INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA REINDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, SI YA EXISTE SENTENCIA EJECUTORIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO, ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, ELVIA DÍAZ DE LEÓN D´HERS, JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA, CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA, MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ Y JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. DISIDENTE: ROBERTO LARA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA. SECRETARIO: FELIPE GUSTAVO CONTRERAS SOTO.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis.
VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis 1/2016.
RESULTANDO:
I. Antecedentes
Mediante oficio **********, presentado el doce de enero de dos mil dieciséis, los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciaron ante este Pleno, la existencia de una posible contradicción entre el criterio sustentado por dicho órgano denunciante, al resolver, por mayoría de votos, el amparo en revisión **********, con el disímil de su homólogo sexto, sostenido por unanimidad en el amparo en revisión **********.
Por auto de la misma data precisada en el párrafo que antecede, el presidente del Pleno admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 1/2016 y requirió a la presidencia del Sexto Tribunal Colegiado en la materia y sede indicadas, para que remitiera copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en revisión **********, e informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente, superado o abandonado.
A través del oficio **********, presentado el quince de enero de la presente anualidad, los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito también denunciaron ante el Pleno que resuelve, la probable contradicción del criterio apoyado por dicho órgano, al resolver, por decisión unánime, el recurso de revisión **********, con el diverso precitado del Sexto Tribunal de la materia y circuito en comento.
Mediante proveído de la fecha precisada en el párrafo precedente, al advertir la relación con la presente contradicción de tesis, la presidencia del Pleno ordenó que se agregara a ésta y admitió a trámite dicha denuncia de criterios discordantes, y requirió a la presidencia de ese Tribunal Colegiado de Circuito denunciante que informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente, superado o abandonado.
Por oficio **********, recibido el quince de enero de dos mil dieciséis, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remitió copia certificada de la revisión penal ********** e informó que su criterio se encontraba vigente.
A través del escrito presentado el veintidós siguiente, el Cuarto Tribunal de esta materia y sede, también comunicó que su razonamiento contaba con vigencia.
Por oficios ********** y **********, recibidos el diecinueve y veinticinco del mismo mes y año, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal, en la que se dilucidara el tema sobre el que versa el asunto.
Mediante oficio **********, presentado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, igualmente, denunció ante este Pleno, la posible contradicción del criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional, cuando resolvió por unanimidad de votos, el amparo en revisión **********, con el multicitado adverso del Sexto Tribunal de la materia y circuito en cita.
Por lo que a través del proveído de veintinueve siguiente, al tener relación con la contradicción de tesis que aquí ocupa, el presidente del Pleno ordenó que se agregara a este expediente, admitió a trámite la denuncia de criterios disonantes y requirió a la presidencia de ese órgano denunciante, a efecto de que informara si su criterio estaba vigente, superado o abandonado.
A través del oficio **********, recibido el tres de febrero de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informó que su criterio aún estaba vigente.
II. Turno del asunto
Mediante proveído de catorce de abril de dos mil dieciséis, se turnó el asunto al Magistrado Jorge Fermín Rivera Quintana, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
I. Competencia
Este Pleno de Circuito es legalmente competente para resolver la contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
II. Legitimación de los denunciantes
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados Primero, Cuarto y Quinto en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para denunciar los criterios contradictorios, al ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(1)
III. Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito
Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada, es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las ejecutorias contendientes.
A. En primer término, las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la revisión penal **********, son las siguientes:
"... Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que si bien es cierto que, este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver en la sesión de doce de noviembre de dos mil nueve, el amparo directo DP. **********, que promovieron contra la sentencia definitiva de fecha catorce de diciembre de dos mil cinco, dictada en el toca penal número **********, no hizo pronunciamiento alguno en cuanto a que la autoridad de apelación debía desestimar el estudio de personalidad o antecedentes penales, para graduar su culpabilidad; también lo es, que ello se debió a que el criterio que imperaba en ese momento era en el sentido de que para la adecuada aplicación de las penas, entre otras cosas, el Juez debía requerir los dictámenes periciales y antecedentes penales tendientes a conocer la personalidad del procesado.
"Tal y como en su momento lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XCIX/2004, publicada en la página 197, Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECEN EL MARCO JURÍDICO QUE DEBE ATENDER EL JUZGADOR PARA DETERMINAR EL GRADO DE CULPABILIDAD, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.’ (la transcribe)
"Ahora bien, la Juez de Amparo, para negar la protección constitucional a los quejosos, señaló:
"...
"Argumentos que este Tribunal Colegiado de Circuito no comparte, pues la Juez de amparo pasó por alto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de junio de dos mil doce, al resolver el amparo directo en revisión **********, determinó que el último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, que establece la facultad del Juez de allegarse de los estudios de personalidad del inculpado, para la aplicación de las penas, contradice el paradigma del derecho penal del acto, protegido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual, queda prohibido tomar en cuenta los factores relacionados con la personalidad del transgresor de la norma para efectos de individualizar su sanción (tal y como lo aducen los recurrentes en sus agravios).
"Que ya ha marcado las grandes diferencias que existen entre ambos paradigmas y ha destacado por qué nuestra Constitución se decanta por el paradigma del derecho penal del acto y por qué rechaza el paradigma del derecho penal del autor, que sanciona a la persona no por lo que ha hecho, sino por lo que se presume que puede llegar a hacer; esto es, por su peligrosidad potencial, citando como sustento a su consideración la tesis 1a. CCXXXVII/2011 (9a.), publicada en la página 198, Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"‘DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS.’ (la transcribe)
"Así como la tesis 1a. CCXXIV/2011 (9a.), publicada en la página 197, Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).’ (la transcribe)
"Que el último párrafo de la norma en cuestión autoriza al Juez a acudir a información sobre su personalidad que en ninguna medida debe resultar útil para fijar la sanción que alguien merece. De nuevo, si tomamos en serio el paradigma del derecho penal del acto y nos atenemos al principio de legalidad, ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente ha cometido. Que la personalidad, entonces, debe volverse un criterio irrelevante, pues los dictámenes periciales que la analizan (o pretenden analizar) únicamente sirven para estigmatizar a la persona sujeta a la jurisdicción y, de este modo, se convierten en criterios que admiten la aplicación de consecuencias perjudiciales para ella; consecuencias que aplican a pesar de que están sustentadas en razones claramente ajenas al estricto quebranto de una norma penal.
"Que no pasaba desapercibido (sic) que el párrafo en cuestión ya había sido objeto de análisis por esa Primera Sala en la contradicción de tesis 100/2007-PS, asunto en el cual, se llegó a la conclusión de que el juzgador podía tomar en consideración los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad del inculpado, citando al respecto la tesis 1a./J. 175/2007, publicada en la página 100, Tomo XXVII, marzo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’; considerando que este criterio debía ser abandonado, en virtud de los pronunciamientos más recientes que dicha Sala ha emitido acerca de los alcances del paradigma del derecho penal del acto. Que si bien el criterio jurisprudencial citado no analizó la constitucionalidad del precepto, y sobre todo versó sobre una interpretación sistemática de la ley, es necesario interrumpir la jurisprudencia, toda vez que resulta contradictoria con los criterios aislados más recientes que fueron citados. Así, con fundamento en el artículo 194, párrafo primero, de la Ley de Amparo, estimó que debía interrumpirse la jurisprudencia 175/2007.
"Concluyendo que debía ser invalidada la porción normativa del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal que dispone: ‘para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez ... en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto ...’
"Argumentación que dio origen a la tesis 1a./J. 20/2014, publicada el catorce de marzo de dos mil catorce, de rubro y texto siguientes:
"‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].’ (la transcribe)
"Por lo que, al haber resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inconstitucionalidad de la porción normativa del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal que dispone: (lo transcribe), en el caso a examen, resulta aplicable en beneficio de los quejosos recurrentes, ya que incide en la pena impuesta en la sentencia definitiva dictada en su contra, en la que para graduar su culpabilidad se tomó en consideración el estudio criminológico practicado a cada uno de ellos; sin que con ello se atente contra la institución de cosa juzgada.
"Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que la cosa juzgada en el juicio de garantías implica que lo resuelto por la autoridad federal ya no puede ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, pues de lo contrario, se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en detrimento de la seguridad jurídica que se requiere para lograr la armonía social; de manera que lo examinado y resuelto en un asunto anterior, adquiere firmeza procesal y tiene como consecuencia la irrevocabilidad de los efectos de la resolución, pues en contra de ésta no procede recurso alguno que pueda modificarla; también lo es que, si como en el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declara la inconstitucionalidad de un precepto que incide en la pena impuesta en la sentencia definitiva, y como consecuencia le beneficia; la autoridad judicial, previa petición del sentenciado a través del incidente respectivo, debe pronunciarse al respecto, pues aun cuando la sentencia en la que se impuso la pena ya fue analizada a través de los recursos que hicieron valer los sentenciados, incluso, en el amparo directo que promovieron en su contra, es indudable que incide directamente en la libertad personal de los enjuiciados; actuar que, además, es acorde con las reformas constitucionales de diez de junio de dos mil once, principalmente con la relativa a la incorporación del principio pro persona al artículo 1o. de la Constitución Federal, pues si se realiza una interpretación de la norma aplicando ese principio, es decir, una interpretación más extensiva a favor del gobernado, se concluye que el supuesto analizado es una excepción a la mencionada institución jurídica, al encontrarse en pugna con el derecho humano de libertad, el cual resulta de mayor valía que el otorgar seguridad jurídica a la sociedad con la promoción infinita de juicios de amparo.
"Por lo que, si bien no ha sido modificado el artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal; en apoyo al principio de lo más favorable al reo, es aplicable el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se ha hecho referencia y obliga al Juez responsable a que se pronuncie vía incidental.
"A mayor abundamiento, cabe mencionar que, en su momento, para graduar la culpabilidad del sentenciado ahora quejoso **********, también se tomaron en consideración sus antecedentes penales; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por resolución de veinticuatro de agosto de dos mil once, al modificar la jurisprudencia 9/2011, estableció que para determinar el grado de culpabilidad no deben tomarse en cuenta los antecedentes penales del procesado; lo que dio origen a la tesis 1a./J. 110/2011, publicada en la página 643, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, de rubro y texto siguientes:
"‘CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO.’ (la transcribe)
"...
"De ahí que, al resultar fundados los agravios formulados por los recurrentes, procede revocar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, para el efecto de que la Juez Décimo Octavo Penal del Distrito Federal, deje insubsistente la resolución incidental de dieciocho de julio de dos mil trece, dictada en la causa penal **********, y emita otra en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en la presente ejecutoria, sin tomar en consideración el estudio criminológico practicado a los sentenciados, y respecto de **********, además, los antecedentes penales, determine nuevamente el grado de culpabilidad que les asiste y, en consecuencia, reindividualice las sanciones privativas de libertad que les correspondan con motivo de la comisión del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro (hipótesis de al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate) agravado (al haberse cometido en grupo y con violencia moral), conforme a lo dispuesto en el artículo 164, párrafo inicial, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente al momento de los hechos (once de julio de dos mil cuatro, fecha en que fue liberada la ofendida), mismo que deberá ser menor al estimado en la sentencia definitiva dictada en su contra, ubicado a un grado de la equidistante hacia la mínima, de entre ésta y la media, que equivale a una octava parte (1/8) de la escala del mínimo y máximo, sin que con esta determinación se obligue a la responsable a imponer la mínima. ..."
Resolución de la que derivó la tesis aislada I.6o.P.50 P (10a.), de dicho órgano jurisdiccional, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas y en la página 1164, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de título, subtítulo y texto siguientes:
"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DECLARADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE ORIGINÓ LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.), ES APLICABLE EN BENEFICIO DE LOS SENTENCIADOS, CONFORME AL PRINCIPIO DE LO MÁS FAVORABLE AL REO. La inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, en la porción normativa que dispone: ‘para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez ... en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto ...’, declarada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal del acto y rechaza a su opuesto, el derecho penal del autor, además, porque de acuerdo con el principio de legalidad, ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente comete, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 14 de marzo de 2014 y en su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 376, de título y subtítulo: ‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].’, conforme al principio de lo más favorable al reo, es aplicable en beneficio de quienes ya han sido sentenciados y que, en su momento, para graduar su culpabilidad se tomó en consideración el estudio criminológico practicado en el proceso, porque incide en la pena impuesta en la sentencia definitiva dictada en su contra; sin que ello atente contra la institución de la cosa juzgada; por lo que la autoridad judicial, previa petición del sentenciado a través del incidente respectivo, debe pronunciarse al respecto, pues aun cuando la sentencia en la que se impuso la pena ya fue materia de estudio en las instancias correspondientes, incluso, en el amparo directo que promovieron en su contra, repercute directamente en la libertad personal de los enjuiciados; actuar que, además, es acorde con las reformas constitucionales de 10 de junio de 2011, principalmente con la relativa a la incorporación del principio ‘pro persona’ al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si se realiza una interpretación de la norma aplicando ese principio, es decir, la más extensiva a favor del gobernado, se concluye que el supuesto analizado es una excepción a la cosa juzgada."
B. Por su parte, las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo en revisión **********, son:
"... En ese contexto, sostiene el recurrente que debido a la afectación de su libertad, resulta procedente que se aplique en su favor el principio pro homine, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, conforme a la reforma en derechos humanos, así como el diverso numeral 217 de la nueva Ley de Amparo, para aplicar en su beneficio la declaración de inconstitucionalidad que determinó la Suprema Corte, para lo cual, se apoya en el criterio aislado, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la tesis siguiente:
"‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ÚLTIMO PÁRRFO (SIC) DEL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DECLARADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE ORIGINÓ LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.), ES APLICABLE EN BENEFICIO DE LOS SENTENCIADOS, CONFORME AL PRINCIPIO DE LO MÁS FAVORABLE AL REO.’ (la transcribe y cita datos de localización)
"No le asiste razón al quejoso recurrente, porque el criterio actual de la Primera Sala, en el sentido de que ya no resulta legal que la autoridad judicial penal, al dictar sentencia, tome en cuenta los estudios de personalidad para graduar la culpabilidad del sentenciado, no implica que deba llevarse a cabo nuevamente la graduación que se le determinó al sentenciado, pues esa cuestión quedó resuelta de manera definitiva desde mucho antes de que se estableciera ese criterio y no es jurídicamente admisible la aplicación de la nueva interpretación de la ley, ni en aplicación del principio de interpretación más favorable a la persona -principio pro persona-, porque ese principio no posibilita dejar de observar los diversos principios y restricciones que se prevén en la Constitución Federal, como, entre otros, el de la cosa juzgada.
"...
"También se advierte que, al hacer la individualización, el Juez de origen aludió al estudio de personalidad del sentenciado, por lo que, al margen de que haya sido o no determinante para fijar el grado de culpabilidad -como lo señaló la Sala (sic) responsable en el acto reclamado-, o bien, que se hayan tomado en consideración otras circunstancias para ello y no únicamente el referido estudio -como lo razona el Juez de Amparo en la sentencia que se recurre-, lo cierto es que el Juez de la causa lo tomó en consideración para hacer la graduación respectiva.
"Sin embargo, esa actuación de la autoridad judicial estaba debidamente autorizada por la ley, pues el último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, así se lo permitía, al señalar: (lo transcribe).
"Así como en la época en que se resolvió lo relativo al grado de culpabilidad del sentenciado la propia ley permitía a la autoridad tomar en cuenta su estudio de personalidad, esa cuestión se convirtió en una decisión judicial firme y, por ende, con el carácter de cosa juzgada.
"Inclusive, cabe señalar que la propia Corte, en marzo de dos mil ocho, convalidó lo establecido en la ley, pues integró un criterio obligatorio en el sentido de que el Juez sí podía tomar en cuenta los dictámenes periciales para conocer la personalidad del inculpado al momento de individualizar la pena, en la tesis de rubro siguiente:
"‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (cita datos de localización)
"Ahora, el hecho de que actualmente y a partir de marzo de dos mil catorce, en que se integró la tesis de jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.), de la Primera Sala (sic), que dice:
"‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].’ (la transcribe y cita datos de localización)
"La cual vino a interrumpir el criterio anterior, para ahora establecer que no resulta legal tomar en cuenta los estudios de personalidad para graduar la culpabilidad del sentenciado, no implica que deba emprenderse una reevaluación del grado de culpabilidad determinado al sentenciado, pues esa cuestión ya fue resuelta, de manera definitiva, desde mucho antes de que se cambiara y estableciera el nuevo criterio de la Suprema Corte; de modo que no resulta jurídicamente admisible aplicar la nueva interpretación de la ley a una situación que ya tiene el carácter de cosa juzgada.
"Además, aquí no se hace valer, ni se advierte, que se esté en el caso de que haya entrado en vigor una nueva ley que prevea una pena menor para el mismo delito por el que fue condenado el quejoso, tampoco que el acto considerado por la ley como delito y por el que fue sentenciado, haya dejado de tener tal carácter, o bien, porque se hayan modificado las circunstancias para su persecución, lo cual, podría originar el derecho al sentenciado a solicitar la adecuación de la pena(2) y, en esa medida, constituirse como una excepción a la cosa juzgada.
"De modo que, al no estar en los supuestos que permiten emprender una adecuación de la pena, sino ante la pretensión de aplicar un criterio de jurisprudencia -que efectúa una nueva interpretación de la ley-, a un caso que ya ha sido resuelto de manera definitiva, no procede jurídicamente hacer esa aplicación.
"Ni siquiera con base al principio pro personae, que deriva del artículo 1o. de la Constitución Federal y que se incorporó ahora a nuestro orden jurídico nacional en protección de los derechos humanos, pues para llevar a cabo un ejercicio de interpretación más favorable al gobernado, debe estarse en una fase procesal que permita la aplicación de dicha interpretación, pues de no ser así, el aludido principio no implica dejar de observar, entre otros, el principio de cosa juzgada, que impera en el caso concreto.
"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), que dice:
"‘PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.’ (la transcribe y cita datos de localización)
"Por las razones aquí expuestas, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio aislado que invocó el recurrente, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que, en términos de la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo, denúnciese, ante el Pleno en Materia Penal de este Primer Circuito, la posible contradicción de tesis. ..."
C. En ese mismo sentido, las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la revisión penal **********, son:
"... Una vez expuestos los argumentos del a quo y las manifestaciones del recurrente, de la confrontación de unos y otros se concluye que el agente del Ministerio Público, sí controvierte las consideraciones torales de la sentencia recurrida en sus agravios, los cuales resultan fundados, por tanto, este órgano colegiado reasume jurisdicción y emite la resolución que corresponde.
"En efecto, son fundados los agravios del agente del Ministerio Público recurrente, pues como lo refiere, el a quo erróneamente concedió el amparo al quejoso para que el Juez responsable deje insubsistente el acuerdo combatido y emita otro en el que accediera a lo solicitado por el incidentista, esto es, que reindividualice la pena sin tomar en cuenta el estudio de personalidad del impetrante, determine un nuevo grado de culpabilidad e imponga las penas correspondientes. Pues contrario a lo resuelto en la sentencia recurrida, tal criterio atenta contra la institución de cosa juzgada.
"Así, el acto reclamado al Juez Vigésimo Noveno Penal del Distrito Federal, no es violatorio de derechos fundamentales del aquí quejoso **********, por tanto, el Juez de amparo debió negarle el amparo y protección de la Justicia Federal.
"Ello, pues contrario a lo aseverado por el a quo en la sentencia recurrida, no procede otorgar el amparo al impetrante, para que se reindividualice la pena impuesta al ahora quejoso, ni aplicar al respecto de manera retroactiva la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como ya se dijo, existe cosa juzgada.
"Es necesario precisar que el acto reclamado consiste en el auto de veinte de mayo de dos mil quince, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de quince del mismo mes y año, que a su vez resolvió de plano el incidente no especificado para que se le aplicara la ley más favorable y se reindividualizara la pena, se analizaron tres puntos:
"1. Lo concerniente a la reindividualización de la pena, al haberse tomado en cuenta el estudio de personalidad del sentenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26674-bbf85e6c/individualizacion-de-la-pena-conforme-a-los-principios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PA (P./J. 93/2006)
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. PROCEDE ANALIZAR SU EXISTENCIA CUANDO PESE A QUE UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES INFORMA QUE ABANDONÓ SU CRITERIO DENUNCIADO (PR.P.T.CS.1 K (12a.))
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