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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. NO DEBE DESECHARSE DE PLANO EN EL AUTO INICIAL DEL JUICIO, POR ESTIMARSE ACTUALIZADO UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, SI DE AQUÉLLA, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS Y DE SUS ANEXOS NO SE ADVIERTE FEHACIENTEMENTE LA FECHA CIERTA EN QUE TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU ACTO DE APLICACIÓN. FONDO DE PENSIONES. CUANDO REALIZA LA DEDUCCIÓN AUTOMÁTICA BAJO EL "CONCEPTO 53", CON BASE EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, A LAS PERCEPCIONES QUE RECIBEN LOS PENSIONADOS, LO HACE COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. · Registro digital (IUS): 28273
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-01-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo II, Pág. 882.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DAVID PÉREZ CHÁVEZ (PRESIDENTE), GERMÁN MARTÍNEZ CISNEROS Y RODOLFO MUNGUÍA ROJAS, CON EL VOTO DE CALIDAD DEL PRESIDENTE, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO. DISIDENTES: RAMÓN MEDINA DE LA TORRE, CECILIA PEÑA COVARRUBIAS Y CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. PONENTE: CECILIA PEÑA COVARRUBIAS. ENCARGADO DEL ENGROSE: GERMÁN MARTÍNEZ CISNEROS. SECRETARIA: JUDITH GUADALUPE PEÑA SERRANO.

Tepic, Nayarit. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Cuarto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS para resolver los autos del expediente 1/2018, relativo a la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Vigésimo Cuarto Circuito.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.

Por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, **********, en su carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de **********, parte quejosa en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja ********** y el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, al fallar el recurso de queja **********.

SEGUNDO.—Trámite ante el Pleno del Vigésimo Cuarto Circuito.

Por acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Cuarto Circuito, ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número de contradicción de tesis 1/2018.

Previo a decidir en torno a la admisión del asunto, solicitó al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, informara si la parte promovente tenía reconocido el carácter que ostentaba y, en caso afirmativo, remitiera constancia fehaciente que justificara tal aspecto.

Posteriormente, en auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el presidente de este Pleno de Circuito, tuvo por recibido el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado, informó que la parte denunciante de la contradicción de criterios, tenía reconocido el carácter de autorizada de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ********** de su índice, remitiendo copias certificadas con las que acreditó su dicho.

Tomando en consideración lo informado, se tuvo por acreditada la personalidad y la legitimación con la que la denunciante se ostentó en el escrito de denuncia de contradicción de criterios, por lo que la presidencia del Pleno de este Circuito asumió competencia para conocer del asunto, admitiéndolo a trámite y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran copia certificada de los asuntos en que se emitieron las resoluciones materia de la contradicción denunciada, asimismo, informaran si los criterios sustentados en dichos asuntos se encontraban vigentes.

Además, acordó que una vez que se integraran los autos, se turnara el asunto a la ponencia de la Magistrada Cecilia Peña Covarrubias para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y se comunicó tal determinación a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

TERCERO.—Remisión de constancias y turno.

Mediante auto de seis de abril de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno de este Circuito tuvo por recibido el oficio suscrito por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por el que informó que el criterio sustentado se encontraba vigente; además, allegó copias certificadas del recurso de queja ********** de su índice.

Luego, por acuerdo de once de abril de dos mil dieciocho, el Pleno de este Circuito recibió el comunicado por el que la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis informó que el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le informó que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes por resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictadas por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna radicada ante la propia Corte en la que el punto a dilucidar guardara relación con el tema a resolver en este asunto.

Finalmente, en proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio de la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por el que informó que el criterio sustentado se encontraba vigente, asimismo remitió copias certificadas del recurso de queja ********** de su índice.

Por tanto, al encontrarse integrada la posible contradicción de criterios y, como se estableció en proveído de veintiséis de marzo del año en curso, –siguiendo el orden acordado–, se turnaron los autos a la Magistrada Cecilia Peña Covarrubias para que formulara el proyecto de sentencia en el plazo respectivo, por lo que se pusieron a su disposición los autos para los efectos correspondientes.

CUARTO.—Magistrado encargado del engrose.

En sesión ordinaria de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la mayoría de este Pleno de Circuito (con el voto de calidad emitido por el Magistrado presidente David Pérez Chávez) no aprobó el proyecto de contradicción de tesis presentado por la Magistrada Cecilia Peña Covarrubias, acordándose por unanimidad votos de los Magistrados integrantes, que el engrose respectivo sería asumido por el Magistrado Germán Martínez Cisneros, que, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debía elaborarse dentro del término de diez días hábiles.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno del Vigésimo Cuarto Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 13, fracción VII y 18 del Acuerdo General Número 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue formulada por **********, en su carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa **********, en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.

Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 168488, Tomo XXVIII, noviembre de dos mil ocho, página 227, cuyos epígrafe y contenido se transcriben a la letra:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

Sin que obste que la jurisprudencia a que se hace alusión haya sido integrada al tenor de la Ley de Amparo abrogada; habida cuenta que permanece vigente en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo actual, en tanto que en su artículo 227, de igual forma legitima a las partes que intervinieron en los juicios en que los criterios discrepantes hayan sido sustentados, para denunciar la contradicción respectiva.

TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

Para determinar si existe la contradicción denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones que expusieron cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

1. Los datos que se obtuvieron de las copias certificadas que integran el recurso de queja **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y que obran agregadas al presente expediente,(1) son las siguientes:

• El director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, interpuso recurso de queja contra el auto de diez de marzo de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en el juicio de amparo indirecto **********, mediante el cual admitió a trámite la demanda de amparo promovida por **********.

• Por acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, el presidente del referido Tribunal Colegiado de Circuito, ordenó el registro del asunto con el número de expediente ********** y lo admitió a trámite, lo cual se ordenó comunicar al Juez de Distrito y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

• En proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete, se turnaron los autos al Magistrado David Pérez Chávez, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

• En sesión ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia materia de la contradicción de tesis que ahora se resuelve, siendo las consideraciones por las que se resolvió en ese sentido del tenor siguiente:

"VIII. Decisión y su justificación

"Los motivos de agravio al caso expresados, son infundados.

"En efecto, de los motivos de agravios hechos valer por la parte recurrente, se advierte que esencialmente, se duele de que el Juez de Distrito no debió admitir a trámite una demanda de amparo notoriamente improcedente, pues al consistir el acto reclamado en la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, su primer acto de aplicación data desde el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, y los anteriores a este acto de aplicación datan del veintiocho de febrero de dos mil tres al quince de febrero de dos mil diecisiete, como el propio quejoso lo expresa en su demanda y dice lo acredita con el recibo de nómina que anexa como prueba en los cuales se reafirma la fecha de aplicación de la normatividad general señalada de inconstitucional.

"Agrega que, además de los recibos de nómina anexados como prueba por el quejoso, fue aportado el Dictamen General del Fondo de Pensiones emitido el dieciséis de febrero de dos mil tres, del cual se deduce que con esa fecha le fue otorgada la pensión jubilatoria y, por consecuencia, en la siguiente quincena, correspondiente a la de veintiocho de febrero siguiente, le fue por primera vez aplicado el contenido de los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 16 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que a partir de dicha fecha comenzó a correr el término para la interposición de la demanda, tal y como lo establece el criterio judicial «I.1o.A.21 K» de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO PARA EL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO.’

"Se estiman infundados los anteriores argumentos, tomando en consideración que de las constancias remitidas para la resolución del presente recurso, se advierte del escrito de demanda las siguientes manifestaciones por parte del quejoso:

"Asimismo, bajo protesta de decir verdad, señaló lo siguiente:

"‘V. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los siguientes:

"‘1. En primer término, hago de su conocimiento a usted C. Juez de Distrito, que la suscrito ingresé a laborar en el año 1984 como trabajador de confianza al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

"‘2. Con fecha 16 del mes de febrero del año 2003, el Comité de Vigilancia del fondo de pensiones otorgó a mi favor dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicios con un importe mensual de $********** (********** pesos ********** M.N.) con categoría de ********** (63.33% de último salario).

"‘3.Desde la fecha de otorgamiento de mi dictamen por pensión por retiro y tiempo de servicio, se ha descontado el concepto 53 del recibo de nómina por fondo de pensiones y hasta la fecha se ha realizado dicho descuento, lo que considero violatorio de mis derechos humanos de igualdad y seguridad social al restringirme de mi pensión y mi perspectiva de vida, así como la dignidad humana, que se contienen en los numerales 1o. y 123 de la Constitución Federal.[’]

"Ahora bien, respecto del conocimiento del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, reiteradamente, que el plazo para presentar la demanda de amparo, debe computarse a partir de que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto, lo que debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en presunciones, ya que la finalidad es dar seguridad jurídica a los particulares.

"Lo anterior porque el hecho de que pudieran existir indicios y presunciones de las cuales se pudiera derivar que el particular tuvo conocimiento de los actos reclamados en determinada fecha, no es bastante para tener por probada plenamente la circunstancia de que el quejoso tuvo conocimiento de los actos impugnados en su demanda con una anticipación mayor a la del plazo que señala la Ley de Amparo.

"Tiene sustento en el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 115/2010, que dice:

"‘DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ’.

"Así, con independencia de que el acto reclamado sea en esencia la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y la recurrente aduzca que tal conocimiento tuvo lugar desde la segunda quincena de febrero de dos mil tres, cuando se realizó el primer pago por concepto de pensión de jubilación; tales argumentos, se consideran infundados para estimar que en el caso, el juzgador de amparo debió advertir dichas circunstancias y determinar que resultaba extemporánea la demanda de amparo presentada.

"En efecto, el numeral 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable resulta de que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

"De ahí que, al invocarse por parte de la recurrente razones que pueden ser materia de debate, como lo es la fecha del conocimiento de los artículos reclamados, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo, puesto que en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos, y a razón incluso de los propios planteamientos de la recurrente, se hace evidente que con la sola presentación de la demanda no se podía advertir esa circunstancia de certeza respecto de la fecha del conocimiento del acto reclamado, por lo cual, en ese momento, no se estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda, sino hasta que se realice un análisis de las pruebas que aporten las partes.

"Por tanto, contrario a lo sostenido por la autoridad responsable recurrente, con los datos que hasta el momento de la admisión obran en el juicio de amparo, no se acredita fehacientemente que en la fecha de emisión de los recibos de pago, el quejoso hubiera tenido conocimiento pleno de la aplicación de las normas ahora tildadas de inconstitucionales, ya que no debe perderse de vista que una cosa es el acto de aplicación de la norma cuestionada y otra, el hecho que el gobernado tenga pleno conocimiento de la norma que se le aplica; conocimiento cabal que, para efectos del cómputo de la temporalidad del juicio de amparo, tiene que ser fehaciente, para lo cual debe contenerse en un documento (en el caso recibo de pago), las cantidades retenidas y/o liquidadas, los conceptos y los preceptos legales aplicados.

"Cabe acotar, que si bien dentro de las constancias que integran el juicio de amparo de origen, obra copia del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio otorgado el dieciséis de febrero de dos mil tres al quejoso, ello no constituye un dato que permita conocer el descuento que se reclama en la vía constitucional, toda vez que en el mismo, no se especifica los conceptos que lo integran, o bien, la deducción que se realiza, sino únicamente se precisa la cantidad que de manera mensual se le pagará al trabajador con motivo de su jubilación (Foja 21 igual).

"Además, del contenido del recibo de pago presentado por el propio peticionario de amparo, mismo que obra agregado a foja veinte del juicio de amparo indirecto de origen, si bien, se advierte una deducción por el siguiente concepto ‘53 Fondo P.’, no obstante que el mismo corresponde a la segunda quincena del mes de febrero de dos mil diecisiete, ello de modo alguno constituye un dato fehaciente para establecer que la misma tenga relación directa con el acto reclamado; es decir, la inconstitucionalidad de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, relativa a la deducción que por concepto ‘53’ se le realizan al quejoso.

"Más allá de lo anterior, del recibo de pago respectivo no se aprecia cuando el quejoso firmó su recepción, para de esa manera establecer la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de que se le estaba realizada la deducción que tilda de inconstitucional, de modo que la certificación notarial de ocho de marzo del año en curso ahí contenida, en su caso evidencia que en esa fecha el agraviado tuvo en su poder tal documento y, por ende, hasta este estadio procesal ese dato no puede servir como punto de partida para estimar la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo.

"Resulta aplicable a lo antes considerado, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en la tesis VI.2o.T.5 K, que comparte este tribunal, de rubro siguiente:

"‘DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE LA ADMITE, SIN QUE EL JUEZ DE DISTRITO SE PERCATE O SEÑALE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA MISMA, NO CAUSA AGRAVIO.’

"De igual forma se comparte el criterio sustentado en la tesis, de rubro siguiente:

"‘DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA.’

"Por tanto, este Tribunal Colegiado considera que si la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento de la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, es un aspecto a dilucidar que se desprenderá las pruebas que las partes aporten en el juicio de amparo, la presentación de la demanda de amparo no es un aspecto que pueda actualizar una causa manifiesta e indudable de improcedencia que se vincule con su oportunidad.

"En consecuencia, contrario a lo referido por la autoridad recurrente, en este momento procesal los motivos de improcedencia no son manifiestos ni indudables, de ahí que sus agravios resulten infundados.

"No es óbice a lo anterior, que el quejoso al presentar su demanda de amparo hubiere anexado copia de un recibo de pago de la quincena del veintiocho de febrero de dos mil dieciséis; así como un dictamen de pensión elaborado el veintiocho de febrero de dos mil dieciséis; así como el dictamen de pensión elaborado el dieciséis de febrero de dos mil tres ya que, en todo caso, para que pueda sustentarse la causa de improcedencia del juicio de amparo, tendría que realizarse un análisis extenso y anticipado de aspectos que requieren de mayores reflexiones y que se relacionan íntimamente con la litis constitucional, lo que no es propio del auto de admisión y por lo tanto, como ya se ha señalado, los motivos de improcedencia no son manifiestos ni indudables."

2. Por otra parte, de las copias certificadas de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que también obran agregadas a los autos del presente expediente de contradicción,(2) se desprenden los siguientes datos:

• El director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, interpuso recurso de queja contra el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, dictado en el amparo indirecto número **********, donde admitió a trámite la demanda promovida por **********.

• Mediante acuerdo de presidencia del aludido tribunal, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó el registro del asunto con el número de expediente ********** y se admitió a trámite, lo cual fue comunicado al Juez de Distrito y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

• En proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se turnaron los autos a la Magistrada Cecilia Peña Covarrubias, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

• En sesión ordinaria celebrada el uno de marzo de dos mil dieciocho, se dictó la diversa sentencia materia de la contradicción de tesis que ahora se resuelve, siendo las consideraciones por las que se resolvió en ese sentido del tenor siguiente:

"SEXTO.—Es sustancialmente fundado el agravio expuesto por la parte recurrente y suficiente para revocar el auto impugnado.

"La autoridad responsable, aquí parte recurrente, centra su único agravio en contra del acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo indirecto **********, bajo la premisa de que la demanda de amparo fue presentada extemporáneamente; pues, aduce, que de la sola interpretación de la misma se puede deducir una inoportunidad procesal, ya que los actos reclamados datan desde el primer acto de aplicación, como lo señala la quejosa en el ocurso de demanda, esto es, desde el uno de septiembre de dos mil catorce, fecha a partir de la cual reconoce le fue otorgada la pensión de que goza; consecuentemente, manifiesta que el Juez de Distrito debió de haber realizado un examen integral del escrito inicial de demanda y haber llegado a la conclusión de que la demanda no fue interpuesta oportunamente, pues desde aquella data se le empezaron a realizar los descuentos por el concepto que ahora aduce se sustenta en una disposición legal inconstitucional.

"Analizada la demanda de amparo indirecto de la que destaca que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, esencialmente, el proceso legislativo de creación de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en específico los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo y 46, así como el primer acto de aplicación de tales artículos y en el capítulo relativo de su escrito, acepta y reconoce, bajo protesta de decir verdad, que la fecha del otorgamiento del dictamen de pensión por jubilación ocurrió a partir del uno de septiembre de dos mil catorce y que, a partir de esa data se le viene descontando un porcentaje del diez por ciento de sus ingresos, lo cual implica que desde entonces se ha realizado la aplicación de tales preceptos en detrimento de sus ingresos, bajo el concepto ‘53’; manifestaciones que constituyen una confesión al ser espontáneas, libres de coacción y que contienen antecedentes de hechos propios, los cuales al haberse vertido bajo protesta de decir verdad, hacen prueba plena en su contra.

"Lo anterior, pues la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, tomada en consideración como un todo, a efecto de otorgar una administración de justicia completa y exhaustiva, buscando armonizar los datos que la compongan para la fijación clara y precisa de los actos reclamados y de la litis constitucional, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, que corresponde al mes de abril de dos mil, página 32, cuyo rubro dice:

"‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’

"Sirve de sustento a las anteriores afirmaciones, la tesis aislada 1a. XXVI/2017 (10a.), con número de registro digital: 2013865, de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 40, Tomo I, del mes de marzo de dos mil diecisiete «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas» página 439, de «título y subtítulo» siguiente:

"‘CONFESIÓN HECHA EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 400 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER QUE HARÁ PRUEBA PLENA SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN NI SER OFRECIDA COMO PRUEBA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.’

"Asimismo, por las razones que la informan, la tesis aislada XVI.2o.C.T.52 C, de la Novena Época, con número de registro digital: 166592, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXX, correspondiente al mes de agosto de dos mil nueve, página 1712, de rubro siguiente:

"‘PROMOCIONES Y DEMANDA DE LAS PARTES PRESENTADAS EN DIVERSO JUICIO CIVIL. AL SER MANIFESTACIONES ESPONTÁNEAS, LIBRES DE COACCIÓN, QUE CONTIENEN HECHOS PROPIOS, TIENEN NATURALEZA DE CONFESIÓN Y CONSTITUYEN PRUEBA PLENA CONTRA SU AUTOR.’

"Y, por analogía, al implicar que las afirmaciones formuladas por la parte quejosa son ciertas, la jurisprudencia I.4o.C. J/5, con número de registro digital: 203516, de la Novena Época, Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo III, de enero de mil novecientos noventa y seis, página 124, del siguiente rubro:

"‘COPIAS FOTOSTÁTICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE.’

"Así las cosas, desde la entrega de su pensión, de manera quincenal se ha realizado la deducción relativa al concepto 53, creando una afectación en su esfera jurídica en el momento mismo del primer descuento de sus emolumentos (quince de septiembre de dos mil catorce), tomando tales numerales como fundamento del hecho generador para el descuento respectivo.

"A mayor ilustración se invoca la tesis aislada 2a. IV/98, con número de registro digital: 196911, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28273-c7041632/demanda-de-amparo-no-debe-desecharse-de-plano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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