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Modo: Corpus Pro

APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES A CARGO DE LAS PERSONAS PENSIONADAS O JUBILADAS DEL ESTADO DE NAYARIT. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN TOTAL DE LAS CANTIDADES RETENIDAS Y EROGADAS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II, 13, SEGUNDO PÁRRAFO Y 46 DE LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA ABROGADA, ANTE SU INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1153/2017. · Registro digital (IUS): 32423
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-05-17
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo V, Pág.4833.

AMPARO EN REVISIÓN 1153/2017. 27 DE JUNIO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO ROCHIN GARCÍA. SECRETARIO: JULIO CORTÉS TAPIA.

Tepic, Nayarit, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver, los autos del amparo en revisión **********; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación del juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil diecisiete,(1) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables y actos reclamados siguientes:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

"Considero como AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS:

"1. EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, con domicilio en ...

"2. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT, con domicilio ...

"Considero como AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS.

"1. EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, con domicilio en ...

"2. EL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, con domicilio en ...

"IV. NORMA GENERAL O ACTO QUE SE RECLAMA: La publicación, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y ejecución del Decreto que contiene la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, concretamente la fracción II del artículo 11, el segundo párrafo del artículo 13 y el artículo 46, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; que textualmente establecen: (Se transcriben)

"El ACTO QUE SE RECLAMA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS, es lo siguiente:

"1. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, se reclama el proceso de discusión, expedición y decreto de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, concretamente la fracción II del artículo 11, el segundo párrafo del artículo 13 y el artículo 46, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete.

"2. DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT, se reclama la Promulgación, orden de expedición y omisión de veto, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, concretamente la fracción II del artículo 11, el segundo párrafo del artículo 13 y el artículo 46, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete.

"EL ACTO QUE SE RECLAMA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS, es lo siguiente:

"1 y 2. DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, se reclama el primer acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, desde el momento que me di cuenta de dicho descuento, y que fue el día ********** sin embargo los descuentos comprenden actos de los llamados ‘DE TRACTO SUCESIVO’, desde el ********** en lo que me descuentan de mi pensión por concepto (53) Fondo de Pensiones la cantidad que al día de hoy representan un total de ********** en base a los recibos que el quejoso tiene como probanza, aunque dicha cantidad se verá EN AUMENTO cuando las autoridades correspondientes rindan la totalidad de los descuentos realizados en sus respectivos informes ...

"DE IGUAL FORMA SE RECLAMAN TODAS LAS CONSECUENCIAS, EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS (entre ellos todos los descuentos que se hayan realizado y se continúen realizando con base en la fracción II del artículo 11, el segundo párrafo del artículo 13 y el artículo 46, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; preceptos que son violatorios de mis derechos humanos de igualdad y seguridad social previstos en el artículo 67, inciso b), del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de Seguridad Social, así como los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

SEGUNDO.—Trámite y resolución de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete,(2) el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, a quien por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda, la admitió a trámite y la registró con el número **********; corrió traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Juzgado, solicitó el informe justificado respectivo y fijó día y hora para la audiencia constitucional correspondiente.

Seguido el juicio en sus trámites legales, mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete,(3) se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso.

TERCERO.—Recurso de revisión. Inconforme con dicha determinación, el quejoso ********** interpuso recurso de revisión, mismo que fue admitido por el Presidente de este Tribunal Colegiado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete;(4) se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento en el sentido de que se deberán calificar como infundados e inoperantes los agravios vertidos y, por consecuencia, negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.(5)

CUARTO.—Turno. En proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para los efectos del artículo 92 de la Ley de Amparo, el presente recurso de revisión se turnó a la ponencia del Magistrado German Martínez Cisneros, y en dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el asunto se returnó al Secretario de Tribunal en funciones de Magistrado Gilberto Lara Gómez, en sustitución temporal.(6)

QUINTO.—Returno. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno de dicho Consejo, en sesión celebrada en esa misma fecha, aprobó la adscripción del Magistrado Fernando Rochin García a este Tribunal Colegiado a partir del dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, en tal virtud, para los efectos a que se contrae el artículo 51 de la Ley de Amparo, se notificó a las partes que a partir de esa fecha este Tribunal Colegiado se integraba por los señores Magistrados Fernando Rochin García, Rodolfo Munguía Rojas y Carlos Alberto Martínez Hernández; además, por esa razón, el presente asunto se returnó el ocho de enero de dos mil diecinueve, a la ponencia a cargo del primero de los mencionados, para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.

SEXTO.—Vista a la parte quejosa. En sesión celebrada el seis de junio de dos mil diecinueve, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional determinó dejar el asunto en lista para dar vista a la parte quejosa con la posible actualización de una causal de sobreseimiento.

Por acuerdo de siete de junio de dos mil diecinueve, notificado el diez del propio mes y año, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo hubiere hecho; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República; 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se interpone contra una sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales residente en el Estado de Nayarit, lugar en el que este Tribunal ejerce jurisdicción.

SEGUNDO.—Legitimación. La parte recurrente ********** se encuentra legitimada para interponer el recurso de revisión, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón de que tiene la calidad de quejoso en el juicio de amparo de origen.

TERCERO.—Oportunidad. El recurso de revisión es oportuno, pues se presentó dentro del plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la determinación impugnada se notificó a la parte recurrente el cinco de octubre de dos mil diecisiete,(7) notificación que surtió efectos el día hábil siguiente; por tanto, el plazo para interponer el recurso transcurrió del nueve al veintitrés de octubre de la referida anualidad, sin contar los días inhábiles que mediaron en el mismo, por lo que si el recurso de revisión se interpuso el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, es evidente que se encuentra dentro del término antes referido.

CUARTO.—Resolución recurrida y agravios.

Resulta innecesario transcribir las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, así como los agravios vertidos en su contra, toda vez que el artículo 74 de la Ley de Amparo no establece dicha obligación.

QUINTO.—Vigencia de los criterios jurisprudenciales citados. Los criterios de jurisprudencia invocados en esta ejecutoria, están vigentes en tanto no se oponen a la Ley de Amparo en vigor, conforme lo prevé su artículo Sexto Transitorio.(8)

SEXTO.—Firmeza en cuanto a las consideraciones vertidas en el fallo recurrido. Antes de abordar el estudio de los agravios, resulta procedente declarar firme la concesión del amparo respecto de los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; toda vez que los motivos que sustentan la concesión no fueron combatidos por la parte a quien le puede afectar, en este caso a las autoridades que participaron en la creación de la norma.

Es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 20/91 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 318, número 480, que dice:

"REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien lo pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutivo."

Se precisa además, que no obstante que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, en cualquier etapa del juicio, aun cuando el recurrente sea la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, en el caso particular, no procede analizar la causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Entidad, consistente en que la ley y actos concretos de aplicación debían ser considerados como consentidos en términos de los artículos 17, 18 y 63, fracción IV, de la ley de la materia, por haber tenido conocimiento de la norma impugnada, desde el ********** fecha en que recibió su primer recibo de nómina o talón de cheque en su calidad de pensionado.

Al respecto, en la resolución recurrida se desestimó la causa de improcedencia en cita, señalando que el quejoso impugnó los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; y que, por tanto, con dicha circunstancia se reveló su inconformidad, situación que incluso no entraña el consentimiento a dichos numerales.

Asimismo determinó que la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y jubilaciones, es imprescriptible; lo anterior, toda vez que el derecho de exigencia comienza día con día mientras aquéllas no se otorguen y se entregue el monto correcto de la pensión actualizada.

En virtud de lo anterior, cabe decir que dado que existe pronunciamiento por parte del juez de Distrito respecto a la desestimación de una causa de improcedencia, se requiere que sea impugnado por la parte a quien perjudica y que haga valer el agravio correspondiente, situación que en el caso no acontece; por ende, con independencia de lo correcto o no de la decisión, debe quedar firme por falta de impugnación.

Es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 34/91 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 193, número 288, que dice:

"IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO DESESTIMO ALGUNA DE LAS CAUSALES, SE REQUIERE AGRAVIO EN LA REVISIÓN PARA REEXAMINARLA. Si bien el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia, en su caso, deben ser examinadas de oficio, cuando un juez de Distrito desestima expresamente alguna de ellas, al no estar ya de por medio en esa determinación el orden público que justifica la referida oficiosidad, sino tan solo el interés privado de la parte que resulta afectada por ella, el órgano revisor únicamente puede abordar, por regla general, el estudio de la determinación del juez a la luz de los agravios que se hagan valer por el recurrente."

Es aplicable, además, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, página 427, tesis 251, que señala:

"REVISIÓN EN AMPARO. Comprende sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del juez de Distrito firme en la parte en que no fue impugnado."

SÉPTIMO.—Cuestión preliminar al examen del recurso. Precisado lo anterior, cabe señalar que, por regla general, la parte quejosa no puede impugnar una sentencia que le es favorable a sus intereses, pues ello es contrario al principio de agravio personal y directo que rige en el juicio de amparo; sin embargo, dado que combate los efectos establecidos por el juez de Distrito, ya que –desde su perspectiva– fueron precisados de manera errónea, tal aspecto debe ser examinado a través de este medio impugnación, pues aunque la concesión del amparo en apariencia no le depara perjuicio al no poder obtener en segunda instancia mayores beneficios que los generados en la sentencia recurrida al haberse declarado la inconstitucionalidad de una ley, los alcances de la sentencia protectora sí pueden tener un efecto desfavorable, ya que puede traer consigo, incluso, que no se le restituya en el pleno goce de la garantía individual violada.

Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 78/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, Novena época, página 298, que dice:

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE ESE RECURSO CUANDO LO QUE EL QUEJOSO COMBATE ES LA PRECISIÓN ERRÓNEA DE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Por regla general, el quejoso no puede impugnar una sentencia que le es favorable a sus intereses, pues ello es contrario al principio de agravio personal y directo que rige en el juicio de amparo en todas sus etapas e instancias. Sin embargo, si lo que combate es que el Juez del conocimiento precisó erróneamente los efectos de dicha concesión, el referido medio de impugnación debe considerarse procedente, pues aunque la concesión del amparo aparentemente no puede agraviarlo al no poder obtener en segunda instancia mayores beneficios que los generados por la sentencia recurrida, al haberse declarado la inconstitucionalidad de una ley, los alcances de la sentencia protectora sí pueden tener ese efecto desfavorable, ya que puede traer consigo, incluso, que no se le restituya en el pleno goce de la garantía individual violada."

OCTAVO.—Resarcimiento de este órgano colegiado en torno a la omisión del resolutor de amparo de pronunciarse sobre un acto reclamado. En primer lugar, antes de analizar y dar respuesta a los agravios formulados, debe decirse que este órgano colegiado advierte que el juez de Distrito al dictar la sentencia que resolvió la litis constitucional materia de este recurso, soslayó en pronunciarse respecto de uno de los actos reclamados señalados en la demanda de amparo.

No obstante a lo anterior, en razón de que no es dable el reenvío en el presente recurso de revisión, este tribunal revisor se sustituirá al Juez de amparo y efectuará el examen correspondiente.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3/95(9) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice:

"ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR. De acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, los que se apreciarán tal como aparezcan probados, ante la autoridad responsable, por lo que si el Juez de Distrito, en su sentencia, contraviene esos ordenamientos, y no resuelve sobre alguno de tales actos, o no los aprecia correctamente, los agraviados al interponer la revisión están en aptitud de invocar el agravio correspondiente y si, además, no se aprecia que alguna de las partes que debió intervenir en el juicio de garantías haya quedado inaudita, no procede ordenar la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues tal falta de análisis no constituye una violación procedimental porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni a alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva; sino que lo que es susceptible es que la autoridad revisora se sustituya al Juez de amparo y efectúe el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación, según lo previsto en la fracción I, del artículo invocado, conforme al cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión."

En ese contexto, importa resaltar que del escrito inicial de demanda, se observa que se le atribuyó al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, los actos reclamados siguientes:

"... la Promulgación, orden de expedición y omisión de veto, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, concretamente la fracción II, del artículo 11, el segundo párrafo del artículo 13 y el artículo 46 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete." (énfasis añadido) (foja 4 del juicio de amparo que se revisa).

De la revisión de constancias que integran el sumario constitucional, se desprende que dicha autoridad responsable al rendir su informe justificado, solamente, señaló que sí eran ciertos los actos reclamados consistentes en la promulgación y orden de publicación en el Periódico Oficial de la ley reclamada (foja 178 ídem); sin embargo, no señaló nada en torno a la actuación consistente en la omisión de veto de la ley tildada de inconstitucional también reprochada.

Al respecto, para justificar la decisión en torno a la omisión impugnada, primero, es conveniente destacar que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de Amparo, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última es el reconocimiento que a modo de confesión hacen dichas autoridades al justificar su conducta.

En todo caso, se debe analizar la naturaleza del acto reclamado para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba de su existencia.

En efecto, dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una abstención.

Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad.

Existen tres reglas en relación con la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado:

1. Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado.

2. Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y

3. Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que no se encuentra en posibilidad de probar una omisión.

Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 21, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660, del tomo V, segunda parte-2, enero-junio de 1990, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 226432, que establece:

"ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos."

Por otro lado, para establecer la existencia de una omisión es necesario estudiar el imperativo legal que obliga a la autoridad a actuar de una manera determinada, pues de no existir dicha obligación es lógico que la autoridad a quien se atribuye no incurriría en incumplimiento, ya que la obligación establecida en ley constituye el presupuesto que condiciona la existencia de la omisión impugnada.

Apoya lo anterior, la tesis XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el foja 53, del tomo VII, junio de 1998, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196080, que prevé:

"ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos."

En el caso, como quedó establecido con antelación en la instancia constitucional sujeta a revisión, la parte quejosa reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, entre otros actos, la omisión de ejercer el derecho de veto respecto de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, concretamente la fracción II del artículo 11, el segundo párrafo del artículo 13 y el artículo 46 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete.

Al respecto, el Subsecretario de asuntos jurídicos al rendir el informe justificado, en representación del Gobernador Constitucional de esta entidad, no aceptó, ni negó la existencia de la omisión reclamada –foja 178 del juicio de amparo indirecto–.

De manera que, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, dado que a dicho ente se le atribuye un acto de naturaleza omisiva; la carga de la prueba recaería en la autoridad responsable, debido a que la parte quejosa no se encuentra en posibilidad de probarlo; sin embargo, no es el caso de tener por existente dicha omisión, pese a que la autoridad no haya cumplido con su carga probatoria, como se explica a continuación.

Los artículos 49 al 59, así como los numerales 61, 69 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, prevén:

"Art. 49. El derecho de iniciar leyes compete:

"I. A los Diputados.

"II. Al Gobernador del Estado.

"III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden Judicial.

"IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal.

"V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular.

"Dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Gobernador podrá presentar una iniciativa de decreto o ley con el carácter de preferente, que deberá ser votada por el pleno del Congreso dentro de los treinta días siguientes a su presentación, de conformidad al procedimiento que establezca la ley.

"No serán preferentes las iniciativas que el Gobernador presente en materia presupuestal, fiscal y electoral, ni reformas constitucionales."

"Art. 50. Todo Proyecto de Ley, como los asuntos en que deba recaer resolución del Congreso, se sujetarán a los procedimientos, formalidades y trámites Legislativos que establezca la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso."

"Art. 51. Para discutir un Proyecto de Ley enviado por alguna de las personas que tienen derecho de iniciativa, se avisará a su autor con dos días de anterioridad al designado para la discusión, para que si lo estima

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32423-a5193c22/aportaciones-al-fondo-de-pensiones-a-cargo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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