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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LEYES. EL TESORERO MUNICIPAL SEÑALADO COMO AUTORIDAD EJECUTORA, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO HUBIERE DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE LE FUERON RECLAMADOS Y NO HAYA SIDO VINCULADO EXPRESAMENTE A SU CUMPLIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. · Registro digital (IUS): 28710
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-06-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Pág. 3873.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO GALINDO ARIZMENDI (QUIEN EMITIÓ VOTO DE CALIDAD), MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES Y JUAN CARLOS AMAYA GALLARDO. DISIDENTES: JORGE PÉREZ CERÓN, IRINEO LIZÁRRAGA VELARDE Y JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ. PONENTE: IRINEO LIZÁRRAGA VELARDE. ENCARGADO DEL ENGROSE: MARIO GALINDO ARIZMENDI. SECRETARIA: BERTHA ALICIA SUÁREZ BARRETO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince.

Se afirma lo anterior, en razón de que la denuncia versa sobre una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, por lo que su resolución corresponde a este Pleno de Circuito, de acuerdo con su competencia material y territorial.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el caso, fue realizada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán.

TERCERO.—Posturas contendientes. Para determinar si existe contradicción entre los criterios denunciados, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

De la misma manera, estableció que por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro y contenido siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)

En el anterior orden de ideas, con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados señalados, al dictar las ejecutorias respectivas.

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el ocho de marzo de dos mil dieciocho, el amparo en revisión 178/2017, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"... TERCERO.—El presente recurso de revisión lo hace valer parte legítima en razón de que la autoridad recurrente tesorero municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, controvierte el efecto dado al fallo protector que la vincula.

"En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) del tenor literal siguiente:

"‘REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA. Las autoridades responsables señaladas como ejecutoras en el amparo contra leyes, por regla general, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal contra una norma de carácter general y, en consecuencia, contra su acto de aplicación, ya que tal determinación no les causa perjuicio alguno, al no haberse estudiado la constitucionalidad del acto que les fue atribuido. Sin embargo, esta regla general no es aplicable al caso en que, habiéndose otorgado el amparo contra la ley reclamada y su acto de aplicación, la autoridad responsable ejecutora no controvierta los motivos y fundamentos por los que se declaró la inconstitucionalidad de dicha ley, sino el efecto dado al fallo protector que le ocasiona un perjuicio, lo cual la legitima para acudir a la revisión.’

"Jurisprudencia que continua vigente en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo,(6) por no oponerse a la misma, en razón de que el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo en vigor,(7) es de contenido similar al numeral 87 de la Ley de Amparo abrogada,(8) que según se advierte de la ejecutoria(9) de la que derivó la jurisprudencia en cita, es la norma con base en la cual se arribó al criterio atinente a que en tratándose del recurso de revisión en amparo contra leyes, la autoridad ejecutora tiene legitimación para interponer dicho recurso cuando controvierta el efecto dado al fallo protector que la vincula, toda vez que, sostiene el Alto Tribunal, el recurso de revisión es el único medio de defensa que tienen las autoridades ejecutoras para modificar la sentencia de amparo, cuando les sean impuestas obligaciones que afectan jurídica o económicamente sus intereses y que no deriven necesariamente de la declaración de inconstitucionalidad del precepto analizado en el propio fallo, sino de la extensión del amparo otorgado.

"En la especie, una de las razones por las que la autoridad ejecutora interpone la revisión, es justamente, porque ‘... no es dable considerar que la concesión del amparo deba ser para efecto de que se le restituya la suma enterada por concepto del pago de la contribución, pues como se dijo al inicio de ese estudio, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad de una norma de carácter general sólo puede alcanzar esos efectos cuando dicha norma establece alguno de los elementos esenciales del tributo, lo que no acontece en la especie ...’. De donde se advierte que el motivo de agravio no deriva necesariamente de la declaratoria de inconstitucionalidad, sino de la extensión del amparo otorgado.

"Además, la autoridad recurrente interpuso el recurso de revisión a través de **********, a quien el Juez de Distrito del conocimiento le reconoció el carácter de delegado de aquélla;(10) por tanto, está facultado para interponer este medio de defensa en nombre de dicha responsable, en términos del artículo 9, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

"CUARTO.—La sentencia recurrida se apoya en las siguientes consideraciones:

"‘... TERCERO.—Inexistencia de los actos reclamados.—No son ciertos los actos reclamados al tesorero municipal del Ayuntamiento de Culiacán, no obstante que al rendir su informe justificado haya manifestado que son ciertos (fojas 110 a 133), toda vez que en el caso no procede tener ciertos tales actos, pues con las constancias existentes en autos se advierte lo siguiente: La promovente del amparo anexó a su escrito de demanda los recibos oficiales mediante los cuales se pagó el impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, respecto de los predios urbanos con claves catastrales **********, **********, ********** y **********, expedidos por la Tesorería Municipal, así como los vouchers de pago efectuados ante la institución bancaria **********.—Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno con sustento en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2; lo cual pone de manifiesto que la parte quejosa fue quien compareció voluntariamente a realizar el pago del impuesto predial, no así que la autoridad responsable haya obligado coactivamente a colocarse en la hipótesis prevista en la norma reclamada, es decir, la citada responsable únicamente intervino en la recaudación de los pagos aludidos, puesto que quien en realidad se autoaplicó el decreto impugnado fue la peticionaria del amparo, individualizándose así en su perjuicio los supuestos o hipótesis legales.—Luego, si la parte quejosa no acreditó su existencia, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de tal autoridad y por el acto que se le reclama.—Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, registro digital: 171860, cuyo rubro precisa: «AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.».—CUARTO.—Existencia de los actos reclamados.—Son ciertos los restantes actos reclamados al Congreso (foja 83), gobernador (foja 79), secretario general de Gobierno (foja 78), los tres del Estado de Sinaloa, así como del director del Periódico Oficial El Estado de Sinaloa (foja 81), pues así lo manifestaron en su informe justificado.—Además, la existencia del decreto reclamado no está sujeta a prueba al constituir hecho notorio por estar publicado en el medio de difusión oficial, lo cual no requiere prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.—Tiene aplicación la jurisprudencia 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: «PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.». Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.—QUINTO.—Causa de improcedencia fundada.—Respecto los actos reclamados al secretario general de Gobierno y director del Periódico Oficial El Estado de Sinaloa se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, según se explica: De conformidad con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se controvierten normas generales la parte quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación; sin embargo, en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y publicación de la ley impugnada, el promovente sólo podrá señalarlas con el carácter de responsables cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que en la especie no aconteció.—De tal manera, como en el caso particular la peticionaria de tutela constitucional no controvirtió el refrendo y publicación de la norma general por vicios propios, por consecuencia, en torno a tales actos se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.—Por otro lado, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone la improcedencia del juicio de garantías en los casos en que se controvierta una norma general que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia si este último no se ha acreditado, hipótesis que se corrobora con lo señalado en el diverso numeral 107, fracción I, del citado ordenamiento.—Sobre este punto, es oportuno citar la jurisprudencia 1a./J. 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, febrero de 1999, página ciento tres, registro IUS: 194605 cuyos rubro y texto son: «LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO.—Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.».—En ese sentido respecto del acto de aplicación del artículo cuarto en el que se establecen los valores unitarios del suelo y de las construcciones del Municipio de Culiacán, Sinaloa, contenido en el Decreto 24 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, respecto de los predios con claves catastrales **********, ********** y **********, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, en razón de lo siguiente: El artículo cuarto de referencia establece:

"‘«Artículo cuarto. El valor de construcción por M², que regirá a partir del 1o. de enero de 2017 en este Municipio, serán los siguientes:

Ver valor de construcción por M²

"‘Como se observa, este numeral establece los valores de construcción por metro cuadrado a partir de dos mil diecisiete para esta ciudad.—Luego, de las documentales exhibidas por la parte quejosa no se advierte que los predios urbanos con claves catastrales **********, ********** y **********, tengan superficie de construcción.—En lo atinente al predio con clave catastral ********** (sic), debe señalarse que el artículo 35, fracción I, inciso b) de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, señala lo siguiente: «35. El impuesto predial se causará, mediante la aplicación de la siguiente tarifa y tasas anuales: I. Predios o fincas urbanas: ... Asimismo, se equipara a los predios sin construcción: ... b) Los que estando ubicados dentro del área urbana, tengan construcciones permanentes en un área inferior al 25% de la superficie total del predio y que al practicar avalúo de las edificaciones, resulten con valor inferior al 50% del valor del terreno. Se exceptúa de dicha clasificación, aquellos predios que aun cuando cumplan las especificaciones técnicas mencionadas, sus titulares lo acrediten como única propiedad inmobiliaria en la municipalidad y se encuentre habitada al momento de la determinación de la contribución ...».—Del numeral transcrito se desprende que se equiparan a predios sin construcción aquéllos que ubicándose en el área urbana cuenten con construcciones permanentes en un área inferior al veinticinco por ciento de su superficie total y que, además, practicado el avalúo de las edificaciones, éstas tengan valor inferior al cincuenta por ciento del valor del terreno.—Ahora, de la documental exhibida por la quejosa, consistente en copia certificada del recibo oficial de pago de impuesto predial del terreno con clave catastral ********** (sic), se desprende que cuenta con una superficie total de ********** metros cuadrados y con 129.04 metros cuadrados de construcción.—Sin que la parte quejosa acreditara el valor de la edificación, por lo que no proporcionó bases para poder determinar con conocimiento de causa si su valor excede del cincuenta por ciento del valor del terreno; de tal manera, la amparista no demostró que el referido inmueble deba ser considerado predio con construcción y que, por ello, le es aplicable la disposición del artículo cuatro reclamado.—Por tanto, no puede considerarse que el artículo cuarto en el que se establecen los valores unitarios del suelo y de las construcciones del Municipio de Culiacán, Sinaloa, contenido en el Decreto 24 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, fuera aplicado a la parte quejosa respecto a los predios antes precisados, pues éste numeral regula aquellos predios que posean construcción, hipótesis en la cual no están los inmuebles referidos, sino que el cálculo del impuesto predial se efectuó con base en el artículo segundo transitorio del decreto impugnado, es decir, con un aumento a razón del tres por ciento del monto que correspondió pagar en el año dos mil dieciséis.—Luego, si la parte quejosa no acreditó la existencia de ese acto de aplicación procede sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.—SEXTO.—Causa de improcedencia desestimada.—El numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone la improcedencia del juicio de garantías contra actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa.—De tal manera, uno de los presupuestos de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, lo cual consiste en la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, por consecuencia el juicio de amparo es improcedente.—Existe interés jurídico cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva la esfera jurídica de la quejosa, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional.—En esa virtud, la tutela del derecho sólo abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al amparista deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio.—En el anterior sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, publicada en la página 225, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, donde se lee: «INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.—El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.».—El Congreso responsable alega la improcedencia de este juicio de garantías con base que no está acreditado el interés jurídico de la quejosa para reclamar el artículo segundo transitorio del decreto impugnado, sustentado en que no acreditó que el impuesto predial pagado fue mayor al establecido en el ejercicio fiscal anterior y que no haya realizado construcciones o mejoras en el inmueble.—Dicha causa de improcedencia es infundada, en la medida que los inmuebles de los cuales se pagó el predial a través de los recibos oficiales están a nombre de la impetrante, de ahí que al pagar el impuesto sustentado en la norma impugnada afecte sus derechos, precisamente porque con base en esa norma realizó el pago correspondiente.—De tal manera, al pagar el impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, necesariamente el pago se determina mediante el monto pagado en el anterior ejercicio adicionado con el porcentaje correspondiente, pues así lo establece el segundo transitorio reclamado; por lo que al estar en un Estado de Derecho, se parte de la base que gobernados y autoridades cumplen con las disposiciones legales, por lo que de ello deriva fundadamente que en el pago del impuesto predial se cumplió con lo preceptuado en esa norma transitoria.—Lo anterior por sí implica la aplicación de la parte quejosa del referido transitorio, lo que afecta su esfera jurídica.—Por tanto, no se configura la causa de improcedencia en cuestión.—Las partes no plantearon diversas causas de improcedencia y, de oficio, no se advierte la existencia de alguna; por tanto, se impone abordar el tema de fondo propuesto.—SÉPTIMO.—Conceptos de violación.—Los conceptos de violación se tienen reproducidos en este apartado, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, registro digital: 164618, de rubro: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.».—OCTAVO.—Para dirimir la controversia sobre la constitucionalidad de la norma legal impugnada es necesario precisar lo siguiente: De conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo a la parte quejosa corresponde demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues al emanar de autoridades en ejercicio de sus encargos gozan de la presunción de estar apegados al marco constitucional en tanto no se justifique lo contrario.—Lo anterior está acorde con el principio general del derecho consistente en que la carga de la prueba corresponde a quien afirma, acogido en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo.—Por ello, toda ley goza de la presunción de constitucionalidad, dada la legitimidad de los órganos de los cuales surgen; por consiguiente, quienes impugnan normas legales corresponde probar sus afirmaciones y desvirtuar esa presunción, salvo cuando han sido declaradas contrarias a la Constitución por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Pleno de Circuito correspondiente, o cuando en sí mismas sean manifiestamente inconstitucionales.—Por tanto, la contrariedad de la ley impugnada con las normas constitucionales debe probarse fehacientemente, y toca a la parte quejosa demostrarlo; sólo de esa manera se estará en condiciones de analizar si la ley infringe o no el marco constitucional.—Sustenta la anterior conclusión lo dispuesto en la tesis 1a./J. 121/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y tres, Tomo XXII, del mes de septiembre de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la siguiente lectura: «LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.».—Bajo ese contexto, la inconstitucionalidad de una norma depende de su contrariedad directa con el Pacto Federal y a la parte quejosa corresponde demostrar tal extremo.—En conclusión, el amparo contra normas generales se torna de estricto derecho, salvo que exista causa justificada para suplir la eventual deficiencia de los conceptos de violación enderezados en su contra, como pudiera ser la actualización de alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo; en cuyo caso, incluso, es factible conceder la protección constitucional con base en argumentos no expuestos por el quejoso, esto es, construidos por el órgano de control constitucional, aun cuando el promovente no exprese inconformidades en torno las normas generales reclamadas.—NOVENO.—Concepto de violación fundado.—Le asiste la razón a la quejosa cuando señala que el artículo segundo transitorio del decreto reclamado viola el principio de proporcionalidad tributaria, conforme a lo siguiente: El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal dispone: «31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.».—De la interpretación de esta norma constitucional es criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el principio de proporcionalidad tributaria exige que el monto de los impuestos se fije de acue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28710-d7e9bc97/amparo-contra-leyes-el-tesorero-municipal-senalado-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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