AMPARO CONTRA LEYES. EL SUPUESTO DE LEGITIMACIÓN DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, A QUE SE REFIERE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 11/2014 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL, ES INAPLICABLE CUANDO SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS A ELLAS RECLAMADOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS (VOTO DE CALIDAD EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA), MARÍA CRISTINA PARDO VIZCAÍNO Y MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY. DISIDENTES: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA, JUAN CARLOS MORENO CORREA Y JORGE TOSS CAPISTRÁN. PONENTE: MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS. SECRETARIA: ANA MARÍA AVENDAÑO REYES.
Xalapa-Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Pleno del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión del día siete de diciembre de dos mil dieciséis.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2016, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ambos con sede en esta ciudad;
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio 110, recibido el ocho de enero de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, los Magistrados y la secretaria de tribunal en funciones de Magistrada de Circuito, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio emitido por el órgano de su adscripción, al resolver los amparos en revisión de trabajo **********, **********, **********, ********** y **********; y, el diverso ********** sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz.
SEGUNDO.-Registro del expediente. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciséis, la presidenta del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito ordenó formar y registrar el expediente relativo a la contradicción de tesis **********; admitió a trámite la denuncia de que se trata; solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, copia certificada del juicio de amparo directo en revisión ********** o, en su caso, del disco compacto que la contuviera (fojas 5 a 7).
Mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, informando que el criterio sustentado en el amparo **********, aún se encuentra vigente así como también remitió su respectiva ejecutoria contenida en disco compacto (foja 26).
El once de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó turnar los autos a la Magistrada María Isabel Rodríguez Gallegos, integrante de este Tribunal Colegiado, para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente (foja 45).
No obstante lo anterior, mediante acuerdo de treinta de mayo del año en curso, se regularizó el procedimiento para el efecto de notificar al Magistrado Juan Carlos Moreno Correa, integrante de este Pleno y del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, el auto de dos de febrero de dos mil dieciséis, por el que se admitió a trámite la presente contradicción; así como también para que dicho tribunal diera cumplimiento al proveído de misma data, es decir, para que informara si el criterio sustentado en los asuntos que denunció, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
En cumplimiento a lo anterior, por oficio 3056 de uno de junio de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informó que el criterio contendiente se encontraba vigente y que incluso por unanimidad de votos se había integrado la jurisprudencia VII.2o.T. J/5 (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. EL DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE SI BIEN SOBRESEE EN EL JUICIO POR EL PRIMERO, TAMBIÉN CONCEDE EL AMPARO VINCULÁNDOLOS EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, DADA SU DOBLE PERSONALIDAD INDISOLUBLE.", remitiendo en formato CD, las ejecutorias que dieron origen a dicha jurisprudencia, a saber las emitidas en los amparos en revisión de trabajo **********, **********, **********, ********** y ********** de su índice, mismas que son diversas a las que dieron origen a la presente contradicción de tesis.
Mediante diverso acuerdo de treinta de junio pasado, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se ordenó returnar los autos a la Magistrada María Isabel Rodríguez Gallegos, para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente.
Hecho lo anterior, en la segunda sesión ordinaria 2/2016, celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en atención a la manifestación de la Magistrada María Cristina Pardo Vizcaíno, en cuanto a la conveniencia de que el asunto se retirara a fin de que todos los integrantes del Pleno estuvieran en posibilidad de conocer las razones y motivos que dieron origen a los ajustes realizados con base en las observaciones de los Magistrados Jorge Sebastián Martínez García, Juan Carlos Moreno Correa y Jorge Toss Capistrán, este Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito aprobó por unanimidad la moción de la Magistrada ponente de retirar el asunto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 13 del Acuerdo General 8/2015, para verse nuevamente en una diversa sesión; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer la denuncia de la posible contradicción de tesis, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, y en los considerandos segundo, cuarto, así como en los artículos 3o. y 4o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los entonces integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO.-Criterios contendientes. Los principales antecedentes y las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como contradictorios son los siguientes:
1) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver por mayoría de votos los amparos en revisión de trabajo **********, **********, **********, ********** y ********** -derivados de los juicios de amparo indirecto **********, **********, **********, ********** y **********, respectivamente, todos del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad-, sostuvo que en la materia de la revisión debía confirmarse la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, al entrar al estudio de los agravios formulados en el recurso de revisión y, con ello, declararlos inoperantes, bajo el argumento de que el **********, se encuentra legitimado para recurrir la sentencia que se combate, pues a pesar de que se sobreseyó en el juicio de amparo respecto del acto que se le reclamó, el Juez de Distrito también concedió el amparo solicitado al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción XIV, 16, 19, 95, fracción II, tercero, quinto, octavo y noveno transitorios de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, vinculando así como consecuencia de tal declaratoria a las autoridades responsables encargadas de operar la ley de prescindir de la aplicación presente y futura de tales dispositivos normativos en la esfera jurídica de la parte quejosa y sus eventuales beneficiarios; estimando procedente conceder el amparo, al haber considerado contraria a derecho tal determinación, en virtud de que:
"... En esa medida, si de acuerdo con los artículos 31, 75 y 82 de la ley de pensiones recurrida, el instituto que representa el director aquí recurrente es una de las autoridades encargadas de operar dicha ley, es claro que está legitimado para impugnar los efectos de la concesión de amparo, donde se observa su calidad de autoridad ejecutora; ello al margen de que si en el caso se formularon inconformidades en tal sentido, pues la legitimación de la autoridad responsable de que se trata, no está condicionada al contenido de los agravios, porque no puede generarse una barrera que impida el acceso a un recurso a partir del contenido de sus inconformidades, ya que, en su caso, será al analizar el fondo del asunto, cuando se examine la eficacia o ineficacia de sus planteamientos, e incluso si algunos de ellos los puede hacer valer en su calidad de autoridad ejecutora en el amparo contra disposiciones generales; lo que se sostiene, pues técnicamente no es correcto calificar la procedencia de un recurso a partir del análisis de los agravios que se formulan, porque implicaría involucrar el tema de procedencia del propio recurso con la cuestión de legitimación realizando el estudio del fondo de los agravios del recurso, lo que no es lógico ni jurídico.
"Por su idea jurídica, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo II, febrero de dos mil catorce, materia común, página mil doscientos cuarenta y tres, de rubro y texto:
"‘REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA. Las autoridades responsables señaladas como ejecutoras en el amparo contra leyes, por regla general, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal contra una norma de carácter general y, en consecuencia, contra su acto de aplicación, ya que tal determinación no les causa perjuicio alguno, al no haberse estudiado la constitucionalidad del acto que les fue atribuido. Sin embargo, esta regla general no es aplicable al caso en que, habiéndose otorgado el amparo contra la ley reclamada y su acto de aplicación, la autoridad responsable ejecutora no controvierta los motivos y fundamentos por los que se declaró la inconstitucionalidad de dicha ley, sino el efecto dado al fallo protector que le ocasiona un perjuicio, lo cual la legitima para acudir a la revisión.’
"Así como por analogía, la diversa tesis 1a. CCCLXXXII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, noviembre de dos mil catorce, materia común, página setecientos treinta, de voz:
"‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN DEL TERCERO INTERESADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO NO ESTÁ CONDICIONADA AL CONTENIDO DE SUS AGRAVIOS. Todo recurso contra una decisión judicial exige la concurrencia de cinco presupuestos: legitimación, personería, interés, plazo y forma. En cuanto a la legitimación para recurrir, basta que la misma aparezca en el proceso o derive de la situación invocada, lo que se presenta cuando, en términos de los artículos 5o., 81, fracción II, y 88 de la Ley de Amparo, el agraviado es parte en el juicio y, con motivo de la sentencia de amparo, ha sufrido una afectación en su esfera jurídica, pues es a partir de lo anterior que surge su derecho para pedir la revisión del fallo que estima lesivo de sus intereses, a fin de que se modifique o se revoque. En ese tenor, cuando el recurrente es el tercero interesado en el juicio de amparo y la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito le causa una afectación directa a su esfera jurídica, goza de legitimación para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, esto al margen de los planteamientos que exprese en vía de agravios, pues no puede generarse una barrera que impida el acceso a un recurso a partir del contenido de sus inconformidades; además, no existe en la Ley de Amparo disposición alguna que permita calificar ex ante los agravios para desconocer la legitimación del tercero interesado en el recurso de revisión cuando se concede el amparo a la quejosa (sic), antes bien, éste tiene el reconocimiento pleno como parte en el juicio relativo. En esas circunstancias, si bien el derecho a formular planteamientos sobre la inconstitucionalidad de leyes se origina con la aplicación del precepto en perjuicio de quien promueve el juicio de amparo y la omisión de examinar tales planteamientos sólo perjudica a quien los hace valer (quejoso), ello no implica desconocer la legitimación del tercero interesado para impugnar la sentencia de amparo directo ya que, en su caso, será al analizar la procedencia del recurso o el fondo del asunto, cuando se examine la eficacia o ineficacia de sus planteamientos.’
"‘... el hecho de que sea procedente la revisión no significa que los agravios no puedan ser inoperantes en ciertos aspectos. Para concluir lo anterior, debe considerarse que el recurso de revisión fue interpuesto por el **********, quien en el juicio tiene carácter de autoridad responsable, por lo que en términos de la citada disposición normativa, su legitimación para recurrir la sentencia de amparo impugnada se limita al aspecto que le afecte directamente, mas no en tanto la constitucionalidad de las normas impugnadas, pues tal facultad corresponde únicamente a los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación, los cuales podrán ser representados por aquellos facultados en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo.
"‘Por tanto, no toda entidad perteneciente al Estado puede expresar en un recurso de revisión agravios que defiendan la constitucionalidad de una ley, ya que tales argumentos están rigurosamente reservados a autoridades específicas que, de manera restrictiva han sido señaladas en la norma como aquellos encargados de su emisión o promulgación, a saber:
"‘a) Los Poderes Legislativos: comprendiéndose en éstos el Congreso de la Unión, la Asamblea del Distrito Federal o los propios Congresos Locales de las entidades federativas y sus representantes en términos del citado artículo 9o. de la Ley de Amparo; y,
"‘b) La autoridad promulgadora: generalmente el titular del Poder Ejecutivo, tanto en su ámbito federal como local, por sí o a través de sus representantes en los términos establecidos por la citada disposición normativa.
"‘En esas condiciones, es incuestionable que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz no está legitimado para defender, a través del recurso de revisión, la constitucionalidad (sic) la Ley Número 287 multicitada.
"‘Ello, sin que obste que este recurso puede ser interpuesto por dicha autoridad, pero únicamente respecto de los actos que afecten directamente el acto que se les reclamó o, como en el caso, la concesión otorgada a la parte quejosa que vincula al instituto respecto de la actuación presente y futura como órgano encargado de operar la ley tildada de inconstitucional a través de la inaplicación de los artículos destacados por el juzgador federal.
"‘De ahí que como se adelantó, deben declararse inoperantes los agravios expuestos por la autoridad responsable recurrente, al sostener en ellos la constitucionalidad de las normas impugnadas por la parte quejosa y no combatir la concesión de amparo que lo vinculó a prescindir de la aplicación presente y futura de los diversos artículos declarados inconstitucionales en la esfera jurídica de la parte quejosa o eventualmente de sus beneficiarios, ya que únicamente sobre tal aspecto podía expresar agravios.
"‘Apoya a lo anterior, por igualdad de criterio en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la tesis 1a. XX/2010 formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de dos mil diez, materia común, página ciento veinticinco, de voz:
"‘«REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE LA LEY SÓLO COMPETE A LAS AUTORIDADES LEGITIMADAS PROCESALMENTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12, 19 Y 87 DE LA LEY DE AMPARO).-De los indicados artículos se advierte que en materia de defensa constitucional de la ley a través del recurso de revisión se instituye un sistema de legitimaciones procesales, mediante el cual no toda entidad estatal puede expresar agravios en dicha materia, pues tales argumentos están reservados a autoridades específicas, de manera que los agravios que sostienen la constitucionalidad de una ley sólo pueden provenir de: 1. Los Poderes Legislativos (Congreso de la Unión, Asamblea Legislativa del Distrito Federal o Legislaturas de los Estados), y/o de sus representantes conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo (oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales); 2. La autoridad promulgadora (presidente de la República o gobernadores de las entidades federativas); y 3. Las entidades que conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo puedan representar al promulgador; destacando que el presidente de la República sólo puede ser representado por el procurador general de la República, los secretarios de Estado o los jefes de departamento administrativo a quienes corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Además, el artículo 87 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables <sólo> podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que <de cada una de ellas se haya reclamado>. Ahora bien, cuando el recurso sea interpuesto por autoridad distinta de las legitimadas para defender la constitucionalidad de la ley declarada inconstitucional, en tanto que legítimamente no pueden provenir de la autoridad agravios tendentes a defender directamente la constitucionalidad de la ley por carecer de la legitimación específica exigida por el sistema establecido, éstos serán inoperantes.»
"‘Asimismo, cobra exacta aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Séptima Parte, materia constitucional, página 65, de voz:
"‘«REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA.-Si en una demanda de amparo se impugnan diversos ordenamientos legales así como su aplicación, y el Juez concede el amparo por considerar que varios de sus artículos son inconstitucionales, deben desecharse los agravios de las autoridades ejecutoras que pretendan defender la constitucionalidad de las leyes impugnadas, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades ejecutoras carecen de legitimación procesal para sostener la constitucionalidad de los ordenamientos impugnados. Y si bien es cierto que las autoridades ejecutoras tienen legitimación para defender en revisión los actos de aplicación a ellas directamente reclamados en el juicio de amparo, también lo es que debe desestimarse el recurso si el Juez de Distrito no estudia dichos actos sino que los considera inconstitucionales porque se fundaron en leyes que estima violatorias de la Ley Fundamental.»
"‘Y la diversa jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen (sic) 145-150, Primera Parte, materia constitucional, página ciento sesenta y uno, de rubro y texto:
"‘«REVISIÓN. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMIDAD PARA INTERPONERLA, EN RELACIÓN AL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.-Tratándose de un amparo contra ley y habiéndose concedido el amparo por el Juez de Distrito por considerarla inconstitucional, las autoridades ejecutoras, carecen de legitimidad para interponer el recurso de revisión.».’."
Asimismo, el Magistrado Jorge Toss Capistrán emitió voto particular en los medios de impugnación supra citados, con base en que el ********** (autoridad responsable), carecía de legitimación para interponer el recurso de revisión; por lo que en su concepto, debió desecharse por improcedente de acuerdo a lo siguiente:
"... En principio, manifiesto mi sincero respeto al parecer mayoritario para entrar al estudio de los agravios formulados en el recurso de revisión y, con ello, declararlos inoperantes en los términos aprobados, del que disiento, cuando en mi opinión debió desecharse tal recurso al no tener legitimación procesal para interponerlo, el ********** en tanto se sobreseyó en el juicio de amparo por dicha autoridad; así, ejercida la facultad prevista en el artículo 186 del ordenamiento legal antes señalado, expreso mi voto particular, cuyas consideraciones enseguida transcribo:
"Soy de la idea de que el ********** (autoridad responsable), carece de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión; en consecuencia, debió desecharse por improcedente tal medio de impugnación.
"Ello es así, en razón de que el tribunal revisor tiene atribuciones para estudiar, de oficio, si quien interpone el dicho recurso cuenta con legitimación para hacerlo o no.
"Tal como se encuentra establecido en la tesis aislada P. LIV/90, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, página veinte, registro: 205845, de la Octava Época, que dice:
"‘REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.-El tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen.’
"Para acreditar el anterior aserto se estima necesario realizar una breve relatoría de los antecedentes del asunto.
"Los quejosos 1. **********, 2. **********, 3. **********, 4. **********, y 5. **********, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades denominadas:
"a. Congreso del Estado de Veracruz.
"b. Gobernador del Estado de Veracruz.
"c. Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz.
"d. **********.
"e. **********.
"f. Rectoría de la **********.
"Todas del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad.
"La autoridad responsable **********, ahora recurrente, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclamó, consistente en la ejecución material de los actos tendientes a la aplicación de la ley impugnada como inconstitucional.
"Sustanciado que fue el juicio de amparo, mediante sentencia pronunciada el veintiocho de enero de dos mil quince, el Juez Federal sobreseyó en parte, negó en otra, y en una más, concedió la protección constitucional.
"En lo que interesa, por lo que hace a la autoridad aquí recurrente, **********, el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo, en virtud de que ésta, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto a ella reclamado, según sus atribuciones, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, además, enfatizó el Juez Federal, su negativa resulta lógica, dado que los quejosos impugnan la ley como norma general autoaplicativa, lo que pone de manifiesto la inexistencia de algún acto tendente al cumplimiento de la ley que podría correr a cargo de dicha autoridad, tal como se observa de lo que enseguida se transcribe:
"‘QUINTO.-Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables secretario de Gobierno del Estado de Veracruz (refrendo) y **********, ambos con sede en esta ciudad (la ejecución o cumplimiento de la ley), al rendir su respectivos informes justificados (fojas 61 y 78 a la 115) negaron la existencia de los actos que se les reclaman según sus atribuciones, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; máxime que la Constitución Local no prevé la figura del refrendo que se atribuye a la primera autoridad; y en lo que atañe a la segunda su negativa resulta lógica, dado que los quejosos impugnan la ley como norma general autoaplicativa, lo que pone de manifiesto la inexistencia de algún acto tendente al cumplimiento de la ley que podría correr a cargo de dicha autoridad.
"‘Asimismo, tampoco es cierto el acto reclamado al rector de la **********, consistente en la ejecución y aplicación de la ley impugnada, pues no obstante que, al rendir su informe justificado por conducto de su abogado general y representante aceptó su existencia (fojas 150 a la 154), debe ponderarse que tal ente, en su carácter de patrón y en cuanto a la aplicación de la ley impugnada, únicamente actúa como retenedor de las cuotas que el trabajador debe aportar al instituto de pensiones, sin tener ninguna otra intervención; con lo cual se robustece la inexistencia del acto de ejecución que se le atribuye.
"‘Motivo por el cual, en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades responsables 1. Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, 2. **********; y, 3. Rectoría de la **********, todos con sede en esta ciudad, según establece el citado precepto:
"‘«Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:
"‘«...
"‘«IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.»
"‘En mérito de lo anteriormente expuesto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo respecto los actos reclamados que atribuyó a las responsables citadas ...’ (fojas 161 vuelta a 162 del juicio de amparo indirecto)
"Se advierte por otra parte, que el Juez Federal concedió el amparo en lo que se refiere a los artículos 3, fracción XIV, 16, 19, 95, fracción II, tercero, quinto, octavo y noveno transitorios de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, tal como se colige de las consideraciones que a continuación se transcriben:
"‘... En conclusión, procede conceder el amparo y protección constitucional únicamente por los artículos 3, fracción XIV, 16, 19, 95, fracción II, tercero, quinto, octavo y noveno transitorios de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el efecto de que:
"‘Las autoridades responsables encargadas de operar la ley, prescindan de la aplicación presente y futura a los quejosos **********, **********, **********, ********** y ********** y eventualmente a sus beneficiarios, de los artículos 3, fracción XIV, 16, 19, 95, fracción II; tercero, quinto, octavo y noveno transitorios de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, en consecuencia:
"‘1. No podrán realizar los descuentos por aportaciones del doce por ciento de las jubilaciones o pensiones que lleguen a disfrutar los quejosos, y eventualmente a sus beneficiarios; y,
"‘2. Para calcular la cuantía de las pensiones que eventualmente se concedan a la parte quejosa y a sus beneficiarios, se considere el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja, en lugar del sueldo regulador.
"‘Lo anterior, con el fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 78 de la Ley de Amparo ...’ (foja 225 del cuaderno de amparo indirecto)
"De acuerdo con los antecedentes relatados, se advierte que el Juez de Distrito sobreseyó por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad **********, consistente en la ejecución material de los actos tendientes a la aplicación de la ley impugnada como inconstitucional, frente a la negativa de tal acto por parte de dicha autoridad, no desvirtuada por los quejosos con prueba en contrario.
"Ahora bien, al respecto es oportuno mencionar que el sobreseimiento es una institución de carácter procesal que pone fin al juicio, al aparecer una causa que impide se resuelva la cuestión de fondo planteada, por lo cual no existe ninguna declaración del juzgador sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado y se dejan las cosas en el estado que se encontraban antes de la presentación de la demanda.
"El sobreseimiento significa que no hubo necesidad de entrar al estudio de fondo ni de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.
"Por ende, el ju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27001-c9a238b1/amparo-contra-leyes-el-supuesto-de-legitimacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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