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AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. ASPECTOS A CONSIDERAR CUANDO SE PROMUEVE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA O DE CASACIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y ENVÍA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES AL JUEZ O TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES Y DE REPARACIÓN DEL DAÑO. AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA O DE CASACIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y ENVÍA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES AL JUEZ O TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES Y DE REPARACIÓN DEL DAÑO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 275/2021. · Registro digital (IUS): 30532
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, Pág.3185.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 275/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 9 DE FEBRERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día nueve de febrero de dos mil veintidós.

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis, suscitada entre los Plenos en Materia Penal del Primer y Cuarto Circuitos.

El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si procede el amparo directo contra las sentencias condenatorias –derivadas de procesos penales acusatorios– que revocan sentencias absolutorias y ordenan remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento para la individualización de las sanciones y de reparación del daño, así como las demás consecuencias jurídicas.

I. Antecedentes

1. Denuncia de la contradicción de tesis. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de octubre de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, denunció la contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado al resolver la contradicción de tesis 22/2019 y el criterio del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, al conocer de la diversa contradicción de tesis 3/2019.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis denunciada, admitirla a trámite y solicitar a la presidencia del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, la remisión vía digitalizada o en copia certificada, de la ejecutoria de su índice relativa al criterio en contienda e informara si se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

3. Asimismo, determinó turnar el expediente a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y se enviaron los autos a esta Primera Sala de su adscripción.

4. Avocamiento y recepción de constancias. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la presidenta de esta Primera Sala determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto y reiteró el requerimiento formulado el quince del mismo mes y año al Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito.

5. Por acuerdo de diecinueve de noviembre del mismo año se tuvo por recibida la comunicación del citado Pleno de Circuito, quien informó que se encontraba vigente su criterio y remitió vía electrónica la ejecutoria respectiva.

6. Finalmente, se ordenó la remisión de los autos a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

II. Competencia

7. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) 37, párrafo primero, 81, párrafo primero y 86, párrafo segundo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el punto segundo, fracción VII –aplicado en sentido contrario– del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, modificado mediante instrumentos normativos de nueve de septiembre de dos mil trece, veintiocho de septiembre de dos mil quince y cinco de septiembre de dos mil diecisiete.

8. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Plenos de diversos circuitos al resolver asuntos en materia penal, propios del conocimiento de esta Primera Sala; sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Legitimación

9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) ya que fue formulada por el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, órgano judicial que en la contradicción de tesis 22/2019 sustentó el criterio denunciado como contendiente en la presente contradicción de tesis.

IV. Criterios denunciados

10. Con el propósito de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, atendiendo a la cronología de la emisión de los criterios, resulta pertinente conocer –para su posterior análisis– el origen y las consideraciones en que se apoyaron las respectivas tesis denunciadas como contendientes.

11. A. El Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al conocer de la contradicción de tesis 22/2019, en sesión de seis de octubre de dos mil veinte, tomó en cuenta lo siguiente:

12. Antecedentes

• El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunció ante el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito la contradicción de criterios entre el sustentado por el mismo al resolver los amparos directos 208/2018, 65/2019 y 79/2019, contra las posturas forjadas por otros dos Tribunales Colegiados del mismo circuito.

• El criterio del denunciante (adoptado en las tres ejecutorias mencionadas) consistió en estimar improcedentes los amparos directos promovidos contra sentencias de apelación –surgidas de procesos penales acusatorios regidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales– que, revocando las absolutorias de primera instancia, determinaran condenar ante la acreditación del delito y la responsabilidad penal pero no individualizaran las sanciones por haber dispuesto reservar esa función a los respectivos tribunales de enjuiciamiento mediante la práctica de la respectiva audiencia de fijación de la punibilidad.

• Para ese Tribunal Colegiado, el motivo de la improcedencia obedeció a que las sentencias que participaran de las citadas características no podían reputarse como resoluciones definitivas en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, porque la falta de pronunciamiento en ellas sobre la individualización de sanciones evidenciaba que no habían juzgado a completitud los hechos delictivos.

• Contendió con ese criterio el concebido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la resolución del amparo directo 134/2018.

• Ahí se estimó procedente (sin emitir consideración particular al respecto) un amparo directo promovido contra una sentencia de segunda instancia –derivada de un proceso penal acusatorio regido por el Código Nacional de Procedimientos Penales– que a) revocó la absolutoria de primer grado, b) determinó acreditado el delito y c) dispuso que el tribunal de juicio individualizara las sanciones, previa celebración de audiencia de individualización de sanciones en términos del artículo 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Habiendo advertido vulneraciones a las reglas de la valoración probatoria, concedió el amparo para efecto de reparar tal yerro.

• Tocante a la procedencia del amparo directo, al resolver sobre la competencia del tribunal y estudiar el fondo del asunto, el Tribunal Colegiado sostuvo tangencialmente que la sentencia reclamada tenía carácter de resolución definitiva en términos del precepto 170, fracción I, de la Ley de Amparo.

• A esos criterios en contienda se sumó el adoptado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 174/2018.

• Ahí se decidió implícitamente que resultaba procedente la vía indirecta de amparo para escrutar la constitucionalidad de una sentencia de apelación –derivada de un proceso penal acusatorio regido por el Código Nacional de Procedimientos Penales– que revocó la absolutoria de primer grado para el efecto de que el tribunal de juicio oral a) dejara sin efecto la audiencia posterior al cierre de debate de juicio, b) citara nuevamente a las partes a la misma, para que posteriormente c) dictara sentencia "en reemplazo" donde, luego de efectuar un juicio de tipicidad bajo ciertos lineamientos, resolviera con plenitud de jurisdicción sobre la acreditación del delito.

• La razón por la que se consideró procedente la vía indirecta en términos del precepto 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo fue haber apreciado la sentencia reclamada como un acto de imposible reparación, por estimar que la mera posibilidad de agravar la situación jurídica del imputado, que entrañaba tal determinación, actualizaba una afectación a sus derechos sustantivos; particularmente el de la libertad.

• El Pleno en Materia Penal del Primer Circuito estimó que de la divergencia resultante de los tres criterios se advertían las condiciones propicias para trabar una contradicción de tesis, por lo que dispuso su conocimiento.

13. Consideraciones de la ejecutoria que contiene el criterio denunciado.

• El Pleno en Materia Penal del Primer Circuito determinó como puntos de toque entre los tres criterios contradictorios, las siguientes preguntas (planteadas en el orden que se presentan a continuación): 1) ¿la demanda de amparo contra sentencias penales de apelación que revocan una sentencia absolutoria y ordena devolver los registros al Tribunal de Enjuiciamiento para que resuelva temas respecto de la demostración del delito y/o responsabilidad penal, o bien para la individualización de sanciones debe tramitarse en la vía indirecta o directa? y 2) ¿el juicio de amparo sería procedente?

• Respecto de la primera cuestión, concluyó que la vía idónea para impugnar sentencias penales de apelación con la referida particularidad era la directa, enfatizando la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de amparos contra ellas.

• Dijo que ello obedecía a que esa clase de sentencias constituían decisiones definitivas en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo por resolver una porción de la litis central del proceso penal.

• Por cuanto al segundo cuestionamiento, determinó que resulta improcedente el amparo directo contra las sentencias penales que participaran de las condiciones analizadas.

• En esencia, para el Pleno de Circuito, lo anterior derivaba de que tales sentencias no resolvían la litis de manera completa, lo cual se contraponía con el diseño del juicio de amparo directo, cuya razón de ser –acorde a los artículos 107, fracción III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170 de la Ley de Amparo– era examinar la constitucionalidad de sentencias definitivas que resolvieran a completitud la litis del proceso penal, lo que, para el caso de sentencias de condena, comprendía la existencia del delito y la responsabilidad penal, así como la individualización de sanciones que, en el caso, habría de determinar el tribunal de primera instancia.

• En adición –sostuvo–, el amparo directo sería procedente hasta que se hubieran agotado los recursos ordinarios, contra la totalidad de consideraciones y determinaciones que integraran la sentencia de primera instancia. Ya que en el supuesto analizado no se estaba ante una sentencia completa o una sentencia en su concepción jurídica que implica una unidad en cuanto a la resolución de todos los puntos objeto de conflicto en el proceso penal, con la cual concluyera el proceso penal y, por tanto, no se agotaba la totalidad de la instancia, porque no se reasumió jurisdicción plena para determinar la culpabilidad del acusado o decretar las consecuencias jurídicas de dicha declaratoria, en tanto se indica que el Tribunal de Enjuiciamiento se pronuncie al respecto y que ese nuevo estudio puede ser impugnado a través de un diverso recurso de apelación.

• Adicionalmente, se sostuvo que estimar procedente el juicio de amparo directo en contra de ese tipo de resoluciones, daría lugar a que los Tribunales Colegiados de Circuito emitieran dos pronunciamientos sucesivos diversos respecto de un mismo proceso penal, no obstante, se tiene la encomienda de revisión integral del asunto.

• Entonces se concluyó que hasta que se hayan agotado los recursos ordinarios contra la totalidad de las consideraciones y determinaciones que integran la sentencia de primera instancia es que procedería el juicio de amparo directo.

• De lo anterior, derivó la jurisprudencia (inserta en la propia resolución, pero pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación) de contenido siguiente:

"AMPARO DIRECTO. SI BIEN ES LA VÍA PARA RECLAMAR LA SENTENCIA DE APELACIÓN EMITIDA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMER GRADO Y DIRIME DE FORMA DEFINITIVA, PERO PARCIAL, ASPECTOS QUE INTEGRAN LA LITIS DEL PROCESO PENAL, EL JUICIO SÓLO ES PROCEDENTE CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA SE PRONUNCIA SOBRE TODOS Y CADA UNO DE DICHOS TEMAS, ES DECIR, ACREDITACIÓN DEL DELITO, RESPONSABILIDAD PENAL Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

"Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron en torno a cuál es la vía del juicio de amparo (directo o indirecto), para conocer de la resolución de apelación, dictada en el sistema penal acusatorio, cuando el tribunal de alzada revoca una sentencia absolutoria y estima acreditada, en forma definitiva, ya sea parte del delito o la responsabilidad de la persona sentenciada y, en consecuencia, ordena la devolución de los registros correspondientes al Tribunal de Enjuiciamiento para que, en continuación de la audiencia respectiva, se pronuncie respecto de los temas no abordados en la apelación (otros elementos del delito, responsabilidad penal y/o individualización de sanciones). Adicionalmente, los tribunales contendientes, establecieron si el juicio de amparo (directo o indirecto) procede o no, contra una sentencia con dichas características, es decir, cuando sólo resuelve parcialmente los aspectos que integran la totalidad de la litis del proceso penal.

"Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Primer Circuito determina que el juicio de amparo directo, es la vía para reclamar la resolución de apelación emitida dentro del sistema de justicia penal acusatorio, que revoca la sentencia absolutoria de primer grado y dirime de forma definitiva, pero parcial, aspectos que integran la litis del proceso penal; si bien el amparo sólo será procedente cuando en la sentencia de apelación exista un pronunciamiento respecto de todos los temas que son materia del proceso penal, esto es, acreditación del delito, responsabilidad penal e individualización de sanciones.

"Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, procede el juicio de amparo directo para analizar la constitucionalidad de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. En materia penal, la sentencia definitiva es la determinación judicial, que previa valoración de pruebas y alegatos presentados por las partes concluye la instancia, mediante la declaratoria de absolución o condena de la persona acusada, supuesto éste en el cual, se pronuncia sobre la existencia de un acto u omisión sancionado por las leyes penales, que es jurídicamente reprochable por el Estado a la persona, y determina sus consecuencias jurídicas. Ahora bien, en el sistema de justicia penal acusatorio, cuando en la resolución de apelación se revoca la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento y se decide, en forma parcial, sobre la acreditación del delito y/o la responsabilidad del acusado, pero se reserva jurisdicción a dicho tribunal para que, en continuación de la audiencia respectiva, determine cualquiera de los demás temas o sólo las consecuencias jurídicas de la declaratoria de responsabilidad penal, la vía constitucional pertinente para su impugnación es el juicio de amparo directo y, en consecuencia, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para su conocimiento. Esto es así, porque dicha resolución de segunda instancia conlleva el pronunciamiento definitivo sobre aspectos que integran la litis principal del proceso penal, ya que, a partir del análisis de fondo de la controversia planteada por las partes, el tribunal de apelación dirimió al menos alguno de los aspectos centrales del juicio (delito y/o responsabilidad penal); de manera que debe descartarse la procedencia del juicio de amparo indirecto como medio de control constitucional, pues de conformidad con las normas que lo regulan, su objeto de estudio comprende cualquier acto de autoridad jurisdiccional, siempre que no se trata de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio. No obstante, cabe precisar que lo anterior no hace procedente el juicio de amparo directo sin más, pues para ello, será necesario esperar una nueva sentencia de apelación, en la que exista un pronunciamiento definitivo respecto de todos los temas que son objeto del proceso penal (acreditación del delito, responsabilidad penal y sus consecuencias jurídicas), pues sólo una decisión completa, que dirima íntegramente la instancia en lo principal, puede ser entendida como una sentencia definitiva, para los fines de su impugnación, en términos del invocado artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo."

14. B. Por su parte, el Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión de tres de noviembre de dos mil veinte resolvió la contradicción de tesis 3/2019, al tenor de lo siguiente:

15. Antecedentes

• El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito denunció ante el Pleno en Materia Penal de ese Circuito la contradicción de criterios entre el que sustentó al resolver el amparo directo 106/2019 (retomando lo resuelto en los amparos directos 60/2017 y 62/2017), contra el adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en la misma materia del mismo circuito, plasmado en su amparo directo 185/2015 (en reiteración de los amparos directos 68/2014 y 71/2014).

• El criterio del citado Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito fue declarar improcedente y, en consecuencia, desechar el amparo directo promovido contra una sentencia de apelación –emitida en un proceso penal del sistema acusatorio regido por el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León– que revocó la absolutoria de primer grado y reenvió la jurisdicción al Tribunal de Enjuiciamiento para que resolviera lo relativo a la individualización de las sanciones y la reparación del daño.

• La razón estribó en considerar que la última particularidad descrita ponía de manifiesto la irresolución de la totalidad de la litis del proceso penal (al faltar pronunciamiento sobre la imposición de las penas), lo cual –desde su óptica– era indicativo de que las sentencias que se encontraran en esa condición aun no habrían decidido el juicio en lo principal y, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, tampoco habrían puesto fin al mismo.

• Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito sostuvo que era procedente el amparo directo promovido contra una sentencia condenatoria de apelación –derivada de un proceso penal acusatorio regido por el Código Nacional de Procedimientos Penales– que revocara la absolutoria de primer grado y que estableciera un reenvío al Tribunal de Enjuiciamiento para efecto de individualizar las sanciones. • Estableció en esencia que ese tipo de sentencias revisten carácter definitivo por resolver el juicio en lo tocante a la acreditación del delito, que consideró el aspecto principal de toda sentencia de condena. Agregó que en nada afectaba a lo anterior el reenvío al tribunal de primera instancia para la individualización de sanciones, pues –a su criterio– ello constituía una delegación de jurisdicción y, en esa medida, no implicaba un resurgimiento de la primera instancia.

• Ante la divergencia de los criterios expuestos, el Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito estimó que se reunían las condiciones necesarias para fincar la contradicción de tesis.

16. Consideraciones de la ejecutoria que contiene el criterio denunciado.

• Estableció la existencia de la contradicción de tesis, no obstante, la legislación procesal en la que se sustentaron los respectivos procedimientos penales que constituyeron el acto reclamado en los amparos directos, pues se estimó que en lo relevante para la resolución del caso, tanto el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León –aplicable a los procesos penales orales y acusatorios seguidos bajo su vigencia– como el Código Nacional de Procedimientos Penales, guardaban similitud.

• Fijó como punto de contacto a dilucidar el relativo a determinar si las sentencias de apelación –derivadas de procesos penales acusatorios– que revocan sentencias absolutorias y ordenan remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento para la celebración de la audiencia de individualización de sanciones, reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito, pueden considerarse como sentencias definitivas para efectos del juicio de amparo directo.

• Para dar contestación, centró su análisis en la definición del concepto "sentencia definitiva" como elemento indispensable para dar procedencia al amparo directo, conforme a los cánones del artículo 170 de la Ley de Amparo.

• De ello dijo que, a lo largo de la historia, la Suprema Corte ha entendido el juicio como un procedimiento contencioso condicionado a la existencia de un litigio, es decir, un conflicto entre partes.

• Particularmente, en el caso de las sentencias condenatorias –derivadas de procesos penales acusatorios– que revocan sentencias absolutorias y ordenan remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento para la celebración de la audiencia de individualización de sanciones, dijo que el solo pronunciamiento que declara la existencia del delito y responsabilidad basta por sí mismo para resolver el juicio en lo principal, pues jurídica y materialmente entraña una decisión que declara desvirtuada la presunción de inocencia, como consecuencia de haber ponderado el material probatorio aportado en el proceso por el Ministerio Público.

• Además, consideró de importancia el hecho de que esa determinación (sobre la existencia del delito) hubiera sido emitida por una autoridad de segunda instancia, y contra la que no procedía recurso alguno para revocarla o modificarla.

• De ahí que –abundó– el hecho de que tal sentencia careciera de pronunciamiento sobre la individualización de las penas no fuera óbice para considerarla como una sentencia definitiva para efectos de la procedencia del amparo directo, por considerar que esos temas no eran antecedente sino consecuencia de la decisión principal, por lo que de ser acertada la decisión sobre la demostración del delito y la responsabilidad penal daría lugar a la individualización, pero de no ser correcto impediría este último pronunciamiento.

• En esa misma línea de ideas, abundó que la devolución del expediente al Tribunal de Enjuiciamiento no implicaba un resurgimiento de la primera instancia, sino tan sólo una delegación de la jurisdicción para que aquél resolviera sobre las consecuencias de la declaratoria de existencia delictiva porque el tribunal de alzada carecía de los elementos para ello.

• Sobre lo cual abundó al referir que no se alteraba el principio de unidad de las sentencias, porque lo relativo a la individualización de sanciones, reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito, se llevaba a cabo en otra audiencia en la que se decidía con base en pruebas distintas.

• También reflexionó que llegar a estimar idónea la vía indirecta de amparo para combatir ese tipo de sentencias penales, implicaría concebirlas como actos emitidos dentro de juicio, corriendo el riesgo de considerarlas como determinaciones no susceptibles de afectar directa e inmediatamente la libertad personal de la persona justiciable, pues bajo esa lógica, tal impacto se concretaría hasta que se individualizaran las sanciones, lo cual dejaría en estado de indefensión a las personas justiciables para cuestionar las consideraciones de hecho y de derecho esgrimidas por el tribunal de apelación en los temas concernientes a la acreditación del delito y la responsabilidad.

• Por último, indicó que se buscaba dar eficacia al juicio de amparo directo, porque de lo contrario se afectaría la situación de los quejosos que con motivo de la revocación de la sentencia absolutoria, ahora se encontraba bajo una medida cautelar, inclusive la relativa a la restricción de la libertad personal.

• Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia PC.IV.P. J/4 P (10a.),(3) de contenido siguiente:

"JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y EN SU LUGAR DECRETA LA CONDENATORIA Y ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DEL JUICIO ORAL DE ORIGEN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES, REPARACIÓN DEL DAÑO Y DEMÁS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL DELITO, POR SER UNA SENTENCIA DEFINITIVA. De conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos que decidan el juicio en lo principal, o bien, contra resoluciones que pongan fin al juicio, esto es, que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Ahora bien, la determinación del tribunal de segundo grado que revoca una sentencia absolutoria y, en su lugar, decreta la condenatoria y ordena remitir el expediente al tribunal del juicio oral de origen (conformado por distintos Jueces), para que éstos continúen con la secuela del procedimiento, es decir, para que celebren la audiencia de individualización de sanciones, reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito, de acuerdo con el artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (abrogado), y que igualmente contempla el arábigo 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una resolución que decide el juicio en lo principal, pues jurídica y materialmente contiene la decisión de haber quedado desvirtuada la presunción de inocencia a través de la ponderación del material probatorio aportado por el Ministerio Público para demostrar a cabalidad los elementos del delito y la responsabilidad penal del enjuiciado en su comisión, los cuales constituyen presupuestos básicos de toda sentencia condenatoria; y contra la cual, las normas que regulan el acto, no prevén algún recurso ordinario en su contra; en tanto que la individualización de las sanciones, la reparación del daño y las demás consecuencias del delito son aspectos accesorios; de ahí que sí puede ser combatida en la vía de amparo directo."

V. Existencia de la contradicción de tesis

17. Importa recordar que, de acuerdo con el criterio de esta Suprema Corte, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Máximo Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho que debe ser dilucidado en jurisprudencia para dar seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias que se presentaran en los casos que generaron esos criterios fueran relevantes para su determinación en los problemas jurídicos resueltos.(4)

18. Lo anterior, también resulta aplicable para la contienda de criterios emitidos por los Plenos de Circuito de distintos circuitos, prevista en el artículo 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

19. En el caso, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al conocer de una contradicción de tesis esencialmente dirigida a dilucidar si procedía el amparo directo contra las sentencias condenatorias –derivadas de procesos penales acusatorios– que revocaran sentencias absolutorias y ordenaran remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento para que, vía audiencia correspondiente, se pronunciara respecto de los temas no abordados en la apelación, como eran otros elementos del delito, responsabilidad penal y/o individualización de las sanciones y la reparación del daño, determinó que no, por estimar que esa clase de resoluciones no resuelven en su totalidad la litis del proceso penal acusatorio.

20. Por su parte, el Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, al conocer de una contradicción de tesis encaminada a determinar si procedía la vía directa de amparo contra las sentencias condenatorias –derivadas de procesos penales acusatorios– que revocaran sentencias absolutorias y ordenaran remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento para que, previa celebración de la audiencia correspondiente, individualizara las sanciones y la reparación del daño, determinó que sí, por estimar que aunque esa clase de pronunciamientos no resuelve en su totalidad la litis del proceso penal acusatorio, sí responde su planteamiento principal, que es el cuestionamiento sobre la acreditación del delito; ubicando así al régimen de imposición de sanciones como un elemento accesorio a aquél.

21. Los elementos relatados evidencian que sí existe la contradicción de tesis en los aspectos referidos, porque ambos Plenos de Circuito en Materia Penal, al resolver asuntos sometidos a su consideración, realizaron un ejercicio interpretativo y convergen sobre un mismo punto de derecho consistente en dilucidar si es pro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30532-429f8ef3/amparo-directo-en-materia-penal-aspectos-a-considerar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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