ACUERDOS SS/22/2017 Y G/JGA/91/2017, EMITIDOS, EN SU ORDEN, POR EL PLENO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR Y POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. EL SUPUESTO QUE IMPLEMENTAN DE ORDENAR EL ENVÍO DE UN ASUNTO PARA SU EXCLUSIVA RESOLUCIÓN POR PARTE DE UNA SALA AUXILIAR CON DOMICILIO DIVERSO AL DE LA SALA REGIONAL AUXILIADA, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE SUS DESTINATARIOS (PENSIONADOS) PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. ACUERDOS SS/22/2017 Y G/JGA/91/2017, EMITIDOS, EN SU ORDEN, POR EL PLENO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR Y POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. EL SUPUESTO QUE IMPLEMENTAN DE ORDENAR EL ENVÍO DE UN ASUNTO PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN POR PARTE DE UNA SALA AUXILIAR CON DOMICILIO DIVERSO AL DE LA SALA REGIONAL AUXILIADA, VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE SUS DESTINATARIOS (PENSIONADOS) PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, E IMPLICA UNA DISCRIMINACIÓN POR RESULTADO O INDIRECTA EN SU PERJUICIO. ACUERDOS SS/22/2017 Y G/JGA/91/2017, EMITIDOS, EN SU ORDEN, POR EL PLENO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR Y POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA QUE DERIVAN DEL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL. ACUERDOS SS/22/2017 Y G/JGA/91/2017, EMITIDOS, EN SU ORDEN, POR EL PLENO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR Y POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SU EMISIÓN NO CONFIGURA UNA DISCRIMINACIÓN POR OBJETO O DIRECTA BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO TAFOYA HERNÁNDEZ, CARLOS MANUEL APONTE SOSA, YOLANDA ISLAS HERNÁNDEZ Y DAVID PÉREZ CHÁVEZ. PONENTE: CARLOS MANUEL APONTE SOSA. SECRETARIO: ÓSCAR EDUARDO HERNÁNDEZ ALTAMIRA.
CONSIDERANDO:
III. Presupuestos procesales
12. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(2) 41 Bis(3) y 41 Ter, fracción I,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una contradicción sustentada entre criterios de los Tribunales Colegiados de este Circuito.
13. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado de este Trigésimo Circuito.
IV. Criterios denunciados
14. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son:
a) En la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en sesión celebrada el catorce de marzo de dos mil diecinueve en el amparo en revisión administrativo 559/2018, los Magistrados, por unanimidad de votos, consideraron en esencia:(5)
• Que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, estimó infundados los conceptos de violación, porque los actos reclamados, consistentes en los Acuerdos SS/22/2017 y G/JGA/91/2017, del Pleno General de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno y Administración, ambos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respectivamente, fueron emitidos con el propósito de alcanzar una justicia integral, pronta y expedita, para hacer efectivo el cumplimiento del imperativo consagrado en el artículo 17 constitucional.
• Que el juzgador también consideró que los acuerdos reclamados tienden precisamente al cumplimiento eficaz de los principios que los quejosos señalaron como transgredidos, al establecer mecanismos para la adecuada distribución de los asuntos entre las Salas Auxiliares, para evitar cargas excesivas en algunas Salas Regionales, pertenecientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el consecuente retraso de la emisión de las resoluciones.
• El Tribunal Colegiado determinó que era correcta la decisión del Juez Federal, porque los acuerdos reclamados fueron emitidos ante la existencia de un problema de carga de trabajo excesiva en algunas de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para una mejor distribución de las mismas por lo que lejos de violentar derecho fundamental alguno, tienden a darles eficacia mediante la distribución de asuntos entre las Salas Auxiliares del citado tribunal federal, para que auxilien en la emisión más pronta de resoluciones.
• Que el Pleno General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, atendiendo a informes estadísticos de las Salas Regionales que componen ese órgano jurisdiccional, detectó que existían Salas que requerían apoyo urgente en razón de que el ingreso de asuntos y el remanente de aquellos pendientes de resolución sobrepasaban su capacidad de resolución, debido especialmente al incremento de juicios a su cargo en materia de pensiones civiles, y ante la existencia de cinco Salas Regionales que ofrecían mejores condiciones de inventarios y facilidades logísticas para transformarse en Salas Auxiliares para resolver asuntos en esa materia.
• Que, por ende, los acuerdos impugnados no contravienen los principios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y celeridad, eficacia y eficiencia, que derivan de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, sino que tienden a garantizar su eficaz cumplimiento.
• Que, además, el resolutor expresó como razones adicionales para desestimar los argumentos de los quejosos, que éstos cuentan con el juicio en línea como alternativa para consultar, gestionar, administrar y recibir las notificaciones en los juicios de nulidad que promuevan; asimismo, tienen la posibilidad de presentar promociones ante la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien remitirá las mismas a la Sala Auxiliar respectiva, sin costo alguno; en tal virtud, las cargas económicas aducidas por los quejosos no necesariamente tienen el impacto que pretenden.
• Que los quejosos sostienen que se vulnera su derecho al acceso a la justicia pronta y expedita, en concreto por las circunstancias consistentes en un aumento de cargas procesales, traslados a las instalaciones de la Sala Auxiliar, imposibilidad de consultar materialmente expedientes, recoger traslados, recibir copias de informes o actuaciones, generación de gastos de transporte, tiempo, alimentos y en algunos casos hospedaje, imposibilidad de acudir en horarios de consulta, inexistencia de medios electrónicos y la desigualdad que estas situaciones causan frente a su contraparte.
• Que el derecho de acceso a la impartición de justicia, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.",(6) consagra los principios siguientes:
• De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades de resolver las controversias dentro de los términos y plazos legales;
• De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, que le garantice la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
• De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,
• De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno.
• Que, por tanto, si el principio de justicia gratuita, de conformidad con la jurisprudencia citada, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no causen emolumento a las partes en conflicto por la prestación de ese servicio público y no al hecho de que los justiciables no tengan que erogar gastos para ocurrir a los tribunales o para otros fines; si en el caso, los quejosos aducen la violación al principio de gratuidad, de las posibles erogaciones que tengan que realizar para trasladarse al lugar de residencia de la Sala Auxiliar que conocerá de sus asuntos, ese hecho no configura la transgresión pretendida.
• Que, aunado a lo anterior, y como lo consideró el juzgador, existen mecanismos tecnológicos, tales como el juicio en línea, como un método alternativo para el desahogo de diligencias judiciales, lo que es resultado de la necesidad de una justicia pronta y expedita, y si bien es cierto que los quejosos no se encuentran en posibilidad de continuar sus procedimientos en esta modalidad, también es verdad que pueden realizar actuaciones por conducto de la Sala que se encuentre situada más cerca de sus domicilios, lo que les permite reducir las cargas procesales que indican.
• Que no se soslayó que forman parte de un grupo vulnerable, como lo es el de los pensionados, y sus conceptos de violación no se analizaron supliendo la queja deficiente, porque contrario a ello, ese estado de vulnerabilidad fue el punto de partida del estudio de los motivos de disenso, pero el Juez de Distrito no advirtió motivo para suplirla.
• Que también son acertadas las consideraciones del Juez Federal al analizar los argumentos relativos a la violación a los principios de reserva de ley y de las facultades reglamentarias del Ejecutivo Federal, al estimar que no se transgrede el artículo 89 constitucional, porque el Pleno General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentra facultado para reformar al reglamento interior del citado tribunal, y de igual manera la Junta de Gobierno y Administración del mismo tribunal está facultada para proponer un proyecto del citado reglamento.
• Que los acuerdos impugnados no contravienen el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en lo conducente dice que las Salas Regionales conocerán de los asuntos por razón de territorio, atendiendo al domicilio fiscal del promovente, dado que el artículo 16 del mismo ordenamiento faculta al Pleno General del tribunal para expedir el reglamento interior del mismo y es precisamente a través de la emisión de tales acuerdos que ejerce estas facultades, por ende, los actos reclamados satisfacen los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica prevenidos por los artículos 89, fracción I, y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aunado a que, el ordenamiento también le faculta a realizar las reformas que proponga la Junta de Gobierno y Administración, tomando en cuenta los estudios expedidos para determinar las sedes y número de las Salas Auxiliares.
• Que en ese tenor, atendiendo al criterio del Pleno del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 30/2007, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.",(7) no se infringen los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica.
• Que los actos reclamados no contravienen el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, dado que las autoridades responsables actuaron dentro de sus facultades para emitirlos, sin que se advierta que vayan más allá o en contra de la ley que desarrollan, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracciones I y V, de la ley orgánica en cita, son facultades de la Junta de Gobierno, entre otras, proponer para aprobación del Pleno General, el proyecto de reglamento interior del tribunal y llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales, así como las sedes y número de las Salas Auxiliares.
• Que, por su parte, el artículo 16 de la citada ley previene en sus fracciones III y X, que son facultades del Pleno General, entre otras: (III), aprobar y expedir el reglamento interior del tribunal y las reformas que le proponga la Junta de Gobierno y Administración, y (X) determinar las Salas Regionales que recibirán apoyo de las Salas Auxiliares.
• Que, en consecuencia, eran infundados los agravios formulados, sin que se advirtiera deficiencia de la queja que ameritara ser suplida en favor de los quejosos-recurrentes.
b) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en las resoluciones emitidas en sesiones celebradas el dieciséis de mayo y doce de septiembre de dos mil diecinueve, al conocer de los amparos en revisión administrativos 587/2018 y 120/2019, respectivamente, los Magistrados, por unanimidad de votos, consideraron sustancialmente lo siguiente:(8)
• Que contrario a lo aducido por los recurrentes, los acuerdos reclamados no vulneran los principios de reserva de ley y las facultades reglamentarias del Ejecutivo Federal contenidos en el artículo 89, fracción I, constitucional.
• Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 41/2006, estableció que la facultad reglamentaria establecida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, lo que implica que dicho poder está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes; facultad reglamentaria que se encuentra sujeta al principio de legalidad, del cual se derivan dos subprincipios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma.
• Que en cuanto al principio de reserva de ley, el Pleno del Alto Tribunal estimó que evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva al órgano legislativo; esto es, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular; y en lo que atañe al principio de subordinación jerárquica, consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en las que encuentre su justificación y medida.
• Que tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 79/2009, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES".(9)
• Que como lo estimó el Juez de Distrito, los acuerdos impugnados no contravienen el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,(10) dado que el artículo 16, fracción III, del mismo ordenamiento(11) faculta al Pleno General del tribunal para expedir el reglamento interior del mismo y es precisamente a través de la expedición de tales acuerdos que hace uso de estas facultades, por ende, los actos reclamados satisfacen los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica prevenidos por los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aunado a lo anterior, esta disposición también le faculta a hacer las reformas que proponga la Junta de Gobierno y Administración, tomando en cuenta los estudios expedidos para determinar las sedes y número de las Salas Auxiliares.
• Que si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 30/2007(12) ha señalado que a través de un reglamento se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella ni contradecirla, también es verdad que en el caso no se ha contradicho la ley que establece la facultad desarrollada a través de los acuerdos combatidos.
• Que en ese sentido, los acuerdos reclamados no contravienen el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dado que las autoridades responsables actuaron dentro de sus facultades para emitirlos, sin que se advierta que vayan más allá o en contra de la ley que desarrollan, pues no se contraponen de manera alguna a que la competencia de las Salas Auxiliares se determine de manera diversa, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracciones I y V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,(13) son facultades de la Junta de Gobierno, entre otras, proponer para aprobación del Pleno General, el proyecto de reglamento interior del tribunal y llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales; así como las sedes y número de las Salas Auxiliares.
• Que, por su parte, el artículo 16 de la citada ley previene en sus fracciones III y X,(14) que son facultades del Pleno General, entre otras: (III) aprobar y expedir el reglamento interior del tribunal y las reformas que le proponga la Junta de Gobierno y Administración, y (X) determinar las Salas Regionales que recibirán apoyo de las Salas Auxiliares.
• Que, en consecuencia, como consideró el juzgador, los acuerdos impugnados no vulneran los principios de reserva de ley y jerarquía, pues por un lado, actuaron dentro del ámbito de competencia conferido por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por otro lado, su contenido no es contrario ni va más allá de la ley que desarrollan.
• Que, en otro orden, contrariamente a lo afirmado por la parte recurrente, los acuerdos reclamados no son violatorios del derecho humano de acceso a la justicia, ya que fueron emitidos precisamente para alcanzar una justicia integral, pronta y expedita, con el objetivo de cumplir lo estipulado en el artículo 17 constitucional.
• Que son correctas las consideraciones del Juez Federal, respecto a los principios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y debido proceso, que derivan de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, porque los acuerdos impugnados fueron emitidos ante la existencia de un problema de carga de trabajo excesiva en algunas de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para una mejor distribución de las mismas, por lo que, lejos de violentar los citados principios, tienden a darles eficacia.
• Que, por ende, como lo estimó el juzgador federal, los acuerdos reclamados no contravienen los principios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y celeridad, eficacia y eficiencia, que derivan de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, sino que tienden a garantizar su eficaz cumplimiento.
• Que eran ineficaces los argumentos relativos a que se vulnera su derecho al acceso a la justicia pronta y expedita, pues se aduce un aumento de cargas procesales, traslados a la Sala Auxiliar, imposibilidad de consultar materialmente expedientes, recoger traslados, recibir copias de informes o actuaciones, generación de gastos de transporte, tiempo, alimentos y en algunos casos hospedaje, imposibilidad de acudir en horarios de consulta, inexistencia de medios electrónicos, y la desigualdad que estas situaciones causan frente a su contraparte.
• Que el derecho de acceso a la impartición de justicia, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 192/2007(15) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consagra los principios siguientes:
• De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades de resolver las controversias dentro de los términos y plazos legales;
• De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, que le garantice la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
• De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,
• De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno.
• Que, por tanto, si el principio de justicia gratuita, de conformidad con la jurisprudencia citada, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no causan a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público, y no al de hecho que los justiciables no tengan que erogar gastos para ocurrir a los tribunales, o para otros fines; si en el caso, los quejosos aducen la violación al principio de gratuidad, de las posibles erogaciones que tengan que realizar para trasladarse al lugar de residencia de la Sala Auxiliar que conocerá de sus asuntos, ese hecho no configura la transgresión al derecho de justicia gratuita.
• Que, además, como lo consideró el juzgador, los quejosos pueden presentar promociones a través de la Sala que se encuentre situada más cerca de sus domicilios, lo que les permite reducir las cargas económicas que indican.
• Que también eran ineficaces los argumentos relativos a que es una carga procesal adicional el que en el supuesto de inconformarse contra las sentencias definitivas dictadas en los juicios de origen, sería un Tribunal Colegiado de otro Circuito el que resolvería los juicios de amparo directo, o bien, en la hipótesis de inconformarse contra el cumplimiento irregular de la sentencia, previa tramitación del recurso de queja, sería a través de un amparo indirecto del que correspondería conocer a un Juzgado de Distrito, lo cual dice, le provocaría cargas adicionales.
• Que en efecto, a pesar del envío de los expedientes a los órganos jurisdiccionales auxiliadores, las partes podrán presentar sus promociones ante la Sala Regional con residencia en este Estado, quien remitirá las mismas a la Sala Auxiliar respectiva, sin costo alguno para los promoventes, lo que desde luego incluye las demandas de amparo directo y en cuanto a la presentación y trámite de las demandas de amparo indirecto, los quejosos no se verán afectados por el hecho de que la residencia de tales órganos jurisdiccionales se encuentre en otra ciudad, toda vez que tienen a su alcance la herramienta tecnológica del juicio de amparo en línea; de ahí que lejos de llevar cargas adicionales, cuentan con facilidades para promoverlos y seguirlos de manera más ágil mediante el empleo de las tecnologías de la información.
• Que de igual forma, como lo estableció el Juez Federal, con la emisión de los acuerdos impugnados no se modifican las formalidades del procedimiento ni se beneficia a la autoridad demandada.
• Que no sobra destacar la finalidad de la creación de las Salas Regionales Auxiliares del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual puede advertirse de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 230/2013 por parte de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de la cual surgió la jurisprudencia 2a./J. 146/2013 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS POR LAS SALAS AUXILIARES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR SU OPORTUNIDAD, EL PLAZO RELATIVO PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN ANTE LA SALA REGIONAL DE ORIGEN (AUXILIADA) O ANTE LA SALA AUXILIAR."(16)
• Que de esa ejecutoria se obtiene, en esencia, que la creación de las Salas Auxiliares del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, obedeció a la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, a efecto de lograr que el dictado de las resoluciones fuera más ágil, ante el incremento del número de expedientes tramitados por dicho tribunal que rebasó su capacidad para cumplir con ese imperativo constitucional y, con ello, contrarrestar el rezago en el dictado de sentencias.
• Que en ese tenor, como lo estimó el Juez de Distrito, no se puede concluir, objetivamente, que el envío de un expediente a una Sala Auxiliar cause, por sí mismo, un perjuicio injustificado o irracional al particular, ni que se generen en su contra gastos y cargas procesales adicionales, en virtud de que es precisamente en atención al contenido del artículo 17 constitucional que las Salas Regionales Auxiliares fueron creadas.
• Que no se advertía deficiencia de la queja qué suplir, en el sentido de que no existe vulneración al derecho fundamental a la certeza jurídica de los quejosos, ya que en los acuerdos impugnados se precisó claramente el procedimiento a seguir para la remisión de los expedientes a las Salas Auxiliares.
• Finalmente, el órgano colegiado analizó el agravio tercero en el sentido de que se aplicaron retroactivamente los acuerdos impugnados, declarándolo infundado; estudio que no forma parte de la presente contradicción, por las razones que se precisarán más adelante.
c) Por último, en la resolución dictada en sesión celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve en el amparo en revisión administrativo 245/2019, los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por unanimidad de votos, consideraron lo siguiente:(17)
• Que era incorrecta la determinación del Juez Federal, porque los acuerdos impugnados constituyen (I) una medida reglamentaria discriminatoria, ya que hacen una distinción con base en la edad y en la condición de pensionista de los promoventes del juicio contencioso administrativo; (II) además, generan un obstáculo para el acceso a la justicia de los quejosos que constituyen un grupo vulnerable, (III) violando con ello los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, pues la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa permite reglamentar la competencia auxiliar de la Sala al Pleno General y a la Junta de Gobierno y Administración conforme a criterios de racionalidad y accesibilidad a la justicia.
• Que por cuestión de método, se analizarían los puntos siguientes: 1) Situación de vulnerabilidad de los adultos mayores; 2) El derecho de acceso a la justicia de los pensionados por jubilación; 3) Principios de reserva de ley y subordinación jerárquica; y, 4) Con lo anterior, resolver el problema planteado y determinar: A) por qué los acuerdos impugnados fijan una distinción que no es constitucionalmente válida; B) al constituir un obstáculo para el acceso a la justicia de los quejosos que conforman un grupo vulnerable; y, C) violando con ello los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.
• Que respecto al apartado 1) la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(18) al resolver el amparo directo en revisión 4398/2013, emitió la tesis 1a. CCXXIV/2015 (10a.), de título y subtítulo: "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.", en la que determinó que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, pues su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono, lo cual también encuentra fundamento en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en su capítulo I, sección segunda, así como en la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes.
• Que en cuanto al apartado 2) el derecho de acceso a la justicia de los pensionados por jubilación, la Primera Sala del Alto Tribunal ha establecido en los amparos en revisión 352/2012, 250/2012 y 633/2012, y amparos directos en revisión 2479/2012 y 204/2013, que el derecho al acceso a la justicia comprende el derecho de acción que permite al gobernado acudir a los tribunales para hacer valer las pretensiones que estime pertinentes, y con relación a la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.",(19) se puede concluir que para que exista un verdadero acceso a la jurisdicción, es necesario que previamente se advierta que no existen impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o discriminatorios.
• Que debe resaltarse que el derecho de acceso a la justicia tiene una especial relevancia tratándose de los pensionados por jubilación, ya que la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en el amparo directo en revisión 463/2014, consideró que las causas que originan el trato diferenciado que se ha otorgado constitucionalmente a los trabajadores, cuando éstos se han jubilado, se agudizan, porque es habitual que sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada; por tanto, se colocan en una posición de vulnerabilidad. De ahí que las acciones ejercidas por este grupo en desventaja, no se deben obstaculizar por requisitos innecesarios o desproporcionados.
• Que lo relativo al apartado 3) principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, del artículo 89, fracción I, constitucional, se obtiene la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, la cual se rige por dos principios fundamentales: el de reserva de ley, en virtud del cual queda prohibido abordar en el reglamento materias confiadas al Congreso de la Unión, y el de subordinación jerárquica, que exige que el reglamento esté precedido de una ley, cuyo contenido detalle para su óptima ejecución, pero sin que pueda exceder el alcance de sus mandatos o contrariar sus disposiciones.
• Que en tal virtud, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentra facultado para emitir normas generales en ejercicio de la facultad reglamentaria, a través de su Pleno General o de la Junta de Gobierno y Administración, conforme a los artículos 16, fracción III y 23, fracción II, de la ley orgánica del tribunal, pero para ello debe respetar los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica.
• Que bajo ese contexto, las normas generales impugnadas constituyen una medida reglamentaria discriminatoria, ya que hacen una distinción con base en la edad y la condición de pensionista de los promoventes del juicio contencioso administrativo, que se traduce en su exclusión arbitraria al acceso a la justicia en la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es lugar de residencia y domicilio fiscal de los promoventes.
• Que así se determina, porque realizan una distinción basada en una categoría sospechosa, al diferenciar la tramitación y resolución de los juicios que deriven de pensiones civiles de otros, estableciendo la competencia auxiliar de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y en Materia de Pensiones Civiles para su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29524-8c3c498f/acuerdos-ss-22-2017-y-g-jga-91 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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