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FONDO DE PENSIONES. LA APORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ES DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN SUJETA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA FISCAL. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 189/2012. · Registro digital (IUS): 23870
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Pág. 1567.

FONDO DE PENSIONES. LA APORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ES DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN SUJETA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA FISCAL.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 189/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

Es aplicable al caso la tesis del Tribunal Pleno número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:

"Núm. Registro: 2000331

"Décima Época

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1

"Materia(s): común

"Tesis: P. I/2012 (10a.)

"Página: 9

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.

"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.

"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, quien conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene legitimación para ello.

Sin que obste a lo anterior que en los párrafos primero y segundo de la referida fracción XIII, se señale que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados del mismo circuito, y ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, pues atendiendo al principio de seguridad jurídica que se pretende regular a través de la disposición constitucional de que se trata, y siendo que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se estima que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar contradicciones de tesis ante este Alto Tribunal, incluso respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito.

TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el Juez de Distrito denunciante considera contradictorios.

En ese sentido, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver el ocho de marzo de dos mil doce el amparo en revisión número **********, sostuvo, en lo que al caso importa, lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios manifestados por el recurrente, son por una parte infundados y por otra, esencialmente fundados. ... Seguidamente, por la conclusión a la que se arribará, procede el análisis del cuarto agravio, en el cual el recurrente señala en el cuarto concepto de violación (sic) que, contrario a lo que señala el Juez de amparo, la deducción que se le realiza como pensionado por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 60 BIS B de la ley del citado organismo, constituyen (sic) aportaciones de seguridad social destinada (sic) al fondo de pensiones, las cuales tienen el carácter de contribuciones, y por ello, dicha norma debe estar prevista con respecto (sic) y observancia de los principios constitucionales que la rigen, tales como equidad, proporcionalidad, legalidad y destino al gasto público, contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución. Planteamientos que se atienden de conformidad con el principio de la causa de pedir contenido en la jurisprudencia 69/2000, emitida por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, cuyos rubro y texto, son: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribió). Ello, pues como lo delata el inconforme, el descuento previsto en el artículo 60 B (sic) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, constituyen (sic) cuotas para el fondo de pensión jubilatoria (sic) consideradas como aportaciones de seguridad social, por lo que tienen el carácter de contribuciones, y por ende, tales enteros deben ceñirse a los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha fracción y precepto constitucionales establecen como obligación de los mexicanos el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado en que residan. Por su parte, el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Así, el referido código tributario define a las aportaciones de seguridad social de la siguiente manera: ‘... Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.’. Vale la pena recordar que el concepto contribución no implica la existencia de una relación bilateral entre el sujeto pagador y el receptor de ese pago, esto es, en el que el sujeto pagador deba obtener algo a cambio, como contraprestación, derivado del cumplimiento de la obligación de pago. Ello es así, ya que una contribución implica una carga unilateral establecida necesariamente por la ley, a cargo de los habitantes de un Estado, destinada a satisfacer el gasto público, sea de manera general o específica. Así, en el caso de las aportaciones de seguridad social que ahora se analizan (fondo de pensiones), es evidente que los sujetos obligados al pago de las mismas serán todas las personas que encuadren en la hipótesis normativa contenida en la ley, esto es, aquéllas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley de la materia, así como las que utilizan los servicios de seguridad social que presta el mismo Estado. En ese sentido, es claro que las aportaciones de seguridad social establecidas en el Código Fiscal de la Federación cumplen con el cometido contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la obligación que tiene todo mexicano de contribuir al gasto público. Por tanto, se concluye que las cuotas para el fondo de pensión jubilatoria (sic) al ser aportaciones de seguridad social, que tiene (sic) su origen en los riesgos a que el hombre está expuesto de carácter natural, como vejez, muerte e invalidez, y que se otorga mediante renta vitalicia, una vez satisfechos los requisitos legales, por lo que, como se dijo, tienen el carácter de contribuciones y deben cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales aseveraciones se desprenden del contenido de la tesis LVIII/2011, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 973, que establece: ‘TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribió). Y de la diversa jurisprudencia 164/2008, emitida por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual por las razones que informa se considera aplicable, localizándose en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página: 24, que dice: ‘ISSSTE. EL ARTÍCULO 249 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL PLAZO DE 10 AÑOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS A FAVOR DEL INSTITUTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’ (se transcribió). Así, al resultar esencialmente fundado el agravio analizado y dado que el Juez de amparo declaró inoperante el concepto de violación hecho valer por la quejosa en el que delata violación al principio de equidad tributaria, contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, por considerar que el descuento para el fondo de pensiones no es una contribución (lo que como se vio, es inexacto), con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se procede a su análisis. Por tanto, como lo sostiene el quejoso en el quinto concepto de violación y lo reitera en el tercer agravio, el principio de equidad contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional obliga al legislador a tratar de manera igual a las personas que se encuentran en las mismas hipótesis y de manera desigual a aquellos que se encuentren en situaciones distintas. El citado precepto constitucional, es del tenor siguiente: ‘Artículo 31. ... IV. ...’. (se transcribió). Ahora bien, en relación con el tema, dentro del amparo en revisión **********, la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó entre otras cuestiones, que en diversas tesis de jurisprudencia el Alto Tribunal ha determinado que la garantía de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los desiguales, implicando además que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación (sic) de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes. Ilustran al respecto las tesis de jurisprudencia números P./J. 24/2000 y P./J. 42/97, ambas sustentadas por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la primera en el Tomo XI, marzo de 2000, página 35 y la segunda en el Tomo V, junio de 1997, página 36, que dicen respectivamente: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribió). ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribió). Continuó señalando la Primera Sala del Alto Tribunal que asimismo, el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber: •No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. •A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas. • No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y • Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia P./J. 41/97, sustentada por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página 43, que dice: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribió). De lo antes razonado, válidamente puede concluirse que la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas; sin que puede (sic) afirmarse, que ese principio únicamente exige que los contribuyentes en una misma o análoga hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, pues tal cuestión únicamente es uno de los aspectos de esa garantía. Pues bien, el quejoso sostiene dentro de su quinto concepto de violación, que el artículo 60 BIS B de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que establece un 10% de descuento de su pensión mensual, contraviene el principio de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, debido a que tiene el carácter de pensionado al haber cumplido con lo previsto en los artículos 16 y 59 de esa ley, descontándosele durante su vida laboral, de conformidad con el primero de los preceptos mencionados, el 10% de su sueldo para conformar el fondo de pensiones, por tanto, ya no tiene la obligación de seguir aportando cantidad alguna para fortalecer dicho fondo. Para evidenciar la inequidad aludida, reproduce tanto el artículo 16 como el 60 BIS B, de la ley reclamada. Así -agrega el peticionario de garantías-, que de la lectura de ambos numerales puede advertirse que se le está obligando a aportar de manera doble al fondo de pensiones, pues en ambos preceptos se le obliga a aportar el 10%, ya sea de su sueldo (cuando se encontraba laborando) o de su pensión (al ser jubilado) al fondo de pensiones, contraviniendo de esa manera el principio de equidad. Indica, que es así si se toma en cuenta que de acuerdo al artículo 2, fracción V, de la ley reclamada, pensionado es toda persona que tiene derecho a recibir y cobrar una pensión, mientras que la fracción IV de ese numeral, dispone que trabajador es aquella persona que presta sus servicios al Estado o a los organismos incorporados a éste, consecuentemente, ambos sujetos se encuentran en situaciones jurídicas diferentes, no obstante ello, se les da el mismo tratamiento, ya que a ambos se les obliga a aportar el 10% de su sueldo o pensión de manera mensual, para el fondo de pensiones. Adicionado. (se transcribió). Son esencialmente fundados los argumentos antes sintetizados. Cierto, como ya se vio, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de equidad exige que los contribuyentes que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los desiguales. Ahora bien, el artículo 2, fracciones IV y V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, contempla qué debe entenderse por trabajador y por pensionado, siendo dicho numeral del tenor literal siguiente: ‘Artículo 2. ... IV. ...’. (se transcribió). Por su parte, el artículo 68 del ordenamiento en análisis, dispone quiénes tienen derecho a recibir una pensión jubilatoria y los requisitos para obtenerla, siendo ese dispositivo del tenor literal siguiente: ‘Artículo 68. ...’. (se transcribió). Como se ve, para el caso en análisis, de los numerales antes transcritos se obtiene que trabajador es aquella persona que está prestando sus servicios al Estado o a los organismos públicos incorporados, mientras que el pensionado o pensionista, es aquel sujeto que tiene derecho a percibir y cobrar una pensión cuando cumplió treinta y cinco años o más de servicio e igual tiempo de cotización al instituto, en los términos de esa ley, cualquiera que sea su edad y con los demás requisitos establecidos. Ahora, el artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, previene los conceptos y porcentajes por los cuales todo trabajador debe aportar como cuota obligatoria al instituto, a saber: 10% para pensiones y jubilaciones; 5.5% para servicios médicos; 5% para préstamos a corto plazo, 5% para préstamos prendarios y 1% para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario. Dicho precepto dispone: (se transcribió). Así, de lo anterior, puede concluirse que los trabajadores y los pensionados se encuentran en situaciones jurídicas diferentes, puesto que el trabajador en activo está obligado a realizar las aportaciones de seguridad social correspondientes, de las que entre ellas se encuentra el seguro de jubilación, esto con el objeto de que, una vez cumplidos los requisitos legales, sea susceptible de obtener una pensión, ya sea por jubilación o cualquier otro medio (vejez, cesantía en edad avanzada, etcétera), es decir, para que en su momento se ubique en una diversa situación jurídica. Por su parte, el pensionado se encuentra en una diferente situación, toda vez que éste ya cumplió con los requisitos legales para la obtención de una pensión (sea por jubilación, vejez, cesantía en edad avanzada, etc.), además de que dicho estatus jurídico se atribuye a las personas que se encuentran en una situación de retiro, cuando ya han pasado por la diversa hipótesis de trabajadores en activo, etapa en que prestaron sus servicios al Estado, en donde, a su vez, erogaron a manera de aportaciones de seguridad social un determinado porcentaje de su salario para el rubro de pensiones para después, estar en aptitud de acceder a una pensión, y no obstante lo anterior, se le descuenta el 10% para el fondo de pensión (sic), como se desprende del artículo 60 BIS B, de la ley reclamada, que dispone: ‘Artículo 60 BIS B. Quienes disfruten una pensión o jubilación del instituto, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual.’. Tan es así, esto es, que los trabajadores y jubilados se encuentran en una hipótesis jurídica distinta, que como quedó evidenciado en párrafos precedentes, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que aun cuando las pensiones tengan como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que laboró, la relación surgida entre el pensionado o jubilado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una relación nueva de carácter administrativa. En ese orden, la hipótesis que prevé el artículo tildado de inconstitucional, propicia efectos equivalentes a los que establece el diverso ordinal 16 de la ley de que se trata, respecto del mismo rubro tributario referente al tópico de pensiones, pero en relación con las personas que ostentan la calidad de trabajadores laboralmente activos, en tanto que, el precepto combatido obliga al pago de una contribución sobre el rubro de fondo de pensiones pero sobre los sujetos que posean el carácter de pensionados, lo que conlleva a que el legislador local está dando un trato igual, similar o análogo a contribuyentes que se encuentran en diferente hipótesis jurídica de causación (trabajadores laboralmente activos y pensionados), contraviniendo de esa manera el principio de equidad tributaria, puesto que, como quedó evidenciado, el precepto reclamado establece como obligación a los pensionados el aportar mensualmente el diez por ciento de su pensión para el rubro de fondo de pensiones, porcentaje que es equivalente al que, para los mismos efectos (pensiones), el artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, exige como cuota a los trabajadores en activo. Ello, no obstante que los pensionados se ubican en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo y a ambos se les exige una aportación de seguridad social exactamente igual, para la constitución del fondo de pensiones. Es así, porque las cuotas que durante su vida laboralmente activa aportó el trabajador tienen como objetivo el que, satisfechos los requisitos legales, ésta (sic) pueda disfrutar de una pensión o renta para su subsistencia una vez terminada en forma definitiva la relación laboral, objetivo que se encuentra contemplado en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, antes reproducido, al señalar que la jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente a lo que resulte menor entre veinte salarios mínimos mensuales o el cien por ciento del sueldo regulador, entendiéndose por éste, el promedio ponderado de los sueldos cotizados de los últimos diez años, previa su actualización con el índice nacional de precios a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23870-c2bef486/fondo-de-pensiones-la-aportacion-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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