. Argumento que se refuerza al tener presente el artículo tercero transitorio de esa legislación. En éste se establece que los procedimientos que se encuentran en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento continuarán con su sustanciación, de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los procedimientos referidos, lo que es coherente con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio referido, sobre el cual no es posible hacer control de convencionalidad, porque esa parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos restringe la aplicación retroactiva de las normas del sistema procesal penal acusatorio.

31. Los argumentos que expuso para sostener esos criterios son los siguientes:

"... Superado lo anterior, sigue señalar que, contrariamente a lo aducido por la parte recurrente y como correctamente lo argumentó el Juez de amparo, el procedimiento penal iniciado conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales -como ocurre con la causa seguida en contra de la quejosa, en donde se dictó el acto reclamado-, debe seguirse hasta su conclusión, conforme a dicho ordenamiento y demás disposiciones aplicables al inicio del procedimiento penal respectivo.

"En rigor, porque en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados de Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el legislador estableció un régimen de implementación del nuevo sistema, a través d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27746-a5c84eb9/libertad-anticipada-la-aplicacion-de-la-ley-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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