APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR UN PLENO REGIONAL. NO SE ACTUALIZA EN PERJUICIO DE LAS PERSONAS SOBRE UNA EMITIDA CON ANTERIORIDAD POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DEFINÍA LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA PLANTEADA, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE JERARQUÍA U OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 184/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de seis de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Cuarto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, determinar si la aplicación de la tesis de Jurisprudencia de rubro: “APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES A CARGO DE JUBILADOS O PENSIONADOS. EFECTOS DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II, 13, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 46 DE LA ABROGADA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT.”,(1) en asuntos relacionados con la devolución de aportaciones del fondo de pensiones a favor de jubilados o pensionados, genera o no un efecto retroactivo en perjuicio de la parte quejosa en contravención a lo dispuesto en la Constitución General de la República.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese órgano jurisdiccional y el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al resolver los amparos en revisión 632/2024 y 302/2025, respectivamente.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, la presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 184/2025. En la misma actuación se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; además, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de los tribunales colegiados. Por acuerdos de uno y tres de diciembre de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los informes provenientes de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Cuarto Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de doce de diciembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Confirmación del turno electrónico. En proveído de doce de diciembre de dos mil veinticinco se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Amicus curiae. No se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente;(2) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(3) 6 fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4, del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023, que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, porque la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados con competencia entre otras, en la materia administrativa, y pertenecientes al Vigésimo Cuarto Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
10. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente,(4) al ser formulada por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, quienes resolvieron el amparo en revisión 632/2024, cuyo criterio contiende en esta contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso referir los antecedentes de cada asunto y que se encuentran narrados en las ejecutorias en contienda.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 302/2025.
12. Demanda de amparo. Por escrito depositado el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, una persona física promovió juicio de amparo en el que demandó lo siguiente:
“ACTOS RECLAMADOS
De las Autoridades señaladas como responsables, se reclama la publicación, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y ejecución del Decreto que contiene la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, concretamente la fracción II del artículo 11, el segundo párrafo del artículo 13 y el artículo 46, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el día 30 de julio del año de 1997 y que textualmente establecen lo siguiente:
‘...ARTÍCULO 11.- El patrimonio del Fondo se constituye de la siguiente manera:
I. Con aportaciones de Gobierno del Estado, sobre la base del 6.56 por ciento del importe del salario de los trabajadores, porcentaje que se incrementará a razón de 0.4 por ciento anual, en los términos de los estudios actuariales que sancione el Comité de Vigilancia, durante 30 años por cada trabajador;
II. Con las aportaciones de los trabajadores y pensionados con cargo a sus salarios y pensiones mensuales, equivalentes al 3.28 por ciento adicionado anualmente conforme a los términos de la fracción anterior, hasta por 30 años;
III. Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que conforme a esta Ley haga el Fondo;
IV. Con el importe de las obligaciones a cargo del Fondo que prescriban en los términos de la presente Ley;
V. Con las donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se otorguen o constituyan en favor dl fondo;
VI. Con los muebles e inmuebles que el Estado aporte al Fondo o que éste llegase a adquirir; y
VII. Cualquiera otro ingreso del cual el Fondo resulte beneficiario.
La aportación al patrimonio solo establece el disfrute de los derechos de la presente Ley.
ARTÍCULO 13.- Las aportaciones con cargo a los sujetos a que se refiere esta Ley, son obligatorias. El Gobierno del Estado deberá consignar en los rubros y partidas correspondientes al presupuesto de egresos, los enteros de sus aportaciones, las que se remitirán al Fondo dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
En el caso de los trabajadores en activo y pensionados, las aportaciones se deducirán automáticamente del monto de sus remuneraciones en tanto se satisfaga la aportación por un periodo de treinta años y serán enteradas dentro del mismo plazo.
ARTÍCULO 46.- Los trabajadores que se pensionen conforme a lo dispuesto por esta Ley, aportarán al patrimonio del Fondo, con cargo a sus pensiones, los porcentajes a que se refiere el artículo 11 fracción II de esta Ley, hasta por 30 años...’
(...)”
13. Trámite del juicio. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, el que lo radicó con el número de expediente **********/2024, la admitió a trámite y el diez de diciembre de dos mil veinticuatro determinó conceder el amparo solicitado.
14. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, cuya presidencia por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinticinco lo registró con el número R.A. 302/2025 y lo admitió a trámite. Seguida la secuela procesal del recurso, en sesión de diez de octubre de dos mil veinticinco, el tribunal resolvió confirmar la sentencia recurrida bajo las siguientes consideraciones:
“(...)
SÉPTIMO. Estudio del asunto, precisión que aquél será de estricto derecho y alcance del análisis de los agravios. Ante todo se precisa que el recurrente tiene la naturaleza de autoridad responsable ejecutora, de suerte que en lo que es materia de revisión, solamente serán objeto de examen los agravios encaminados a controvertir el efecto dado al fallo protector que la vincula.(5)
Los agravios son inoperantes por una parte e infundados en otra.
(...)
Resulta infundado el agravio sintetizado en el punto 5.3.
Según se vio, en la sentencia recurrida se ordenó la devolución de las aportaciones al fondo de pensiones —desde que se realizó el primer descuento por el concepto 506—, debiendo desincorporarse de la esfera jurídica de la parte quejosa la restricción del artículo 18 de la LPTSEN —atinente al vencimiento de las cantidades no solicitadas dentro de los tres años a partir de que fueran exigibles—.
Esta determinación que se estima apegada a derecho, puesto que el artículo 78 de la LAmp establece que cuando una norma general es declarada inconstitucional, los efectos de la sentencia de tutela se extenderán a todas aquellas normas y a los actos cuya validez dependa de aquélla.
La Segunda Sala de la SCJN, estableció que cuando se determina que una es norma inconstitucional, el efecto debe ser que nunca más se aplique a la parte quejosa, por lo que las autoridades que recaudaron las contribuciones respectivas, están obligadas a restituir todas las cantidades —tanto las enteradas como las que se paguen en lo subsecuente con base en ese sustento—.
Porque al ser inconstitucional la ley, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la transgresión, implica que lo erogado con base en aquélla sea reintegrado a la parte quejosa.(6)
Así, aun cuando tal parte quejosa reclamó el descuento a su pensión —concepto 506 en los recibos de pago— que se le aplicó a partir del uno de septiembre de dos mil doce —data en que adquirió la calidad de pensionado— además impugnó todas las consecuencias, efectos, cumplimiento y ejecución de su aplicación.
Entonces, a fin de dar una restitución integral, debe considerarse que no solo controvirtió los descuentos que se le aplicaron a partir del uno de septiembre de dos mil doce, así como en lo subsecuente —futuro—; esto es, que hayan tenido, tengan o llegaren a tener sustento en preceptos reclamados y, por consiguiente —como con acierto se determinó en la sentencia recurrida—, debe entregarse lo correspondiente a los descuentos que abarcaron todo el tiempo en que se estuvieron aplicando los preceptos reclamados.
Sobre el particular cobra aplicación la jurisprudencia este Tribunal Colegiado —registro digital: 2027068—, del rubro: “APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES POR PARTE DE LOS JUBILADOS O PENSIONADOS DEL ESTADO DE NAYARIT. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES RETENIDAS DESDE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II, 13, PÁRRAFO SEGUNDO Y 46 DE LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ABROGADA, ANTE SU INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD”.
No pasa desapercibida la jurisprudencia con número de registro 2030898, sustentada por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, de rubro: “APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES A CARGO DE JUBILADOS O PENSIONADOS. EFECTOS DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II, 13, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 46 DE LA ABROGADA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT.”, publicada el quince de agosto de este año; y, que es de observancia obligatoria a partir del dieciocho de agosto de esta anualidad, la cual se suscitó de la contradicción de criterios en el cual participó el diverso sostenido por este Tribunal Colegiado de Circuito localizable con el registro 2027068.(7)
No obstante la publicación de esta jurisprudencia, sustentada por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que es obligatoria para este Órgano Jurisdiccional, se estima que únicamente para resolver este asunto, no es aplicable, pues de hacerlo se le estaría dando efectos retroactivos en perjuicio de la quejosa, en franca violación a los artículos 14 constitucional de manera analógica y 217 de la LAmp.
A fin de sustentar lo anterior, es de resaltar el criterio sustentado por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 199/2016, en la que definió el tema relativo al principio de irretroactividad de la jurisprudencia, en términos del citado numeral 217, en cuya ejecutoria, en lo que interesa, se dijo:
“Sin embargo, del análisis que se realiza de los agravios planteados, en relación con lo determinado en el amparo directo que atañe a la especie, se advierte que de analizarse si la obligatoriedad de la jurisprudencia de para la solución del presente asunto, resulta necesario llevar a cabo una interpretación directa del décimo párrafo del artículo 94 constitucional (en relación con los preceptos 216 y 217 de la Ley de Amparo), toda vez que habrá los Plenos de Circuito está o no sujeta al principio de irretroactividad, frente a la que posteriormente genere esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuestión que, desde luego, entraña un planteamiento de constitucionalidad”.
[...]
“QUINTO.-Consideraciones y fundamentos. Como se advierte de los antecedentes narrados, los puntos jurídicos que deben dilucidarse en la presente revisión, radican en determinar: (1) si el principio de irretroactividad de la jurisprudencia resulta aplicable a los criterios vinculantes emitidos por los Plenos de Circuito; y, (2) si en casos de conflicto entre la jurisprudencia de los Plenos de Circuito, y la emitida con posterioridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer aquélla atendiendo al principio de proscripción retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de las personas”.
[...]
“La retroactividad en "perjuicio en la persona" acontece cuando la aplicación jurisprudencial "perjudica el derecho humano a la seguridad jurídica, al modificar una situación legal que sería definible mediante otro ejercicio interpretativo obligatorio".
[...]
“En ese contexto, la proscripción de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de las personas, no tiene el alcance de que los órganos jurisdiccionales respectivos, al resolver los casos que les son presentados, dejen de observar un criterio jurisprudencial del Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su lugar, apliquen un criterio vinculante que haya sido emitido de manera anterior por algún órgano inferior, como lo es un Pleno de Circuito o un Tribunal Colegiado de Circuito.
Es decir, el principio de irretroactividad de la jurisprudencia únicamente tiene un ámbito de aplicación horizontal -esto es, en un mismo plano jurisdiccional- y no de verticalidad, de tal suerte que, conforme al orden jerárquico o grado de fuerza vinculante de la jurisprudencia que se encuentra reconocido en el sistema jurídico mexicano -y a fin de no generar incertidumbre respecto a este punto jurídico para los casos futuros-, se debe estar a las siguientes reglas:
• La aplicación de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que resulte aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional, únicamente podría ser retroactiva en relación con otro criterio vinculante que haya sido emitido previamente por el propio Tribunal Pleno de este Alto Tribunal y que se vea superado, modificado o abandonado por aquélla.
• La jurisprudencia emitida por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente podría ser retroactiva respecto a un criterio jurisprudencial anterior de la Sala respectiva y que se ha visto superado, modificado o abandono por la entrada en vigor de aquélla.
• La jurisprudencia emitida por los Plenos de Circuito sólo puede considerarse retroactiva en relación con un criterio vinculante que haya sido emitido por el propio Pleno de Circuito respectivo, y que ha sido superado, modificado o abandonado por aquélla.
• Finalmente, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados, sólo será considerada como retroactiva respecto de un criterio jurisprudencial emitido por el propio Tribunal Colegiado y que se encuentra superado, modificado o abandonado por la entrada en vigor de aquélla”.
De la anterior transcripción, se advierte que la retroactividad en perjuicio de las personas acontece cuando la aplicación jurisprudencial perjudica el derecho humano a la seguridad jurídica, al modificar una situación legal que sería definible mediante otro ejercicio interpretativo obligatorio; luego, dicho principio de irretroactividad de la jurisprudencia únicamente tiene un ámbito de aplicación horizontal, esto es, en un mismo plano jurisdiccional, para lo cual la propia Sala en la ejecutoria que se analiza, estableció los supuestos que se encuentran en ese escenario; de ahí que –y esto es lo relevante- para el caso de las jurisprudencias emitidas por los Tribunales Colegiados, definió con claridad que, en ese supuesto, “la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados, sólo será considerada como retroactiva respecto de un criterio jurisprudencial emitido por el propio Tribunal Colegiado y que se encuentra superado, modificado o abandonado por la entrada en vigor de aquélla”.
La jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), cuyos motivos y fundamentos dieron origen al criterio antes descrito, se localiza con el registro digital 2013494, de rubro: “JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO”.
En ese orden de ideas, si en el caso concreto, cuando la quejosa promovió el juicio de amparo, se resolvió y se hicieron valer los correspondientes medios de impugnación, cuando existían sendas jurisprudencias, tanto de este órgano jurisdiccional como del Segundo Tribunal Colegiado de este Vigésimo Cuarto Circuito, en las cuales se definían precisamente las pretensiones buscadas por la amparista de manera que acudía a que se resolviera la litis con la seguridad jurídica que le daban esas jurisprudencias, en las que, en esencia, se estableció que los efectos derivados de la inconstitucionalidad de los artículos 11, fracción II; 13 segundo párrafo y, 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, debían consistir en reintegrar al quejoso las cantidades retenidas desde el primer acto de aplicación de los preceptos antes indicados.
Así las cosas, no obstante que el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios número 193/2024, entre los sustentados por este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en auxilio de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, modificó estos criterios; de ello deriva precisamente, la acotación que prevé el artículo 217 de la Ley de Amparo, así como el criterio jurídico obligatorio en cita 2a./J. 199/2016 (10a.); conforme a la cual, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando:
1. Al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional;
2. Antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y
3. La aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables.
De ahí que, si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica de la justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo.
Así, en el caso, se actualizan los tres supuestos antes referidos, pues (i) al inicio del juicio existían jurisprudencias aplicables directamente a las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (ii) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva (esta resolución), se emitió una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (iii) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables en este asunto.
Lo que llevaría a aplicar retroactivamente la jurisprudencia, y se rompería la seguridad jurídica de la justiciable que acudió y promovió el juicio de amparo con base en criterios vigentes en el momento en que solicitó la devolución del numerario que le fue retenido indebidamente y que es de su peculio.
De ahí que, como se adelantó, se estime que, únicamente en el asunto materia de esta resolución, no debe aplicarse la jurisprudencia con número de registro 2030898, pues se estaría ante la aplicación retroactiva de la jurisprudencia.
Es aplicable al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 6/2023 (11a.), emitida por la anterior integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro 2027495, de rubro y texto:
“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS DEMÁS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SUJETOS A OBSERVARLA NO PUEDEN DESATENDERLA, AUN CUANDO ESTIMEN QUE FUE INDEBIDAMENTE COMPILADA Y, POR TANTO, APARTARSE DE SU APLICACIÓN. (Se transcribe).”.
Conclusión. Ante lo inoperante e infundado de los agravios, lo que procede es, en la materia del recurso, confirmar la sentencia impugnada que concedió la protección constitucional, para los efectos ahí especificados.
(...)”.
[Lo destacado es de origen]
Ver consideraciones 1 con destacado
B. Criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 632/2024
15. Juicio de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Correspondencia Común en los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, una persona física promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó lo siguiente:
“(...)
IV.- ACTOS RECLAMADOS: Son los siguientes:
De manera General:
1.- La publicación, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y ejecución del Decreto que contiene la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, concretamente la fracción II, del artículo 11, el segundo párrafo del artículo 13 y el artículo 46, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete.
En lo particular a las Autoridades Ordenadoras:
1.- Del CONGRESO Y DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT, se reclama en el ámbito de su competencia la iniciativa, estudio, dictamen, discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, específicamente los numerales 11, fracción II, 13 segundo párrafo y 46, publicada en e Periódico Oficial del Estado de Nayarit, del treinta de julio de mil novecientos noventa y siete, que prevé la aportación de los trabajadores en activo y pensionados al fondo de pensiones identificada como “concepto 53 y 506”.
En lo particular a las Autoridades Ejecutoras:
2.- De la (3) SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, de la (4) DIRECIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, EL (5) COMITÉ DE VIGILANCIA DEL FONDO DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT y del (6) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT les reclamo el descuento que se efectuó en mis recibos de nómina ordinaria y de pensión mismo que describiré en líneas posteriores, con número de descuento 53 y 506, lo anterior que bajo protesta de decir verdad hasta el día de hoy 16 de abril de 2024 me entero que mi obligación era aportar al FONDO DE PENSIONES UNICAMENTE SIENDO TRABAJADOR ACTIVO Y NO EN MI CARÁCTER DE PENSIONADO, ya que el de la voz al momento de jubilarme contaba con una antigüedad de 20 años y 104 días de antigüedad, y aún me siguen descontando para el fondo, aun después de ser Jubilado, por reunir los requisitos enmarcados en la misma Ley. (...)”.
16. Trámite del juicio. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, cuyo titular mediante auto de treinta de abril de dos mil veinticuatro la radicó con el expediente **********/2024, la admitió a trámite y el veintisiete de junio de dos mil veinticuatro determinó conceder el amparo solicitado.
17. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, cuya presidencia por acuerdo de ocho de enero de dos mil veinticinco lo registró con el número R.A. 632/2024 y lo admitió a trámite. Seguida su tramitación, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, el tribunal resolvió modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, bajo las siguientes consideraciones:
“(...)
NOVENO. Síntesis de los agravios. En contra del fallo materia de la revisión la autoridad recurrente Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, aduce en síntesis, los agravios siguientes:
(...)
3. En el tercer agravio, la autoridad recurrente sostiene que el Juez de amparo pasó por alto que las aportaciones al Fondo de Pensiones son susceptibles de prescribir, respecto de las no reclamadas, ya que la quejosa reclamó la aplicación de los artículos 11, 13 y 46 de la ley de pensiones en comento, en el dos mil veinticuatro, no obstante, refiere, el primer descuento se le realizó cuando surtió efectos el dictamen; por tanto, sólo procede devolverle las cantidades que resulten hasta tres años anteriores, o la que corresponda al momento en que el juicio de amparo cause ejecutoria, toda vez que no solicitó la prestación citada dentro de los tres años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, como lo señala en artíc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34077-6861ac68/aplicacion-retroactiva-de-la-jurisprudencia-emitida-por-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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