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Modo: Corpus Pro

APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "DIRECCIÓN DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES", VIOLA EL DERECHO A LA PROPIEDAD DEL SALARIO Y EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 180/2025. · Registro digital (IUS): 33954
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo II, Volumen 2, Pág.768.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 180/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al seis de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:

I. Antecedentes

1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido vía interconexión el trece de noviembre de dos mil veinticinco, en este pleno regional, la persona titular del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, denunció la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión 691/2023, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión 148/2025.

2. Radicación en el pleno regional. Mediante acuerdo de presidencia de diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, se ordenó registrar con el número de expediente 180/2025 la denuncia de contradicción entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con el tema determinar sí el artículo 70, fracción I de la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, resulta inconstitucional y violatorio de los derechos fundamentales de audiencia y legalidad y se requirió a las presidencias de los tribunales contendientes que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda, y se turnó el asunto a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.

3. Informes de los tribunales colegiados.

• Mediante oficio 11097/2025 de veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito informó que al resolver el amparo en revisión 79/2025, en sesión de catorce de noviembre de dos mil veinticinco, la nueva integración de ese órgano colegiado determinó que el criterio sustentado en el amparo en revisión 691/2023 se encuentra superado.

• Mediante oficio 15435 de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En oficio DGCCST/X/653/12/2025 de once de diciembre de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada es ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.

4. Confirmación de turno. Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.

5. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.

II. Competencia

6. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(5) por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Octavo Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

III. Legitimación

7. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila.

IV. Criterios denunciados

8. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión 691/2023, en sesión de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión 148/2025, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

V. Existencia de la contradicción de criterios

10. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

11. En el caso, debe tenerse por existente la contradicción de criterios entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión 691/2023 y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión 148/2025.

12. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Hechos. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra del artículo 70, fracción I de la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado “Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila”, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en un oficio en el que se le informó que únicamente tiene derecho a la devolución del cincuenta por ciento de las aportaciones realizadas con motivo del cargo que desempeñó en la administración pública de ese municipio.

Juzgado de Distrito. Emitió sentencia en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra parte, concedió la protección constitucional a la persona quejosa respecto del artículo 70, fracción I, de la propia norma jurídica.

Inconformes con dicha resolución, el Director General de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza y la Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recursos de revisión.

13. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.

Procedencia. El recurso es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, por recurrirse una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto en materia administrativa, tramitado ante un juzgado de distrito.

Precisado lo anterior, debe decirse que la diversa autoridad responsable, Director General de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, por los motivos siguientes:

En principio conviene señalar que, la legitimación es una cuestión de estudio preferente al constituir un presupuesto procesal, de ahí que, con independencia de que lo que hagan valer o no las partes procesales, este órgano colegiado debe analizarlo de forma oficiosa.

Sustenta lo anterior, la tesis P. LIV/90, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: “REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO” (se transcribe).

De los artículos 5, fracción II y 87 de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo; y que solo aquellas a quienes la sentencia afecte directamente al acto que se les reclama, podrán interponer el recurso de revisión; en la inteligencia que cuando se trate de amparo contra normas legales, solo lo podrán hacer los titulares de los órganos del Estado encargados de su emisión o promulgación.

En ese sentido, no toda entidad del Estado puede expresar agravios en revisión para defender la constitucionalidad de una ley, pues ello se encuentra rigurosamente reservado a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo correspondiente.

Precisamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 415/2013, determinó que:

— El artículo 87 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido semejante en la parte que nos ocupa en la ley vigente), establece que las autoridades responsables solo podrán impugnar en revisión las sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas.

— Existe la posibilidad que el mencionado recurso contra normas generales sea interpuesto por autoridad distinta de las que intervinieron en su creación, cuando controvierten la sentencia de primera instancia, no por los fundamentos y motivos en que se apoyó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma (ni siquiera por alegar una causa de improcedencia vinculada con la aplicación de la ley), sino por estimar que la misma les genera una afectación directa, derivada de los efectos dados al otorgamiento del amparo.

— Cuando la protección constitucional se hace extensiva a las autoridades ejecutoras y se les vincula a proceder restituyendo al quejoso en el goce del derecho que fue violado, tales autoridades se encuentran legitimadas para interponer la revisión.

— El recurso de revisión es el único medio de defensa que tienen las autoridades ejecutoras para modificar la sentencia de amparo, donde les sean impuestas obligaciones que afectan jurídica o económicamente sus intereses y que no derivan necesariamente de la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto analizado en el propio fallo, sino de la extensión de la protección; lo cual puede ser examinado por el tribunal ad quem, sin comprometer el pronunciamiento en temas que involucren las normas generales, en virtud de que esto no puede ser materia de los agravios.

Dicha postura está contenida en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de contenido siguiente: “REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA” (se transcribe).

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 527/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito, con residencia Torreón, Coahuila, la parte quejosa reclamó del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y otras autoridades, la restricción para solicitar la devolución total del fondo de pensiones que generó como empleado municipal, con motivo de lo dispuesto en los artículos 6, fracciones II, III, IV y 70, fracciones I y II, de la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado “Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón”, los cuales tildó de inconstitucionales.

También se advierte que a la autoridad responsable ahora inconforme (Dirección de Pensiones y Beneficio Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila), se le atribuyó la aplicación directa de dichos numerales con motivo de la solicitud de devolución de fondo propio 22-0245, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en donde se le informó a la parte quejosa que únicamente tendría derecho al 50% de las aportaciones realizadas durante el tiempo que desempeñó sus labores.

Lo anterior se corrobora de la parte conducente de la demanda de amparo indirecto, en la cual se expuso lo siguiente:

“3. De la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón:

a) El encargo directo para la aplicación de los artículos 6, fracciones II, III y IV, 70, fracciones I y II de la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado “Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila”, cuya inconstitucionalidad se reclama a través del oficio con número de folio (...) de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el cual dicha autoridad hace aplicación a los artículos mencionados, y en el cual se me informa que únicamente tengo derecho a la devolución del 50% de las aportaciones que me descontaron al suscrito, es decir sin sumar las que el R. Ayuntamiento debió aportar, realizadas a esa autoridad durante el tiempo en el que desempeñé un cargo en la Administración Pública Municipal de Torreón y derivado del cual se me expedirá el cheque correspondiente en posteriores fechas”.

Por su parte, en la sentencia combatida, el juzgador federal, por un lado, determinó sobreseer en el juicio por lo que hace al numeral 6, fracciones II y III, de la ley administrativa en cita, por considerar que las hipótesis correspondientes no le fueron aplicadas a la parte quejosa en este caso y, por otra parte, concedió el amparo respecto del artículo 70, fracción I, de la propia norma jurídica, por considerar que:

“(...)

Entonces, resulta factible determinar, bajo el marco jurídico narrado, que el artículo 70, fracción I de la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, transgrede en perjuicio de la quejosa sus derechos de audiencia y legalidad consignados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sin justificación alguna se le priva de obtener la cantidad correspondiente al 50% de la cuota obligatoria que realizó como trabajadora del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, que en modo alguno puede considerarse como parte del patrimonio de la Dirección de Pensiones.

(...)”

Con base en lo anterior, los efectos que se imprimieron a la concesión del amparo, fueron los siguientes:

“1. Las autoridades no apliquen a la parte quejosa, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 70, fracción I, de la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón.

2. Desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 70, fracción I, de la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón.

3. La autoridad responsable Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, autorice la solicitud de devolución de las aportaciones (...) que hizo la parte quejosa en su integridad, es decir en un 100%, por lo cual, deberá cubrirse la cantidad restante que equivale al mismo monto que le fuera entregado”.

Bajo ese tenor, es evidente que el aquí inconforme (Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón) carece de legitimación para interponer el presente recurso de revisión, contra la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 70, fracción I, de la citada ley, atento a que, conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada contradicción de tesis 415/2013, solo es posible que dicho medio de impugnación se interponga por autoridad distinta de las que participaron directamente en la formación de la ley, cuando controvierten la sentencia de primera instancia, no por los fundamentos y motivos en que se apoyó la declaratoria de inconstitucionalidad de la misma (ni siquiera por alegar una causa de improcedencia vinculada con la aplicación de la ley), sino por considerar que la sentencia les genera una afectación directa, derivada de los efectos dados a la concesión del amparo.

Sin embargo, la autoridad recurrente en sus agravios planteó lo siguiente:

Que en el caso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad y por ende, previo a promover el juicio de amparo, debió acudir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en el ordinal 362, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el numeral 123, apartado B, fracción XI, constitucional.

Que la sentencia recurrida vulnera los principios de congruencia y exhaustividad que debe imperar en todo fallo jurisdiccional, en tanto que, el juzgado Federal omitió analizar el numeral 21 y el capítulo IV, sección segunda y 16, de la Ley para la Implementación de los Sistemas de Pensiones del Municipio del Estado de Coahuila.

Que de dichos artículos se obtiene que, las pensiones para el municipio de Torreón se rigen en un sistema de seguridad social de beneficio definido que opera con un fondo solidario; esto es, establece las

pensiones de forma predeterminada y las contribuciones de sus trabajadores activos sustentan el pago de las pensiones actuales. En ese sentido, dicho fondo está integrado por las cuotas y aportaciones de los trabajadores y patrones, así como los rendimientos generados de las inversiones financieras para uso exclusivo de los trabajadores al servicio del municipio de Torreón, de ahí que si bien los trabajadores que dejan de prestar sus servicios al municipio tienen derecho a retirar las cuotas enteradas a la Dirección de Pensiones, lo cierto es que esa devolución está limitada a: a) hasta el 50% de las cuotas que realizó el trabajador, de acuerdo con la fracción VII del artículo 6 de la ley de la materia; b) serán las enteradas exclusivamente por el trabajador, como lo dispone la fracción VII del artículo 16 Ley para la Implementación de los Sistemas de Pensiones de los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; c) no incluyen los intereses generados por las mismas, los cuales seguirán formando parte del patrimonio de la Dirección de Pensiones, conforme a la fracción III del artículo 6 de la ley combatida; d) no se contempla la devolución del 100% de las cuotas aportadas; y, e) la cuota obligatoria de los trabajadores municipales corresponde a una cantidad equivalente al 14.00% del sueldo de cotización que perciban, la cual, forma parte del patrimonio de la Dirección de Pensiones, como lo establece la fracción II de Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado “Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila”.

Todo lo anterior, explica, según su parecer, por qué solo se autoriza el 50% de las cuotas aportadas por los trabajadores, ya que la parte restante sirve para la subsistencia y para el fondo de pensiones, siendo esta una condición indispensable para garantizar seguros y prestaciones y los derechos adquiridos de los asegurados.

Que contrario a lo resuelto por el juzgado de amparo, la legislación cuestionada no vulnera lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esta fue debidamente publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza y la misma se encuentra debidamente fundada y motivada. En la inteligencia que, de acuerdo con lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley esté facultado para ello y que estos requisitos se satisfacen cuando aquel actúa dentro de los límites de las atribuciones que se le confieren y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sin que esto implique que todas las disposiciones que integran estos ordenamientos, deban ser necesariamente materia de una motivación específica.

Hasta aquí los agravios formulados por la autoridad recurrente.

Como se desprende de lo anterior, las argumentaciones sintetizadas de ninguna manera están vinculadas a establecer que la sentencia le genera una afectación directa, derivada de los efectos impresos a la concesión del amparo.

Es decir, tales agravios de ninguna manera están vinculados a controvertir las obligaciones impuestas que afectan jurídica o económicamente sus intereses y que no derivan de la declaratoria de inconstitucionalidad de los preceptos analizados en el propio fallo, sino de la extensión del amparo otorgado, dado que insiste en la constitucionalidad de los preceptos reclamados.

Motivo por el cual, se estima que el Director General de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, carece de legitimación para combatir, en los términos en que lo hizo, el fallo materia de la revisión.

Es aplicable, en lo conducente y sustancial, la tesis de jurisprudencia PC.VII.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de contenido siguiente: “AMPARO CONTRA LEYES. EL SUPUESTO DE LEGITIMACIÓN DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, A QUE SE REFIERE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 11/2014 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL, ES INAPLICABLE CUANDO SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS A ELLAS RECLAMADOS” (se transcribe).

Sin que se desconozca la existencia de la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA”; empero, en el caso no se surte la excepción contemplada en dicha tesis pues, como se evidenció, la autoridad recurrente se limitó a alegar cuestiones ajenas a los efectos dados al fallo protector que la vinculó, lo que corrobora la falta de legitimación para interponer el medio defensivo en estudio.

No es óbice a la conclusión alcanzada, la circunstancia de que por acuerdo de presidencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, se haya admitido el presente recurso de revisión, pues corresponde al pleno de este tribunal colegiado decidir acerca de su procedencia o no.

Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis de jurisprudencia P./J. 19/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”.

Tercero. Se omite la transcripción de la sentencia recurrida y de los agravios. Resulta innecesario transcribir las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, así como los agravios expresados, porque en términos de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.

Lo anterior así fue considerado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN” (se transcribe).

Cuarto. Falta de impugnación de una parte de la sentencia. Previo al estudio de los agravios, se destaca que en la sentencia impugnada se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, porque la peticionaria de amparo carece de interés jurídico para impugnar los artículos 6, fracciones II, III y IV y 70, fracción II de la citada legislación, de la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, ya que no acreditó que dichas normas hubieran sido aplicadas en su perjuicio.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia 3a./J. 20/91, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: “REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR” (se transcribe).

Quinto. Los agravios del Congreso del Estado de Coahuila, resultan inoperantes unos y otro fundado, con motivo de las consideraciones que a continuación se exponen:

En el primer agravio, la autoridad recurrente refiere que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa carece de interés jurídico para instar el juicio de amparo.

Asimismo, en el segundo agravio, manifiesta que también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del ya citado precepto legal, en tanto que, la parte quejosa debió agotar el medio de impugnación previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, antes de acudir al juicio de amparo.

Como se indicó, dichos motivos de disenso resultan inoperantes, ya que no controvirtió los razonamientos por los cuales, el a quo desestimó tales causales de improcedencia.

En efecto, el juzgado de distrito, al dictar la sentencia que ahora se analiza, específicamente en el considerando quinto, abordó las mismas causales de improcedencia que ahora en los agravios se plantean, desestimándolas por las siguientes razones:

En relación con la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, resolvió que la misma no se actualizaba en la especie, pues en autos del juicio de amparo se encontraba acreditado que la parte quejosa había solicitado la devolución de las aportaciones que le fueron descontadas con motivo de su trabajo al servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, y que, dada la aplicación de lo dispuesto en la norma reclamada (artículo 70, fracción I, de Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza) solo le fue reintegrado el cincuenta por ciento de las mismas, por lo que el juzgador federal consideró que dicha circunstancia generaba una afectación a la esfera jurídica del impetrante, que sí lo legitima para promover el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33954-f67a79da/aportaciones-al-fondo-de-pensiones-de-los-trabajadores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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