LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. NO PROCEDE QUE LOS SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL LA SOLICITEN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS TERCERO, CUARTO Y DÉCIMO TRANSITORIOS DE DICHO ORDENAMIENTO, SI ESTÁN COMPURGANDO LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA.
AMPARO EN REVISIÓN 152/2017. 13 DE JULIO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En principio, y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que, acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En ese tenor, debe decirse que este Tribunal Colegiado de Circuito verificará la necesidad de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, cuando advierta que una norma es sospechosa o dudosa, de cara a los parámetros de control de los derechos humanos, para lo cual, determinará si es indispensable una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.), visible en la página 430 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero 2016 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas», de título y subtítulo: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO."
El defensor de la quejosa en el escrito por el cual hizo valer el presente recurso, en síntesis señaló:
El Juez de amparo indebidamente señaló que el dieciocho de junio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral; que conforme a los artículos transitorios, los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mencionado sistema acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, ya inadvirtió que (sic):
1. La publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal fue el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, y la petición al Juez responsable de la libertad anticipada la hizo el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, por lo que resultan aplicables las disposiciones de dicho ordenamiento.
2. La cuestión penitenciaria está enmarcada en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho; por tanto, es inconcuso que el procedimiento que se inicie con motivo de la petición de la libertad anticipada con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no tiene la restricción del diverso cuarto transitorio de dicha reforma.
3. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé la "ejecución de la sentencia" como una etapa del procedimiento, por lo que no existe impedimento para aplicarle las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal; máxime que la petición la hizo cuando dicho ordenamiento estaba en vigor, como se advierte del transitorio único de dicha ley.
Los anteriores motivos de inconformidad, expresados en relación con los razonamientos de la Juez de amparo para negar el amparo en el juicio constitucional **********, en resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, que ahora se reclama, son infundados.
Previo a demostrar lo anterior, debe decirse que la Juez de Distrito, en el considerando segundo de la resolución que se revisa, correctamente aplicó el contenido de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que la sentencia de amparo es el acto jurisdiccional que dirime la controversia planteada por el amparista, y en la que se ventila el problema sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad, sea este legislativo, administrativo o jurisdiccional; con dicha sentencia o acto resolutivo, se da por terminado el proceso de protección constitucional y en la misma resolución el Juez Federal competente para conocer del amparo determina si el acto reclamado es violatorio o no de la Constitución General de la República o de un tratado internacional, por transgredir alguno de los derechos humanos o garantías del gobernado ahí contenidos. En el caso de que se aprecie que se violó una garantía o un derecho humano, el Juez mandará restituir al gobernado en el goce de éste, volviendo las cosas al estado que tengan (sic) antes de la emisión o ejecución del acto reclamado; la sentencia que ponga fin al juicio de amparo puede ser negando la protección de la Justicia de la Unión (sic), porque el acto reclamado fue emitido de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales o no haya habido violación de garantías o derechos humanos, o también puede dictarse una sentencia de sobreseimiento, debido a que puede actualizarse cualquiera de las hipótesis que prevé el diverso numeral 63 del mismo ordenamiento, tipos o las clases de sentencias dentro del juicio constitucional mexicano, las cuales deben estar dictadas o emitidas en términos de la ley, debidamente fundadas y motivadas, y su conformación estará integrada de acuerdo al referido precepto 74, a saber:
"I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;
"II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;
"III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;
"IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;
"V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo...
"VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa."
Así como de:
a) Los resultandos, donde se hace una breve historia del juicio, especificando quién promovió, qué actos señaló como reclamados, quiénes fueron las autoridades responsables, qué pruebas se ofrecieron y en qué fecha se desahogó la audiencia constitucional;
b) Los considerandos, que corresponde a la parte de mayor trascendencia de la sentencia, en vista de que en ellos deberá hacerse la fundamentación y motivación de la propia resolución, es decir, en este lugar, el Juez Federal vierte y deja inscrito su criterio jurídico sobre el problema que le es planteado, debiendo valorar aquí las pruebas que hayan sido aportadas y desahogadas; cabe señalar que es en esta parte donde el Juez de amparo cumplirá, en su caso, con la suplencia de la deficiencia de la queja, manifestando concretamente tal situación, haciendo la fundamentación legal correspondiente para ello; y,
c) Los puntos resolutivos, donde el juzgador federal hará la declaración del resultado del análisis del juicio respectivo, es decir, en esta parte expresará a qué conclusión llegó después de estudiar el expediente, pudiendo existir uno o varios puntos resolutivos.
Luego, en el precepto 75 de la ley de la materia, se prevé que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirá ni se tomarán pruebas (sic) que no se hubieren rendido ante dicha autoridad; además de que el Juez podrá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no consten en autos y estime necesarias para resolver.
Precisado lo anterior, se advierte que la Juez de Distrito no trastocó lo dispuesto en los preceptos 74 y 75 de la ley de la materia, ya que la sentencia que se analiza contiene la fijación clara y precisa del acto reclamado, así como la apreciación de las pruebas conducentes que le sirvieron para tenerlo por demostrado; tal acto combatido en esta vía a la autoridad responsable, se acreditó con las constancias enviadas como sustento del informe justificado, donde se encuentra la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en la causa penal **********, que resolvió infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de treinta de agosto del mismo año, por el que el quejoso solicitó, vía incidental, el beneficio de la libertad anticipada con sustento en la Ley Nacional de Ejecución Penal; documentales que alcanzan pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2o. de la Ley de Amparo, al haber sido certificadas por funcionario dotado de fe pública; lo anterior con base en la jurisprudencia que citó el Juez de Distrito número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.-Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."
Así como la tesis número XX.303 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se comparte, visible en la página 227 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, de rubro y texto: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.-Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él."
De igual forma, la Juez de amparo, en el considerando primero de la sentencia que se revisa (foja 28 vta.) citó, en primer lugar, los artículos en los que funda su actuar, así como las consideraciones en que se apoyó para resolver en la forma en que lo hizo (considerando quinto, fojas 31 vta. a 41) y el punto resolutivo donde con claridad y precisión concretó el acto reclamado.
Por lo anterior, la Juez de Distrito, en la sentencia que se revisa, no transgredió el contenido de los preceptos 74 y 75 de la Ley de Amparo, ya que tal como se indicó en párrafos precedentes, fijó de forma clara y precisa el acto reclamado, así como los fundamentos en que se apoyó para resolver en la forma en que lo hizo, y el punto resolutivo donde lo concretó; además de que apreció las pruebas conducentes que le sirvieron para tenerlo por demostrado, acorde con lo señalado por el quejoso en su demanda de amparo, sin cambiar su contenido y menos su alcance; es decir, para negar el amparo se expresaron las consideraciones necesarias que motivaron dicha determinación y, si un Juez de Distrito, para resolver, lo hace fundándose en jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de expresar los datos precisos, la transcribe, encontrándose ahí las consideraciones necesarias que motivan su resolución y, con base en ella, estima infundados los conceptos de violación y niega el amparo, con ello se cumple con lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo; máxime que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los Jueces de Distrito.
Sirve de apoyo a lo anterior e interpretada a contrario sensu, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 109-114, enero-junio de 1978, Primera Parte, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA, SENTENCIAS DE LOS JUECES DE DISTRITO FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EN LA.-Si un Juez de Distrito para conceder el amparo lo hace fundándose en la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional los artículos reclamados en la demanda y, después de expresar los datos precisos de dicha jurisprudencia, la transcribe, encontrándose dentro de la tesis transcrita las consideraciones necesarias que motivan la concesión del amparo, si con base en ellas el Juez de Distrito estima fundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa y concede el amparo, con ello cumple con lo dispuesto por el artículo 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es obligatoria para los Jueces de Distrito."
Además, debe decirse que del análisis del referido ordinal 74 de la ley de la materia, se desprende una prelación lógica del orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no; después, cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter al juicio de constitucionalidad los actos de autoridad existentes y, finalmente, emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías o derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, atendiendo a criterios de favorabilidad del individuo (principio pro persona), y determinar si se encuentran tutelados por un tratado internacional; por lo que, en virtud de dicha prelación, es indudable que cada considerando es autónomo, y que la naturaleza de su vinculación es únicamente de carácter condicionante, ya que no puede existir el posterior a falta del anterior, destacando que los considerandos en relación con la existencia del acto reclamado y causas de improcedencia o de sobreseimiento son requisitos de procedibilidad.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, enero-junio de 1990, Primera Parte, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS.-Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad."
Y, la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 799 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo II, octubre de 2012, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.-De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano."
Por lo anterior, es dable señalar que la Juez Federal, al dictar la sentencia recurrida, observó los principios de congruencia y exhaustividad, toda vez que de su lectura se aprecia que examinó las cuestiones controvertidas que fueron planteadas por las partes, apoyándose para ello en los preceptos legales que estimó aplicables y en los medios de convicción existentes en autos, lo que le permitió concluir en la forma indicada; de ahí que no puede sostenerse que la sentencia recurrida no está fundada y motivada, ya que el acto reclamado se fijó de forma clara y precisa, para lo cual, se realizó un estudio pormenorizado del caudal probatorio que conforma el juicio de amparo, y el mismo se estimó conforme quedó probado ante la autoridad responsable, sin que además se trastocaran los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que la sentencia recurrida fue emitida por autoridad competente, cumpliendo con los principios de justicia pronta (dentro de los plazos y términos que fijan las leyes), de justicia completa (respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución), de justicia imparcial (resolución apegada a derecho), y de justicia gratuita (su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobraron a las partes en conflicto emolumento alguno), por lo que no se vulneraron los derechos subjetivos públicos que dicho numeral establece a favor de todo gobernado; por lo anterior, como se indicó, se advierte una debida aplicación de los preceptos 74 y 75 de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. X/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 191, Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS.-De los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo se desprende que los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo, en esencia, están referidos a que éstas sean congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, tratándose del juicio de amparo contra leyes, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, sin introducir consideraciones ajenas que pudieran llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales que no fueron impugnados."
Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605, Tomo XXII, Núm. 5, materia común, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.-Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales al administrar justicia."
Ahora bien, de la sentencia recurrida se advierte que la Juez de Distrito correctamente señaló que era infundado lo referido por la quejosa en cuanto a que se vulneró en su perjuicio el artículo 14 constitucional, ya que constató que:
Una vez que el Juez responsable tuvo conocimiento que presentó el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis escrito por el que promovió vía incidental el beneficio de la libertad anticipada, con fundamento en los artículos transitorios tercero, cuarto y décimo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en acuerdo de treinta de ese mismo mes y año acordó que era improcedente la tramitación del procedimiento de ejecución para obtener el beneficio solicitado, por considerar que no era aplicable la ley citada por dicha sentenciada.
En constancia de notificación de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, realizada a la recurrente de la resolución de treinta de agosto citada, se inconformó de dicha determinación (sic).
Así, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez de la causa admitió a trámite el recurso de revocación en contra del proveído de treinta de agosto de ese mismo año, dando vista a las partes y, en diverso proveído de siete de octubre siguiente, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley respectiva.
El once de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la celebración de dicha audiencia y se emitió la resolución correspondiente, la cual constituye el acto reclamado en el juicio biinstancial del cual deriva el presente recurso de revisión.
De lo anterior, la Juez recurrida correctamente señaló que no hubo vulneración de los derechos fundamentales de la inconforme, consagrados en el precepto 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese tenor, con corrección, dicha Juez Federal señaló que la resolución reclamada cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en el artículo 16 constitucional, ya que verificó que:
El Juez responsable citó el artículo 362 del Código Federal de Procedimientos Penales (sic); 206 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además de que dicha autoridad señaló, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que valoró para resolver infundado el recurso de revocación interpuesto por la ahora recurrente **********, justificando así los extremos necesarios para el dictado del acto impugnado, sin vulnerar los principios reguladores de la prueba y ajustándose a las constancias procesales existentes; de ahí que el acto reclamado no adolece de la fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional.
Bajo ese panorama, debido a la estrecha relación entre los motivos de disenso 1 y 2, procede su estudio en forma conjunta, los cuales, como se indicó, resultan infundados.
En efecto, ya que la Juez de amparo comprobó que el Juez responsable señaló que el dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral.
Acotando que en el artículo cuarto transitorio de dicha reforma, se determinó lo siguiente:
"Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto."
De lo anterior, tal como lo constató la Juez de amparo, que señaló el Juez responsable (sic) se advierte que el Constituyente estableció una excepción respecto al punto de partida para la aplicación del sistema acusatorio oral, en el sentido de que tal reforma sólo fuera aplicable a los procedimientos iniciados una vez que entrara en vigor el mencionado sistema acusatorio.
Por lo que no le asiste la razón a la recurrente cuando aduce que la Ley Nacional de Ejecución Penal se publicó el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, y la petición de la libertad anticipada la hizo el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, por lo que es aplicable dicho ordenamiento.
Lo anterior es así, ya que tal como se señaló en la sentencia recurrida, cuando los procesados que están sujetos a un proceso en materia penal, y que su procedimiento penal inició con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio -como acontece-, será concluido conforme a las disposiciones vigentes al momento del dictado de dicho acto, toda vez que la disposición constitucional transitoria no ha sido abrogada, derogada o modificada.
En ese sentido, tampoco le asiste la razón a la inconforme cuando aduce que la cuestión penitenciaria está enmarcada en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, por lo que es inconcuso que la petición de la libertad anticipada con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no tiene la restricción del diverso cuarto transitorio de dicha reforma.
En efecto, ya que como acertadamente lo señaló la Juez recurrida, la vigencia del artículo cuarto transitorio de referencia subsiste y, por ende, debe aplicarse, en observancia a los principios de supremacía constitucional y de seguridad jurídica establecidos en los preceptos constitucionales 14, 16 y 133, en función de que tales disposiciones regulan el ámbito temporal y material de validez, aspecto que se traduce en una cuestión de legalidad que busca evitar la contradicción o antagonismo entre las instituciones jurídicas reguladas por la norma constitucional que expresamente fija las bases del tratamiento que debe darse a los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, en la medida en que expresamente dispone que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha reforma.
Ahora bien, la Juez de Distrito verificó que de las constancias que se adjuntaron al informe justificado, se advierte que el once de agosto de dos mil seis, el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, en la causa penal **********, dictó sentencia condenatoria a la recurrente **********, y le impuso una pena de once años, diez meses y quince días de prisión.
Sentencia que fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito el treinta y uno de octubre de dos mil seis, en el toca penal **********.
Los hechos relacionados con el delito contra la salud por el que se condenó a la ahora inconforme, se suscitaron el trece de septiembre de dos mil cinco, lo que pone de manifiesto que aquellos que dieron origen a la causa penal de donde deriva el acto reclamado se realizaron antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por lo que, al atender a los principios de supremacía constitucional y de seguridad jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el proceso debe regirse por el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, vigente en la época de esos hechos, hasta su conclusión.
En ese contexto, la Juez Federal correctamente añadió que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el segundo párrafo del artículo segundo transitorio se establece lo siguiente:
"Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el presente decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen."
De lo anterior, tal como lo señaló la Juez de Distrito, se pone de manifiesto que en el caso deben aplicarse las normas vigentes al momento en que se sus
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27430-46fd363f/libertad-anticipada-prevista-en-la-ley-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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