PENSIONADOS O JUBILADOS. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LES OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, DEBEN ACOTARSE A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS A PARTIR DEL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2019. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS, ARTURO CASTAÑEDA BONFIL, INOSENCIO DEL PRADO MORALES, MANUEL JUÁREZ MOLINA, JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA Y MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ. PONENTE: FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS. SECRETARIA: PAULINA ELOISA CORONADO AYALA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno del Quinto Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) en virtud que fue realizada por **********, quien con las constancias exhibidas con la demanda acreditó ser autorizado legal de los quejosos ********** e **********, en amplios términos de lo previsto en el artículo 12 de la misma ley.
Es aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 152/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."(2)
TERCERO.—Criterios contendientes.
Las consideraciones torales de las ejecutorias objeto de denuncia, son:
I. Amparo en revisión 633/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito:
"RESULTANDO:
"PRIMERO.—Narrativa de los hechos. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día al Juzgado Decimosegundo, ********** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que enseguida se transcriben:
"‘III. Autoridades responsables:
"‘A) EL Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), con domicilio en: Blvd. Hidalgo #15, colonia Centenario, en Hermosillo, Sonora.
"‘B) El H. Congreso Constitucional del Estado de Sonora, con domicilio en el «Palacio Legislativo» ubicado en: calle Tehuantepec, esquina con Pedro Moreno, colonia Las Palmas, en Hermosillo, Sonora.
"‘C) La C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, con domicilio en el «Palacio Legislativo» ubicado en: Calle Doctor Paliza #26, esquina con Comonfort, colonia Centenario, en Hermosillo, Sonora.
"‘IV. Actos reclamados:
"‘A) Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), reclamo la primera aplicación y las subsiguientes, del artículo 25 de la Ley Número 38 (Ley del ISSSTESON), que regula la operación y funcionamiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por la inconstitucionalidad de ese precepto legal.
"‘Al respecto, debo aclarar dos cosas: primero, que la aplicación de esa norma se tradujo en un descuento del 7% (siete por ciento) en la jubilación mensual que percibo como jubilado del ISSSTESON; y, segundo, que el acto que motiva esta demanda aconteció cuando recibí la primera mensualidad de mi jubilación, precisamente en el mes de diciembre de dos mil trece.
"‘B) Del H. Congreso Constitucional del Estado de Sonora, reclamo la aprobación y expedición del artículo 25 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por la inconstitucionalidad de ese precepto legal.
"‘C) De la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, reclamo la promulgación del artículo 25 de la Ley número 38 del ISSSTESON, por la inconstitucionalidad de ese precepto legal.’
"...
"CUARTO.—Sentencia recurrida. En esa resolución, en lo conducente, se sostuvo lo siguiente:
"...
"‘CUARTO.—Análisis de las causas de improcedencia.
"‘...
"‘En el caso, el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, refiere que en relación con el acto de aplicación en que se realizó la deducción de un porcentaje de la pensión mensual del quejoso, por concepto de servicios médicos, se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativas al consentimiento tácito de la norma controvertida.
"‘Dichas porciones normativas refieren:
"‘«Artículo 61.» (se transcribe)
"‘La actualización de dichas causales las hace derivar de la circunstancia de que el quejoso tuvo conocimiento de la norma impugnada desde el mes de diciembre de dos mil trece, fecha en la que le fue concedida su pensión jubilatoria.
"‘Bien, en dichos preceptos se establece la improcedencia del juicio de derechos humanos contra actos consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que fijan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo.
"‘En lo que interesa, los citados numerales 17 y 18 establecen lo que a continuación se reproduce:
"‘«Artículo 17.» (se transcribe)
"‘«Artículo 18.» (se transcribe)
"‘De los citados preceptos se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del plazo de quince días, lapso que se contabilizará:
"‘a) A partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclama;
"‘b) A partir del día siguiente a aquel que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; y,
"‘c) A partir del día siguiente a aquel que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.
"‘Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por formulada oportunamente, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al quejoso el acto o resolución que reclame; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad.
"‘La segunda manera para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable –distinto a la notificación– de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último «tuvo conocimiento» en determinada fecha del acto o resolución reclamada; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto o resolución que reclame; es decir, de manera integral.
"‘Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente «... al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución ...», implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución con respecto a la presentación de la demanda le perjudica.
"‘Resulta aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico: 232213, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 193-198, Primera Parte, página 71, cuyos rubro y texto dicen:
"‘«DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.» (se transcribe)
"‘Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzara a computarse a partir del día siguiente al que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza a afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame o de su ejecución, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos; según lo confirma el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 217-228, Cuarta Parte, página 105, cuyos rubro y texto señalan:
"‘«DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO.» (se transcribe)
"‘Al respecto, de la copia certificada del dictamen que acompañó a su informe justificado, elaborado en diciembre de dos mil trece [fojas 86 y 87], se advierte que en el resolutivo primero se estableció el monto por pensión jubilatoria otorgada al quejoso.
"‘Sin embargo, ni de la documental en comento ni de las restantes constancias que obran en autos se advierte que en el mencionado dictamen se le hubiese hecho saber al quejoso que de dicha cantidad se le aplicaría algún descuento por concepto de servicio médico y mucho menos el fundamento para ello.
"‘Y si bien, en la constancia de percepciones y descuentos relativa a la pensión de diciembre de dos mil trece, exhibida por el quejoso, se estableció el monto de la pensión mensual otorgada y de la deducción correspondiente por concepto de servicio médico, empero, no se señala el sustento legal de dicho descuento; por ende, es notoriamente infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable.
"‘Por tanto, al no estar acreditado que el quejoso haya tenido conocimiento completo del acto reclamado en la fecha señalada por la responsable –pues no se advierte que conociera el sustento legal de la deducción–, para determinar si la presentación de la demanda fue oportuna, debe atenderse a la fecha de conocimiento manifestada por el quejoso en la demanda de amparo.
"‘Lo anterior, de conformidad con las consideraciones que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso en la jurisprudencia 2a./J. 52/2004, al resolver la contradicción de tesis 179/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época, página 557, que a la letra dice:
"‘«IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL.» (se transcribe)
"‘Así como en la diversa jurisprudencia 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Tomo XXXIII, correspondiente a enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"‘«DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.» (se transcribe)
"‘Bajo esa óptica, si el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento del acto de aplicación de la norma impugnada el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, ello en virtud de que en esa fecha se lo explicó directamente la licenciada en derecho **********, haciendo énfasis en que, anterior a esa fecha, ignoraba cuál era el fundamento de ese descuento, por lo que el plazo de quince días –hábiles– para promover la demanda transcurrió del veintidós de mayo al once de junio del mismo año, por lo que al haberla presentado el veintitrés de mayo del año en cita, resulta evidente que su interposición fue oportuna; por tanto es notoriamente infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable.
"‘Al no existir más causas de improcedencia, se procede a abordar el estudio de fondo de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa.
"‘QUINTO.—Análisis de los conceptos de violación.
"‘...
"‘Tal como se refirió en párrafos precedentes, el impetrante del amparo precisó, como acto reclamado, la aprobación, expedición y promulgación del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y que la aplicación de dicha norma, se tradujo en un descuento del siete por ciento en el pago mensual que percibe como pensionado de la referida institución, por concepto de «servicio médico».
"‘...
"‘Es infundado el primer argumento sintetizado, en el que la parte quejosa señala que respecto al tópico [aportaciones de los pensionados para cubrir las cuotas de seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad], exista jurisprudencia temática por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"‘...
"‘Las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han quedado precisadas, llevan a concluir que el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarios previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que la cuota que deben enterar los pensionistas para cubrir las prestaciones de seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad sea del siete por ciento (7%) del monto de la pensión; mientras que los trabajadores en activo aportan un seis por ciento (6%) del sueldo base de cotización.
"‘Ello en razón de que establece a cargo de los pensionistas una tasa superior a la prevista para los trabajadores en activo, a pesar de que aquéllos obtienen menores ingresos, y a que, frente a un mismo hecho imponible, traducido en la prestación de los servicios de salud, en particular del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, la cuota que se fija es distinta para los sujetos pasivos del tributo, estableciendo un trato diferenciado para el pago de una misma contribución, que es más gravoso para los sujetos cuya capacidad económica es menor.
"‘En ese tenor, resulta fundado el concepto de violación materia de análisis, por lo que procede conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa.
"‘La protección constitucional se hace extensiva respecto del acto de aplicación de la porción normativa señalada, al haberse declarado inconstitucional.
"‘En vista de lo anterior, se estima innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación, habida cuenta que no se mejoraría lo ya alcanzado por la parte quejosa.
"‘...
"‘SÉPTIMO.—Efectos de la concesión de amparo.
"‘En el caso concreto, la violación detectada en cuanto a la norma reclamada implica su invalidez, ya que el ordenar descuentos en el salario de la pensión del trabajador jubilado, se afecta en los derechos de igualdad y seguridad social a que se refieren los artículos 1o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"‘En consecuencia, el efecto del fallo protector implica el que:
"‘1. La autoridad responsable, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de enterar a dicho instituto la cuota obligatoria del 7% [siete por ciento] del monto de su pensión, previsto en la norma reclamada, es decir, para que deje de aplicar en perjuicio del quejoso el descuento a la pensión a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; sin embargo, deberá nivelarse la cuota que debe cubrir, conforme al porcentaje establecido en el inciso B) de artículo 16 y el artículo transitorio de la legislación en cita, aplicable para los trabajadores en activo por el mismo concepto, esto es, en un 6% (por ciento), para cubrir las prestaciones de servicios de salud.
"‘2. Además, para que sean devueltas al quejoso en una sola exhibición, únicamente la diferencia que resulte de aplicar la cuota del 7% y la del 6% a partir de la fecha en que al quejoso se le reconoció su derecho de pensión o jubilación, respectivamente, hasta que cause ejecutoria esta resolución.
"‘Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 14/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, Décima Época, página 88, de rubro y texto:
"‘«ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA PORCIÓN NORMATIVA EN LA REGULACIÓN DE DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES.» (se transcribe)
"‘Así como en la tesis de jurisprudencia P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, página 19, de rubro y texto:
"‘«AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.» (se transcribe)
"‘De igual manera resulta aplicable, por las razones que informa, la tesis de jurisprudencia P./J. 18/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, página 17, que a la letra dice:
"‘«EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.» (se transcribe). ...’
"QUINTO.—Precisión sobre los agravios. Como agravios se expresaron los que obran en el escrito relativo, los cuales resulta innecesario transcribir para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Se cita, como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.’(3)
"SEXTO.—Estudio. En el primero, quinto, sexto y séptimo de los agravios que hace valer, aduce el recurrente que el Juez a quo omitió analizar la totalidad de los conceptos de violación en los que medularmente expuso las razones por las que el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no cumplía con el subprincipio del test de proporcionalidad en el sentido de ser una medida legislativa necesaria e idónea, lo que, en consecuencia, limitaba el derecho humano a la seguridad social en violación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, por el hecho de que los pensionados y jubilados del citado instituto continuaran aportando a su régimen de seguridad social, ya siendo sujetos pasivos de dicho régimen, por haber adquirido precisamente ese estatus.
"Agrega que el resolutor de origen violentó el principio de congruencia, y con ello lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dejando de interpretar en su integridad el escrito de demanda de amparo, particularmente lo relativo a que la medida legislativa contenida en el precepto tildado de inconstitucional no aprobaba el subprincipio de ser una medida necesaria.
"En otra parte de sus asertos, señala que el a quo fue omiso en pronunciarse respecto a la petición del quejoso de que se actualicen los descuentos que le serán devueltos, así como el diverso argumento en el sentido de que el numeral reclamado vulnera el derecho humano a la salud y a la seguridad social, ya que condicionan las prestaciones que le corresponden a la quejosa en su calidad de persona jubilada o pensionada, al hecho de pagar la cuota prevista en la fracción I de ese mismo artículo, además de que también resulta violatorio del último derecho antes mencionado, al permitir un descuento a una pensión jubilación (sic), no obstante que la Constitución Federal y el Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo Número 102, proscriben ese tipo de prácticas, nada de lo cual se analizó en la sentencia recurrida, bajo el argumento de que, dado el sentido del fallo, resultaba innecesario su estudio.
"Por otra parte, al combatir el fondo de la sentencia impugnada, señala el inconforme que el Juez de Distrito incorrectamente determinó que no resultaba aplicable ni temática para el caso en estudio la jurisprudencia P./J. 27/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la cual, considera patente que se liberó a los pensionados y jubilados de pagar cualquier tipo de cuota que tenga por objeto sufragar ‘gastos de seguridad social’, lo que estima debía observarse en este caso, al haberse analizado la constitucionalidad de preceptos legales contenidos en una legislación similar de otra entidad federativa, de tal suerte que, en la medida en la que el descuento previsto en el artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tiene como finalidad costear una parte del sistema de seguridad social de esa institución, significa que su aplicación a los pensionados y jubilados desvirtúa el carácter solidario del sistema de seguridad social de ese instituto, contrariando la racionalidad de ese sistema.
"Añade que el precepto tildado de inconstitucional importa una cuota para gastos de seguridad social a cargo de pensionados y jubilados, de tal manera que resulta violatorio al derecho humano de seguridad social, pues, a su juicio, éstos se encuentran liberados de cualquier obligación en ese sentido, por su estatus actual y atendiendo a la racionalidad del régimen solidario del instituto en cuestión, mismo que, considera, debe costearse conforme a una distribución equitativa de las cargas, sólo entre Estado–patrón y los trabajadores activos.
"Que por esa razón, lo previsto en la fracción I del artículo 25 cuestionado, es una medida legislativa que no cumple con la característica o subprincipio de ser razonable, en virtud de que conforme a la jurisprudencia P./J. 27/2016, no hay justificación para que los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, sigan aportando cuotas con fines de seguridad social, a pesar de ya no ser trabajadores activos, por lo que solicita se modifique la sentencia recurrida a efecto de que, en suplencia de la queja deficiente, se aplique en lo conducente el precedente antes invocado.
"Son fundados los asertos hechos valer.
"En primer término, asiste razón al inconforme cuando señala que el Juez de Distrito fue omiso en analizar y pronunciarse, fundamentalmente, en torno a que el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no cumplía con el subprincipio del test de proporcionalidad, en el sentido de ser una medida legislativa necesaria e idónea, lo que, en consecuencia, limitaba el derecho humano a la seguridad social en violación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, así como que el numeral reclamado vulnera el derecho humano a la salud y a la seguridad social, ya que condicionan las prestaciones que corresponden a la quejosa, en su calidad de persona jubilada o pensionada, al hecho de pagar la cuota prevista en la fracción I de ese mismo artículo, pues tal como se advierte del fallo que se revisa, el juzgador de amparo fue omiso en abordar el estudio de esos argumentos, por lo que los mismos serán atendidos por este tribunal al abordar el estudio de los agravios hechos valer en cuanto al fondo; lo anterior, al margen de que se hubiera concedido el amparo y protección al quejoso, toda vez que es inconcuso que los conceptos de violación que no fueron materia de estudio, reportan un mayor beneficio para el impetrante de amparo.
"En ese sentido, son igualmente fundados los agravios de fondo hechos valer por el inconforme al combatir la sentencia recurrida, sobre la base de que el artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al establecer que los pensionados y jubilados aportarán una cantidad equivalente al siete por ciento de su percepción, para ser destinada a sufragar el servicio médico que reciben, resulta inconstitucional, tal como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, en cuya ejecutoria, en lo que aquí interesa, determinó lo siguiente:
"‘Segundo concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de la obligación a los pensionados de aportar un porcentaje de su pensión percepción para diversos usos (artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California).
"‘El artículo impugnado literalmente dispone lo siguiente:
"‘«Artículo 16. Todo trabajador comprendido en el artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en las leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
"‘«Dicho porcentaje se aplicará a los rubros siguientes:
"‘"I. Para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, y
"‘«II. Para tener derecho a las prestaciones señaladas en las fracciones III a XI y XIII a XIV del artículo 4o.
"‘«Los pensionados y pensionistas cubrirán al instituto, previo descuento que se realice, un porcentaje de su pensión que disfrute destinada a la reserva técnica prevista en el artículo 126 para el régimen de pensiones y jubilaciones.
"‘«Dichas cuotas serán las que se establezcan en las leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.»
"‘La parte actora considera que el artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgreden los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, así como el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que se vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social, y los principios de previsión social y equidad, al obligarse a los pensionados al igual que los trabajadores en activo a un porcentaje de sus respectivas percepciones para cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos de administración correspondientes. Lo anterior, argumentan, implica un trato inequitativo entre un trabajador en activo y un pensionado, pues la cuota impuesta al trabajador en activo se justifica ya que su economía no se ve afectada al poder incrementar su salario escalando puestos o compaginar su función con otra labor; mie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29154-b114a364/pensionados-o-jubilados-los-efectos-de-la-sentencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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