SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN NO PUEDE IMPONERLA DE OFICIO, CUANDO EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA OMITIÓ HACERLO O SE ABSTUVO DE DECRETARLA POR NO MEDIAR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIÓN I, Y 58, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. AMBOS PRECEPTOS LA REGULAN DE FORMA DIFERENTE Y POR ELLO, DEBE PREVALECER LA NORMA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA, LUIS NÚÑEZ SANDOVAL, IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA, RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, ELVIA ROSA DÍAZ DE LEÓN D'HERS, JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, CARLOS HUGO LUNA RAMOS Y MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ. PONENTE: ELVIA ROSA DÍAZ DE LEÓN D'HERS. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de treinta de junio de dos mil catorce.
VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis 4/2013.
RESULTANDO:
PRIMERO. Antecedentes y trámite:
I. El cinco de septiembre de dos mil trece, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciaron la existencia de una posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese tribunal, al resolver el juicio de amparo directo **********, exclusivamente en lo relativo a la suspensión de derechos civiles, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES. PARA QUE PUEDA DECRETARSE EN SEGUNDA INSTANCIA DEBE EXISTIR PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO AL RESPECTO, PUES DETERMINARLA DE OFICIO VIOLA EL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."(1)
II. Mediante auto de seis de septiembre de dos mil trece, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de criterios, por lo que con la copia certificada de la resolución dictada por el tribunal denunciante en el juicio de amparo directo **********, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 4/2013, y requirió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que remitiera copia certificada de las ejecutorias dictadas en los amparos directos **********, ********** y **********, de las cuales derivó la tesis de jurisprudencia I.2o.P. J/2 (10a.), mencionada con anterioridad.
En el mismo proveído, dispuso que en su momento se turnara el asunto al Magistrado Héctor Lara González para la formulación del proyecto respectivo, lo que se llevó a cabo mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil trece.
SEGUNDO. Returno. Con motivo de la nueva integración de este Pleno de Circuito para el ciclo que transcurre y debido a que no se resolvió la presente contradicción el año próximo pasado, el Magistrado Carlos Enrique Rueda Dávila, actual presidente del mencionado Pleno, por acuerdo de once de febrero del año en curso, returnó el expediente a la Magistrada Elvia Díaz de León D’Hers, presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para los efectos señalados en el resultando anterior.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su anexo, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO. Legitimación del órgano denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, quienes están facultados para denunciar las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito al que pertenecen, de conformidad con el precepto 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO. Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados. Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada, es necesario relatar, en lo que interesa, las consideraciones expresadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Penal de este circuito.
I. Parte relativa de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********, consideraciones que son idénticas a las expresadas al resolver los diversos juicios de amparo ********** y **********, que, conjuntamente con el primero, dieron lugar a la tesis de jurisprudencia I.2o.P. J/2 (10a.):
"SEXTO. La sentencia reclamada es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, lo que se advierte en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
"En efecto, en la resolución reclamada, el ad quem modificó la de primera instancia al determinar, entre otras cosas, suspender no sólo los derechos políticos del sentenciado, sino, además, los civiles, lo cual puntualizó ‘comenzará a partir de que cause ejecutoria la presente resolución y concluirá cuando se extinga la pena de prisión impuesta’ y, para ello, invocó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE SU IMPOSICIÓN AUN CUANDO EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA OMITA HACERLO O SE ABSTENGA DE DECRETARLA POR NO MEDIAR SOLICITUD AL RESPECTO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.’. Esa suspensión de derechos civiles se impuso, a pesar de que no fue materia de acusación y, en consecuencia, el a quo no se había pronunciado al respecto.
"Asimismo, el tribunal responsable no fundó ni motivó la razón por la que, en el presente caso, determinó suspender en sus derechos civiles al justiciable, todo lo cual resultó violatorio de los derechos fundamentales del amparista.
"Así es, si bien el Máximo Tribunal, en la jurisprudencia citada, determinó que no era necesaria petición ministerial ni pronunciamiento previo del órgano jurisdiccional instructor para que el tribunal de apelación impusiera dicha cesación de derechos ciudadanos, tal decisión derivó de la interpretación del numeral 46 del Código Penal Federal, el cual contiene disposiciones distintas a las del artículo 58 del código punitivo para el Distrito Federal y, por ende, los lineamientos establecidos en la citada jurisprudencia no son aplicables en la especie.
"Lo anterior es así, puesto que el numeral mencionado, en primer lugar, dispone:
"‘Artículo 46. La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena.’
"En tanto que el precepto referido, en segundo lugar, señala:
"‘Artículo 58 (Suspensión de derechos como consecuencia de la pena de prisión). La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, los derechos de tutela, curatela, para ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en concursos, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la pena de prisión.’
"Como puede advertirse, el citado dispositivo del Código Penal Federal establece que, al imponerse una pena de prisión, invariablemente se suspenderán los derechos políticos y civiles del justiciable, pues, como lo sostuvo el Máximo Tribunal, es una consecuencia necesaria de la sanción privativa de libertad, dado que ésta constituye un obstáculo material (más que jurídico), para ello, en tanto para ejercer los derechos civiles, es necesaria la presencia física y libertad de acción frente a los sujetos que se encuentran en el otro extremo de la relación civil.
"Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia consultable en la página 267 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, junio de 2009, Novena Época, que a la letra establece:
"‘SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DEL SENTENCIADO. SU IMPOSICIÓN NO REQUIERE LA PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO. La suspensión de los derechos civiles del sentenciado a que se refieren los artículos 45, fracción I, y 46 del Código Penal Federal, durante la extinción de una sanción privativa de la libertad, no requiere la petición expresa del Ministerio Público porque su imposición se surte por ministerio de ley, en tanto que no se trata de una sanción autónoma o independiente, sino de una consecuencia necesaria de la pena de prisión. En efecto, con la imposición de la pena privativa de la libertad, por así disponerlo la ley, se suspenden los derechos civiles del sentenciado, y en virtud de la naturaleza accesoria de esta sanción, su duración dependerá de la pena principal; de ahí que el juzgador puede declarar en la sentencia la suspensión aludida sin que medie petición expresa del representante social. Además, ello es así, habida cuenta que la pena de prisión constituye un obstáculo material -más que jurídico- para ejercer los derechos civiles previstos en el indicado artículo 46 -tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes-, los cuales requieren la presencia física y libertad de acción frente a los sujetos que se encuentran en el otro extremo de la relación civil, lo que no puede ocurrir mientras se esté privado de la libertad, pues aunque no se impusiera la suspensión mencionada subsistiría la imposibilidad material para ejercer tales derechos.’
"Sin embargo, el artículo 58 del Código Penal para el Distrito Federal citado, contrario a lo preceptuado por el diverso 46 del código punitivo federal, contempla la locución ‘y en su caso’, lo que evidencia la posibilidad de que se imponga o no por las autoridades judiciales la suspensión de los derechos del ciudadano y no la obligación para decretarlos, como el Máximo Tribunal del País lo interpretó en el ámbito federal.
"Por ello, la jurisprudencia citada en último término que fue la base para que el ad quem impusiera de oficio la suspensión de derechos civiles, no resulta aplicable cuando se pretende imponer, como ocurrió en el caso, dicha sanción con base en la legislación del Distrito Federal.
"Esto es así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el numeral 46 del código punitivo federal que, esencialmente, establece:
"• Que la suspensión de derechos (civiles y políticos) son consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión impuesta.
"• Que, como resultado de ello, no se requiere petición ministerial al respecto, ni pronunciamiento previo del a quo, dado que, al subsistir la sanción privativa de libertad, materialmente resulta imposible para el gobernado ejercer sus derechos ciudadanos.
"Sin embargo, como se ha destacado, en virtud de que el artículo 58 del Código Penal para el Distrito Federal establece la condicionante de que al imponer la pena de prisión, ‘en su caso’ se suspenderán los derechos civiles del gobernado, conduce a que la naturaleza de dicho precepto sea disímil a su similar federal y, en consecuencia, no resulten aplicables los lineamientos de los dos criterios jurisprudenciales invocados, porque, de acuerdo con dicho precepto, constituye un arbitrio judicial el suspender tales derechos o no, para lo cual es evidente que el órgano jurisdiccional deberá fundar y motivar el porqué decidió actuar en esos términos, de acuerdo con lo previsto en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por ello, en la especie, era necesario que acontecieran dos situaciones:
"a) Que existiera acusación ministerial, a fin de solicitar la suspensión de los derechos civiles del sentenciado.
"b) Que el ad quem fundara y motivara el porqué consideró que ‘en el presente caso’ debían cesarse dichas prerrogativas ciudadanas.
"Por tanto, al advertirse de los autos que no hubieran acontecido ninguno de esos dos requisitos, la resolución reclamada violó los derechos humanos del promovente de la acción constitucional, pues, por un lado, al suspender de oficio los derechos del ciudadano sin mediar petición ministerial, violó el principio non reformatio in peius, establecido en el artículo 427 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y, en segundo término, al no fundar y motivar el acto reclamado en la parte destacada, contravino lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por ello, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, para los efectos de que la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal:
"a) Deje insubsistente la sentencia de dieciocho de enero del año en curso, pronunciada en el toca **********.
"b) Dicte una nueva, en la que reitere las consideraciones que no se estimaron inconstitucionales y determine que, en el caso, no es dable suspender los derechos civiles del quejoso, por las razones ya expuestas."
De las consideraciones anteriores derivaron las tesis de jurisprudencia de rubro y contenido siguientes:(2)
"SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES. PARA QUE PUEDA DECRETARSE EN SEGUNDA INSTANCIA DEBE EXISTIR PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO AL RESPECTO, PUES DETERMINARLA DE OFICIO VIOLA EL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la suspensión de derechos civiles es una consecuencia necesaria de la pena de prisión, dado que se trata de un obstáculo material (más que jurídico) para ejercerlos y que, por tanto, no se requiere que exista petición ministerial al respecto e, incluso, puede ser decretada por el tribunal de apelación, al margen de que el Juez de primera instancia no se hubiera pronunciado al respecto; también lo es que tales criterios derivaron de la interpretación del numeral 46 del Código Penal Federal, el cual contiene disposiciones distintas a las del artículo 58 del Código Penal para el Distrito Federal, pues este último precepto, al establecer la locución ‘y en su caso’, evidencia la posibilidad de que se imponga o no tal cesación de los derechos del ciudadano y no la obligación para decretarlos, como el Máximo Tribunal del País lo interpretó en el ámbito federal. Por ello, cuando dicha sanción sea impuesta por el tribunal de apelación con base en la legislación del Distrito Federal, debe existir agravio ministerial al respecto, pues de determinarse de oficio, se violaría el principio non reformatio in peius establecido en favor del justiciable apelante en el artículo 427 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal."
"SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE FUNDAR Y MOTIVAR LA RAZÓN POR LA QUE IMPONE DICHA PENA PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El numeral 46 del Código Penal Federal prevé la suspensión de derechos civiles como consecuencia necesaria y directa de la pena de prisión; sin embargo, tal precepto contiene disposiciones distintas a las del artículo 58 del Código Penal para el Distrito Federal, pues este último, al establecer la locución ‘y en su caso’, evidencia la posibilidad de que pueda imponerse o no tal cesación de los derechos del ciudadano y no la obligación para decretarlos, como el Máximo Tribunal del País lo interpretó en el ámbito federal. Por ello, cuando dicha sanción sea impuesta con base en la legislación del Distrito Federal, el órgano jurisdiccional debe fundar y motivar el por qué decidió actuar en esos términos, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
II. Las consideraciones sostenidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, son del tenor siguiente:
"Por otra parte, no afecta derechos fundamentales del quejoso, que el tribunal de alzada ordenara la suspensión de sus derechos políticos y civiles, por ser consecuencia de la prisión impuesta, la cual concluirá cuando se extinga la privativa de libertad, de conformidad con lo previsto en los numerales 38, fracción III, constitucional, 57 y 58 del citado ordenamiento sustantivo; amén de que ello resulta acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia 67/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DERECHOS POLÍTICOS. PARA QUE SE SUSPENDAN CON MOTIVO DEL DICTADO DE UNA SENTENCIA QUE IMPONGA UNA SANCIÓN O LA PENA DE PRISIÓN, NO ES NECESARIO QUE ASÍ LO HAYA SOLICITADO EL MINISTERIO PÚBLICO.’
"Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia 39/2009, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página doscientos sesenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, junio de dos mil nueve, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DEL SENTENCIADO. SU IMPOSICIÓN NO REQUIERE LA PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO.’; en correlación a lo sustentado por la referida Primera Sala en su jurisprudencia 133/2009, publicada en la página ochocientos cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de dos mil diez, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE SU IMPOSICIÓN AUN CUANDO EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA OMITA HACERLO O SE ABSTENGA DE DECRETARLA POR NO MEDIAR SOLICITUD AL RESPECTO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.’
"En torno al tema de la suspensión de derechos civiles, cabe precisar que la Sala responsable modificó la sentencia de primera instancia y suspendió oficiosamente de tales derechos al ahora quejoso, no obstante que el Juez de primera instancia omitió pronunciarse al respecto y no existió apelación del Ministerio Público, lo que a criterio de este Tribunal Colegiado no trastoca el artículo 427 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que el tribunal de alzada puede pronunciarse sobre su imposición, aun cuando el a quo omita hacerlo y no exista inconformidad del representante social, pues respecto a dicho tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, en sentido genérico, dicha sanción complementaria a la principal de prisión, sobre la base del artículo 45 del Código Penal Federal, que sustancialmente contiene disposiciones similares al diverso 58 del Código Penal para el Distrito Federal.
"No obstante, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la jurisprudencia publicada en la página 1842, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, materias constitucional y penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, sostiene que cuando la suspensión de derechos civiles sea impuesta en segunda instancia, con base en la legislación del Distrito Federal, debe existir agravio ministerial al respecto, pues de imponerse de oficio cuando el juzgador de primera instancia omitió imponer esa sanción, viola el principio non reformatio in peius, establecido en el artículo 427 del código adjetivo de la materia y fuero; además, dicho tribunal interpreta que el ordinal 58 del Código Penal para esta ciudad contiene disposiciones distintas a las del numeral 46 del Código Penal Federal, pues el primer precepto impone la posibilidad de que se imponga o no tal cesación de los derechos del ciudadano y no la obligación de decretarlos, como lo interpretó el Máximo Tribunal del País con respecto al Código Penal Federal.
"Sin embargo, referente al tema indicado, cabe determinar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 288/2009, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el once de noviembre de dos mil nueve, de la que derivó la jurisprudencia 133/2009, visible en la página 858, Tomo XXXI, marzo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en lo medular, sostuvo que:
"‘Esta Primera Sala advierte que no existe impedimento legal para que el tribunal de alzada reconozca la imposición de la pena de suspensión de derechos civiles a la que se refieren los artículos 45, fracción I, y 46 del Código Penal Federal, cuando el juzgador de primera instancia no la decreta. Como ya quedó expresado en líneas anteriores, la Primera Sala concluyó que la suspensión de los derechos que de manera limitativa señala el artículo 46 del Código Penal Federal, como consecuencia necesaria de la pena de prisión, es de naturaleza accesoria, pues deriva de la imposición de esta última, tiene su origen en ella, sin que, por tanto, corresponda imponerla al juzgador con el tratamiento que corresponde a las penas autónomas, las cuales son fincadas en uso de su arbitrio judicial y de conformidad con el tipo penal respectivo, ya que la pena está predeterminada por la ley y, por tanto, al actualizarse el supuesto normativo consistente en la pena principal, se surte, por vía de consecuencia, de manera necesaria e indefectible, la suspensión de derechos civiles que nos ocupa, por lo que no se requiere ni depende de solicitud de persona alguna. En este punto, es necesario detenernos en la nota distintiva de este tipo de suspensión de derechos civiles, que consiste en que opera por ministerio de ley. Esto significa que por expresa disposición legal las consecuencias de un hecho jurídico se producen instantáneamente y sin necesidad de declaración alguna de los interesados o de un órgano estatal de autoridad. La expresión ‘por ministerio de ley’, fue usada por primera vez por los juristas que redactaron el Código Civil francés de mil ochocientos cuatro. Esta expresión se utiliza en diversos textos legales para referirse a todos aquellos casos en los cuales no se requiere un acto voluntario para que se produzcan las consecuencias previstas en una norma de derecho. En estos casos, los efectos jurídicos se producen necesaria e inevitablemente cuando se realiza el supuesto legal y, por tanto, pueden constituirse derechos y obligaciones independientemente, y aun contra la voluntad de sus titulares. En síntesis, los derechos y obligaciones que nacen por ministerio de ley no requieren para su constitución o ejercicio el previo reconocimiento de la autoridad pública (4). Ésta es la peculiaridad más relevante de la suspensión de derechos civiles a la que se refieren los artículos 45, fracción I, y 46 del Código Penal Federal, la cual, a juicio de esta Primera Sala, puede coexistir sin problemas con la naturaleza jurídica del recurso de apelación en materia penal y con el principio non reformatio in peius. En la apelación penal, la litis está conformada por la sentencia de primer grado y los agravios del apelante, con la particularidad de que si quien acude a la alzada es el procesado o sentenciado, la litis no es cerrada ni de estricto derecho, pues se puede suplir la deficiencia de los agravios, con el fin de beneficiar a dicho acusado (5). Este principio de beneficio encuentra su mejor expresión en el principio jurídico procesal denominado non reformatio in peius, el cual consiste en que el tribunal de segundo grado no puede agravar la situación jurídica del quejoso, como apelante, cuando el Ministerio Público se conforma con la sentencia de primer grado al no interponer su respectivo recurso de apelación. El principio mencionado se traduce en que la resolución recurrida no debe ser modificada en perjuicio del reo, pues, como lo ha sostenido la Primera Sala desde la Sexta Época, el sentenciado no debe ‘... correr el peligro de encontrar lo contrario a la ayuda esperada ...’ (6) Por tanto, existe reformatio in peius cuando el nuevo fallo es más gravoso que el antiguo. En contrapartida, no se agrava la situación jurídica del acusado cuando la pena señalada en el fallo de segundo grado, es igual a la que fijó el Juez de primera instancia. Estas consideraciones se encuentran subsumidas en el artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual dispone: ‘Artículo 385. Si solamente hubiere apelado el procesado o su defensor, no se podrá aumentar la sanción impuesta en la sentencia recurrida. ...’. Ahora bien, si la suspensión de derechos civiles a la que se refiere el artículo 45, fracción I, del Código Penal Federal, opera por ministerio de ley, entonces, es irrelevante que el Ministerio Público la solicite, ya sea en unas conclusiones acusatorias o en un recurso de apelación; de hecho, ni siquiera sería necesaria declaración judicial alguna, pues una vez actualizado el supuesto normativo consistente en la imposición de la pena principal, se surtiría de manera indefectible la consecuencia que el legislador consideró pertinente, que consiste en la aplicación concomitante de una sanción accesoria. Por tanto, la situación jurídica del sentenciado que es condenado a una pena principal, a la cual le corresponde también una pena accesoria por ministerio de ley, es una sola: deberá purgar ambas penas sin necesidad de declaratoria o reconocimiento de parte o autoridad alguna. De este modo, cuando el Juez de primera instancia omite pronunciarse sobre la imposición de la pena de suspensión de derechos a la cual se refiere el artículo 45, fracción I, del Código Penal Federal, o estima que no debe hacerlo, porque el Ministerio Público no se lo solicitó, ello no quiere decir que esa pena no exista dentro de la esfera jurídica del sentenciado, toda vez que el legislador se ha encargado de que opere por ministerio de ley; de ahí que cuando el tribunal de segunda instancia la decreta o la reconoce expresamente, no agrava la pena impuesta en primera instancia y, por tanto, no transgrede el artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales. Con base en el marco jurídico antes expuesto, es posible concluir que cuando el tribunal de alzada se pronuncia sobre la pena de suspensión de derechos civiles que nos ocupa, no ordena la imposición de una pena adicional en aras de un libre arbitrio judicial, esto es, no constituye una obligación más a cargo del sentenciado, sino sólo reconoce un estatus que por declaratoria legal opera desde que se impone la pena principal. A mayor abundamiento, si la pena de suspensión de derechos civiles que opera por ministerio de ley es accesoria, entonces debe concluirse que esta última siempre acompañará a la principal, con independencia de la voluntad de cualquiera de las partes en el proceso o de la misma autoridad judicial. En torno a la naturaleza jurídica de las penas accesorias, la Primera Sala ha emitido la jurisprudencia que se transcribe a continuación, la cual es aplicable, por lo que respecta, al sentido que la rige:
"Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, tesis 1a./J. 74/2006, página 154: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. AL SER UNA SANCIÓN ACCESORIA DE LA PENA DE PRISIÓN CUANDO ÉSTA ES SUSTITUIDA INCLUYE TAMBIÉN A LA PRIMERA.’ (transcribe texto)
"Ahora bien, contrario a lo considerado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, este órgano de control constitucional advierte que el contenido de las disposiciones establecidas en los artículos 58 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (sic), y 1o. y 46 del Código Penal Federal, resultan de contenido material idéntico, los cuales a la letra establecen:
"‘Artículo 58 (Suspensión de derechos como consecuencia de la pena de prisión). La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, los derechos de tutela, curatela, para ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en concursos, árbitro, arbitrador o representante de ausente. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la pena de prisión.’
"‘Artículo 46. La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todos el tiempo de la condena.’
"Del estudio comparativo de las anteriores disposiciones es de advertirse que su contenido normativo es idéntico y, por consiguiente, en ambos fueros se actualiza el ámbito de aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria por contradicción de tesis transcrita; ello es así, pues existe identidad entre el ámbito material de aplicación de la norma federal y de la norma local, pues establece la suspensión de derechos civiles que se enuncian como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión, claro está con el antecedente necesario de que el condenado ostente la ti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25639-71674f7f/suspension-de-derechos-civiles-prevista-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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