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Modo: Corpus Pro

APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES A CARGO DE JUBILADOS O PENSIONADOS. EFECTOS DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II, 13, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 46 DE LA ABROGADA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 193/2024. · Registro digital (IUS): 33470
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-08-15
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO A
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo III, Volumen 2, Pág.913.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 193/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ. PONENTE: MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al cinco de junio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

1. Presentación de la denuncia. Por escrito presentado vía interconexión ante este pleno regional el dos de julio de dos mil veinticuatro Josué Alfonso Tirado Díaz, persona autorizada de la parte quejosa recurrente en el amparo en revisión número 211/2024 (amparo en revisión 806/2023) resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, del cual deriva uno de los criterios contendientes.

2. Criterios denunciados. La posible de contradicción de criterios se denunció entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver los amparos directos: 599/2022, 121/2022, 442/2022, 8/2023 y 9/2023, en sesiones veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, nueve y dieciséis de febrero, veinte de abril y veintinueve de junio de dos mil veintitrés; así como los amparos en revisión: 994/2022, 908/2022, 1313/2022, 1020/2022 y 1439/2022, en sesiones veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, veintitrés de febrero, catorce de abril, once y veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al fallar los amparos en revisión 1153/2017, 105/2022, 269/2022 y 928/2022, así como el amparo directo 434/2022, en sesiones de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, veintisiete de febrero, cuatro de mayo, seis de octubre y ocho de septiembre de dos mil veintitrés y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región al resolver el cuaderno auxiliar 211/2024 (amparo en revisión 806/2023), en sesión de cuatro de abril de dos mil veinticuatro.

3. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de cinco de julio de dos mil veinticuatro, se radicó el asunto con el número de expediente 193/2024, con el tema: determinar si procede la devolución total de las cantidades aportadas al fondo de pensiones cuando se estima inconstitucional la ley aplicable, considerando el primer acto de aplicación, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda y se turnó el expediente a la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

4. Informes. Los informes solicitados en el auto de radicación de la contradicción se recibieron de la siguiente manera:

• El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región (en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito), mediante oficio 157/2024 de ocho de julio de dos mil veinticuatro, informó que su criterio se encuentra vigente.

• Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante acuerdos de doce de julio de dos mil veinticuatro informó que el criterio que sostuvo en los amparos en revisión 269/2022 y 928/2022, así como en el amparo directo 434/2022 se encuentra vigente; mediante proveídos de cinco de agosto informó que los criterios que sostuvo en los amparos en revisión 1153/2017 y 105/2022 se encuentran vigentes.

• El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante oficio 18/2024 de quince de julio de dos mil veinticuatro informó que sus criterios se encuentran vigentes.

• La Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, por oficio DGCCST/X/666/08/2024 de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que guarde relación con el tema en disputa.

5. Suspensión de labores y plazos. Se invoca como hecho notorio que con motivo de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial se decretó una suspensión parcial de labores y de plazos y términos del diecinueve de agosto al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

6. Nueva integración. Mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas integra este pleno regional en sustitución del Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo.

7. Confirmación de turno. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinticuatro, según constancia de autos.

8. Nueva integración. Mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que la Magistrada Guillermina Coutiño Mata integra este pleno regional —en sustitución de la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos— y se le turnó el expediente.

9. Nueva integración. Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez integra este pleno regional —en sustitución de la Magistrada Silvia Cerón Fernández—.

10. Amicus curiae. Por acuerdos de veintitrés y veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los escritos firmados por una persona física actuando en representación de otra, quien realizó diversas manifestaciones de derecho en relación con la materia de la presente contradicción.

I. Competencia

11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito y un tribunal auxiliar de la Décima Región en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, comprendidos en la Región Centro-Norte,(5) cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

12. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formuló la persona quejosa recurrente en el amparo en revisión 80/2023, del índice del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (resuelto en el cuaderno auxiliar 211/2024, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región), del cual deriva uno de los criterios contendientes, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo,(6) Josué Alfonso Tirado Díaz.(7)

13. Sobre la legitimación del señalado autorizado para presentar la denuncia es aplicable, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008,(8) en la que se analizó el artículo 27 de la abrogada Ley de Amparo, de contenido similar al artículos 12 del ordenamiento jurídico vigente, que dice así:

CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.

III. Criterios denunciados

14. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región al resolver el cuaderno auxiliar 211/2024 (amparo en revisión 806/2023), en sesión de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos.

15. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver por unanimidad de votos los amparos directos 599/2022, 121/2022, 442/2022, 8/2023 y 9/2023, en sesiones veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, nueve y dieciséis de febrero, veinte de abril y veintinueve de junio de dos mil veintitrés, respectivamente.

16. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver por unanimidad de votos los amparos en revisión 994/2022, 908/2022, 1313/202, 1020/2022 y 1439/2022, en sesiones veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, veintitrés de febrero, catorce de abril, once y veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, respectivamente.

17. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al fallar por unanimidad de votos los amparos en revisión 1153/2017, 105/2022, 269/2022 y 928/2022, así como el amparo directo 434/2022, en sesiones de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, veintisiete de febrero, cuatro de mayo, seis de octubre y ocho de septiembre de dos mil veintitrés, respectivamente.

IV. Amicus curiae

18. En el escrito recibido con fecha veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:

“Que, de lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región en los autos del amparo en revisión 806/2023 de la estadística a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, identificado con el número de cuaderno auxiliar 211/2024, se desprende que no existe la contradicción de criterios con respecto a los que aquí contienden.

Lo anterior, porque, en el asunto referido en el párrafo que antecede se construyó una línea argumental que se hizo descansar en que el acto reclamado en la demanda lo fue el primer descuento que se realizó a la persona quejosa desde que adquirió su calidad de pensionada; en fecha el quince de septiembre de dos mil diecisiete.

Por su parte, en el controvertido que motivó el amparo en revisión 1439/2022 del índice a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el acto reclamado no se hizo consistir en el primer descuento realizado a la cuota pensionaria de la parte quejosa, sino en el que se le hizo en el comprobante anexo a la demanda, así como también se le hizo saber al juzgador de amparo que se tuvo noticia del conocimiento de la aplicación de los preceptos controvertidos por manifestación directa de la propia autoridad responsable a la parte quejosa.

Por lo cual, es evidente que los elementos que se tomaron en consideración por los Tribunales Colegiados emisores de los criterios contendientes no son sustancialmente iguales y, por ende, no se acredita la contradicción de criterios que apuntale esta causa.

Pues, mientras uno resolvió en el sentido que lo hizo, tomando como punto de partida la confección de argumentos que partieron de la base de que el acto reclamado fue el que se hizo a la primera cuota pensionaria del trabajador recién pensionado, en el que fui autorizado judicial no se tomó como acto de aplicación ese, sino el que se identificó en la demanda y que tuvo lugar antes de que esta se presentara.

Además, los argumentos esgrimidos en ambos recursos son sustancialmente diferentes, puesto que en el amparo en revisión resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región en los autos del amparo en revisión 806/2023 de la estadística a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, identificado con el número de cuaderno auxiliar 211/2024, la parte quejosa y recurrente construyó sus agravios bajo la premisa toral de que conoció la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados con motivo del asesoramiento que recibió.

Sin embargo, en el amparo en revisión 1439/2022 del índice a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito se sostuvo en los hechos fundatorios de la acción de amparo que se supo de la aplicación de los actos reclamados por así haberlo manifestado expresamente la autoridad responsable a la quejosa en forma verbal tras consultarle a qué se debía el descuento respectivo.

Por lo que, el Tribunal Colegiado de Circuito estableció que fue incorrecto lo resuelto por el Juez de Distrito al señalar que se había hecho conocedora de los descuentos que tuvieron lugar antes de la presentación de la demanda, toda vez que de los hechos bajo protesta no se derivaba esa afirmación expresa ni implícitamente, sino que, contrario a ello, se hizo referencia a que se conoció la inconstitucionalidad porque así se lo hizo saber la propia responsable a la quejosa en la fecha señalada en la demanda. motivo por el cual, no había constancia plena y fehaciente de que hubiere conocido de la aplicación de la normativa impugnada desde el primer acto de aplicación de esta, como errónea e ilegalmente lo estableció el Juzgador de Amparo en la sentencia revisada.

Lo cual, dista enormemente de lo resuelto en el amparo en revisión resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región en los autos del amparo en revisión 806/2023 de la estadística a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, identificado con el número de cuaderno auxiliar 211/2024, donde se mencionó la figura de la aplicación implícita al demeritar los argumentos de la parte recurrente para determinar que la procedencia del amparo revisado no justificaba que se concediera lo que pretendía al basarse en una premisa falsa (indebida identificación del acto de aplicación reclamado).

Consecuentemente, es claro que los antecedentes de los casos en contienda y sus consideraciones jurídicas no son lo suficientemente parecidas ni mucho menos idénticas para que pueda darse la contradicción de criterios entre los que fueron sostenidos por los diversos órganos contendientes.

Además, lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región en los autos del amparo en revisión 806/2023 de la estadística a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, identificado con el número de cuaderno auxiliar 211/2024, no dio respuesta frontal y directa a la aplicabilidad de los criterios jurisprudenciales que invocó la parte quejosa en sus agravios so pretexto de que la premisa toral en que se apoyó su argumento fue incorrecta, los cuales sí fueron tomados en consideración y observados por los Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito en los asuntos que dieron pie a los criterios contendientes por estimarlos obligatorios y aplicables, lo que denota una gran diferencia que nos vuelve a confirmar que no se reúnen los extremos para que se geste la presente contradicción de criterios.

Puesto que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región no los tomó en consideración ni razonó sobre su aplicabilidad al caso en los autos del amparo en revisión 806/2023 de la estadística a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, identificado con el número de cuaderno auxiliar 211/2024, mientras que en los demás amparos en revisión que conocieron y resolvieron los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Cuarto Circuito en los que determinaron que debían devolverse todas las cantidades que hubieren sido retenidas desde el primer acto en que se aplicó la normativa impugnada, sí lo fueron.

CONCLUSIÓN

Por los motivos expuestos, no se surten los extremos de procedencia para resolver de fondo esta Contradicción de Criterios, por lo que deberá declararse inexistente.”

19. En el escrito recibido con fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:

“Respetuosamente manifiesto que, de la atenta lectura al proyecto de resolución que fue publicado en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) se observa tanto la inexistencia de la contradicción de criterios al existir ya uno fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la jurisprudencia de rubro “AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.”, como una vulneración a los principios de interpretación conforme y pro persona que se trata de tutelar en dicha resolución (al ser innecesaria su aplicación por bastar la interpretación literal conforme al artículo 14 Constitucional).

Me explico.

En principio, cabe decir que el criterio jurídico contenido en la jurisprudencia cuyo rubro fue citado con antelación, resulta plenamente aplicable al caso para resolver el punto en conflicto, puesto que en este se analizan los alcances de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma de carácter fiscal, toda vez que las cuotas que le son descontadas a los trabajadores y posteriormente a los pensionados en concepto de aportación por virtud de la Ley de Pensiones que se reclamó, tienen naturaleza fiscal al ser contribuciones, específicamente, cuotas de seguridad social.

Por lo anterior, el criterio de este Pleno Regional no debe desconocer ni contradecir lo ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de previa cita, porque dicho criterio jurídico se impone frente al suyo y le resulta por completo vinculante para resolver esta contradicción. Consecuentemente, basta con apreciar el contenido de dicho criterio para notar que, al poseer naturaleza fiscal tanto la normativa reclamada como los descuentos que se combaten como acto de aplicación de aquella en los amparos indirectos que dieron origen a los criterios contendientes sostenidos por el Primer y Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, esta contradicción debe resolverse acorde al criterio que sostuvo la superioridad, en el sentido de que, si la norma combatida es declarada inconstitucional, debe entonces devolverse al quejoso la totalidad de los recursos que se le hubieren retenido con motivo de la aplicación de esta.

Pues, si la norma es inconstitucional, el efecto protector debe ser tal que se expulse real y efectivamente de la esfera jurídica del quejoso, lo que implica que no se le pueda aplicar nunca a su persona y provoque la antijuridicidad de todo acto que se apoye en dicha normativa.

Ahora, como señalé al principio, el proyecto de resolución que nos ocupa contiene una violación a los principios interpretativos conforme y pro persona que dimanan de los artículos 1o y 133 de la Constitución Federal, debido a que el criterio jurídico por el que se busca resolver la contradicción de criterios que nos ocupa, pretende establecer que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, sólo debe devolverse a los quejosos el importe de las cantidades que se les hayan retenido con motivo de la aplicación de los preceptos reclamados en el correspondiente amparo indirecto que hayan sucedido desde la fecha de presentación de la demanda en adelante, así como aquellos que se hubieren realizado hasta tres antes de que se promoviera esta.

Lo anterior, en el entendido de que, las retenciones que se hubieren realizado antes de esos tres años deben considerarse prescritas en favor del Fondo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 de la normativa impugnada, que literalmente establece lo siguiente:

(se transcribe)

En ese sentido, se advierte la vulneración a los apuntados principios interpretativos en la parte en que este Pleno Regional soslaya el contenido de la porción normativa destacada con negritas en la cita que precede, en la que puede verse que el propio precepto en que se apoya la decisión es claro al establecer como un requisito sine qua non para que pueda darse la figura de la prescripción, que la o las prestaciones que no se reclamen en el plazo de tres años hayan sido exigibles.

Luego, debemos tener presente que se entiende por exigible en el contexto de las prestaciones que se contemplan en favor de los pensionados en la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit.

Así, de acuerdo con la Teoría General de las Obligaciones, una obligación es exigible cuando se cumple el supuesto jurídico en que esta se fundamenta, y, por ende, a partir de ese momento vincula al sujeto obligado por esta a dar o hacer aquello a lo que la norma o el convenio respectivo le obliguen. Por ejemplo; a reconocer como pensionado y pagar la correspondiente cuota pensionaria cuando la persona acredite el cumplimiento de los requisitos legales conducentes.

En el caso, la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit establece una serie de prestaciones que se contienen a lo largo de sus preceptos, como lo son las pensiones, las indemnizaciones globales y los aguinaldos, así como los incrementos en la cuota pensionaria en la misma proporción en que aumenten los salarios del personal activo.

Sin embargo, en ninguna parte de sus dispositivos legales se observa una disposición que le obligue al Fondo de Pensiones a devolver a los pensionados el importe de toda aquella retención que se haya realizado con cargo a su cuota pensionaria en concepto de aportación a dicho Fondo.

Por el contrario, se establece a cargo de los pensionados el deber legal consistente en que, pese haber aportado el tiempo necesario y haber cumplido con todos los requisitos legales para obtener su pensión, seguirán aportando al Fondo de Pensiones para formar parte del sistema de financiamiento de las pensiones de los trabajadores activos.

Lo cual constituye el agravio y afectación a sus derechos humanos de que se duelen los quejosos en los juicios de amparo indirecto instados contra los preceptos de la Ley de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit que instrumentan esa obligación a su cargo. Por lo que, si la aportación es un deber a cargo de los pensionados, es evidente que la devolución de los montos que les haya sido retenido por ese concepto no es ni puede ser exigible al Fondo de Pensiones de acuerdo con la normativa que lo rige.

Consecuentemente, el artículo 18 de la Ley de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit no puede tener aplicación en el caso de los descuentos que se realizaron a las cuotas pensionarias de los quejosos en concepto de aportación desde que adquirieron su calidad de pensionados, dada cuenta que esas retenciones son obligatorias para estos como destinatarios de la norma en cita, lo cual impide que puedan exigirle a la autoridad respectiva que se les devuelvan esas aportaciones conforme a dicha normativa.

Sin perjuicio de que los pensionados tengan derecho de accionar el juicio de amparo indirecto para controvertir la constitucionalidad o convencionalidad de los preceptos de la Ley de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit que instrumenten el pago de las aportaciones con cargo a las cuotas pensionarias.

Pues, la existencia de ese derecho no implica que, por esa sola razón, el Fondo de Pensiones este jurídicamente obligado a devolver las cantidades que haya cobrado a los pensionados en aplicación de dicha normativa. Ya que, en dado caso, la devolución que esta haga será consecuencia de la sentencia amparadora que resuelva el juicio de amparo indirecto en favor del pensionado quejoso.

Por lo anterior, se transgreden los principios de interpretación conforme y pro persona al no atenderse al contenido sustancial del artículo 18 de la Ley de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, que, bajo su mera interpretación literal nos permite concluir que la figura de la prescripción no tiene aplicación entratándose de los montos que la autoridad responsable deba entregar a los quejosos como un efecto de una sentencia amparadora que le obligue a inaplicar los preceptos que se hayan reclamado que prevean el deber legal de aportar al Fondo de Pensiones.

Es así, porque la exigibilidad de tal devolución es consecuencia directa e inmediata del efecto concesorio de la sentencia de amparo, no de las disposiciones de la Ley de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, motivo por el cual no pudo siquiera correr el plazo prescriptivo de tres años que contempla el artículo 18 de dicha norma respecto de las prestaciones que sean exigibles conforme a la propia ley.

En esa virtud, el efecto de la concesión del amparo que obligue a devolver la totalidad de los descuentos que se hubieren realizado a la cuota pensionaria del quejoso con motivo de la aplicación de los artículos de la Ley de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit que instrumentan tales descuentos, sería respetuoso de los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de sentencias de amparo, ya que los efectos que han sostenido los Tribunales Primero y Segundo del Vigésimo Cuarto Circuito no van más allá de la persona de los quejosos, a quienes beneficia con que las autoridades responsables no puedan aplicarles las disposiciones reclamadas y que se les deba devolver el numerario que se les haya retenido con base a estas.

Sin que represente obstáculo alguno la consideración de que los efectos del amparo no pueden ser retroactivos, sino restitutorios, porque, la devolución de los montos que se le hubieren retenido a los quejosos por la aplicación de los preceptos invalidados desde que adquirió la calidad de pensionado es una consecuencia lógica y necesaria de la concesión del amparo, ya que sólo de esa manera puede cumplirse con el efecto protector de que no se le aplique nunca al quejoso la normativa reclamada.

De modo que la devolución total de lo retenido al quejoso por virtud de las normas reclamadas no es un efecto retroactivo, sino una consecuencia jurídica propia de la sentencia amparadora, que no es lo mismo.

Además, en ninguna parte de las disposiciones de la Ley de Materia se establece una restricción de ese tipo, por lo que, si así se pretendiera ver al efecto concesorio de previa mención, nada impediría que se estableciera así en una sentencia amparadora de acuerdo con una interpretación conforme y pro persona de la Ley de Amparo, al no prohibirlo esta ni tampoco la Constitución Federal en sus artículos 103 y 107.

En esa tesitura, los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la prescriptibilidad de las pensiones vencidas para efectos de reclamar las devoluciones retroactivas por ajustes tampoco pueden servir de base para soportar el criterio del Tribunal Auxiliar contendiente, dada cuenta que analizan una problemática distinta a la que aquí impera, en la que la devolución sí se estima exigible desde el momento mismo que se realizó el pago de un monto incorrecto al pensionado, bajo la idea de que el derecho a reclamar la diferencias es imprescriptible y puede plantearse en cualquier momento respecto de todas aquellas pensiones que se comprendan dentro del correspondiente plazo prescriptivo que prevé la ley del ISSSTE que se compute teniendo como punto de partida la presentación de la demanda o solicitud de devolución relativa.

Pues, en este cas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33470-a21ea551/aportaciones-al-fondo-de-pensiones-a-cargo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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