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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO ESTÁ FACULTADO LEGALMENTE PARA ANALIZAR LOS AGRAVIOS DEL RECURSO A FIN DE DETERMINAR SI LA RECURRENTE SE UBICA EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 11/2014 (10a.).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. · Registro digital (IUS): 29749
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-04-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, Pág. 1721.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 15 DE DICIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y FERNANDO ROCHÍN GARCÍA. DISIDENTES: RAMÓN MEDINA DE LA TORRE Y ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. ENCARGADO DEL ENGROSE: FERNANDO ROCHÍN GARCÍA. SECRETARIO: JUAN DANIEL NÚÑEZ SILVA.

Tepic, Nayarit. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Cuarto Circuito correspondiente al quince de diciembre de dos mil veinte.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Cuarto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, ya que se suscitó entre los criterios que sustentaron los dos Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 226, fracción III, y el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se instó por **********, quien es autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de **********, parte recurrente en uno de los asuntos que motivó este procedimiento, es decir, en la reclamación 25/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto, tal y como se reconoció en el auto de veintiocho de julio de dos mil diecinueve y en los proveídos donde se acordaron las promociones del citado autorizado.

Lo expuesto se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 152/2008,(1) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable a este asunto conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que señala:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO.—Criterios contendientes. A continuación, se transcribe la parte relativa de los asuntos que dieron origen a este trámite.

• En la reclamación 3/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en lo conducente, se resolvió:

"SEXTO.—Son fundados los agravios formulados.

"Así es, el quejoso **********, por conducto de su autorizado **********, interpone el recurso de reclamación a estudio, en el que impugna el auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en los autos del amparo en revisión administrativo 70/2019, en el cual admitió el recurso de revisión interpuesto por **********, director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en contra de la sentencia pronunciada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por la secretaria en funciones de Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en el juicio de amparo indirecto 2351/2018, de su índice, en la cual se concedió el amparo a la parte quejosa respecto de los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 19, fracción I, inciso b), de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicado en el Periódico Oficial de treinta de julio de mil novecientos noventa y siete.

"En sus motivos de disentimiento, la parte recurrente argumenta en esencia que le agravia el acuerdo impugnado, porque este Tribunal Colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto por el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, no obstante que dicha autoridad, pese a que fue considerada como responsable ejecutora en el juicio de amparo de origen, carece de legitimación para recurrir dicha determinación, pues en la sentencia de amparo que pretende recurrir se declaró la inconstitucionalidad de los preceptos materia del juicio de amparo, lo cual a esa autoridad responsable ejecutora, no le causa ningún agravio, ya que solamente los órganos del Estado que participan en el proceso de creación de la ley que fue declarada inconstitucional, son las que están legitimadas para ello.

"De las actuaciones que integran el cuaderno de amparo donde se dictó la sentencia cuya admisión del recurso de revisión aquí se impugna, se advierte que (sic) Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, a quien correspondió conocer del juicio de amparo indirecto 2351/2018 de su índice, dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos siguientes:

"‘SÉPTIMO.—Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, al resultar inconstitucional el artículo 19, fracción I, inciso b), de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, publicada el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete, en el Periódico Oficial, lo procedente es conceder al peticionario el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, para el efecto de que:

"‘1. Las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica del peticionario el contenido del artículo 19, fracción I, inciso b), de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de ese precepto.

"‘2. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la misma; por tanto, el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, deberá dejar insubsistente el oficio ********** de quince de octubre de dos mil dieciocho y, en su lugar, emita uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señala el dispositivo declarado inconstitucional, respecto de la mujer.’

"Ahora bien, como lo aduce la parte quejosa aquí inconforme, el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo aludida y esta situación debió ponderarse para desechar dicho medio de impugnación, al tratarse de un aspecto susceptible de advertirse mediante una inmediata apreciación.

"Lo anterior encuentra sustento en lo conducente en la jurisprudencia 1a./J. 101/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Tomo XXXIII, de enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS. Conforme al artículo 90 de la Ley de Amparo, corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificar la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo. Por su parte, los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo Número 5/1999, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Pleno de este Alto Tribunal, disponen que los requisitos de procedencia que deben calificar el presidente de la Suprema Corte o los de sus Salas son aquellos que pueden ser advertidos de una inmediata apreciación, como son: I. La oportunidad del recurso; II. La existencia de un planteamiento de inconstitucionalidad de una ley o interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal (ya sea que se haya planteado en la demanda de amparo directo o que en la sentencia a revisar se hubiera omitido su estudio o se hubiera realizado de manera oficiosa por el Tribunal Colegiado de Circuito); y, III. La falta de legitimación procesal del promovente del recurso de revisión intentado. Lo anterior, en virtud de que tales aspectos son susceptibles de apreciarse inmediatamente, en tanto que aspectos como la calificación de los agravios propuestos y el cumplimiento de los requisitos de importancia y trascendencia requieren forzosamente un estudio profundo del planteamiento realizado, por lo que en tal supuesto corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a las Salas respectivas, la realización de tal estudio.’

"Por otro lado, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo, es de orden público y, por ello, debe estudiarse inclusive, oficiosamente.

"Este criterio se encuentra establecido en la tesis P. LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO. El tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen.’

"En el caso a estudio, para dar sustento jurídico a la decisión que se adopta, es necesario reproducir el contenido del primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo, que dispone:

"‘Artículo 87.’ (se transcribe).

"Del referido precepto, se evidencia que el legislador consagró una regulación sobre la facultad de las autoridades responsables para recurrir las resoluciones, tratándose de amparos indirectos, al disponer, como regla general, que sólo podrán interponerlo contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, y que tratándose de amparos contra leyes, como regla específica, los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esa ley, podrán interponer, en todo caso, tal medio de impugnación.

"Así, las autoridades responsables, aun cuando en términos del numeral 5o., fracción II, de la legislación de la materia, son parte en el juicio de amparo, carecerán de legitimación para interponer el recurso de revisión cuando la resolución que pretendan impugnar no afecte directamente el acto que de ellas se hubiese reclamado; pero, en tratándose de amparos contra leyes, sólo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación, o quienes los representen en los términos de esa ley, podrán interponer tal recurso, pues de lo contrario, el medio de inconformidad intentado será improcedente.

"Sobre el tema de legitimación para defender en el recurso de revisión la constitucionalidad de una norma, es pertinente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Ley de Amparo instituye un sistema de legitimaciones procesales, mediante el cual no cualquier ente estatal puede expresar agravios sobre la materia, en virtud de que dichos argumentos se encuentran reservados a autoridades específicas, es decir, que únicamente pueden provenir de los Poderes Legislativos, como lo son el Congreso de la Unión, Asamblea Legislativa del Distrito Federal o las Legislaturas de los Estados; de la autoridad promulgadora, presidente de la República o los gobernadores de los Estados; o por las entidades que conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo puedan representar al promulgador de la ley combatida.

"Ahora bien, del análisis del propio escrito de interposición del recurso de revisión, se advierte que a la autoridad responsable recurrente, director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, no le asiste legitimación para impugnar la sentencia de amparo emitida el veintiuno de enero de dos mil dieciocho, en los autos del juicio de amparo indirecto 2351/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad.

"Ello, porque en dicho libelo, la inconforme no hace valer argumentos encaminados a controvertir los efectos de la concesión de amparo, que como ya se indicó, se refieren a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 19, fracción I, inciso b), de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, al considerarse que transgrede el principio de igualdad jurídica al establecer un trato diferenciado entre el hombre y la mujer.

"Lo anterior evidencia que en la sentencia recurrida se analizó la constitucionalidad de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, por violar los principios de igualdad y no discriminación, entre otros aspectos, por razón de género, contenidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución General de la República, sin que de manera alguna el inconforme precise o cuestione que se hubieren examinado los actos de aplicación por vicios propios, como tampoco que resienta alguna afectación por el hecho de que en la sentencia de amparo recurrida se hubiesen fijado efectos a cargo de ésta que considerara ilegales, único supuesto en el cual estaría legitimada para interponer el recurso de revisión, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro (sic): ‘REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES, LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA.’

"Por ello, es que se afirma que el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en su calidad de autoridad responsable ejecutora, carece de legitimación para impugnar la sentencia de amparo de referencia, porque como se dijo, en tratándose de amparo contra normas generales, su constitucionalidad sólo puede defenderse por:

"1. Los Poderes Legislativos (Congreso de la Unión, Asamblea Legislativa del Distrito Federal o Legislaturas de los Estados), y/o de sus representantes conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo (oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales);

"2. La autoridad promulgadora (presidente de la República o gobernadores de las entidades federativas); y,

"3. Las entidades que conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo puedan representar al promulgador; destacando que el presidente de la República sólo puede ser representado por el procurador general de la República, los secretarios de Estado o los jefes de departamento administrativo a quienes corresponda el asunto; sin que a los recurrentes les asista alguna de estas cualidades.

"Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. XX/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo XXXI, correspondiente al mes de febrero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE LA LEY SÓLO COMPETE A LAS AUTORIDADES LEGITIMADAS PROCESALMENTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12, 19 Y 87 DE LA LEY DE AMPARO). De los indicados artículos se advierte que en materia de defensa constitucional de la ley a través del recurso de revisión se instituye un sistema de legitimaciones procesales, mediante el cual no toda entidad estatal puede expresar agravios en dicha materia, pues tales argumentos están reservados a autoridades específicas, de manera que los agravios que sostienen la constitucionalidad de una ley sólo pueden provenir de: 1. Los Poderes Legislativos (Congreso de la Unión, Asamblea Legislativa del Distrito Federal o Legislaturas de los Estados), y/o de sus representantes conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo (oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales); 2. La autoridad promulgadora (presidente de la República o gobernadores de las entidades federativas); y 3. Las entidades que conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo puedan representar al promulgador; destacando que el presidente de la República sólo puede ser representado por el procurador general de la República, los secretarios de Estado o los jefes de departamento administrativo a quienes corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Además, el artículo 87 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables «sólo» podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que «de cada una de ellas se haya reclamado». Ahora bien, cuando el recurso sea interpuesto por autoridad distinta de las legitimadas para defender la constitucionalidad de la ley declarada inconstitucional, en tanto que legítimamente no pueden provenir de la autoridad agravios tendentes a defender directamente la constitucionalidad de la ley por carecer de la legitimación específica exigida por el sistema establecido, éstos serán inoperantes.’

"No es óbice para arribar a la convicción anterior, que en la sentencia de amparo se haya hecho extensiva la concesión de ésta contra los actos atribuidos al director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dado que a dicho disconforme únicamente se le reclamó la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, reiterando que no está legitimado para recurrir la sentencia del Juez de Distrito, ya que el amparo fue concedido por motivos de inconstitucionalidad de la ley reclamada y no por vicios propios de los actos de aplicación, así que la sentencia no afecta directamente al acto que se le reclamó como autoridad ejecutora.

"En consecuencia, se revoca el auto de presidencia recurrido y se desecha por improcedente el recurso de revisión planteado por el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en contra de la sentencia pronunciada el veintiuno de enero de dos mil dieciocho, en los autos del juicio de amparo indirecto 2351/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad."

• En la reclamación 10/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en lo conducente, se resolvió:

"QUINTO.—Estudio. Son fundados los agravios formulados.

"Así es, como ya se precisó, el quejoso **********, por conducto de su autorizado, interpone recurso de reclamación contra el auto dictado por el Magistrado presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en el amparo en revisión administrativo 121/2019, en el cual admitió el recurso de revisión interpuesto por el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, contra la sentencia pronunciada el veintiséis de febrero del año en curso, por la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en el juicio de amparo indirecto 2121/2018, en la cual se concedió el amparo al quejoso respecto de los actos reclamados, consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 19, fracción I, inciso b), de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial de treinta de julio de mil novecientos noventa y siete.

"En los motivos de desacuerdo se argumenta, en esencia, que causa agravio el acuerdo impugnado porque el director general del Fondo de Pensiones carece de legitimación para combatir el fallo protector, pues tratándose del amparo contra disposiciones generales solamente los órganos del Estado que participan en el proceso de creación de la ley declarada inconstitucional se encuentran legitimadas para ello.

"Ahora, de las actuaciones del amparo en revisión 121/2019, que se tienen a la vista como hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en el fallo dictado por la Juez Federal, se estableció que el artículo 19, fracción I, inciso b), de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit resulta inconstitucional, toda vez que para obtener una pensión de retiro por edad, los hombres deben tener cincuenta años cumplidos mientras que las mujeres cuarenta y ocho años únicamente, con independencia de los años de servicios prestados, lo que genera una situación de desigualdad contraria a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Carta Magna y, por ende, concedió el amparo solicitado en los términos siguientes:

"‘Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso **********, para los siguientes efectos:

"‘a) Las autoridades responsables denominadas director general y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del numeral 19, fracción I, inciso b), de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido del mismo.

"‘b) En vía de consecuencia, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la misma; por ende, la autoridad responsable director general del Fondo de Pensiones, con residencia en esta ciudad, deberá dejar insubsistente el oficio reclamado FP/1168/2018, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, y a su vez, emitir uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señala el precepto reclamado para el caso de las mujeres.

"‘c) Además, al iniciar el trámite del procedimiento administrativo de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, las autoridades aplicadoras de la ley, deberán ordenar las diligencias conducentes que procedan y dentro del plazo de treinta días, deberá tramitar y concluir el procedimiento respectivo para que, en su oportunidad, realicen la actividad que les corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que les asiste conforme al arábigo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de (sic) determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido.

"‘d) El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dentro del ámbito de su competencia legal, realice dentro del mismo plazo (treinta días), la actividad que le corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, conceda o niegue la pensión solicitada por el justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el dispositivo 8o., fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit.

"‘e) Hecho lo anterior, se notifique en breve término al quejoso, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que se adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado.’

"Entonces, como correctamente aduce el reclamante, el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en el juicio de amparo indirecto 2121/2018.

"En efecto, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo, es de orden público y, por ello, debe estudiarse inclusive oficiosamente.

"Este criterio se encuentra establecido en la tesis P. LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO. El tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen.’

"En el caso a estudio, para dar sustento jurídico a la decisión que se adopta, es necesario transcribir el contenido del primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo, el cual dispone:

"‘Artículo 87.’ (se transcribe).

"Del referido precepto se evidencia que el legislador consagró una regulación sobre la facultad de las autoridades responsables para recurrir las resoluciones, tratándose de amparos indirectos, al disponer como regla general, que sólo podrán interponerlo contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado y, tratándose de amparos contra leyes, como regla específica, los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esa ley, podrán interponer, en todo caso, tal medio de impugnación.

"Así, las autoridades responsables, aun cuando en términos del numeral 5o., fracción II, de la legislación de la materia, son parte en el juicio de amparo, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión cuando la resolución que pretendan impugnar no afecte directamente el acto que de ellas se hubiese reclamado; y tratándose de amparos contra leyes, sólo los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación, o quienes los representen en los términos de esa ley, podrán interponer tal recurso, pues de lo contrario, el medio de inconformidad intentado es improcedente.

"Sobre el tema de legitimación para defender en el recurso de revisión la constitucionalidad de una norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Ley de Amparo instituye un sistema de legitimaciones procesales, mediante el cual no cualquier ente estatal puede expresar agravios sobre la materia, en virtud de que dichos argumentos se encuentran reservados a autoridades específicas, es decir, que únicamente pueden provenir de los Poderes Legislativos, como lo son el Congreso de la Unión, Asamblea Legislativa del Distrito Federal –ahora Ciudad de México– o las Legislaturas de los Estados; de la autoridad promulgadora, presidente de la República o los gobernadores de los Estados; o por las entidades que conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo puedan representar al promulgador de la ley combatida.

"Ahora bien, del análisis del escrito de interposición del recurso de revisión, se advierte que a la autoridad responsable recurrente, director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, no le asiste legitimación para impugnar la sentencia emitida por la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en el juicio de amparo indirecto 2121/2018.

"Ello, porque en dicho libelo, la inconforme transcri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29749-03e40231/recurso-de-revision-interpuesto-por-la-autoridad-ejecutora · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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