INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR A LOS PENSIONADOS A APORTAR EL 10% DE SU PERCEPCIÓN AL FONDO DE PENSIONES, VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 84/2012. SANDRA LUCÍA MONTAÑO PIÑA. 12 DE ABRIL DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS. SECRETARIA: MARÍA ELIZABETH MEDINA ARMENTA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Los conceptos de violación se tienen aquí por reproducidos y, por tanto, es innecesario transcribirlos, máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de hacerlo, sin que ello implique que no se analicen, dado que se realizará una síntesis de los mismos atendiendo a su causa de pedir, a efecto de facilitar su estudio.
Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, transcrita en el considerando cuarto de esta ejecutoria.
De inicio, cabe señalar que por técnica jurídica los conceptos de violación, que, con excepción del quinto, que resulta fundado, son inoperantes, se analizarán en orden diverso al en que fueron planteados.
Lo anterior con apoyo en lo dispuesto en la tesis P. XVII/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 34, que dispone:
"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada."
Así, es inoperante el cuarto concepto de violación, que conforme a lo antes expuesto se analiza en primer orden porque fue planteado para acreditar la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
En dicho motivo de inconformidad, la quejosa aduce que el referido numeral es contrario a lo dispuesto en los artículos 64, fracción XLIII, 73, fracción X, 79, fracciones XXXII y XXXIII, 116, fracción V, 123, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en materia de relaciones laborales, de las previstas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal.
La inoperancia del referido argumento deriva de que la peticionaria de amparo sostiene que la violación a los preceptos constitucionales citados en primer término en el párrafo precedente tiene como base una extralimitación por parte del Congreso del Estado de Sonora al legislar en materia de relaciones laborales de las previstas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, pero no esgrime argumento alguno para sustentar esta premisa; es decir, no expone los razonamientos lógico jurídicos que respaldan dicha afirmación, no obstante que el precepto que tilda de inconstitucional emana de una ley que regula las relaciones laborales entre los trabajadores de uno de los Estados de la Nación con éste; de ahí que no pueda prosperar su motivo de queja.
En otro aspecto, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada en el quinto concepto de violación, aunque para ello es preciso analizar integralmente los argumentos planteados, a fin de determinar los preceptos constitucionales que se estiman transgredidos, pues éstos fueron expuestos inexactamente.
Al respecto es aplicable lo dispuesto en la jurisprudencia 109, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, página 86, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."
En síntesis, la quejosa aduce que la porción normativa, cuya inconstitucionalidad impugna, contraviene el principio de equidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, porque se proporciona un trato igual a trabajadores y jubilados, que se encuentran en diferentes hipótesis jurídicas de causación (trabajadores activos y pensionados), de conformidad con el numeral 2o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues, el trabajador presta el servicio personal subordinado a cambio de una determinada retribución, mientras que el pensionado ya no realiza la prestación del servicio, por lo que se encuentran en situaciones jurídicas diferentes, ya que el trabajador está obligado a realizar las aportaciones de seguridad social, y el pensionado ya cumplió con los requisitos para la obtención de la pensión, dado que en su época de trabajador erogó las aportaciones relativas al rubro de pensiones, por lo que no existe razón jurídica para que el pensionado continúe aportando determinada cantidad al rubro de pensiones, puesto que ya se encuentra en el supuesto legal para el que fue impuesta la aportación; y que dado que sus aportaciones se destinaron para su pensión, ello fue con la finalidad de satisfacer la garantía prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución.
Al respecto, es pertinente destacar que se advierte que la violación aducida se hace derivar de que conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo impuesto o carga tributaria debe atender a los principios de proporcionalidad y equidad, disposición que es inaplicable cuando se trata de aportaciones de seguridad social, en el caso de trabajadores o jubilados, como resulta ser el fondo de pensión, que constituye la materia de la deducción prevista en el precepto impugnado en amparo, pues ésta no es una contribución destinada al gasto público, sino a la subsistencia del régimen de pensiones, en el caso específico.
Para mayor claridad, es menester transcribir, en lo que aquí incumbe, el artículo 2o. del Código Fiscal del Estado de Sonora:
"Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, contribuciones especiales y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
"I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo;
"II. Contribuciones especiales son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras o servicios públicos; y,
"III. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado de Sonora, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la ley;
"Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el artículo 27 de este código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1o."
La transcripción anterior permite concluir que la deducción efectuada al quejoso no constituye una contribución o tributo, pues no está establecida como tal en el Código Fiscal del Estado de Sonora, en tal virtud, no le son aplicables los principios de justicia fiscal establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior, debe destacarse que si bien es verdad que nuestro Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que éstos le son aplicables a las aportaciones de seguridad social, no menos cierto resulta que la cuota de referencia tampoco constituye tal, lo que se afirma al margen de que éstas no están establecidas como tributo en la legislación fiscal aplicable al Estado de Sonora.
Es así, habida cuenta que aun cuando está establecida como aportación en el artículo 60 Bis B de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al estar destinada al fondo de pensión, es una cuota obligatoria con un fin de seguridad social, y al respecto ilustra el contenido del artículo 16 de la misma legislación, que prevé que todo trabajador al servicio del Estado deberá aportar la cuota obligatoria del diecisiete punto cinco por ciento sobre el sueldo básico integrado que devengue, de la cual, conforme a lo dispuesto en el inciso A), se destina a pensiones y jubilaciones.
Luego, es evidente que el empleo de la palabra aportarán se refiere al hecho de que se le deducirá de su ingreso y no a que constituya una aportación técnicamente hablando, pues éstas son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado; sin embargo, el hecho de que la jubilación sea un beneficio no implica que sea especial, pues al igual que el salario, constituye una retribución a un servicio prestado; la jubilación es la retribución al trabajo prestado al Estado, tan es así que no se otorga en igual medida, sino en forma proporcional al número de años laborados.
A lo anterior se agrega que no es una concesión gratuita, pues en parte se integra con las aportaciones del empleador, quien tiene la obligación de garantizarle una vida digna cuando ya no pueda laborar activamente para el Estado, que contribuye a fin de que la parte patronal no vea afectada considerablemente su economía al tener que garantizar la pensión jubilatoria, pero no puede perderse de vista que, como lo aduce el peticionario de amparo, también se complementa con las cuotas que en su vida laboral activa dio, y prueba de ello es que si no se otorgaron en la medida especificada, el contenido del artículo 65 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora establece la obligación al trabajador de cubrir las cuotas que se adeuden al instituto, ya porque no se hayan otorgado en la medida que debieron hacerse o porque existan créditos pendientes de pagar.
Además, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o. antes transcrito, las contribuciones se clasifican en impuestos, contribuciones especiales y derechos, lo que indica que las aportaciones no están incluidas entre aquellas contribuciones que deben apegarse a los principios de justicia fiscal y, menos aún, las cuotas destinadas al fondo de pensiones y jubilaciones.
En el mismo orden de ideas, la cuota de referencia tampoco es una contribución especial, pues no está destinada a una obra pública ni es un derecho dado que no fue fijada por concepto de uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.
Conforme lo expuesto, es claro que la deducción que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60 Bis B se efectúa a Sandra Lucía Montaño Piña, constituye una cuota y, consecuentemente, como se anticipó, no le son aplicables los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.
Sin embargo, atendiendo a la totalidad del argumento planteado se advierte que la violación al principio de equidad, aunque se denomina tributaria, se hace derivar de que el artículo 2o., fracciones IV y V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ubica en supuestos diferentes a las figuras del trabajador y del pensionado y, no obstante, obliga a ambos en igual medida a aportar el diez por ciento de su percepción -salario o pensión-, según lo dispuesto en los artículos 16 y 60 Bis B, de la referida ley, respectivamente, a un fondo destinado precisamente a la pensión.
En tal contexto, es dable sostener que si bien es verdad que la quejosa funda inexactamente el perjuicio que dice le depara la porción normativa impugnada en amparo, no menos cierto resulta que, como se anticipó, el análisis global de los argumentos contenidos en los conceptos de violación, permite determinar los preceptos constitucionales que la peticionaria de amparo estima transgredidos.
De ahí que sea factible determinar que la afectación que la demandante constitucional estima le es causada, consiste en la contravención a las garantías de igualdad y seguridad social, contenidas en los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sirve de sustento a lo anterior, la tesis P. XXXVIII/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 11, que dispone:
"AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Para determinar el precepto que se combate, tratándose de amparo contra leyes, debe atenderse no sólo al capítulo de actos reclamados sino al estudio integral de la demanda y de manera especial a los conceptos de violación que se aduzcan, pues es atendiendo a los razonamientos que se hacen valer como puede determinarse cuál es la norma que se ataca de inconstitucional."
Previo a exponer las consideraciones que llevan a sostener que, como lo aduce la quejosa, el precepto tildado de inconstitucional contraviene la garantía de igualdad, es preciso destacar que, previa lectura del artículo 1o. de la Carta Magna, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 956/2010, resuelto en sesión de dos de marzo de dos mil once, que dio origen al criterio aislado 2a. XXX/2011 (9a.), sostuvo lo siguiente:
"De la lectura de este dispositivo, se advierte que la garantía de igualdad está positivizada constitucionalmente e implica que las autoridades no traten de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicha garantía se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, situación que por ser Ley Suprema debe acatarse por todas las autoridades del país.
"Debe ponerse de relieve que la igualdad de trato se encuentra en relación directa con la situación jurídica de los destinatarios de la norma, y no así de sus otras situaciones particulares tales como económicas, de negocios, de mercado, materiales, etcétera.
"El principio de igualdad tiene un carácter complejo, pues no postula la paridad absoluta entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato como criterio básico para la producción normativa.
"Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario:
"I. Por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y,
"II. Por otro lado, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga.
"De esta forma, para el control de la constitucionalidad de las normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad, conviene observar los siguientes criterios orientadores:
"A. Debe advertirse si existe una situación comparable y, con base en ésta, establecer si los sujetos se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente.
"B. Advertida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida, para lo cual conviene:
"a) Advertir si la diferencia normativa persigue una finalidad constitucionalmente aceptable;
"b) Si la diferenciación cuestionada es adecuada para el logro del fin legítimo buscado;
"c) Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar. ..."
Los razonamientos anteriores derivan de la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 427, que literalmente establece:
"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia."
Los criterios orientadores contenidos en la jurisprudencia citada permiten concluir que, como lo expone la demandante constitucional, el artículo 60 Bis B de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora viola la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que otorga un trato igual a las personas que se encuentran en distinta situación jurídica.
En efecto, asiste razón a la quejosa cuando expone que la deducción que se le efectúa con base en la referida porción normativa es inequitativa, pues dicha violación la hace derivar de que el artículo 2o. de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en efecto, ubica a trabajadores y pensionados -entre ellos los jubilados- en supuestos diversos y, no obstante, prevé que ambos aporten el diez por ciento de su salario a un fondo de pensión.
A lo que agrega que la finalidad del fondo de pensión es que una vez ubicado en el supuesto que permite el otorgamiento de una pensión de jubilación, ésta le sea cuantificada con base en las aportaciones efectuadas al referido fondo durante la vida laboral, y en relación al porcentaje correspondiente a los años trabajados.
Cierto, la referida legislación, en su artículo 2o., fracción IV, establece que trabajador es toda persona que preste sus servicios al Estado o a los organismos públicos incorporados, mediante designación legal y siempre que sus retribuciones estén consignadas en la normatividad y los presupuestos respectivos, o se paguen con cargo a alguna de estas partidas, o por estar incluido en las nóminas de trabajadores temporales.
Por su parte, la fracción V del citado numeral señala, que pensionado es aquel que tiene derecho a percibir y cobrar una pensión en los términos de la citada legislación.
A la vez, el artículo 16 de la referida legislación, en el inciso A), establece la obligación de los trabajadores de aportar el diez por ciento del sueldo básico integrado que devengue para pensiones y jubilaciones.
Idéntica obligación impone el artículo 60 Bis B a aquellos que disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
En ese orden, es evidente que existe una situación comparable, pues tenemos dos sujetos que aportan en igual porcentaje a un mismo fondo de pensión, dado que los artículos 16 y 60 Bis B de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, les imponen dicha obligación aun cuando se encuentran en situaciones diversas en tanto que, en sus fracciones IV y V, así lo establece el artículo 2o. de la referida ley.
Advertida la situación de desigualdad derivada del trato igual a situaciones diversas, se tiene que ésta no persigue una finalidad constitucionalmente válida.
Se sostiene así, habida cuenta que en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 60 Bis B de la ley multicitada, el legislador dejó ver que ésta perseguía un fin legítimo, a saber: "... reformar el sistema estatal de seguridad social, a fin de garantizar la viabilidad financiera y mejorar las prestaciones de los trabajadores en activo, pensionados y jubilados ... para lograr el saneamiento y la viabilidad financiera del sistema de pensiones, es necesario realizar modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con el propósito de evitar, en el mediano plazo, que el citado subsidio adicional del Gobierno del Estado se incremente de forma tal que su propio presupuesto resulte afectado de manera considerable y, con ello, que el fondo de pensiones y jubilaciones derive en una crisis irreversible de insolvencia y, en consecuencia, se traduzca en una dramática afectación de los derechos de seguridad social de los servidores públicos que le brinden sus servicios ..."
Sin embargo, la existencia de una finalidad constitucional aceptable no implica que la reforma sea constitucionalmente válida.
Es así, porque el trato desigual en que se traduce la imposición de una carga similar de aportar al fondo de pensiones, tanto al trabajador como al pensionado, no es adecuada para el logro del fin legítimo buscado, ni proporcional a la capacidad de aportar de los sujetos obligados a hacerlo.
Acorde a lo expuesto, es inadecuada la obligación impuesta, pues de lo contrario así lo habría planteado el legislador y, no obstante, la lectura de la exposición de motivos mencionada revela que aun cuando estableció el grave déficit que presentaba el sistema de pensiones y jubilaciones, y la necesidad de tomar medidas para evitar una crisis de insolvencia, no señaló, y consecuentemente tampoco justificó, que éstas ameritaran equiparar el supuesto en que se ubica a los trabajadores y jubilados, pues se limitó a exponer que tanto trabajadores como patrones deberían tener una obligación de participación compartida que permitiera atender los aspectos relacionados con la seguridad social.
Aunado a lo anterior, tenemos que la medida legislativa adoptada, que se tradujo en la reforma de, entre otros, la porción normativa cuya inconstitucionalidad se impugna, resulta inequitativa por injustificada y desproporcionada, en tanto que aun cuando guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar también resulta desacorde a la capacidad de aportar de un trabajador (activo) y un jubilado.
En efecto, mientras que el trabajador activo tiene la posibilidad de compaginar su función con cualesquier otra labor, o de escalar puestos y, como consecuencia incrementar su salario, un pensionado sólo puede ver incrementado el monto de la pensión que le fue cuantificada, en proporción al porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento, según se advierte del contenido del artículo 59 de la ley de referencia.
Además, la posibilidad de aumentar sus ingresos con otros empleos se ve restringida, en tanto que conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la percepción de una pensión otorgada por el instituto es incompatible con cualquiera otra pensión concedida por el propio instituto y organismos públicos a que se refieren los artículos 1o. y 3o. de la misma legislación.
También es incompatible con el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión remunerados por el Est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23875-47c07f51/instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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