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Modo: Corpus Pro

AMPARO ADHESIVO EN MATERIA PENAL. EL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE APELACIÓN RESPONSABLE, NO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 331/2017. · Registro digital (IUS): 28594
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-04-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Pág. 629.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 331/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 3 DE OCTUBRE DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.

5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II,(3) en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

6. TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, al emitir sus resoluciones.

I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (amparo directo **********).

7. Por acuerdo de presidencia de catorce de febrero de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo promovida por el sentenciado Óscar Lupercio Chávez contra la sentencia definitiva de diecinueve de enero de dos mil doce, emitida en el toca penal ********** del índice de la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

8. La agente del Ministerio Público adscrita a la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovió amparo adhesivo con la finalidad de que subsistiera el acto reclamado.

9. En sesión de veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado emitió resolución en la que concedió el amparo a Óscar Lupercio Chávez, para el efecto de que las declaraciones ministeriales, incluidas la confesión, tanto del quejoso como de sus coinculpados, fueran excluidas de toda valoración al momento de emitir una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, para lo cual debería tomar en cuenta el resto del material probatorio que obraba en autos, en la inteligencia que de llegar a considerar al quejoso penalmente responsable, no podría agravar las penas que inicialmente le fueron impuestas.

10. Por otra parte, el Tribunal Colegiado declaró infundado el amparo adhesivo promovido por la representación social adscrita a la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el que argumentó que no se violó el derecho de debida defensa del quejoso y, por tanto, debía convalidarse su confesión emitida mediante declaración ministerial; ello –consideró el Tribunal Colegiado– porque no podía convalidarse un acto ni sus consecuencias jurídicas, si existía una violación al artículo 20 constitucional.

11. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada III.2o.P.120 P (10a.),(4) de título, subtítulo y texto:

"AMPARO ADHESIVO EN MATERIA PENAL. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLO, AL TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE PARTE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Del artículo 182 de la Ley de Amparo se advierte que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán promover amparo adhesivo al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. Numeral que no establece distinción alguna tratándose del representante social, el cual, si bien, por regla general, no puede promover el amparo directo en lo principal, al tener reconocido el carácter de parte en el juicio constitucional, de conformidad con el artículo 5o., fracción IV, de la ley de la materia, y ante la emisión de una sentencia que resulta favorecedora para la sociedad de quien es representante, resulta indiscutible su interés en que subsista el sentido controvertido, dado también su carácter de parte en un juicio natural penal, de lo que se colige su legitimación para promover el amparo adhesivo."

II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (amparo directo **********).

12. Por auto de presidencia de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo promovida por el sentenciado Emmanuel Del Valle Méndez contra la sentencia definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil quince, emitida en el toca penal ********** del índice de la Primera Sala Penal con residencia en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; asimismo, se tuvo con el carácter de tercero interesado a la víctima del delito representada por su madre, así como al agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal.

13. Mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se admitieron a trámite los amparos adhesivos promovidos por la madre de la víctima y por las agentes del Ministerio Público adscritas a la Dirección General de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y a la Primera Sala Penal con residencia en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

14. El veinticinco de agosto del año en curso, se ordenó dar vista en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, a la parte adherente agentes del Ministerio Público adscritas a la Dirección General de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y a la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XII (falta de interés jurídico), del mismo ordenamiento legal, para que en el plazo de tres días se pronunciaran al respecto.

15. En sesión de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado emitió resolución en la que sobreseyó los amparos adhesivos en comento, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5o., 6o., 7o. y 182, todos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes:

a. Se señaló que la representación social carecía de legitimación para promover los amparos adhesivos, porque en términos de la Constitución Federal y la Ley de Amparo, tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, en forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; y, por último, que la Federación, los Estados, el anteriormente denominado Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes, siempre y cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

b. Indicó que la reforma al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, de seis de junio de dos mil once, se estableció la institución del amparo adhesivo, la que fue regulada en la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

c. En ese tenor, el amparo adhesivo puede ser promovido por cualquier persona que tuvo participación en el juicio, esto es, el que haya obtenido una sentencia favorable y, consecuentemente, con un interés en que subsista el acto reclamado.

d. Precisó que de la lectura a la exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de decreto que reformó, entre otros, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (seis de junio de dos mil once), se advertía que dicha reforma tuvo por objeto garantizar el acceso a la justicia, adoptando medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias, lo que ocurría cuando la parte que no obtuvo resolución favorable en un procedimiento seguido en forma de juicio, promueve amparo directo en contra de dicho acto. Cuando se le concede la protección federal solicitada, la autoridad responsable emite un nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual puede resultar ahora desfavorable para la contraparte que no estuvo en posibilidad de acudir inicialmente al juicio de garantías, por haber obtenido sentencia favorable a sus intereses y se veía en la necesidad de promover un amparo directo independiente.

e. Así, la institución del amparo adhesivo permite que la parte que obtuvo sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, pueda presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, cuyos conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan con un punto decisorio que le perjudica; asimismo, se le impone la carga de invocar todas aquellas violaciones procesales que se hayan cometido en el procedimiento de origen, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que, respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa.

f. Se precisó que si bien de la interpretación literal del artículo 182 de la Ley de Amparo, pudiera considerarse que el amparo adhesivo en materia penal lo puede promover el representante social adscrito al órgano jurisdiccional responsable, en su carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo, por el simple hecho de haber sido parte en el proceso penal y tener interés jurídico en que subsista el acto reclamado en la forma que fue dictado, dado su carácter de órgano acusador, no debe soslayarse que tal disposición no debe interpretarse aisladamente sino sistemáticamente con el numeral 5o., fracción I, de la ley de la materia, que establece que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la citada legislación y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

g. A mayor abundamiento –precisó el Tribunal Colegiado– la institución jurídica del juicio de amparo, se prevé como un medio de defensa a favor de los particulares contra los actos de autoridad que, en su opinión, transgredan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la propia Norma Fundamental. Tales derechos y garantías constituyen restricciones al poder público, en tanto reconocen los derechos elementales a favor de los gobernados y, en contrapartida, la obligación de las autoridades de adecuar a tales prerrogativas los actos que emitan en el ejercicio de sus funciones.

h. Así, el Ministerio Público, como institución inserta dentro del Poder Ejecutivo y, por tanto, bajo la personalidad jurídica del Estado, no es titular ni goza de esos derechos y, por regla general, no está legitimado para promover juicio de garantías (salvo la excepción establecida en el artículo 7o. de la ley de la materia). De ahí que, por mayoría de razón, tampoco es factible que pueda promover amparo adhesivo.

i. Aclaró que no era óbice que del artículo 5o., fracciones III, inciso e) y IV, de la Ley de Amparo, se advirtiera que en el juicio de amparo el Ministerio Público tiene el carácter de parte desde dos vertientes: a) como tercero interesado, a cargo del representante social que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable y, b) el adscrito al tribunal de amparo, en donde su legitimación está limitada a la interposición de los recursos que señala la ley de la materia.

j. Empero, el Ministerio Público adscrito al tribunal de apelación responsable, no tiene legitimación para ejercitar la acción de amparo adhesivo en su carácter de tercero interesado por haber intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, pues dicha figura goza de la misma naturaleza que el juicio de amparo principal (al existir identidad jurídica sustancial entre ambos), esto es, como un medio de control constitucional, cuya finalidad es restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos y, con ello, restablecer el orden constitucional vulnerado por un acto de autoridad, siendo que el Ministerio Público no puede ser quejoso en términos del citado artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo; y por lo que respecta a la segunda hipótesis, el representante social adscrito a un Tribunal Colegiado de Circuito, está limitado a interponer los recursos en el juicio de amparo en los casos y con las restricciones que establece la ley.

16. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada II.2o.P.23 K (10a.),(5) de título, subtítulo y texto:

"AMPARO ADHESIVO EN MATERIA PENAL. LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 182, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 5o., 6o. Y 7o., TODOS DE LA LEY DE LA MATERIA). El artículo 182 de la Ley de Amparo establece que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, y que éste se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal. De lo anterior pudiera considerarse que el amparo adhesivo en materia penal lo puede promover el representante social adscrito al Tribunal Colegiado de Circuito o al órgano jurisdiccional responsable, en su carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo, por el simple hecho de haber sido parte en el proceso penal y tener interés jurídico en que subsista el acto reclamado en la forma en que fue dictado, dado su carácter de órgano acusador; sin embargo, tal disposición no debe interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente con los numerales 5o., 6o. y 7o. de la propia ley, que establecen quién tiene el carácter de quejoso y quiénes pueden promover el juicio constitucional, advirtiéndose como dato relevante que la Federación, los Estados, el anteriormente denominado Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública, podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Bajo ese contexto, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo es un medio de defensa a favor de los particulares contra los actos de autoridad que, en su opinión, transgredan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la propia Norma Fundamental. Tales derechos y garantías constituyen restricciones al poder público, en tanto que reconocen los derechos elementales a favor de los gobernados y, en contrapartida, la obligación de las autoridades de adecuar a tales prerrogativas los actos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Luego, como en esencia, la finalidad de los derechos humanos y las garantías individuales es limitar al poder público y salvaguardar los derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que, el Ministerio Público, como institución inserta dentro del Poder Ejecutivo y, por tanto, bajo la personalidad jurídica del Estado, no es titular ni goza de esos derechos y, por regla general, no está legitimado para promover el juicio de amparo (salvo la excepción establecida en el artículo 7o. mencionado); de ahí que, por mayoría de razón, tampoco es factible que pueda interponer amparo adhesivo."

17. CUARTO.—Existencia de la contradicción. En principio, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que tales criterios se sostengan a través de tesis jurisprudenciales.

18. Más bien, por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(6) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)

19. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

20. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.

21. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

22. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

23. Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

24. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.

Primer requisito: Arbitrio judicial.

25. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al dictar su fallo analizó los argumentos que formuló en el amparo adhesivo la agente del Ministerio Público adscrita a la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y lo declaró infundado, lo que evidencia que reconoció la legitimación de la representación para promover dicho amparo adhesivo.

26. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sobreseyó el amparo adhesivo promovido por las agentes del Ministerio Público adscritas a la Dirección General de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y a la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5o., 6o., 7o. y 182, todos de la Ley de Amparo.

27. Lo anterior, al estimar que el Ministerio Público carece de legitimación para promover el amparo adhesivo, porque si bien el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, le confiere el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo, no es el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, por lo que no resiente una afectación real y actual a su esfera jurídica, para que esté en aptitud de adherirse al amparo principal.

28. Precisó que si el Ministerio Público no está legitimado para promover juicio de amparo (salvo la excepción establecida en el artículo 7o. de la ley de la materia), por mayoría de razón, tampoco es factible que pueda promover amparo adhesivo.

29. Consideró que el Ministerio Público adscrito al tribunal de apelación responsable, no tiene legitimación para ejercitar la acción de amparo adhesivo en su carácter de tercero interesado por haber intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, pues dicha figura goza de la misma naturaleza que el juicio de amparo principal (al existir identidad jurídica sustancial entre ambos); esto es, como un medio de control constitucional, cuya finalidad es restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos y, con ello, restablecer el orden constitucional vulnerado por un acto de autoridad, siendo que el Ministerio Público no puede ser quejoso en términos del citado artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo.

Segundo requisito: Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico.

30. Como puede advertirse, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resolvieron una cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, ya que en los referidos amparos determinaron lo conducente respecto a si el Ministerio Público adscrito al tribunal de apelación responsable, tiene legitimación para ejercitar la acción de amparo adhesivo en su carácter de tercero interesado por haber intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado.

31. En ese tenor, el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados se realizó sobre una misma problemática jurídica; sin embargo, adoptaron criterios jurídicos discrepantes.

32. Para el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito la agente del Ministerio Público adscrita a la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, tiene legitimación para promover el amparo adhesivo.

33. En tanto que, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, determinó que la representación social carece de legitimación para promover el amparo adhesivo, por lo que decretó su sobreseimiento.

34. Bajo esa línea argumentativa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que los Tribunales Colegiados efectuaron un ejercicio interpretativo sobre los mismos puntos jurídicos y arribaron a conclusiones diferentes.

Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

35. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que conduzca a emitir un criterio sobre los tópicos respecto de los que se formuló la denuncia.

36. Sin que pase inadvertido que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (amparo directo **********), al emitir su tesis aislada III.2o.P.120 P (10a.),(8) haya hecho referencia al Ministerio Público de la Federación, en los siguientes términos (rubro): "AMPARO ADHESIVO EN MATERIA PENAL. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLO, AL TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE PARTE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL."; sin embargo, debe acudirse a la ejecutoria pronunciada en el amparo directo **********, de la que se advierte que el análisis realizado fue respecto de la legitimación del representante social adscrito a la Sala responsable.(9)

37. Razón por la cual, dicho Tribunal Colegiado no se pronunció sobre la legitimación del Ministerio Público de la Federación en su condición de parte en términos de la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo, por el contrario, los tribunales contendientes determinaron lo conducente respecto a si el Ministerio Público adscrito al tribunal de apelación responsable, tenía legitimación para ejercitar la acción de amparo adhesivo en su carácter de tercero interesado por haber intervenido en el procedimiento penal del que derivó el acto reclamado.

38. A partir de todo lo anterior, se advierte que frente a esa disyuntiva jurídica, la divergencia de criterios se actualiza respecto del siguiente cuestionamiento: ¿El Ministerio Público adscrito al tribunal de apelación responsable, tiene legitimación para ejercitar la acción de amparo adhesivo en su carácter de tercero interesado por haber intervenido en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado?

39. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que esencialmente se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.

40. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer, como jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan:

41. Por cuestión metodológica es necesario efectuar algunas precisiones en torno al amparo adhesivo, particularmente cuáles son los presupuestos procesales y las partes legitimadas para promoverlo.

42. Al resolver la contradicción de tesis 136/2014,(10) esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la acción de amparo adhesivo, como cualquier otra petición de la prestación de la actividad jurisdiccional o derecho de obrar procesal, tiene presupuestos o condiciones procesales de los cuales depende la obligación actual y concreta del tribunal de amparo de pronunciarse sobre el fondo de los argumentos planteados.

43. Indicó que la procedencia de la acción de amparo adhesivo constituye un presupuesto procesal insuperable, el cual se configura a partir de las cualidades personales del adherente (capacidad para ser parte, personalidad y legitimación procesal) y del órgano jurisdiccional (competencia), así como a la observancia de determinadas formas en la realización de los actos procesales correspondientes (oportunidad y cumplimiento de los requisitos formales mínimos del escrito de amparo adhesivo).

44. Se aclaró que en el amparo adhesivo, para que los tribunales federales estén en aptitud

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28594-830611a4/amparo-adhesivo-en-materia-penal-el-ministerio-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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