REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD PREPARATORIA. EL TIEMPO DE LA PRIMERA NO DEBE ACUMULARSE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SEGUNDA (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2015. SUSCITADA ENTRE EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos (sic) 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en sus términos el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(1) así como los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos segundo, fracción VII, tercero y sexto, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en atención a que el conflicto denunciado, se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos Circuitos Judiciales, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal en Pleno. Lo anterior, además, con base en la decisión adoptada por este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis 259/2009.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo;(2) toda vez que fue hecha por un Juez de Distrito; concretamente, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero.
TERCERO.-Criterios en conflicto. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que el Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado basaron sus resoluciones.
I. Criterio del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.
En sesión de nueve de junio de dos mil quince, resolvió la contradicción de tesis **********, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver sendos amparos en revisión ********** y **********.
Y al respecto, determinó que aun cuando era factible analizar simultáneamente la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena; con base en el principio de independencia que rige a dichos beneficios, no debían otorgarse de manera complementaria. Ello, en atención a las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, lo sustentado por este Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
"En primer término, es conveniente analizar los elementos de los beneficios de la libertad preparatoria y de la remisión parcial de la pena, previstos en los artículos 46 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, abrogada, aplicados en las ejecutorias contendientes.
"Los dispositivos de la mencionada legislación vigente en enero de dos mil (aplicada en la solución de la ejecutoria dictada en el R.P. ********** por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito), disponen:
"'Artículo 46. La libertad preparatoria se otorgará al sentenciado que cumpla con las tres quintas partes de su condena tratándose de delitos dolosos o la mitad de la misma tratándose de delitos culposos, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
"'I. Haber acreditado niveles de instrucción durante el tiempo de reclusión.
"'II. Haber participado en el área laboral, educativa o cultural.
"'III. En caso de haber sido condenado a pagar la reparación del daño, ésta se haya garantizado, cubierto o declarado prescrita.'
"'Artículo 50. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.
"'La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposición de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social.
"'La autoridad al conceder la remisión parcial de la pena, establecerá las condiciones que deba cumplir el sentenciado, conforme a lo establecido en la fracción III y los incisos a) a d) del artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal. La remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del citado Código Penal.
"'La autoridad podrá revocar la remisión parcial de la pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del Código Penal para el Distrito Federal.'
"En tanto que los de la normatividad en vigor en febrero de dos mil dos (aplicada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el R.P. **********), señalan:
"'Artículo 46. La libertad preparatoria se otorgará al sentenciado que cumpla con las tres quintas partes de su condena tratándose de delitos dolosos o la mitad de la misma tratándose de delitos culposos, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
"'I. Haber acreditado niveles de instrucción y actividades culturales durante el tiempo de reclusión.
"'II. Haber participado en el área laboral.
"'III. En caso de haber sido condenado a pagar la reparación del daño, ésta se haya garantizado, cubierto o declarado prescrita.
"'IV. Cuente con una persona conocida, que se comprometa y garantice a la autoridad ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el preliberado.
"'V. Compruebe fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias que acrediten que continua estudiando.'
"'Artículo 50. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.
"'La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposición de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social.
"'La autoridad al conceder la remisión parcial de la pena, establecerá las condiciones que deba cumplir el sentenciado, conforme a lo establecido en la fracción III y los incisos a) a d) del artículo 90 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. La remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 42 de esta ley.
"'La autoridad podrá revocar la remisión parcial de la pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de esta ley.'
"Conforme a tales normativos la libertad preparatoria es un beneficio que tiene todo sentenciado que hubiere cumplido con las tres quintas partes de su condena, si se trata de delitos dolosos, o la mitad de la misma en caso de delitos culposos.
"Para tener derecho a ese tratamiento se requiere además que se satisfagan los requisitos previstos en el numeral 46 invocado.
"Por su parte, el otorgamiento de la remisión parcial de la pena tendrá lugar cuando, por cada dos días de trabajo se haga remisión de uno de prisión, siempre que se observen las exigencias especificadas en el diverso 50 citado.
"Esto es, dicho beneficio regula una condonación parcial del tiempo de prisión a cambio de trabajo.
"Como es de advertirse, los beneficios de la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena tienen como finalidad que el condenado obtenga su libertad anticipadamente en los términos y condiciones que los numerales respectivos precisan.
"Ahora bien, la libertad preparatoria tiene como efecto que el sentenciado pueda disfrutar de su libertad personal antes de compurgar totalmente su pena privativa; es decir, no existe modificación en la duración de la pena, sino simplemente se concede la oportunidad al reo de recuperar su libertad cuando quede cumplida la temporalidad de la sanción impuesta exigida para la procedencia de ese beneficio.
"Mientras que la consecuencia de la remisión parcial de la pena, es que el Juez de ejecución pueda modificar la duración de la pena impuesta al sentenciado; en otras palabras, habrá afectación en la temporalidad inicial de la pena de prisión impuesta, derivado de lo cual, el beneficiado ya no cumplirá en su totalidad el lapso de la sanción impuesta en el fallo definitivo.
"Ahora bien, en cuanto al otorgamiento de esos beneficios, conforme a los artículos 46 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, derivan las circunstancias siguientes:
"1. La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria, lo que implica que un beneficio no depende del otro.
"2. Es factible analizar ambos beneficios simultáneamente, pues no se excluyen entre sí; por el contrario, lo establecido en este primer supuesto contempla la posibilidad de que uno sea estudiado con independencia de la procedencia del otro, ya que cada uno prevé requisitos distintos que deben acreditarse a fin de ser obtenidos; de ahí que la autonomía que los distingue es lo que hace posible el análisis de la procedencia o no de ambos, a fin de que en caso de que procedan el sentenciado pueda acceder al que más le favorezca.
"3. No es legalmente factible que se otorguen de manera complementaria o mancomunada, porque al unir un beneficio al otro bajo el argumento de que la ley establece que el cómputo de los plazos se hará en el orden que beneficie al reo, se rompe con el principio de independencia que los rige.
"Lo anterior es así, dado que la acepción ‘cómputo benéfico’ a que se refiere el párrafo segundo del artículo 50 de la ley en comento, se interpreta en el sentido de que debe ponderarse, en principio, si resulta eficaz y suficiente para conceder la remisión parcial de la pena; y de no ser así, si tiene tales cualidades para conceder el diverso de la libertad preparatoria o viceversa; es decir, que sin perder de vista la independencia de la operatividad de los beneficios cuestionados, decida si el condenado cumple con la temporalidad -aunada a los demás requisitos correspondientes-, para obtener cualquiera de esos beneficios, pero de manera autónoma.
"Así es, el párrafo segundo del citado normativo de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, no faculta a que se conjuguen el beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena y el de libertad preparatoria; esto es, que declare la procedencia del primero, para que con los días obtenidos cubra la temporalidad exigida para el segundo, pues ambos beneficios son independientes uno del otro, y deben colmarse las exigencias establecidas para cada uno.
"Máxime que no existe disposición normativa que permita considerar los días obtenidos por la remisión parcial de la pena en el cómputo de las tres quintas partes de la condena para el diverso beneficio de la libertad preparatoria.
"En efecto, la autonomía de los beneficios citados, deriva de lo dispuesto en los normativos que los prevén, los que no permiten concluir que el total de días de remisión parcial de la pena por trabajo sean adicionados a los de prisión compurgados y con base en éstos, determinar si se cumple con las tres quintas partes de compurgación de la sanción, pues la interpretación sistemática y literal de los artículos 40, 41, 46, 49 y 50 de la ley mencionada, permiten concluir que existen tres diversas formas de acceder a la libertad anticipada, las cuales son:
"a) Tratamiento preliberacional -procedente cuando el reo haya compurgado el cincuenta por ciento de la pena privativa de libertad impuesta-.
"b) Libertad preparatoria -al que se accede cuando el reo haya cumplido las tres quintas partes de la sanción de prisión-.
"c) Remisión parcial de la pena.
"Respecto de los cuales se establecen de forma independiente unos de otros, los requisitos para su procedencia.
"De esa manera, lo relativo a que '... La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo.'; debe interpretarse literalmente, es decir, el término independiente como sinónimo de autonomía de un beneficio y otro, pues considerarlo de otra manera, es decir, que para obtener la libertad preparatoria se computen los días de la remisión parcial de la pena, requeriría que tal norma hiciera referencia al adverbio simultáneamente.
"Ahora, no debe inadvertirse en cuanto a la libertad preparatoria, que para su procedencia el reo debe compurgar las tres quintas partes de los años de prisión impuestos, y por el resto de la condena quedará sujeto a la vigilancia de la autoridad que señale el juzgador de ejecución.
"Mientras que en relación con la remisión parcial de la pena, al considerar que por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, esto significa, que aun en el supuesto de que el reo hubiera trabajado todos los días en que permaneció en prisión, únicamente podría alcanzar como remisión de la privación de la libertad, la mitad del tiempo de duración de ésta, lo cual es claro, no implica la extinción de la pena de prisión impuesta, sino sólo que el condenado obtiene su libertad anticipadamente.
"De manera que el orden en que decida hacer uso de los beneficios penitenciarios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena, no están sujetos a ninguna condición, más que a la particular circunstancia de lo que le resulte benéfico al reo.
"Destaca en cuanto a dicho aspecto, que en efecto, los días laborados sólo pueden considerarse para determinar lo relativo a la remisión parcial de la pena, ya que legalmente así está dispuesto.
"De lo anterior se obtiene, que la intención del legislador no fue la de estimar que respecto a la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena, el lapso obtenido de la última deba considerarse para determinar si están cumplidas las tres quintas partes de la pena, precisamente por constituir beneficios penitenciarios de libertad anticipada independientes uno del otro, con su particular regulación para su procedencia, al margen de que el reo decida solicitar la libertad preparatoria o bien la remisión parcial de la pena, y entonces el orden en que pida tales beneficios, no así el cómputo queda a su elección.
"En efecto, como ya se indicó, porque en ningún precepto de los relativos a dichos beneficios penitenciarios se dispone que el tiempo obtenido como remisión parcial de la pena debe formar parte del lapso requerido para obtener la libertad preparatoria, de manera que no funcionan de forma 'sucesiva'.
"Por tanto, la interpretación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones abrogada, debe realizarse en los términos precisados.
"Sin que lo anterior implique inobservancia al principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, en virtud de que no necesariamente deben resolverse las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, pues ese principio no puede ser constitutivo de ‘derechos’ o dar cabida a interpretaciones más favorables, cuando no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.
"Máxime que el Más Alto Tribunal del País ya estableció que la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal, de diez de junio de dos mil once, no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones de impartición de justicia en la forma en que venían desempeñándolas con anterioridad a la citada reforma, sino que el cambio operado en el sistema jurídico mexicano, en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional (principio pro personae o pro homine), solamente conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para el gobernado respecto de la institución jurídica que se analiza, se considere, pero no significa que se dejen de aplicar los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, previstos en los diversos numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, so pretexto de un acceso efectivo a la administración de justicia.
"Incluso, no pasa inadvertido que de las ejecutorias que dieron origen a esta contradicción, se advierte que en los asuntos de que derivaron se dictó sentencia por el delito de homicidio calificado; asimismo, como se acotó, que en ambos asuntos se resolvieron aplicando la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, vigente de diecisiete de junio de dos mil once, en cuyo normativo 42, establecía la prohibición de conceder los beneficios de libertad anticipada, en sus modalidades de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria, a los sentenciados por los delitos de, entre otros, homicidio calificado, como sucede en el caso a examen.
"Más aún, el diverso 48 de la mencionada codificación, establecía que la libertad preparatoria no podía otorgarse a aquel sentenciado que se encontrara en el supuesto señalado por el artículo 42, así como que con anterioridad, se le hubiera concedido algún beneficio de libertad anticipada y se encontraran vigentes o que alguno de éstos le hubiese sido revocado; de lo que deriva la imposibilidad para el otorgamiento de la libertad preparatoria, considerando la disminución a que se refiere la remisión parcial de la pena.
"Además, tampoco debe desatenderse que ambos beneficios son incompatibles, en tanto que prevén distintos requisitos de procedencia, al igual que obligaciones que cumplir una vez otorgados; por lo que no pueden ejecutarse paralelamente.
"Asimismo, dado que son distintas las condiciones de efectividad, entonces, pueden revocarse de manera independiente; de ahí que si se considera que para otorgar el beneficio de la libertad preparatoria, debe tomarse en cuenta la disminución relativa al diverso de remisión parcial de la pena, podría suceder que al no observarse las obligaciones impuestas para cumplir el último artículo mencionado, éste se revocará, quedando sin efecto, en consecuencia, el tiempo que se consideró para la concesión del señalado en primer término.
"En tal orden de ideas, debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, que se contiene en la tesis siguiente:
"'LIBERTAD PREPARATORIA Y REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. AUN CUANDO ES FACTIBLE ANALIZAR SIMULTÁNEAMENTE ESTOS BENEFICIOS, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA QUE LOS RIGE, NO DEBEN OTORGARSE DE MANERA COMPLEMENTARIA. De la interpretación armónica de los artículos 40, 41, 46, 49 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal abrogada, deriva que los beneficios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena son independientes, lo que implica que no depende uno del otro; asimismo, que es factible analizarlos simultáneamente, pues no se excluyen entre si. No obstante, legalmente no deben otorgarse de manera complementaria, porque al unir un beneficio al otro bajo el argumento de que la ley establece que el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo, se rompe con el principio de independencia que los rige. Lo anterior, dado que la acepción 'cómputo benéfico' a que se refiere el párrafo segundo del artículo 50 de la ley en comento, debe entenderse en el sentido de ponderar, en principio, si resulta eficaz y suficiente para conceder la remisión parcial de la pena; y de no ser así, si tiene tales cualidades para conceder el diverso de la libertad preparatoria o viceversa; es decir, que sin perder de vista la independencia de la operatividad de los beneficios cuestionados, decida si el condenado cumple con la temporalidad -aunada a los demás requisitos correspondientes-, para obtener cualquiera de esos beneficios, pero de manera autónoma.'"
II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
En sesión de veinticinco de abril de dos mil trece, se resolvió el amparo en revisión **********, interpuesto en contra de la resolución de once de octubre de dos mil doce, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en los autos del amparo **********, en el que se sobreseyó en el juicio.
En los conceptos de violación, los recurrentes alegaron, entre otras cuestiones, que el Juez de Distrito hizo un análisis incorrecto al señalar que debieron agotar el recurso de apelación que establece el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales, en acatamiento al principio de definitividad, y al tener por actualizada, como consecuencia, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; sostuvieron que el a quo, en sus argumentos, olvidó que el acto inicialmente reclamado, atenta directamente contra su libertad personal, por lo que no debía agotarse el recurso de apelación; por diferentes criterios jurisprudenciales, se ha entendido que las resoluciones que se pronuncian respecto a la negativa a tramitar, negar o autorizar deficientemente los beneficios para suspender la ejecución de una pena de prisión, son de los considerados como aquellos que atentan en forma directa a la libertad personal.
El Tribunal Colegiado calificó los agravios en los términos siguientes:
"Como se anticipó, son fundados los agravios que hacen valer los inconformes, por conducto de su defensor particular, toda vez que contrariamente a lo que sostuvo la sentencia reclamada en el juicio de garantías sujeta a revisión, no se surte la causal de improcedencia por la cual sobreseyó en dicho juicio el Juez Federal, por las razones siguientes:
"En la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se sobreseyó en el juicio de amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad.
"Lo anterior, porque la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, Juez Octavo de Distrito en el Estado, la resolución de veinticinco de julio de dos mil doce, dictada dentro de los autos de la causa penal **********, mediante la cual desecha de plano, por notoriamente improcedente el incidente no especificado que se planteó sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a favor de los quejosos de mérito, en el que materialmente se decidieron cuestiones de fondo para determinar la improcedencia de los beneficios en mención; resolución en contra de la cual, procede el recurso de apelación previsto en el artículo 367, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Penales, que puede traer como resultado el modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.
"Por lo que al no haber agotado el precitado recurso los peticionarios de garantías dejaron de observar el principio de definitividad, por ende la acción constitucional intentada deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo.
"Ahora, difiriendo de la opinión jurídica del Juez Federal, este órgano de control constitucional estima que en la especie no se individualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 56/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca la parte recurrente se sostuvo que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, y esa Primera Sala del Alto Tribunal en su actual y anterior integraciones, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material, privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse.
"Que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios mencionados, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al reo.
"En estas condiciones, cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial, y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata.
"Por tanto, es indudable que la resolución en que se niega el trámite, o bien, alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa.
"También se estableció en la ejecutoria en mención que conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el legislador ha establecido como término para la presentación de la demanda de amparo el que será de quince días, mismo que deberá computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto que se reclame, conforme a la ley que lo regule; siempre y cuando el acto reclamado no se ubique en los casos de excepción previstos en el artículo 22 de la Ley de Amparo, entre los cuales, se prevén (fracción II) aquellos actos que importen ataques a la libertad personal, en cuyo caso la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo.
"Ahora bien, si como se ha mencionado la negativa por parte de la autoridad responsable de tramitar, o bien, de otorgar los beneficios mismos que el legislador ha establecido a favor de los reos para suspender la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta por la autoridad judicial, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, es claro que las resoluciones de que se trata se ubican en el caso de excepción previsto por el legislador en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, y contra ellas puede promoverse juicio de amparo en cualquier tiempo.
"La invocada tesis de jurisprudencia 1a./J. 56/2001, a la letra dice:
"'AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS P
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27050-c4de681b/remision-parcial-de-la-pena-y-libertad-preparatoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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