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Modo: Corpus Pro

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO QUE LLEVEN A CONSIDERARLO COMO REINCIDENTE, DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR LA PUNIBILIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 182/2013. · Registro digital (IUS): 24824
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Pág. 966.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 182/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 26 DE JUNIO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA.

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; cuenta habida que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

6. Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2)

7. SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

8. TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Los criterios que emanan de las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, se plasman a continuación:

9. I. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 739/2012, negó la protección constitucional al quejoso y, en lo conducente, estableció lo siguiente:

10. El hecho de que la autoridad responsable considerara al sentenciado reincidente, no contraviene la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO."

11. Ello es así, porque en la ejecutoria que la sustenta, se dijo que el artículo 51 del Código Penal Federal contiene una regla general para la aplicación de las sanciones, que constriñe a los juzgadores a tomar en cuenta al individualizar la pena:

1. Las circunstancias exteriores de ejecución del ilícito; y,

2. Las peculiaridades del delincuente.

12. Las circunstancias exteriores de ejecución del ilícito para fijar el grado de culpabilidad del agente están reguladas en el artículo 52, fracciones I a IV, del Código Penal Federal.

13. Las circunstancias peculiares del delincuente, se encuentran contenidas en las fracciones V a VII del referido artículo 52, y dentro de éstas no se contemplan los antecedentes penales, porque sólo deben tomarse en cuenta los aspectos objetivos que concurren en el hecho delictivo, no circunstancias ajenas. Dado que la individualización de la pena tiene como finalidad que el castigo se base en lo que el autor del ilícito ha hecho, no lo que es, lo que ha sido, o lo que en el futuro pueda hacer.

14. Ahora bien -agrega el tribunal-, el tema de la reincidencia merece un trato distinto, ya que debe ser armonizado con diversas normas penales establecidas en el orden jurídico, a saber:

15. El legislador, en el artículo 65, primer párrafo, del Código Penal Federal, estableció que la reincidencia a que alude el diverso numeral 20 del propio código sustantivo, será tomada en cuenta, tanto para individualizar las penas, como para la concesión o no de los beneficios o sustitutivos.

16. El artículo 20 referido delimita a la reincidencia temporalmente, pues corresponde al lapso que el legislador consideró como mínimo para que prevalezcan los efectos de una condena como factor agravante, ante el caso de que nuevamente se transgreda penalmente el orden social, ya que es la muestra objetiva del nulo efecto readaptativo que la imposición de una condena surtió en la persona acusada.

17. Si bien, los numerales 51 y 52 del Código Penal Federal, no prevén como factor que agrave la culpa la existencia de antecedentes penales, es distinto cuando el antecedente aparece durante el lapso que permite configurarlo como reincidencia, lo cual, además, hace congruente la imposición de la amonestación como pena,(3) pues el objeto de tal diligencia consiste, entre otras cosas, en advertir al acusado que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere.

18. Aunado a ello -el mencionado órgano colegiado precisa-, en el caso específico tratándose de la aplicación de la sanción por el delito de portación de armas, el último párrafo del artículo 83 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, expresamente refiere: "Para la aplicación de la sanción por delitos de portación o acopio de armas, el Juez deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido."

19. De ahí que sea posible establecer que al individualizar las penas el juzgador debe observar los requisitos contenidos en dicha disposición de manera complementaria a las demás cuestiones previstas en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, atento al principio hermenéutico que postula la congruencia e integralidad del orden jurídico.

20. En esas condiciones -el citado tribunal finaliza-, puede concluirse que para la aplicación de las sanciones (individualización de las penas y medidas de seguridad) deben tomarse en consideración tanto el contenido de los artículos 51 y 52 del citado ordenamiento penal federal, como lo previsto en el numeral 65, en relación con el diverso 20, todos del Código Penal Federal y, concretamente, tratándose del delito de portación de armas de fuego, atender de manera complementaria a lo señalado en el ordinal 83 Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto es: 1) Las circunstancias exteriores de ejecución -artículo 51, en relación con el 52, fracciones I a IV, del Código Penal Federal-; 2) Las peculiaridades del sujeto -numeral 51, en concordancia con el 52, fracciones V a VII-; y, 3) La reincidencia vinculada a los antecedentes del acusado -arábigos 65, primer párrafo, del Código Penal Federal y 83 Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos-.

21. Sin que lo anterior implique contradecir la mencionada jurisprudencia 110/2011, intitulada: "CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO.", porque en ésta sólo se analizaron los aspectos jurídicos a considerar desde la perspectiva de los artículos 51 y 52 del código punitivo federal.

22. No se comparte -agrega por último el órgano jurisdiccional- el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, bajo el rubro: "ANTECEDENTES PENALES. NO DEBEN CONSIDERARSE PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, NI SIQUIERA BAJO LA PERSPECTIVA DE LA REINCIDENCIA PUES, DE HACERLO SE CONTRAVIENE EN PERJUICIO DEL PROCESADO LA JURISPRUDENCIA 1a./J.110/2011 (9a.)."; porque en la jurisprudencia 1a./J. 110/2011 (9a.) -bajo la voz plasmada en el párrafo que antecede-, no se abordó el tema de la reincidencia del acusado para individualizar las penas y medidas de seguridad.

23. En ese sentido, fue apegado a derecho que el tribunal responsable convalidara la graduación de la culpabilidad del solicitante del amparo, pues para determinar su grado tomó en cuenta:

1. La regla genérica de aplicación de sanciones del artículo 51.

2. La regla específica de individualización de las penas del arábigo 52.

3. La reincidencia en términos del numeral 65, en relación con el ordinal 20, ambos del Código Penal Federal.

24. Esto último, porque en la especie subsiste la calidad jurídica de reincidente del sentenciado por la previa y reciente comisión de un diverso delito doloso, sin que haya transcurrido desde el cumplimiento de la condena un término igual al de la prescripción de la pena.

25. De la misma manera, fue correcta la confirmación de la negativa de conceder al sentenciado el beneficio sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad, semilibertad o multa, previsto en el artículo 70 del Código Penal Federal, pues en autos obran constancias que revelan que previamente fue condenado en sentencia ejecutoriada, por delito doloso perseguible de oficio.

26. Las consideraciones de la ejecutoria de mérito, en la parte que interesa, son las siguientes:

"Individualización de sanciones. En relación a las penas impuestas, el quejoso no expone concepto de violación para controvertirlas y este tribunal no advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja; sin embargo, el tema amerita un pronunciamiento en los siguientes términos. El Magistrado responsable advirtió que el Juez Federal de primera instancia en ejercicio de su plena autonomía y arbitrio judicial ubicó a la persona sentenciada aquí quejoso en un grado de culpabilidad ‘equidistante entre la mínima y la media’. Ello, de inicio, lo estimó ajustado a lo establecido por los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal;(4) esto es, tomó en consideración tanto las circunstancias exteriores de ejecución del delito, como las peculiares del acusado, las cuales estimó suficientes para establecer que fue adecuado el parámetro indicado. En lo conducente, resulta ilustrativo el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que dice: ‘PENA, ARBITRIO JUDICIAL EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA.’ (lo transcribe)(5). Además, destaca que entre los aspectos señalados, también tomó en consideración que la persona acusada registró el antecedente penal relativo al proceso penal 122/2000 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, que se le instruyó por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que culminó con sentencia condenatoria por cinco años de prisión y cincuenta días multa; determinación que confirmó el propio tribunal unitario al resolver el toca penal 112/2001. Sobre ello, la autoridad judicial de primera instancia, estimó en la persona sentenciada la calidad jurídica de reincidente y, sobre esa calidad específica, el Magistrado no efectuó pronunciamiento. Sin embargo, ello no implica que se haya omitido su análisis; pues lo cierto es que al no advertir irregularidad alguna que ameritara ser subsanada, hizo suyas las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, lo que a su vez lleva a establecer que la encontró ajustada a derecho. Lo que igualmente, al ser analizado por este órgano colegiado, lleva a la conclusión de que no existe violación de derechos en perjuicio del quejoso. Siendo aplicable, al respecto, la tesis que dice: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL.’ (la transcribe)(6). En este punto, es necesario establecer la razón por la cual se estima que el criterio adoptado por la responsable no contraviene la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sostiene que los antecedentes penales no se pueden incluir entre los factores que los juzgadores deben atender a efecto de determinar el grado de culpabilidad. La jurisprudencia aludida es la siguiente: ‘CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO.’ (la transcribe)(7). En la ejecutoria que dio origen al criterio transcrito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 51 del Código Penal Federal contiene la regla general en cuanto a la aplicación de sanciones, y el 52 del mismo ordenamiento, la relativa para la individualización de las mismas. Ello, al tenor siguiente:

"‘Ahora bien, esta Sala estima que el artículo 51 del Código Penal Federal contiene la regla general en cuanto a la aplicación de sanciones, y el 52 del mismo ordenamiento, la relativa para la individualización de las mismas. En efecto, el artículo 51 establece la regla general en cuanto a la aplicación de sanciones, sin distinguir si éstas son penas o medidas de seguridad, señalando que para tal aplicación los juzgadores deberán tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. Por su parte, el artículo 52, de manera específica, se refiere a la individualización de las penas y medidas de seguridad, estableciendo los elementos que los juzgadores deben considerar para realizar tal individualización, esto es, la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad; asimismo, en las fracciones que contiene dicho precepto, se prevén los factores que los Jueces deberán tener en cuenta a fin de individualizar las penas y medidas de seguridad con base en los señalados elementos. La regla general de aplicación de sanciones refiere que debe atenderse a las circunstancias exteriores de ejecución, lo cual corresponde en la regla específica de individualización de penas y medidas de seguridad a los factores a través de los cuales se determina la gravedad del ilícito, mismos que se encuentran contenidos en las fracciones I a IV del artículo 52. La señalada regla general también refiere que debe atenderse a las circunstancias peculiares del delincuente, lo cual en la regla de individualización de penas y medidas de seguridad, se colma al verificarse los factores contenidos en las fracciones V a VII del propio artículo 52, y así determinarse el grado de culpabilidad del agente. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define peculiar como lo propio o privativo de cada persona o cosa; de acuerdo a ello, podemos considerar que las circunstancias peculiares del delincuente son las circunstancias propias del mismo, las circunstancias características de él. Así, son circunstancias peculiares del delincuente, su edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas (fracción V); y si bien los motivos que lo impulsaron a delinquir (fracción V), así como su comportamiento posterior al hecho ilícito (fracción VI) y las demás condiciones en que se encontraba en el momento de la comisión del delito (fracción VII), pueden ser circunstancias peculiares reveladoras de su personalidad, que pudieran conducir a establecer que la individualización de las penas y medidas de seguridad atiende en cierta medida a un derecho penal de autor, es de precisarse que tal revelación de la personalidad, únicamente podrá considerarse con relación al hecho cometido. Lo anterior, en virtud de que la individualización de las penas y medidas de seguridad con base en el grado de culpabilidad, implica la simple relación del autor del hecho ilícito con éste, lo cual conduce a determinar dicho grado de culpabilidad con base exclusivamente en aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso, sin que, por tanto, se deban considerar circunstancias ajenas a ello, como pudieran ser antecedentes personales del sujeto. En efecto, la individualización de la pena con base en el grado de culpabilidad tiene como fin que el castigo se base en lo que el autor del ilícito ha hecho y no en lo que es él, es decir, por lo que en el pasado ha sido o por lo que en el futuro pueda hacer. Además, cabe apuntar, que los factores contenidos en las fracciones VI y VII del artículo 52 multicitado, al referirse al comportamiento posterior del acusado con relación al delito, así como a las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, excluyen los antecedentes penales como factores para determinar el grado de culpabilidad, pues éstos se dieron en un momento temporal anterior al señalado en ambas hipótesis. En esas condiciones, resulta claro que los antecedentes penales no se pueden incluir entre los factores que los juzgadores deben atender a efecto de determinar el grado de culpabilidad, pues no tienen la naturaleza de circunstancias peculiares del delincuente, ya que no corresponden a una característica propia del sujeto y tampoco entre esos factores se hace alusión a conductas anteriores al hecho delictivo ...’

"Pues bien, de la transcripción que antecede es advertible el criterio definido en el sentido de que el artículo 51 del Código Penal Federal contiene una regla general en cuanto a la aplicación de las sanciones, para la cual los juzgadores deberán tener en cuenta: 1) Las circunstancias exteriores de ejecución del ilícito; y, 2) Las peculiaridades del delincuente. Asimismo, que el artículo 52 del propio código sustantivo de la materia, de manera específica se refiere a la individualización de las de las penas y medidas de seguridad, estableciendo que los elementos que los juzgadores deben considerar para realizar tal individualización, son: 1) La gravedad del ilícito, tomando en cuenta los factores a que se refieren las fracciones I a IV de ese numeral, las cuales son la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto; la naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla; las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado; la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito. 2) El grado de culpabilidad, atendiendo el contenido de las fracciones V a la VII del precepto a comento, que son: la edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. De igual manera, se estableció que las circunstancias exteriores de ejecución, corresponden a la regla específica de individualización de sanciones y medidas de seguridad, a los factores a través de los cuales se determina la gravedad del ilícito que son los contenidos en el artículo 52, fracciones I a IV, del Código Penal Federal. Además, que la regla general también refiere que debe atenderse a las circunstancias peculiares del delincuente; lo cual se colma al verificarse los factores contenidos en las fracciones V a VII del citado numeral 52, y de esa manera fijar el grado de culpabilidad. Así, se dijo que entre las circunstancias peculiares del delincuente para fijar el grado de culpabilidad (fracciones V a VII del artículo 52), no se encuentran los antecedentes penales, pues la individualización de las penas y medidas de seguridad con base en el grado de culpabilidad, implica la simple relación del autor del hecho ilícito con éste, debiéndose fijar dicho grado con base exclusivamente en aspectos objetivos que concurrieron con el hecho delictuoso, sin que deban considerarse circunstancias ajenas a ello, como lo son los antecedentes penales de referencia, toda vez que la individualización desde esa perspectiva, tiene como finalidad que el castigo se base en lo que el autor del ilícito ha hecho y no en lo que es él, por lo que ha sido o por lo que en el futuro pueda hacer. De ahí concluyó, era evidente que los antecedentes penales no se pueden incluir entre los factores que los juzgadores deben atender para determinar el grado de culpabilidad, al no tener la naturaleza de circunstancias peculiares del delincuente, ya que no corresponden a una característica propia del sujeto y tampoco entre esos factores se hace alusión a conductas anteriores al hecho delictivo. Bajo ese contexto, se obtiene, en esencia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los antecedentes penales no se pueden incluir entre los factores que los juzgadores deben atender a efecto de determinar el grado de culpabilidad, pues no se encuentran dentro de los factores a considerar como tales en las fracciones V a VII del artículo 52 del Código Penal Federal; es decir, se analizaron los aspectos que el juzgador debe considerar -únicamente desde el punto de vista de los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal- para establecer el grado de culpabilidad del acusado como dato para individualizar las penas y medidas de seguridad. Sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que el tema que nos ocupa -reincidencia-, es necesario armonizarlo con diversas normas penales establecidas en nuestro orden jurídico. Así, el legislador estableció dentro del artículo 65, primer párrafo, del Código Penal Federal,(8) que la reincidencia del acusado a que se refiere el artículo 20 del propio código sustantivo,(9) será tomada en cuenta para individualizar las penas y para la concesión o no de los beneficios o sustitutivos. A ese tenor, es destacable el segundo de los numerales citados, conforme al cual la reincidencia está perfectamente delimitada temporalmente que es, precisamente, el lapso en que el legislador consideró como el mínimo en que los efectos de una condena deben prevalecer como factor agravante ante el caso de trasgredir nuevamente el orden social penalmente; pues ello será la muestra objetiva del nulo efecto readaptativo que surtió en la persona acusada la previa imposición de una condena. De ahí que, si bien en términos genéricos los numerales 51 y 52 del Código Penal Federal, como lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no prevén a los antecedentes penales como factor que agrave la culpa; ello se estima que no prevalece ante el caso de que dicho antecedente surja durante el lapso que permita configurarlo como reincidencia. Lo cual hace congruente la imposición de la amonestación como pena establecida en el artículo 42 del Código Penal Federal,(10) pues el objeto de tal diligencia consiste, entre otras cosas, en advertir al acusado que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere. Aunado a ello, destaca que tratándose de la aplicación de la sanción por el delito de portación de armas, el último párrafo del artículo 83 Bis de la ley especial de la materia, expresamente refiere que el juzgador deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido. A propósito de lo cual es dable señalar que el artículo 6o. del Código Penal Federal previene que cuando una misma materia aparezca regulada por diversas leyes, prevalecerá la especial sobre la general; sin soslayar la parte final del primer párrafo que dispone que en la aplicación de la ley especial, también se tomen en cuenta las disposiciones del libro primero del citado código punitivo y, en su caso, las conducentes del libro segundo. De ahí, es posible establecer que cuando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su artículo 83 Bis, último párrafo, establece que: ‘Para la aplicación de la sanción por delitos de portación o acopio de armas, el Juez deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido.’, implica que al individualizar las penas el juzgador debe observar los requisitos contenidos en dicha disposición, de manera complementaria a los demás aspectos previstos por los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, habida cuenta que estos últimos preceptos se encuentran comprendidos precisamente dentro de las disposiciones de libro primero de dicho ordenamiento penal; lo cual es acorde al principio hermenéutico que postula la congruencia e integralidad del orden jurídico, que no excluye la complementariedad jurídica en la interpretación y aplicación sistemáticas de las normas legales. Por las razones que informa, se comparte la tesis que dice: ‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA, TRATÁNDOSE DE LA PUNIBILIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.’ (la transcribe)(11). En esas condiciones, se puede concluir que para la aplicación de sanciones (individualización de las penas y medidas de seguridad), se debe tomar en consideración tanto el contenido de los artículos 51 y 52 del citado ordenamiento penal federal, como lo previsto en el numeral 65, en relación al diverso 20, todos del Código Penal Federal y tratándose del delito de portación de armas de fuego, atender de manera complementaria lo señalado en el ordinal 83 Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto es: 1) Las circunstancias exteriores de ejecución a que alude el artículo 51 del Código Penal Federal, que se refieren a los factores a través de los cuales se determina la gravedad del ilícito, los cuales se contienen en el artículo 52, fracciones I a IV, de ese código. 2) Las peculiaridades del sujeto (artículo 51) tomando en cuenta los factores establecidos en las fracciones V a VII del artículo 52, dentro de los cuales no se encuentran los antecedentes penales. 3) La reincidencia vinculada a los antecedentes del acusado (artículos 65, primer párrafo, del Código Penal Federal y 83 Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos). Sin que lo anterior implique contradecir la citada jurisprudencia número 110/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que, como se destacó en párrafos precedentes, en ella únicamente se analizaron los aspectos a considerar -desde el punto de vista de los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal- para establecer el grado de culpabilidad del acusado como dato para individualizar las penas y medidas de seguridad. En contraste, debe precisarse la existencia del criterio contenido en la tesis V.20.P.A.1 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, página 2371, con número de registro «IUS» 2001839, del tenor siguiente: ‘ANTECEDENTES PENALES. NO DEBEN CONSIDERARSE PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, NI SIQUIERA BAJO LA PERSPECTIVA DE LA REINCIDENCIA PUES, DE HACERLO SE CONTRAVIENE EN PERJUICIO DEL PROCESADO LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 110/2011 (9a.).’ (la transcribe).

"Tesis donde se concluyó que considerar los antecedentes penales del procesado al individualizar las penas, así sea bajo la perspectiva de la reincidencia, contradice en su perjuicio el criterio prevaleciente y obligatorio sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 110/2011. Sin embargo, a consideración de este Tribunal Colegiado, en el aludido criterio jurisprudencial no se abordó el tema de la reincidencia del acusado para individualizar las penas y medidas de seguridad. De ahí que no se comparte el criterio antes citado, motivo por el que, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la posible contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Establecido lo anterior, se reitera que, en la especie, fue apegado a derecho que el tribunal responsable convalidara la graduación de la culpabilidad del solicitante del amparo, apreciado en primera instancia como equidistante entre la mínima y la media, que se tradujo en cuatro años nueve meses de prisión y ochenta y ocho días multa. Lo anterior, pues adecuadamente avaló las consideraciones del Juez Federal de primera instancia para determinar el grado de culpabilidad del acusado, tomando en cuenta la regla general de aplicación de sanciones contenida en el artículo 51 del Código Penal Federal y la regla específica de individualización de las penas a que alude el artículo 52 del mismo ordenamiento, así como la reincidencia del sujeto en términos del artículo 65, en relación al numeral 20, ambos del Código Penal Federal. Esto último que se ajusta a derecho, pues efectivamente subsiste la calidad jurídica de reincidente en el ahora sentenciado, por la previa y reciente comisión de delito doloso. En efecto, si en el caso concreto se evidenció que el sujeto activo habiendo sido condenado por sentencia ejecutoriada dictada por tribunal de la República, cometió nuevo delito, sin que transcurriera desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la prescripción de la pena, pues, el nuevo delito aconteció el siete de diciembre de dos mil ocho, fue apegado a derecho que el juzgador hubiese considerado para el grado de reproche, la reincidencia de la persona acusada aquí quejoso ..."

27. II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 74/2012, concedió al quejoso la protección constitucional y, en esencia, sostuvo:

28. En suplencia de la queja deficiente, al tenor del dispositivo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, debe concederse al peticionario la protección constitucional solicitada por los motivos que enseguida se expresan:

29. El alcance del criterio vigente emitido por la Primera Sala del Alto Tribunal, en torno a si la reincidencia debe o no quedar incluida en los antecedentes penales que no deben ser tomados en cuenta para determinar el grado de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24824-44655d53/individualizacion-de-la-pena-los-antecedentes-penales-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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