Corpus
Modo: Corpus Pro

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 411/2014. · Registro digital (IUS): 27133
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-05-26
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉC
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Pág. 309.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 411/2014. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).",(1) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.

5. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia proviene de parte legitimada para ello, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, quienes emitieron uno de los criterios que integran la posible divergencia de criterios.

6. TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, al emitir sus resoluciones:

A) Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

7. Conoció del recurso de revisión **********, interpuesto por el agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, en contra de la sentencia de tres de septiembre de dos mil catorce, dictada en el juicio de amparo indirecto **********, en el que se concedió la protección de la Justicia Federal a **********, por falta de fundamentación y motivación de la orden de aprehensión, de doce de agosto de dos mil trece, emitida en la causa penal **********, del índice del Juzgado del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

8. El referido Tribunal Colegiado resolvió el recurso de revisión el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, en el sentido de que el agente del Ministerio Público Federal recurrente carecía de legitimación sustancial para acudir al recurso con la finalidad de reparar algún agravio que le causara la sentencia recurrida, que, como requisito material de procedencia, establecen los artículos 107, fracción XV, constitucional, así como 5o., fracción IV, y 88 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), derivado de que la concesión de amparo no incide en la esfera de sus facultades específicas.

9. Precisó que, si bien contaba con legitimación procesal para interponer los recursos que señala la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), conforme a su artículo 5o., fracción IV, porque esa representación le está encomendada por mandato constitucional, esa facultad está condicionada a que la resolución que pretenda combatir le genere un agravio o real afectación al interés público, como lo dispone el artículo 107, fracción XV, de la Constitución, y 88, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que en el recurso de revisión se deberán expresar los agravios que depare la resolución o sentencia impugnada.

10. Añadió que, en términos de la fracción XV del artículo 107 constitucional, el procurador general de la República o el agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare serán parte en todos los juicios de amparo y podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público.

11. Bajo ese contexto, el Tribunal Colegiado sostuvo que si se otorga la protección constitucional por falta de motivación del acto reclamado, era evidente que esa concesión no puede causar agravio a los intereses que representa el Ministerio Público Federal, pues se debe ponderar que es de interés público que los actos de autoridad se apeguen a disposiciones constitucionales y legales, lo que no atenta con los intereses sociales representados por éste en el juicio de amparo.

12. Concluyó que, aun cuando el Ministerio Público Federal sea parte en el juicio de amparo y cuente con facultades para interponer el recurso de revisión, no implica que pueda interponerlo de manera ilimitada, sino sólo en los casos en que las resoluciones afecten el interés que representa, lo que no acontece cuando se concedió el amparo para que la responsable purgue el vicio formal de falta de fundamentación y motivación.

B) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

13. El referido órgano jurisdiccional conoció del recurso de revisión **********, interpuesto por el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de Guerrero, en contra de la sentencia dictada por el mencionado Juez de Distrito el diecisiete de septiembre de dos mil ocho, en el juicio de amparo indirecto **********, en el que se concedió la protección constitucional a **********, respecto de la orden de aprehensión de dos de mayo de dos mil siete, emitida por la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, dentro de la causa penal **********, que se instruyó al quejoso por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

14. El Tribunal Colegiado analizó la legitimación del Ministerio Público Federal para interponer el recurso de revisión, en términos de los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Federal y 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo. Determinó que interviene en todos los juicios cuando a su consideración se afecte el interés público que representa y puede hacer valer los recursos que la ley le otorga; sin embargo, no siempre está en aptitud de recurrir, sólo cuando la resolución le afecte como institución en lo particular, es decir, cuando le afecte el acto que de ella proviene conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo.

15. Precisó que el Ministerio Público Federal, como parte en el amparo, requiere de un interés específico para recurrir en revisión, lo que en el particular quedó demostrado.

16. Cabe precisar que la concesión de amparo contra la que se interpuso el recurso de revisión, fue para el efecto de que se dejara insubsistente la orden de aprehensión de dos de mayo de dos mil siete, y se hizo extensiva a los actos de ejecución, toda vez que resultó violatorio del principio de exacta aplicación de la ley penal y se actualizó una excluyente del delito.

17. El referido órgano colegiado emitió la tesis XXI.2o.P.A.30 P, de rubro y texto:(3)

"MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. AL SER PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN.-De los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se evidencia que el Ministerio Público Federal, como parte en el juicio de amparo, puede intervenir en todos los juicios y hacer valer los recursos que la ley le otorga cuando a su consideración, se afecte el interés público que representa. Asimismo, de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, particularmente las que se refieren al artículo y fracción citados en segundo término, se advierten las facultades otorgadas al representante social, incluso para recurrir en amparos penales las resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley precisa para procurar la pronta y expedita administración de la justicia. Ahora bien, no obstante la amplitud del campo de acción del Ministerio Público Federal, no siempre puede hacer valer el recurso de revisión, sino sólo cuando se afecte un interés específico propio de su representación social, es decir, como parte en el juicio de garantías, puede recurrir en la medida en que la resolución le afecte como institución en lo particular. Bajo estas consideraciones, si el inculpado cuestionó la constitucionalidad de una orden de aprehensión por la comisión de un delito del orden federal y solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión dada la naturaleza de la resolución impugnada, resulta inconcuso que con tal manifestación se acredita el interés específico que requiere la representación social para interponer el recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto, toda vez que, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, la investigación y persecución de los delitos incumben al Ministerio Público."

C) Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.

18. El órgano jurisdiccional en cita conoció del recurso de reclamación **********, interpuesto por **********, en contra del auto de presidencia pronunciado por ese Tribunal Colegiado el veintiséis de agosto de dos mil once, dentro del recurso de revisión **********, mediante el cual, se admitió a trámite dicho medio de impugnación interpuesto por el agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, en contra de la sentencia de amparo que dictó el Magistrado de ese tribunal, para el efecto de que el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado en el toca penal **********, que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, y dictara uno nuevo en el que fundara y motivara la actualización de la responsabilidad penal.

19. El Tribunal Colegiado precisó que la facultad del Ministerio Público Federal para interponer el recurso de revisión deriva de la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), porque prevé su legitimación para hacer valer los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, incluso en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, facultad que únicamente se le restringe tratándose de amparos indirectos en materia civil y mercantil.

20. Sostuvo que el artículo 87 de la Ley de Amparo delimita los supuestos de legitimación para interponer el recurso de revisión, pero sólo respecto de las autoridades responsables, no del Ministerio Público Federal, restringiéndolos a las sentencias que afecten en forma directa el acto que de ellas se reclamó, con excepción de los amparos contra leyes, en los cuales, los titulares de los órganos del Estado encargados de su promulgación, o quienes legalmente los representen, podrán hacer valer en todo caso ese medio de impugnación. Por tanto, ese numeral no era aplicable al caso concreto.

21. Concluyó que, cuando el Ministerio Público Federal interpone el recurso de revisión, en su carácter de parte en el juicio, en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), tiene legitimación en materia penal para interponerlo sin condición alguna, aun cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, porque su interés consiste en que se sancionen todas las conductas delictivas, al margen de su fuero federal, puesto que el legislador también lo dotó de facultades para interponer los recursos en el juicio de amparo cuando el acto reclamado provenga de un tribunal local.

22. En ese tenor -precisó el Tribunal Colegiado-, si al quejoso se le dictó un auto de formal prisión como probable responsable de un delito, el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, estaba legitimado para interponer el recurso de revisión; máxime que se concedió el amparo por falta de motivación del referido auto de formal prisión.

23. CUARTO.-Requisitos para la existencia de la contradicción. La mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

24. Así, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis, es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. En esa línea de pensamiento, la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y el problema radica en los procesos de interpretación -no en los aspectos fácticos de los casos- adoptados por los tribunales contendientes.

25. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010,(4) del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

26. Así como la tesis aislada P. XLVII/2009,(5) del Tribunal Pleno, que es del contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

27. En esa guisa, para determinar la existencia de una contradicción de tesis, es preciso que se cumpla con los siguientes requisitos:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

28. Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, como lo ilustran las jurisprudencias 1a./J. 22/2010(6) y 1a./J. 23/2010,(7) aprobadas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, respectivamente, establecen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."

29. Asimismo, la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados implicados no constituyan jurisprudencia, no es obstáculo para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios distintos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

30. QUINTO.-Arbitrio judicial y ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un punto de derecho. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, en los siguientes términos:

31. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito resolvió el amparo en revisión **********, del que se infiere lo siguiente:

a. El acto reclamado en el amparo indirecto fue la orden de aprehensión emitida por el Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en la causa penal **********.

b. En el juicio de amparo indirecto del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, se concedió la protección constitucional por ausencia de motivación de la orden de aprehensión.

c. En contra de ese fallo, el agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, interpuso recurso de revisión.

d. El Tribunal Colegiado determinó que el agente del Ministerio Público Federal carecía de legitimación, porque aun cuando sea parte en el juicio de amparo y esté facultado para interponer el recurso de revisión, en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), no implica que pueda interponerlo de forma ilimitada, sino sólo en los casos en que las resoluciones afecten el interés que representa (interés público), lo que no acontece cuando se concede el amparo por un vicio de legalidad, consistente en que el acto reclamado carezca de motivación.

32. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito emitió resolución en el recurso de reclamación **********, del que se advierte lo siguiente:

a. El acto reclamado en el amparo indirecto fue el auto de formal prisión emitido por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, en la causa penal **********.

b. En el juicio de amparo indirecto del índice del Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, se concedió la protección constitucional por ausencia de fundamentación y motivación del auto de formal prisión, en torno a la actualización de la responsabilidad penal del inculpado.

c. En contra de ese fallo, la agente del Ministerio Público Federal adscrita al Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito interpuso recurso de revisión.

d. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito determinó que la agente del Ministerio Público Federal se encontraba legitimada para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia, porque en ésta se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal por un vicio formal, relativo a que el acto reclamado (auto de formal prisión) carecía de motivación; en tanto que, conforme al artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), el Ministerio Público Federal, como parte en los juicios de amparo, puede interponer los recursos previstos en la ley de la materia, inclusive en amparos penales sin condición alguna cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales en ejercicio de la facultad que la propia ley le autoriza, relacionada con la persecución de delitos, pues dicha restricción sólo opera en amparos indirectos en materia civil y mercantil.

33. Como puede advertirse, los requisitos primero y segundo inherentes a toda contradicción de tesis, se surten perfectamente en el caso concreto, toda vez que de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, sí se pronunciaron en torno a diversas problemáticas jurídicas, cuyas características y antecedentes resultan ser esencialmente idénticos.

34. SEXTO.-Elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que la conduzca a emitir un criterio sobre el aspecto respecto del que se formuló la denuncia.

35. Esto es así, porque los Tribunales

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27133-f8e2def9/ministerio-publico-federal-tiene-legitimacion-para-interponer-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.