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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CUANDO ADUZCA EN SUS AGRAVIOS QUE NO DEBIÓ SER CONSIDERADA COMO RESPONSABLE, EN VIRTUD DE QUE NO SE RECLAMÓ LA APLICACIÓN DE LA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR VICIOS PROPIOS Y QUE NO INTERVINO EN SU EMISIÓN O PROMULGACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 77/2020. · Registro digital (IUS): 30172
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-10-22
Promovente: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y OTRA.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, Pág. 3327.

AMPARO EN REVISIÓN 77/2020. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y OTRA. 12 DE MARZO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO AHUMADA CHÁIREZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio del recurso interpuesto por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, José Gerardo Córdova Bejarano.

Son inoperantes los agravios que la autoridad recurrente expresa para defender la constitucionalidad de la norma declarada inconstitucional, por colmar, según dice, los principios de obligatoriedad de contribuir al gasto público, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, así como para sostener que, contrariamente a lo decretado por el Juez de amparo, en el particular de origen sí se actualizan las causales de improcedencia que hiciera valer con fundamento en las fracciones XIII y XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Para evidenciar lo anterior, se estima oportuno señalar que en la ejecutoria que resolviera la contradicción de tesis 415/2013, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Décimo Octavo Circuito y Primero del Vigésimo Segundo Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades responsables señaladas como ejecutoras en el amparo contra leyes tienen legitimación –excepcionalmente– para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal contra una norma de carácter general; empero, limitó su ámbito de reclamo al efecto dado al fallo protector y solamente en los aspectos que directamente le ocasionen un perjuicio, descartando literalmente, por otro lado, la posibilidad de controvertir los fundamentos y motivos en que se apoyó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, por las razones que ya había establecido con antelación en jurisprudencia firme.

Para arribar a tal conclusión, inicialmente invocó distintos criterios(1) del Pleno del Alto Tribunal, en los que se establece que las autoridades ejecutoras carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de un precepto legal, debido a que la facultad de expresar agravios para defender la constitucionalidad de una ley se encuentra rigurosamente reservada a las autoridades específicas que intervinieron en el proceso legislativo.

Luego de invocar y analizar el contenido del artículo 87(2) de la Ley de Amparo abrogada, señaló que de su intelección, especialmente de la parte en la que dice: "Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado",(3) se advertía la posibilidad de que el recurso de revisión en amparo contra leyes fuera interpuesto por una autoridad distinta de las que específicamente intervinieron en el proceso legislativo de creación; empero, también especificó que tal posibilidad se encontraba limitada a que controvirtieran la sentencia de amparo únicamente respecto a los efectos o alcances dados a la concesión del amparo y siempre que les afectara de manera directa.

Esto es, refirió que cuando la protección constitucional se hace extensiva a las autoridades ejecutoras y se les vincula a proceder "restituyendo al quejoso en el goce del derecho que fue violado", dichas autoridades pueden interponer el recurso de revisión; sin embargo, también dijo que carecían de facultades para controvertir la sentencia por los fundamentos y motivos en que se apoyó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, debido a que esa facultad es propia de las autoridades que participaron en el proceso legislativo de creación de la norma; de tal manera que, literalmente puntualizó, las autoridades ejecutoras no podían alegar, siquiera, una causa de improcedencia vinculada con la aplicación de la ley.

Dicho en otras palabras, que aun cuando se esté en presencia de un amparo contra leyes, debe considerarse que excepcionalmente las autoridades ejecutoras tienen legitimación, pero sólo para controvertir el efecto por el que se les vinculó al cumplimiento, tendente a reparar el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, ya por afirmar que no les corresponde a ellas tal ejecución, o bien, que el efecto o efectos son excesivos, debido a que esto puede generarles un perjuicio jurídico y/o económico.

Como sustento de lo anterior, puntualizó que el recurso de revisión es el único medio de defensa con el que cuentan las autoridades ejecutoras responsables para modificar la sentencia de amparo, cuando –de otorgarse la protección constitucional– les sean impuestas obligaciones que afectan jurídica o económicamente sus intereses y que no derivan necesariamente de la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto analizado en el propio fallo, sino de la extensión del amparo otorgado. Siendo que este último aspecto, también precisó, puede ser legalmente examinado por el tribunal revisor, sin comprometer el pronunciamiento que sobre el tema de constitucionalidad de leyes fue establecido por el Juez de Distrito.

Bajo ese propio tenor, la mencionada Segunda Sala también señaló que de no repararse los vicios sobre los alcances de la sentencia que obligaba a las autoridades ejecutoras, pudiera prolongarse innecesariamente la etapa de cumplimiento y llegar al extremo previsto por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando inaudita a la autoridad responsable. Afirmación a la que sumó la diversa consideración en la que sostuvo que no constituía obstáculo el que existieran medios de defensa para corregir las irregularidades derivadas de la pretensión de exigir a las autoridades ejecutoras un cumplimiento excesivo de las sentencias protectoras, si se toma en cuenta que, a diferencia del recurso de revisión,(4) dijo, tales recursos no tienen el alcance de reparar los vicios en que hubiesen incurrido los propios fallos, al momento de determinar el alcance o los efectos de la concesión de un amparo contra leyes.

Finalmente, puntualizó que la conclusión alcanzada en dicha ejecutoria no contradecía en modo alguno, las jurisprudencias y tesis del Alto Tribunal, conforme a las cuales, tratándose de amparos contra leyes, sólo podían acudir en revisión las autoridades que intervinieron en el proceso de su creación y no las que tienen el carácter de ejecutoras, toda vez que, señaló, en esa ejecutoria se reconocía, desde luego, que las autoridades ejecutoras no pueden, en revisión, defender la constitucionalidad de una ley, sino que solamente se concluía que tenían facultades o legitimación para defender sus intereses que se vieran afectados por la extensión del amparo concedido, que las vinculó a proceder de determinada manera.

De las anteriores consideraciones surgió la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.), cuyo tenor es el siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA. Las autoridades responsables señaladas como ejecutoras en el amparo contra leyes, por regla general, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal contra una norma de carácter general y, en consecuencia, contra su acto de aplicación, ya que tal determinación no les causa perjuicio alguno, al no haberse estudiado la constitucionalidad del acto que les fue atribuido. Sin embargo, esta regla general no es aplicable al caso en que, habiéndose otorgado el amparo contra la ley reclamada y su acto de aplicación, la autoridad responsable ejecutora no controvierta los motivos y fundamentos por los que se declaró la inconstitucionalidad de dicha ley, sino el efecto dado al fallo protector que le ocasiona un perjuicio, lo cual la legitima para acudir a la revisión."(5)

Así, con base en las consideraciones hasta aquí establecidas y que fueran determinadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente las referentes a que las autoridades responsables ejecutoras no tenían facultades para controvertir, en revisión, la sentencia por los fundamentos y motivos en que se apoyó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, ni siquiera para alegar una causa de improcedencia vinculada con la aplicación de la ley; deviene clara la inoperancia de los motivos de agravio expuestos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, toda vez que, como se puede advertir de la simple lectura de los motivos de inconformidad que antes quedaron identificados, éstos se encuentran encaminados a evidenciar tanto la improcedencia del juicio de amparo, como la indebida declaración de inconstitucionalidad del precepto reclamado.

Para evidenciar aún más que las autoridades responsables ejecutoras carecen de facultades para controvertir, en revisión, la sentencia por los fundamentos y motivos en que se apoyó la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, inclusive, para alegar una causa de improcedencia vinculada con la aplicación de la ley, se transcribe la parte conducente de la ejecutoria a la que se viene haciendo referencia.

"QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido por esta Segunda Sala, conforme al cual, en el caso que se analiza, las autoridades ejecutoras cuentan con legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo al quejoso y las vinculó a proceder en determinado sentido.

"Antes de desarrollar las consideraciones en que se sustenta esta determinación, debe precisarse que el estudio se realiza a la luz de lo dispuesto en la abrogada Ley de Amparo, debido a que las sentencias que participan en esta contradicción de criterios fueron pronunciadas durante su vigencia y en aquéllas se analizaron normas de dicho cuerpo legal.

"Del artículo 87 de la Ley de Amparo se desprende un sistema de legitimaciones procesales restrictivas del recurso de revisión aplicable a las autoridades responsables.

"Su texto es el siguiente:

"(Reformado, D.O.F. 19 de febrero de 1951)

"‘Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso.

"‘Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión.

"‘Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los términos de las disposiciones aplicables.’

"Esto ha sido abordado reiteradamente por este Alto Tribunal, tal como se da cuenta en las siguientes tesis:

"‘REVISIÓN. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMIDAD PARA INTERPONERLA, EN RELACIÓN AL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe texto y se citan datos de localización)

"‘REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SÓLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe texto y se citan datos de localización)

"‘REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA.’ (se transcribe texto y se citan datos de localización)

"‘REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE LA LEY SÓLO COMPETE A LAS AUTORIDADES LEGITIMADAS PROCESALMENTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12, 19 Y 87 DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe texto y se citan datos de localización)

"Los anteriores criterios hacen evidente que no toda entidad que pertenezca al Estado puede expresar agravios en revisión para defender la constitucionalidad de una ley, pues tales argumentos se encuentran rigurosamente reservados a las autoridades específicas que intervinieron en el proceso legislativo; de suerte que los agravios de defensa de la constitucionalidad de una ley legítimamente sólo pueden provenir de las siguientes autoridades:

"1. De los Poderes Legislativos (sea el Congreso, la Asamblea (sic) del Distrito Federal o los Congresos Locales de los Estados de la República) y/o de sus representantes, en términos del diverso artículo 12 de la Ley de Amparo (es decir, por sus oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales).

"2. De la autoridad promulgadora, que generalmente es el titular del Poder Ejecutivo (presidente de la República y gobernadores de las entidades federativas) y las autoridades que conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo puedan representar al promulgador.

"Esto bajo la premisa de que en el juicio biinstancial se concedió la protección constitucional contra una norma y tales autoridades pretenden defender su constitucionalidad.

"Sin embargo, debe destacarse la porción normativa donde el artículo 87 de la Ley de Amparo pone énfasis, al establecer que las autoridades responsables ‘solamente’ podrán reclamar en revisión el acto que ‘de cada una de ellas se haya reclamado’.

"De ahí la posibilidad de que el recurso de revisión en amparo contra leyes sea interpuesto por autoridad distinta de las antes referidas, cuando controvierten la sentencia de primera instancia, no por los fundamentos y motivos en que se apoyó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma (ni siquiera por alegar una causa de improcedencia vinculada con la aplicación de la ley), sino por considerar que la sentencia les genera una afectación directa, derivada de los efectos dados a la concesión del amparo.

"Esto es, cuando la protección constitucional se hace extensiva a las autoridades ejecutoras y se les vincula a proceder ‘restituyendo al quejoso en el goce del derecho que fue violado’, tales autoridades se encuentran legitimadas para interponer la revisión.

"El recurso de revisión es el único medio de defensa que tienen las autoridades ejecutoras para modificar la sentencia de amparo, cuando –de otorgarse la protección constitucional– les sean impuestas obligaciones que afectan jurídica o económicamente sus intereses y que no derivan necesariamente de la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto analizado en el propio fallo, sino de la extensión del amparo otorgado, lo que legalmente puede ser examinado por el tribunal revisor, sin comprometer el pronunciamiento que sobre el tema de constitucionalidad de leyes fue establecido por el Juez de Distrito, ya que sobre dicha materia están impedidas para formular agravios.

"De no repararse los vicios sobre los alcances de la sentencia que obliga a las ejecutoras, pudiera prolongarse innecesariamente la etapa de cumplimiento y llegar al extremo previsto por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando inaudita a la autoridad responsable.

"Así, aun cuando se esté en presencia de un amparo contra leyes, debe considerarse que las inconformes en sus agravios controvierten que se les vincule al cumplimiento tendente a reparar el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, por afirmar que no les corresponde a ellas tal ejecución, lo cual puede generarles un perjuicio jurídico y/o económico, que les otorga legitimación para acudir a la presente instancia.

"Cabe aclarar que esta conclusión no contradice, en modo alguno, las tesis de este Alto Tribunal citadas al inicio del estudio, conforme a las cuales, tratándose de amparo contra leyes, sólo pueden acudir en revisión las autoridades que intervinieron en el proceso de su creación y no las que tienen el carácter de ejecutoras.

"Ello es así, porque lo que aquí se reconoce, desde luego (sic), que las autoridades ejecutoras no pueden, en revisión, defender la constitucionalidad de una ley, sino sus propios intereses que se vean afectados por la extensión del amparo concedido, que las vincule a proceder de determinada manera."

Bajo ese entendido, resulta incuestionable la inoperancia de los motivos de agravio de referencia, cuenta habida que, como ya antes se vio, las autoridades responsables ejecutoras –como en la especie lo es el instituto de seguridad social recurrente– carecen de facultades para controvertir en revisión la sentencia por los fundamentos y motivos en que se apoyó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, así como para alegar una causa de improcedencia vinculada con la aplicación de la ley.

En cambio, este tribunal estima operante –lo que en el caso justifica excepcionalmente la legitimación del recurrente–, en principio, el argumento en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora arguye que el Juez de amparo fue omiso en aplicar, estudiar e interpretar de manera correcta el artículo 5o., fracción II, así como el 113, ambos de la Ley de Amparo, y que debió sobreseerse en el juicio de amparo indirecto por cuanto hace a esa autoridad recurrente, en virtud de que se está en un juicio de amparo contra leyes, en cuya emisión o promulgación no intervino el instituto inconforme.

En ese sentido, añade que, en el caso, la parte impetrante de amparo reclamó la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cuya aplicación si bien se reclamó al instituto, no se impugnó por vicios propios, sino como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a la norma; de ahí que no le asista la calidad de autoridad responsable.

Al respecto, invoca la tesis 1a. XXXVI/98, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS."

Es cierto que en el fondo de tal argumento subyace una pretensión de sobreseimiento en el juicio de amparo, siendo que de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.) y de la ejecutoria que le dio vida –antes transcritas– se desprende que las autoridades ejecutoras, tratándose del juicio de amparo contra normas generales, carecen de legitimación para controvertir la sentencia de primera instancia, por cuanto hace a los fundamentos y motivos en que se apoyó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma (ni siquiera por alegar una causa de improcedencia vinculada con la aplicación de la ley).

Sin embargo, la propia ejecutoria de la Segunda Sala del Alto Tribunal reconoce a dichas autoridades legitimación para cuestionar "que se les vincule al cumplimiento tendente a reparar el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, por afirmar que no les corresponde a ellas tal ejecución; lo cual puede generarles un perjuicio jurídico y/o económico", que es el supuesto que con el argumento relatado este tribunal estima actualizado en la especie, pues a fin de cuentas la inconforme pretende, en esencia, que no debió ser considerada como autoridad responsable, en virtud de que no se reclamó la norma por vicios propios y ella no intervino en la emisión o promulgación del precepto cuya inconstitucionalidad se adujo.

Por lo tanto, este caso no se subsume en el supuesto de falta de legitimación a que se refiere la jurisprudencia en cita, cuenta habida que lo que está vedado a las autoridades ejecutoras, tratándose de amparo contra normas generales, es defender a través del recurso de revisión la constitucionalidad de la ley o aducir causas de improcedencia del juicio en su totalidad, merced a que el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo de vigencia anterior (sustancialmente igual al mismo precepto y párrafo de la Ley de Amparo de vigencia actual) enfatiza que las autoridades responsables "solamente" podrán reclamar en revisión el acto que "de cada una de ellas se haya reclamado" (en la disposición vigente se establece que las autoridades responsables "sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas").

De ahí que la posibilidad de interposición del recurso de revisión no puede justificarse a partir de los agravios en los que se sostiene la constitucionalidad del precepto reclamado o se aducen causas de improcedencia del juicio de amparo, sino que sólo puede surgir al considerar la autoridad responsable ejecutora que la sentencia le genera una afectación directa, derivada de los efectos dados a la concesión del amparo, o por considerar que no corresponde a ellas la ejecución y que no debieron ser vinculadas al cumplimiento tendente a reparar el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, aunque en el fondo invoquen que debió sobreseerse en el juicio por lo que a ellas hace, dado que el criterio que se comenta no establece la improcedencia general del recurso de revisión interpuesto por las autoridades ejecutoras en amparo contra leyes, sino la falta de legitimación de tales autoridades para defender la constitucionalidad de la norma reclamada o para aducir la improcedencia del juicio en general, aspectos que han quedado descartados con la declaratoria de inoperancia de los argumentos diversos al previamente considerado operante en párrafos precedentes.

Ahora bien, hecha la anterior precisión, el agravio ya relatado, cuyo análisis se estimó viable en el presente caso, que es el único que legitima al instituto inconforme y es el que impide el desechamiento del recurso por él planteado, resulta a la postre infundado.

Para corroborar lo anterior, de inicio, es oportuno señalar que del ocurso inicial de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del instituto de seguridad social ahora recurrente, la aplicación del descuento a su pensión por el concepto de servicio médico, previsto en la disposición legal cuya constitucionalidad cuestiona, a saber, el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora.

Al efecto, se transcribe lo conducente:

"1. Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, reclamo la primera aplicación y subsiguientes del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la inconstitucionalidad del citado artículo.

"Es importante mencionar que la aplicación que se menciona con anterioridad a la suscrita hoy quejosa se me aplicó un descuento del 7% de mi jubilación que me otorga la hoy responsable, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la otra es que dicha aplicación dio origen y generó el juicio de amparo indirecto que hoy promuevo."

Por otra parte, debe destacarse que el artículo 5o. de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley.

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

"III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

"a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;

"b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;

"c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;

"d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;

"e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.

"IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia.

"Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia."

Asimismo, que el numeral 78 del propio ordenamiento establece:

"Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional.

"Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso.

"El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado."

De los citados preceptos se obtiene que cuando el acto reclamado lo constituya una norma general, como acontece en el caso, será autoridad responsable, entre otras, aquella que ejecute la disposición reclamada, en el entendido de que si se declara inconstitucional, los efectos se extenderán a los actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

En esa tesitura, fue acertado que el Juez de amparo tuviera como autoridad responsable al Instituto de Seguridad Social aquí recurrente, en tanto que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de un justiciable, como acontece en el caso, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación.

Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, con número de registro digital: 191311, de rubro y texto siguientes:

"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada."

Lo anterior, sin que obste a ello que no se reclame el acto de aplicación por vicios propios, habida cue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30172-959a5489/recurso-de-revision-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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