BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA DE PLANO O NIEGA LA SOLICITUD RELATIVA, CON INDEPENDENCIA DE CUÁL SE TRATE O EN QUÉ LEY ESTÉ PREVISTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO, ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ, FERNANDO CÓRDOVA DEL VALLE, JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA, CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA, REYNALDO MANUEL REYES ROSAS Y EMMA MEZA FONSECA. PONENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. SECRETARIO: ERICK ERNESTO OROZCO URBANO.
CONSIDERANDO:
I. Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como el diverso 52/2015, del citado Pleno, que lo reformó, adicionó y derogó algunas de sus disposiciones; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal de este Primer Circuito.
II. Legitimación del órgano denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de este Circuito, quienes están facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(2) en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
III. Antecedentes de los criterios contendientes. El contexto que los órganos colegiados en pugna tuvieron para resolver en el sentido en que lo hicieron, fue el siguiente:
• Cuarto Tribunal Colegiado.
La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución dictada por el Juez Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, en la que le negó la solicitud de beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena previsto en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
Demanda respectiva de la que conoció el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad capital, bajo el número 292/2018. Seguidos los trámites del juicio, resolvió sobreseer.
Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en el expediente 173/2018, y en su momento, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder –para efectos– la protección constitucional solicitada. Esto, sustancialmente por los siguientes argumentos:
"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, en suplencia de la queja deficiente, este órgano colegiado advierte que se debe revocar la sentencia recurrida y conceder para efectos la protección constitucional solicitada.
"En la sentencia que se revisa, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo promovido por..., al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues consideró que contra la resolución reclamada dictada por la Juez responsable por la cual resolvió negarle el beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena, no observó el principio de definitividad; esto es, no interpuso el recurso de apelación de conformidad con los artículos 18 y 19, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para la Ciudad de México. Además, el a quo sostuvo que el acto reclamado no encuadra en los supuestos de excepción contenido en la citada fracción XVIII del enunciado normativo en cita.
"Asimismo, apoyó su resolución en la tesis aislada sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: ‘LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE DICHO BENEFICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN I, DE LA PROPIA LEY, AL NO ACTUALIZARSE ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.’.
"Determinación del Juez de amparo que este Tribunal Colegiado no comparte, pues la resolución reclamada que negó al quejoso la concesión del beneficio penitenciario de la remisión parcial de la pena, contrario a lo que afirma el a quo, sí es un acto que afecta la libertad personal del impetrante. Ciertamente, el peticionario de amparo se encuentra privado de la libertad por motivo de la sentencia condenatoria dictada en su contra; empero, con la negativa del beneficio penitenciario reclamada, el ahora quejoso no puede obtener su libertad anticipada y en tal sentido, el acto reclamado encuadra en el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo;(3) por ende, no es dable sobreseer en el juicio de amparo indirecto con base en dicha causal de improcedencia.
"Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 164/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:
"‘INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LAS PENAS. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY.—La interlocutoria que resuelve el incidente de traslación del tipo y adecuación de las penas constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando la privación de su libertad es a causa de la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal, continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de dicha resolución. En ese tenor, se concluye que al afectarse la libertad personal del individuo, la determinación que resuelve el mencionado incidente es impugnable a través del juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley, en virtud de que se actualiza la excepción al principio de definitividad, contenida en la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 37 de la Ley de Amparo.’.(4)
"No es óbice a lo anterior, la tesis aislada invocada por el Juez de Distrito, pues dicho criterio no se comparte y al ser emitido por un Tribunal Colegiado, acorde a lo dispuesto por el artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo,(5) su observancia no es obligatoria para este órgano colegiado.
"En consecuencia, con fundamento en la fracción V del artículo 93 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado reasume jurisdicción plena..."
• Sexto Tribunal Colegiado.
La parte quejosa demandó amparo –en la vía indirecta– contra el auto en el que el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad, desechó de plano la solicitud para acceder al beneficio de libertad anticipada, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De la demanda conoció el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, registrándola con el número 592/2017. En sentencia, negó otorgar la protección constitucional.
Determinación que fue impugnada por la parte quejosa, conociendo del recurso de revisión respectivo el Sexto Tribunal Colegiado en el expediente 257/2017. Luego, resolvió revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, medularmente por lo siguiente:
"Ahora bien, en el acuerdo que constituye el acto reclamado, se menciona que aun cuando el 13 (trece) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el dictamen de 08 (ocho) de diciembre del mismo año, por el que se aprobó la iniciativa con proyecto de decreto, en el que se emitió la ‘Declaratoria para el inicio de vigencia en la Ciudad de México de la Ley Nacional de Ejecución Penal’; lo cierto es que el mismo no se ha publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ni en el Diario Oficial de la Federación, como se ordenó en sus artículos transitorios,(6) ‘por lo que no se ha agotado la última fase de su proceso legislativo y, en consecuencia, este cuerpo normativo no goza totalmente de vigencia en esta ciudad capital...’
"Al respecto, este Tribunal Colegiado advierte que el dictamen en que se emitió la declaratoria referida, ciertamente no se ha publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ni en el Diario Oficial de la Federación: sin embargo, esa circunstancia no constituye impedimento para tramitar el incidente no especificado promovido por el quejoso, dado que el mismo se sustenta en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que, por el hecho de no estar comprendido dentro de los dispositivos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio supracitado, entró en vigor desde el 17 (diecisiete) de junio de 2016 (dos mil dieciséis), según lo refiere el transitorio primero ya transcrito.
"Lo anterior no puede interpretarse de manera diferente, dado que el legislador ordinario dentro del ámbito de sus atribuciones, estableció en los artículos transitorios referidos, las reglas específicas que se tendrían qué atender para la vigencia y aplicación de los preceptos legales de Ley Nacional de Ejecución Penal; advirtiéndose que por cuando (sic) hace al numeral 141, no estableció restricción alguna; por lo que atento a la regla general contenida en el artículo primero transitorio, tal precepto ya está vigente desde el 17 (diecisiete) de junio de 2016 (dos mil dieciséis).
"En consecuencia, el 16 (dieciséis) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), cuando el quejoso planteó su solicitud ante el Juez responsable para que le otorgara el beneficio de la libertad anticipada en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya estaba vigente dicho precepto en esta Ciudad de México.
"...
"En esas circunstancias, fue incorrecto que el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, en el acuerdo... que constituye el acto reclamado, haya desechado de plano la solicitud de libertad anticipada planteada por el quejoso en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, bajo el argumento de que esta legislación no ha entrado en vigor en la Ciudad de México.
"...
"No obstante la anterior precisión, este Tribunal Colegiado de Circuito con base en lo que establece el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la misma legislación, porque no se agotó el recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar el acto reclamado, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto.
"...
"En el caso que se analiza, se advierte que el acto reclamado es el auto... dictado por el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, en el expediente... que formó con motivo de la solicitud de libertad anticipada planteada por el sentenciado..., el cual no incide ni afecta la libertad personal del quejoso, ya que éste se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, con motivo de la sentencia condenatoria que le fue dictada por el Juez Cuadragésimo Primero Penal en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, en la causa penal...; y no con motivo del auto reclamado, el cual, por su naturaleza jurídica es de carácter intraprocesal, pues tiene por efecto que no se de (sic) curso a la solicitud de trámite del incidente no especificado de libertad anticipada promovido por el quejoso; por tanto, no se da la hipótesis de excepción a que alude el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 supracitado; por lo que el quejoso estaba obligado a agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señala lo siguiente:
"...
"En esas circunstancias, como de las constancias que se tienen a la vista se observa que el quejoso no interpuso en términos del artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que desechó su solicitud de libertad anticipada, sino que promovió directamente el juicio de amparo 592/2017, es inconcuso que éste deviene improcedente porque el recurrente no hizo valer el recurso ordinario previsto en la legislación que rige la actuación de la autoridad responsable; y no se actualiza el supuesto de excepción a que alude el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las razones ya expresadas. ..."
Argumentos que dieron génesis a la tesis I.6o.P.112 P (10a.), citada en el resultando 1 de esta resolución.
IV. Existencia y fijación de la contradicción de tesis. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(7) estableció que para que exista una contradicción de tesis, se deben cumplir los siguientes requisitos:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;
c. Lo anterior, con independencia de que las cuestiones fácticas no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia.
Esto, porque la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios.
Con base en estos parámetros, de los antecedentes expuestos en el considerando III, se colige que sí hay contraposición en los criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los cuales, en síntesis, versaron en las siguientes premisas:
Ver premisas
De lo cual, se pueden advertir estas similitudes y diferencias entre los criterios de los órganos antagonistas:
Ver criterios
Al respecto, se recuerda que conforme a los parámetros establecidos por el Alto Tribunal del País, uno de los requisitos para la existencia de contradicción de criterios, es que los órganos en confronta hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean.
Por lo que bajo esa línea de pensamiento, este Pleno de Circuito considera que las diferencias enmarcadas no resultan ser suficientes ni relevantes para estimar que no hay contradicción entre los discernimientos en pugna; pues por el contrario, de las similitudes advertidas hacen patente la existencia de colisión entre ellos.
En efecto, de dichas semejanzas se advierte que ambas ejecutorias giraron en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya que tuvieron como tronco común actos reclamados cuya génesis fue la solicitud de beneficios preliberacionales; por tanto, dicha problemática versó en: si la resolución que determina lo conducente sobre la solicitud de beneficios preliberacionales, afecta o no la libertad personal; y de conformidad a esto, si es o no exigible agotar el principio de definitividad cuando se combaten en el juicio de amparo esa clase de actos.
Siendo que cada órgano colegiado sostuvo una postura concreta y distinta al respecto, pues:
• El Cuarto Tribunal Colegiado consideró que esa clase de actos reclamados, sí afectan la libertad personal de quien solicita el amparo; por tanto, sí se satisface el supuesto de excepción para agotar el principio de definitividad; en tanto,
• El Sexto Tribunal Colegiado determinó que dichos actos reclamados, no afectan la libertad personal de quien solicita el amparo; por tanto, no se satisface el supuesto de excepción para agotar el principio de definitividad.
Por tanto, es notoria la discrepancia que ambos tribunales sostuvieron con relación a puntos medulares que ciñen a una misma problemática jurídica; resultando palmario que las diferencias que se citaron con antelación, son cuestiones fácticas particulares en las que se edificó cada acto reclamado.
Máxime que ambos órganos contendientes no ciñeron sus criterios a partir de un análisis formal de los actos combatidos, sino lo hicieron partiendo de aspectos sustanciales que caracterizan a éstos con relación a la afectación que pueden tener en la libertad personal de quien acudió al juicio de amparo y, como consecuencia, si con ello se actualiza o no el supuesto de excepción para el principio de definitividad.
En esa tesitura, el hecho de que uno de los actos reclamados se haya dictado al estudiarse el fondo (asunto que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado); en tanto que el otro se calificó como "intraprocesal" ya que no se dio curso a la petición correspondiente (asunto que conoció el Sexto Tribunal Colegiado), no es aspecto relevante para dirimir la existencia o no de contradicción de criterios; pues lo relevante es que al margen de si en la determinación respectiva se entró o no al fondo del asunto, lo cierto es que ambos actos reclamados versan acerca de resoluciones en las que la parte quejosa –invariablemente– no satisfizo su pretensión de obtener el beneficio preliberacional que solicitó, incluso, en la especie se aprecia que dichas determinaciones fueron dictadas por Jueces de la misma naturaleza y contra las cuales, respectivamente, procedía el recurso de apelación.
Tampoco es importante conocer si los actos reclamados eran o no de índole intraprocesal, pues al margen que este concepto es conducente en tratándose de improcedencias relativas a "actos de imposible reparación", así como con independencia de si fue correcto o no ese calificativo que el Sexto Tribunal Colegiado le dio al acto reclamado que substanció; lo cierto es que para el estudio de la causal de improcedencia que ambos órganos analizaron (principio de definitividad), es inocuo analizar tal tópico, dado que no se trata de un requisito que la Ley de Amparo exija para que sea factible la actualización de la referida hipótesis, siendo que una cosa es que el acto pueda tener carácter intraprocesal (y por lo cual, no sea de imposible reparación), y otra que respecto a ese acto deban agotarse los medios ordinarios de defensa previo a la promoción del juicio de amparo (principio de definitividad).
Asimismo, no podría afirmarse que hay inexistencia de criterios a causa de que cada órgano colegiado contendiente conoció de actos reclamados en los que fueron distintos, tanto los beneficios preliberacionales solicitados, como la ley que los prevé respectivamente. Lo anterior, porque estas sutilezas son cuestiones fácticas particulares en las que se edificó cada acto reclamado, las cuales, se reitera, de acuerdo a las directrices del Alto Tribunal del País, son insuficientes para determinar la inexistencia de contradicción.
Aunado a que son irrelevantes los aspectos que se mencionan en el párrafo que precede, porque invariablemente tanto la "remisión parcial de la pena" como la "libertad anticipada", son concebidas como beneficios preliberacionales en las leyes que respectivamente los prevén (entendiéndose como preliberacional, al hecho de que de proceder el beneficio, es posible que el sentenciado pueda compurgar su pena de prisión en menor tiempo o que pueda realizarlo en condiciones distintas al internamiento) y para su obtención, de conformidad a dichas normas, deben ser solicitadas a la autoridad judicial especializada en ejecución de sanciones.
Sin soslayar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador tiene una finalidad eminentemente instrumental, ya que éstos constituyen los medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.(10)
Por lo cual, los beneficios que respectivamente conocieron los órganos en debate en sus correspondientes ejecutorias, convergen con una misma naturaleza jurídica.
En consecuencia, se establece que sí hay contradicción de criterios entre los tribunales en confronta.
Razón por la que a partir de los puntos en colisión, se colige que la pregunta a responder a efecto de dirimir la discrepancia de posturas, es la siguiente:
• ¿Es o no necesario que se agote el principio de definitividad cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales de que se trate, por afectar la libertad personal?
V. Criterio del Pleno de Circuito que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia. La respuesta a la anterior interrogante debe ser en sentido negativo, es decir, no es necesario que se agote el principio de definitividad.
Esto es así, porque si bien es verdad una determinación como la que se refiere en la interrogante, es susceptible de ser impugnada a través de medios ordinarios de defensa; por otro lado, no menos verdad es que atendiendo a su naturaleza jurídica, se deduce que contrae afectación a la libertad personal del solicitante del amparo, y por ello, no es menester que ante un acto de tales características (en las que se desecha de plano o se niega al sentenciado la solicitud de otorgamiento de un beneficio preliberacional), se agote el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que indica:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
"Se exceptúa de lo anterior:
"...
"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;..."
Del precepto legal en cita, se desprende que previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto indique para tal efecto, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario (principio de definitividad).
Sin embargo, el mismo cuerpo normativo invocado prevé excepciones al referido postulado, atendiendo a la naturaleza jurídica del reclamo que el quejoso haga a través del escrito de demanda. Entre dichas excepciones, encontramos los actos tendentes a afectar la libertad personal del agraviado.
Sobre este punto, es decir, en relación a los actos que implican afectación a la libertad personal, el Máximo Tribunal de la Nación, durante las últimas dos épocas judiciales del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a través de diversos criterios jurisprudenciales, ha sostenido que el derecho a la libertad personal que tiene el hombre, le es propio y deriva de su naturaleza; la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce, y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos. La libertad personal de los individuos, no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute (afectación directa), sino que también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse (afectación indirecta).(11)
En ese sentido, cabe decir que en relación con los actos que conllevan afectación a la libertad personal (directa o indirectamente) y su vínculo para hacer procedente el amparo sin la necesidad de agotar previamente el principio de definitividad que impera en el juicio de control constitucional, no existe un ordenamiento que ofrezca un concepto claro y tajante que permita al juzgador constitucional determinar en qué casos está en presencia de una de esas características. Es ahí donde a lo largo del tiempo, la interpretación jurídica por medio de la jurisprudencia, se ha encargado de definir supuestos específicos para regular tales cuestiones, con el objetivo de unificar el derecho y evitar que exista arbitrariedad por parte de las autoridades jurisdiccionales que se encuentran obligadas a seguir los criterios jurisprudenciales establecidos por los órganos facultados expresamente para ello.(12)
Y es que en tratándose del análisis de la procedencia del juicio de amparo biinstancial, el Alto Tribunal del País ha precisado que la presentación de la demanda está estrechamente relacionada con la naturaleza del acto reclamado, siendo que cuando se analice la procedencia del juicio, los actos que impliquen un acto privativo de libertad adquieren una connotación más amplia, por el valor humano en juego y la multiplicidad de actos que se suscitan dentro del proceso penal.(13)
Lo anterior se encuentra reflejado en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que en ciertos asuntos ha adoptado una postura más flexible acerca del principio de definitividad, así como en la temporalidad de la presentación de la demanda de amparo, respecto de actos que implican afectación a la libertad personal del gobernado, ya sea porque acontece de forma directa o indirecta, como de manera de ejemplo, puede observarse en las siguientes tesis de epígrafe:
• "COMPURGACIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN SENTENCIA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RECAE A LA PETICIÓN DEL REO, PUEDE PROMOVERSE EL AMPARO INDIRECTO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.".(14)
• "INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LAS PENAS. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY.".(15)
• "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY Y PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO.".(16)
• "AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL.".(17)
• "LIBERTAD PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE SEÑALA LA FORMA Y MONTO DE LA CAUCIÓN QUE DEBE OTORGAR EL INCULPADO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.".(18)
• "AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO.".(19)
A través de tales criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicó como valor preponderante el que toda persona acusada por un delito y que, por ende, se vea afectada en su libertad personal, tenga a su alcance la posibilidad de que a través del juicio de amparo indirecto se analice la constitucionalidad del acto que reclama, con el fin de poder reparar una posible violación a los derechos fundamentales atribuidos a cierta autoridad; ello, ya que el juicio de control constitucional viene a significar la última instancia extraordinaria, para combatir cualquier posible transgresión a los derechos humanos dentro o fuera del proceso penal.
Incluso, partiendo de esta base, el Pleno en Materia Penal de este Circuito se ha pronunciado en ese mismo sentido, como se verifica en la jurisprudencia PC.I.P. J/29 P (10a.).(20)
Entonces, en congruencia con lo que hasta aquí se ha explicado, si en el juicio de amparo biinstancial la parte quejosa controvierte la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales (con independencia de cuál se trate o en qué ley estén previstos), se actualiza la excepción prevista en el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que no es necesario que se agote el principio de definitividad previo a la presentación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29023-817225d7/beneficios-preliberacionales-es-innecesario-agotar-el-principio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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