ANTECEDENTES PENALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS GRAVES. EL ARTÍCULO 124 BIS, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL ESTABLECER LA EXPRESIÓN DE QUE AQUÉLLOS NO PRESCRIBIRÁN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., ÚLTIMO PÁRRAFO Y 18, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ANTECEDENTES PENALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS GRAVES. EL ARTÍCULO 124 BIS, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL ESTABLECER LA EXPRESIÓN DE QUE AQUÉLLOS NO PRESCRIBIRÁN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., ÚLTIMO PÁRRAFO Y 18, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ANTECEDENTES PENALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS GRAVES. EL ARTÍCULO 124 BIS, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL ESTABLECER LA EXPRESIÓN DE QUE AQUÉLLOS NO PRESCRIBIRÁN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., ÚLTIMO PÁRRAFO Y 18, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 30 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS HINOSTROSA ROJAS, ALMA ROSA DÍAZ MORA, FERNANDO REZA SALDAÑA Y RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ. PONENTE: CARLOS HINOSTROSA ROJAS. SECRETARIA: JENICA CAMPOS JUÁREZ.
CONSIDERANDO
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, con fundamento en los artículos 94, párrafo 7o., 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216 y 217 de la Ley de Amparo, 41 Quáter, 1o., fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, fracciones VI y VII del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que dicha contradicción se generó entre Tribunales Colegiados de este circuito
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito.
En efecto, los artículos 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen:
"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por: ...
"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente."
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: ...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
De esas normas se advierte que podrán denunciar la contradicción de tesis ante los Plenos de Circuito, el procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
Ahora, en el caso, el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado de Vigésimo Segundo Circuito, determinó denunciar la posible contradicción de criterios sustentados en el recurso de revisión administrativo **********, del índice de ese órgano jurisdiccional y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en el recurso de revisión administrativo **********; por lo que cabe concluir que la denuncia procede de parte legítima.
TERCERO.-Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en el recurso de revisión administrativo **********, por mayoría de votos sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"I. Por sentencia dictada el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el proceso penal ********** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, con sede en Querétaro, Querétaro, se impuso al ahora recurrente, una pena de ocho meses de prisión, por la comisión del delito de lesiones dolosas, en agravio de **********.
"II. En sentencia de dos de junio de dos mil tres, dictada en la diversa causa penal ********** del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, con sede en Querétaro, Querétaro, se condenó al ahora recurrente a una pena conjunta de un año cinco meses de prisión, por la comisión de los injustos de robo calificado y de armas prohibidas, en su modalidad de portación, en agravio de ********** y de la sociedad.
"III. En el juicio penal ********** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, con sede en Querétaro, Querétaro, por sentencia de quince de octubre de dos mil tres, se condenó al aquí inconforme a una pena de prisión de cinco años seis meses, por el delito de homicidio doloso en agravio de **********, ilícito que es considerado como grave.
"IV. Por escrito presentado el catorce de mayo de dos mil catorce, el aquí recurrente solicitó la cancelación de sus antecedentes penales al agente del Ministerio Público responsable del Departamento de Antecedentes Penales, dependiente de la Dirección de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, por lo que se formó el cuaderno **********.
"V. En la resolución reclamada de veintidós de mayo de dos mil catorce, el agente del Ministerio Público responsable ordenó la cancelación de los antecedentes penales del ahora inconforme derivados de las causas penales ********** y **********, respectivamente de los índices de los Juzgados Primero y Quinto, ambos de Primera Instancia Penal, con sede en Querétaro, Querétaro; además de que también negó la cancelación de los diversos registros penales del proceso ********** del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, con residencia en Querétaro, Querétaro, al tomar en cuenta que el delito de homicidio doloso, por el cual fue condenado el ahora promovente del amparo en este último procedimiento, estaba clasificado como grave en el momento en el que se cometió, por lo que se omitió examinar los diversos requisitos para que se decretara la prescripción de tales antecedentes.
"Ahora bien, en los dos agravios planteados, el inconforme aduce de manera reiterada que incorrectamente se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo siguiente:
"a) Porque el Juez de Distrito aplicó incorrectamente las jurisprudencias de rubros: ‘NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN.’ y ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.’, pues al argüir que el precepto combatido vulnera el derecho de igualdad de los gobernados que fueron sentenciados por un delito grave, porque se les dificulta reinsertarse completamente a la sociedad al dificultarse que se les otorgue un empleo o realicen trámites administrativos, no se refirió a una situación personal, sino que tal concepto de violación se encaminó a poner en evidencia que se afecta a todas las personas que se encuentren en la misma circunstancia, lo que además se refiere a finalidad de la norma, según la exposición de motivos correspondiente;
"b) Que conforme a la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, se adoptó un régimen de reinserción social, por lo que no es correcto que la sanción recaiga sobre la personalidad del individuo y que los antecedentes penales incidan en la vida cotidiana de los gobernados; de modo que, si tales registros ya no deben tomarse en cuenta ni siquiera para determinar el grado de culpabilidad de una persona y dado que el objeto de la prescripción de los antecedentes penales, es lograr la reinserción social plena de las personas que fueron condenadas por un ilícito, evitando que se les estigmatice, debe considerarse que no resulta justificada ni proporcional la prohibición de que también se beneficie a quienes cometieron un delito grave, pues estas personas también tienen derecho a no ser estigmatizadas y a reinsertarse completamente a la sociedad;
"c) Porque aun cuando los antecedentes penales no constituyen técnicamente una pena, sino que son una simple medida administrativa, lo cierto es que al impedirse la cancelación del registro cuando se cometió un delito grave, se genera materialmente una sanción inusitada, porque implica que el gobernado quede marcado para toda su vida, afectándose así su honra y fama pública, lo que implica un perjuicio en su esfera jurídica, porque dificulta en gran medida su plena reinserción a la sociedad;
"d) Que si bien puede considerarse que los actos legislativos se encuentran fundados y motivados, cuando de las normas resultantes se puede advertir claramente cuál es el objeto que persiguen, sin que sea necesario que tal finalidad se asiente en la exposición de motivos correspondiente, lo cierto es que de esta, ni del contenido del artículo que se tildó de inconstitucional, se desprende cual es el objetivo de discriminar a las personas que cometieron un delito grave al impedírseles que se cancelen sus antecedentes penales;
"e) Porque el hecho de que se considere que la distinción entre delitos no graves y los que sí lo son, es una ‘circunstancia objetiva que refleja diferentes supuestos’, no es una justificación válida, proporcional y razonable para discriminar a las personas que cometieron un delito grave dejándolos sin la posibilidad de que se eliminen sus registros penales y de que puedan reinsertarse completamente a la vida social;
"f) Que aun cuando del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la interpretación que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la igualdad no implica que toda distinción de trato afecte la dignidad humana, dicho perjuicio sí se genera cuando la diferenciación carece de una justificación objetiva y razonable, por lo que le correspondía al Juez de Distrito ponderar si el trato desigual establecido en la norma combatida es proporcional y razonable para conseguir los objetivos perseguidos por el legislador, tomando en consideración que el sentenciado sufrió dentro del proceso seguido en su contra, todas las consecuencias de la comisión de un delito grave, pues ya tuvo un trato desigual al no tener derecho a la libertad bajo caución, se le impuso una sanción mayor y no tuvo acceso a los beneficios de la pena condicional y de la alternativa, de modo que resulta injustificado y discriminatorio que también se le niegue la posibilidad de la reinserción plena, una vez que cubrió su deuda social mediante la compurgación o la extinción de la pena, pues se le seguirá juzgado socialmente por conductas superadas; y,
"g) Como consecuencia, se vulneró el contenido de las tesis aisladas de rubros: ‘EXCUSA ABSOLUTORIA. EL ARTÍCULO 199, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL ESTABLECERLA PARA LOS FARMACODEPENDIENTES, VIOLA EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2009).’, (aplicable por analogía) ‘IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL.’, ‘IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.’ e ‘IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD.’
"Son fundados los agravios que anteceden, ya que la porción normativa que prohíbe la cancelación de los antecedentes penales de las personas que cometieron un delito grave es contraria a la finalidad perseguida por el legislador local, al establecer la prescripción de tales registros.
"Ciertamente, el artículo 124 BIS del Código Penal para el Estado de Querétaro que se tilda de inconstitucional, prevé lo siguiente:
"‘Artículo 124 BIS.’ (se transcribe artículo)
"En lo conducente, de la disposición legal reproducida, se advierte que los antecedentes penales prescriben en un plazo igual al de la pena de prisión impuesta, sin que pueda ser menor de tres años, el cual, por lo general, correrá a partir de que cause ejecutoria la sentencia; sin embargo, en el cuarto párrafo se establece que dicho beneficio no podrá otorgarse a las personas que hayan sido condenadas por la comisión de un delito grave.
"Ahora bien, resulta conveniente señalar que de la exposición de motivos respectiva, se advierte que al introducir la figura de la prescripción de los antecedentes penales, el legislador local tomó en cuenta lo siguiente:
"‘(Se transcribe exposición de motivos).’
"Como puede observarse, la finalidad específica que persiguió el legislador local al insertar el artículo 124 BIS del Código Penal para el Estado de Querétaro, fue la de lograr la plena reintegración o reinserción social del individuo que por alguna razón incurrió en la comisión de algún hecho delictivo, conforme a lo previsto en el artículo 18 constitucional, pues consideró que al ser los antecedentes penales un estigma para las personas, debían desaparecer una vez que hayan cubierto la deuda social, mediante el cumplimiento o la extinción de las penas o medidas de seguridad impuestas por la autoridad competente.
"Asimismo, el legislador estatal consideró que la subsistencia permanente de los registros penales, implica el demérito de las cualidades humanas, puesto que la persona sigue siendo juzgada por conductas que ya fueron superadas, lo que tiene entre otros efectos, que se les impida reincorporarse a su vida cotidiana y al mundo laboral, máxime que la circunstancia de haber incurrido en una conducta antijurídica, no siempre obedece a la falta de valores o de probidad, sino que puede generarse por la ocurrencia de cuestiones accidentales que estuvieron fuera del alcance del sujeto.
"Además, de la exposición de motivos reproducida, se advierte que se asumieron las consideraciones contenidas en la jurisprudencia con número de registro 922626, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: ‘ANTECEDENTES PENALES. SU EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SÍ SOLA, CARENCIA DE PROBIDAD Y DE UN MODO HONESTO DE VIVIR.’, en la cual se sostuvo, entre otras cosas, que un delito cometido por un individuo en algún momento de su vida, no lo define ni lo debe marcar para siempre, por lo que tampoco implica que su conducta sea cuestionable por el resto de su existir; de modo que el valor del ser humano impide la imposición de sanciones infamantes que obstaculicen la reinserción social del infractor.
"De modo que, el legislador local concluyó que existía la necesidad de prescribir los antecedentes penales que pesan sobre una persona que 'ya sea por dolo, culpa o preterintención, haya incurrido en un hecho delictivo', por lo que debían eliminarse también sus efectos permanentes, a fin de permitir su completa reinserción social, familiar y laboral, en correspondencia al espíritu del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Sin embargo, también se estimó que el beneficio de la prescripción de los antecedentes penales, únicamente debía aplicarse a las personas que no hubieran sido condenadas por un delito grave, pues de ser así, no es viable tener acceso a dicho beneficio.
"En ese sentido, por una parte, asiste razón al inconforme al aducir que el Juez de Distrito aplicó incorrectamente las jurisprudencias de rubros: ‘NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN.’ y ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.’, pues al argüir que el precepto combatido es inconstitucional, dado que impide a los gobernados que fueron sentenciados por un delito grave, reinsertarse completamente a la sociedad por dificultarse que se les otorgue un empleo o realicen trámites administrativos, no se estaba refiriendo a una situación personal, sino que tal concepto de violación se encaminó a poner en evidencia que se afecta a todas las personas que se encuentren en la misma circunstancia, lo que además se refiere a finalidad específica del precepto que se tildó de inconstitucional.
"Ahora bien, debe destacarse que de la exposición de motivos transcrita, no se advierte que al establecer la prohibición que aquí se combate, el legislador estatal haya perseguido un objetivo distinto al de adecuar la ley penal local al contenido del artículo 18 constitucional, ni se desprende por qué consideró que únicamente de esa forma podría alcanzarse el fin de la norma, consistente en lograr la plena reinserción social, familiar y laboral de la persona.
"Al respecto, cabe destacar que no pasa inadvertida para este tribunal, la circunstancia de que la fundamentación y la motivación de las leyes, no necesariamente debe advertirse de la exposición de motivos correspondiente, ya que pueden deducirse del precepto correspondiente, porque el requisito de fundamentación se satisface cuando la autoridad legislativa actúa dentro de los límites de sus atribuciones constitucionales y la motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente.
"Por tanto, dicha fundamentación y motivación de las normas, debe ser valorada por el órgano de control constitucional, ya sea con base en lo expuesto en el proceso legislativo correspondiente o bien, con el propio texto de la ley, para contar con elementos suficientes que le permitan pronunciarse sobre la constitucionalidad del precepto combatido.
"Apoya a las anteriores consideraciones, en lo conducente, la siguiente tesis:
"‘Novena Época.
"‘Registro: 167712.
"‘Instancia: Segunda Sala.
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
"‘Tomo XXIX, marzo de 2009.
"‘Materia: constitucional.
"‘Tesis: 2a. XXVII/2009.
"‘Página: 470.
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LEYES QUE DAN TRATO DESIGUAL A SUPUESTOS DE HECHO EQUIVALENTES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LO ESTABLEZCA.’ (se transcribe)
"No obstante, el párrafo cuarto del artículo 124 BIS del Código Penal para el Estado de Querétaro, que se tildó de inconstitucional, únicamente establece que ‘no prescribirán los antecedentes penales derivados de los procesos seguidos por delitos graves’, por lo que del texto de la norma tampoco es factible desprender que dicha porción normativa tenga una finalidad diversa a la de observar el contenido del artículo 18 constitucional.
"Al respecto, es conveniente destacar que no pasa inadvertida para este tribunal, la circunstancia de podría llegar a pensarse que la prohibición sobre la eliminación de registros derivados de los delitos graves, se genera por la necesidad de que tales ilícitos se castiguen con una mayor severidad, por el grado de afectación que producen y además de que subsistan permanentemente tales antecedentes para salvaguardar a la sociedad y advertir sobre las conductas desplegadas con anterioridad por una persona, para así evitar que ésta cometa nuevos delitos.
"Sin embargo, dicha apariencia se desvanece al tomar en cuenta por una parte que, tal como lo aduce el quejoso, los registros de las personas para conocer si han cometido algún delito y en su caso, si han sido condenadas por alguno de ellos, que son conocidos como antecedentes penales, no son propiamente una pena, por no estar así establecido en el artículo 27 del Código Penal Local; de modo que, no pueden constituir en forma alguna, un medio para que se castigue con mayor severidad la comisión de un delito grave.
"Apoya a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis del contenido siguiente:
"‘Octava Época.
"‘Registro: 207155.
"‘Instancia: Tercera Sala.
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
"‘Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990.
"‘Materia: penal.
"‘Tesis: LII/90.
"‘Página: 169.
"‘IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO. NO CONSTITUYE UNA PENA INFAMANTE Y TRASCENDENTAL.’ (se transcribe)
"Por otra parte, debe tomarse en cuenta que, como ya se indicó, en la exposición de motivos correspondiente, el legislador local manifestó que la introducción de la figura de la prescripción de los antecedentes penales, tenía la finalidad expresa de lograr la plena reinserción social, familiar y laboral de las personas, conforme al contenido del artículo 18 de la Constitución Federal que en sus párrafos primero y segundo, establece lo siguiente:
"‘Artículo 18.’ (se transcribe)
"En lo conducente, de la disposición constitucional reproducida, se advierte que el sistema penitenciario del país se debe organizar con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para éste, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr ‘la reinserción del sentenciado a la sociedad’ y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevean las leyes aplicables.
"Lo anterior resulta relevante, porque al abandonarse el concepto de la ‘readaptación social’ para asumir el de la ‘reinserción del sentenciado a la sociedad’, se genera un cambio significativo, pues ahora se reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de tal forma que la finalidad de la pena de prisión cambió radicalmente, pues ya no se intentará ‘readaptar’ al sentenciado, sino regresarlo o ‘reinsertarlo’ plenamente a la vida en sociedad, a través de diversos medios de transformación, tanto del entorno como de la persona privada de su libertad.
"Orienta a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia siguiente:
"‘Décima Época.
"‘Registro: 2005105.
"‘Instancia: Pleno.
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
"‘Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I.
"‘Materia: constitucional.
"‘Tesis: P./J. 31/2013 (10a.)
"‘Página: 124.
"‘REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe artículo)
"Cabe destacar, que en congruencia con el contenido del artículo constitucional referido, el legislador local adoptó también el concepto de reinserción social, como finalidad de la sanción de los delitos, pues así se desprende del artículo 29 de la ley penal local, que establece:
"‘Artículo 29.’ (se transcribe)
"Ahora bien, dicho cambio de paradigma en el sistema penal mexicano adquiere mayor relevancia para el presente asunto, al tomar en cuenta el contenido de los diversos artículos 1o., 14, tercer párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Federal, que prevén lo siguiente:
"‘Artículo 1o.’ (se transcribe)
"‘Artículo 14.’ (se transcribe)
"‘Artículo 22.’ (se transcribe)
"Como puede observarse, el artículo 1o. constitucional, reconoce y protege la dignidad de la persona que constituye la base de todos los derechos humanos, además de que prohíbe toda discriminación que atente contra aquélla y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; de tal forma que también al reconocerse la autonomía del ser humano, se proscribe implícitamente el uso del poder punitivo del Estado para sancionar la personalidad o la ausencia de determinadas cualidades, porque el derecho penal se encuentra limitado a juzgar actos, por lo que no es válido de ninguna forma discriminar injustificadamente a los gobernados.
"Por su parte, el párrafo tercero del numeral 14 de la Ley Fundamental, prevé que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no se establezca en una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, por lo que es evidente que el derecho penal únicamente puede prohibir y castigar la comisión de conductas específicas, no así la personalidad de un sujeto, lo que debe adminicularse con el contenido del artículo 22, primer párrafo, constitucional, que prohíbe la imposición de penas inusitadas, pues corrobora que no resulta factible que las marcas o etiquetas a la personalidad tengan incidencia en las sanciones.
"De modo que, el paradigma del ‘derecho penal del acto’, fue acogido en el orden jurídico nacional, al igual que el de la ‘reinserción social’ como finalidad de las penas, de manera que el hecho de que el constituyente permanente haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, genera la convicción de que nuestro sistema ahora se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades, máxime que el abandono del término ‘delincuente’ también pone en evidencia la intención de eliminar cualquier vestigio de un ‘derecho penal de autor’, que permita la estigmatización de quien ha cometido un delito.
"Sirven de apoyo a las anteriores consideraciones, las jurisprudencias siguientes:
"‘Décima Época.
"‘Registro: 2005918.
"‘Instancia: Primera Sala.
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
"‘Libro 4, marzo de 2014, Tomo I.
"‘Materia: constitucional.
"‘Tesis: 1a./J. 21/2014 (10a.)
"‘Página: 354.
"‘DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).’ (se transcribe)
"‘Décima Época.
"‘Registro: 2005883.
"‘Instancia: Primera Sala.
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
"‘Libro 4, marzo de 2014, Tomo I.
"‘Materia: penal.
"‘Tesis: 1a./J. 19/2014 (10a.)
"‘Página: 374.
"‘DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS.’ (se transcribe)
"En ese sentido, válidamente puede concluirse que, la prohibición sobre la eliminación de los antecedentes derivados de los delitos graves, por una parte, no puede tener la finalidad de que tales ilícitos se castiguen con una mayor severidad, porque como ya se indicó, esos registros no tienen la naturaleza de una pena y además, por otro lado, tampoco podría justificarse con la supuesta necesidad de que los antecedentes subsistan de manera indefinida para salvaguardar a la sociedad y advertir sobre las conductas desplegadas por una persona, para así evitar que esta cometa nuevos delitos, pues de esa forma se estaría sancionando a la persona y no el hecho cometido, lo que sería contrario a los paradigmas actuales del derecho penal sobre la ‘reinserción social’ y del ‘derecho penal del acto’.
"De modo que, también asiste razón al inconforme, al aducir básicamente que no es correcta la consideración de la sentencia recurrida, relativa a que la prohibición sobre la prescripción de los antecedentes derivados delitos no graves se justifica, porque es una ‘circunstancia objetiva que refleja diferentes supuestos’, pues con tal porción normativa se contraviene la finalidad perseguida con el resto de la disposición legal de referencia, que es adecuar la ley penal local, respecto a la cancelación de registros penales, al contenido del artículo 18 constitucional para que pueda reinsertarse completamente a una persona a la vida social, familiar y laboral.
"Máxime que tal como lo aduce el recurrente, las consecuencias de la comisión de un delito grave, ya fueron sufridas por la persona dentro del proceso seguido en su contra, pues no tuvo derecho a la libertad bajo caución, se le impuso una sanción mayor y no tuvo acceso a los beneficios de la pena condicional y alternativa.
"Además, no debe perderse de vista que la posibilidad de solicitar la prescripción de los antecedentes penales se genera de manera instantánea, sino que se actualiza después de que haya transcurrido un plazo igual al que correspondió a la pena de prisión, que en ningún caso puede ser menor de tres años, y cuando no se hubiere impuesto pena privativa de libertad, prescribirá en dos años, plazo que empezará a correr a partir de que cause ejecutoria la sentencia, conforme al párrafo primero del artículo 124 BIS del Código Penal Local.
"De modo que, el párrafo cuarto del artículo 124 BIS del Código Penal para el Estado de Querétaro se aleja de lo dispuesto en el numeral 18 de la Constitución Federal, al impedir la reinserción plena de la persona, una vez que cubrió su deuda social mediante la compurgación o extinción de las penas o medidas de seguridad impuestas, pues de esa forma se le seguirá juzgado socialmente por conductas superadas, lo que es contrario a la finalidad perseguida por el legislador estatal, por lo que debe considerarse que la porción normativa que se combate resulta inconstitucional.
"Consecuentemente, al estar basada en la norma combatida, debe considerarse que también es inconstitucional la resolución reclamada de veintidós de mayo de dos mil catorce, dictada por el agente del Ministerio Público Responsable del Departamento de Antecedentes Penales, dependiente de la Dirección de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, en el cuaderno **********, únicamente en la parte en la que se negó la cancelación del antecedente relativo al proceso penal **********, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, con sede en Querétaro, Querétaro, por derivar de la comisión de un delito grave.
"Por tanto, procede revocar la sentencia recurrida para ahora conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para los siguientes efectos:
"I. Que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, el párrafo cuarto del artículo 124 BIS del Código Penal para el Estado de Querétaro, que prevé que la improcedencia de la prescripción de los antecedentes penales derivados de la comisión de delitos graves, por lo que no podrá aplicarse en su perjuicio dicha porción normativa en el presente ni en el futuro.
"II. Que el agente del Ministerio Público responsable deje insubsistente la resolución reclamada dictada el veintidós de mayo de dos mil catorce, en el cuaderno **********;
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26053-78ece5ab/antecedentes-penales-derivados-de-los-procesos-seguidos-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ANTECEDENTES PENALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS GRAVES. EL ARTÍCULO 124 BIS, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL ESTABLECER LA E (ACLARACIÓN DE JURISPRUDENCIA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AGRAVIOS FUNDADOS PERO INOPERANTES EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNA LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, POR ((V Región)5o.21 K (10a.))
- NORMAS PENALES. LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEBE BASARSE EN LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO. (1a. XLIV/2003)
- AMPARO DIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PARA SU IMPUGNACIÓN, CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN CONCRETO DE LA DISPOSICIÓN NORMAT (1a. XLVI/2012 (10a.))
- DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y 10 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE (1a./J. 156/2022 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis