DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA CUANDO SE RECLAMAN EL ARTÍCULO 29-A, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA REGLA 2.7.1.47. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2024 COMO UN SISTEMA NORMATIVO, DEBE SER A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR LA REGLA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 173/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 26 DE FEBRERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIA: TERESA DE JESÚS SERRANO JIMÉNEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:
I. Antecedentes
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio presentado electrónicamente el seis de noviembre de dos mil veinticinco en este pleno regional, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al decidir el amparo en revisión 236/2024, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar los amparos en revisión 275/2024 y 351/2024 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 217/2024.
2. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de diez de noviembre de dos mil veinticinco se radicó el asunto bajo el número de expediente 173/2025, con el tema: Determinar si para realizar el computo de la oportunidad de la presentación de la demanda, cuando se reclama el artículo 29-A, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación y a la Regla 2.7.1.47 de la Miscelánea Fiscal para el año dos mil veinticuatro, como un sistema normativo, se debe considerar la fecha en que entró en vigor la Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinticuatro, en atención a que ésta tiene una vigencia anual, o bien cuando el sistema normativo fuera modificado, esto es, cuando se redujera o ampliara el plazo para cancelar los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda y se turnó el expediente para su estudio a la ponencia de la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.
3. Informes. Los solicitados en el auto de radicación se recibieron en los siguientes términos:
• Mediante oficio 19897/2025 de doce de noviembre de dos mil veinticinco, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• Por oficios 17347/2025 y 17389/2025, ambos de doce de noviembre de dos mil veinticinco, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que sus criterios se encuentran vigentes.
• Por oficio 14/Tesis/3TCMA2CTO/2025 de dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• En oficio DGCCST/X/629/12/2025, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hay contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.
4. Confirmación de turno. Por acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
5. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se listó este asunto.
II. Competencia
6. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del antes Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el mismo medio oficial de difusión el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés;(5) por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer y Segundo Circuito, ambos comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional pues tales órganos conocen de la materia administrativa.
III. Legitimación
7. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, autoridad en uno de los criterios contendientes en la presente contradicción de criterios.
IV. Criterios contendientes
8. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con los siguientes antecedentes:
• Una persona moral promovió juicio de nulidad contra el ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, particularmente la reforma del cuarto párrafo del artículo 29-A, y la adición de los artículos 81, fracción XLVI y 82 fracción XLII del Código Fiscal de la Federación y la emisión de la Regla 2.7.1.47. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.
• Por razón de turno, le correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien ordenó su registró con el número de expediente 281/2024, y la admitió a trámite.
• Seguida la secuela procesal dictó la sentencia respectiva el veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, en la que determinó:
“PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto de las autoridades y actos señalados en los considerandos tercero y cuarto, por las razones ahí sustentadas.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la moral quejosa *********** ******* ******** ******* ** ******* ******** en contra de la ‘Regla 2.7.1.47.’, denominada ‘Plazos para la cancelación de CFDI’, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de dos mil veinticuatro, por las razones establecidas en el considerando octavo.
TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la moral quejosa *********** ******* ******** ******* ** ******* ********, contra el cuarto párrafo, del artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación, por las razones y para los efectos precisados, respectivamente, en los considerandos séptimo y noveno”.
• Inconforme, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la moral quejosa, interpusieron recurso de revisión, el primero radicado con el número 236/2024, admitido el veinte de mayo de dos mil veinticuatro y el segundo admitido en el mismo, el cuatro de junio del mismo año.
• Por acuerdos de doce y diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, se tuvieron por adheridos al Secretario de Hacienda y Crédito Público, y al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, respectivamente, al recurso de revisión interpuesto por los recurrentes principales.
9. El tribunal colegiado de circuito —en el expediente del que deriva esta contradicción— resolvió con base en las siguientes consideraciones:
(...)
QUINTO. No es materia del recurso y, por ende, debe quedar firme la determinación adoptada en el Considerando Tercero, inciso III.1., del fallo recurrido, en la que la Juez de Distrito decretó el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en la emisión de la Regla 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.
De igual manera, no es materia de este medio de defensa, y en consecuencia, debe quedar firme, el sobreseimiento regido por los razonamientos expuestos en el Considerando Quinto, inciso V.1., de la sentencia que se combate, en los que la juez federal sobreseyó en el juicio respecto de los artículos 81, fracción XLVI, y 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación, por falta de interés jurídico.
Lo anterior, porque la determinación apuntada no fue controvertida por la parte quejosa, que es a quien podría causar afectación.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 20/91, que a continuación se transcribe:
“REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR.” (Se transcribe)
SEXTO. De manera oficiosa, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, ya que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea respecto al artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno y la Regla 2.7.1.47, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el citado medio de difusión oficial el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, pues dicha regla es del mismo contenido que la del año dos mil veintitrés, por lo que debió de presentar la demanda en contra de esa norma general en los plazos previstos para ello.
El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, invocado por el juez del conocimiento, prevé:
(Se transcribe)
El precepto legal reproducido dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos —lato sensu— consentidos tácitamente, o sea, contra los que no se promovió demanda de amparo dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de la legislación de la materia.
Se prevé que no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable desde el inicio de su vigencia no se haya reclamado, sino solo cuando no se hubiera promovido juicio de amparo con motivo del primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han creado una nomenclatura específica para clasificar a las leyes atendiendo al momento en que pueden causar perjuicio a los gobernados: autoaplicativas y heteroaplicativas.
En el primer supuesto son aquellas que, desde el inicio de su vigencia, sin condición alguna, afectan la esfera de derechos de las personas, pues las obliga a hacer o dejar de hacer determinada conducta, mientras que las segundas tienen la particularidad de que se necesita la realización de una condición para que puedan afectar al gobernado que puede ser un acto autoridad, del propio particular o un acontecimiento ajeno a la voluntad de ambos.
De conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio constitucional contra normas generales que por su sola entrada en vigor causen perjuicio a la parte quejosa, es decir, autoaplicativas, será de treinta días; de no promoverlo, la norma se entenderá consentida y cobrará vigencia la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de ese ordenamiento.
Sin embargo, como se explicó, los gobernados tienen una segunda oportunidad para cuestionar la norma general de naturaleza autoaplicativa, en tal supuesto, tendrán el plazo de quince días, tomando como referencia cuando se haya aplicado por primera vez en su perjuicio.
Esta distinción es útil para entender el contenido del artículo 61, fracción XIV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de manera que no debe entenderse consentida la norma general, a pesar de que no se hubiera promovido juicio de amparo dentro del plazo de treinta días, sino solamente se entenderá consentida cuando tampoco se controvierta con motivo del primer acto de aplicación que cause perjuicio al gobernado.
En este supuesto, si el gobernado promueve juicio de amparo con motivo del primer acto de aplicación y cuestiona la norma general de naturaleza autoaplicativa, no puede aducirse que exista el consentimiento tácito ni sobreseer en el juicio por lo que hace a la norma.
Explicado lo anterior, se da noticia del artículo 29-A, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, que dispone lo siguiente:
(Se transcribe)
El precepto legal reproducido prevé una permisión y una condición. La primera consiste en que los comprobantes fiscales digitales por internet solamente podrán cancelarse en el ejercicio fiscal en que se expidan, mientras que la segunda es que solo podrán cancelarse siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación.
Esa permisión de cancelar los comprobantes fiscales entró en vigor a partir del uno de enero dos mil veintidós, conforme al artículo Único Transitorio del decreto de reforma.
Esto significa que los comprobantes fiscales digitales por internet que se emitieran a partir del uno de enero de dos mil veintidós únicamente podrían cancelarse, a más tardar, al treinta y uno de diciembre de ese año, es decir, dentro de ese ejercicio fiscal.
El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno se emitió la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y su Anexo 19, cuya regla 2.7.1.47 estableció lo siguiente:
“Plazos para la cancelación de CFDI 2.7.1.47. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición. Lo anterior no es aplicable a los CFDI globales emitidos por las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza”.
El veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se emitió la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27, cuya regla 2.7.1.47 dispuso:
“Plazos para la cancelación de CFDI 2.7.1.47. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Transitorios. Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023”.
Finalmente, el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, se divulgó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y sus Anexos 1, 5, 8, 19 y 27, en que la regla 2.7.1.47 prevé:
“Plazos para la cancelación de CFDI 2.7.1.47. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Transitorios. Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024”.
Como se anticipó, con la reforma del artículo 29-A, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, se dispuso que, a partir del uno de enero de dos mil veintidós, los comprobantes fiscales digitales por internet solamente podrían ser cancelados en ese ejercicio fiscal (permisión), siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación (condición).
No obstante, sabedor de las implicaciones que pudiera acontecer en el mundo fáctico por limitar la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por internet a la del ejercicio fiscal en que fueron expedidos, vía Resolución Miscelánea Fiscal, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria estableció que, por lo que hace al propio ejercicio fiscal de dos mil veintidós, la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por internet podría efectuarse a más tardar el treinta y uno de enero del año siguiente a su expedición.
A partir del ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, el titular del órgano desconcentrado estableció que los comprobantes fiscales digitales por internet podrían ser cancelados a más tardar en el mes en que se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el comprobante que, por lo que hace a las personas morales, sería en el mes de marzo y, de las personas físicas, en el mes de abril
Tal permisión se reiteró para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro en términos de la regla 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y sus Anexos 1, 5, 8, 19 y 27.
Esto significa que si bien para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria había establecido solamente el plazo de un mes para cancelar los comprobantes fiscales digitales por internet expedidos el año anterior, lo cierto es que a partir del ejercicio fiscal de dos mil veintitrés amplió el plazo hasta el mes en que debía presentarse la declaración anual del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio fiscal en el cual se expidió el comprobante, lo que se reiteró para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro mediante la regla 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.
Conforme a la reseña que antecede, queda claro que el artículo 29-A, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, y la regla 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, constituyen un sistema normativo para efectos de la procedencia del juicio de amparo.
Para comprender lo que debe entenderse por sistema normativo, se tiene en cuenta que al resolver la contradicción de tesis 59/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, uno de los requisitos que debe tener la sentencia de amparo es la fijación clara y precisa del acto reclamado, en el entendido de que para fijarlo, acorde con la dogmática jurisprudencial, se debe acudir a la lectura integral de la demanda de amparo para advertir cuál es la real pretensión de la parte quejosa.
Explicó que, tratándose de amparo contra leyes, el Alto Tribunal ha sostenido el criterio en el sentido de que en los casos en que se está en presencia de un sistema complejo derivado de una reforma integral en donde es difícil establecer si su articulado es de aplicación condicionada o incondicionada, los gobernados pueden controvertir su constitucionalidad sin necesidad de situarse en cada una de las hipótesis normativas respectivas, bastando únicamente que se ubiquen, de manera general, dentro del sistema respectivo. Dijo que para estar en condiciones de afirmar que un determinado conjunto de normas integran o no un nuevo sistema o régimen jurídico, es indispensable que las disposiciones legales relativas se encuentren estrechamente relacionadas de tal manera que representen una verdadera unidad sistémica regulatoria, de manera que no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable, porque es esa íntima vinculación del articulado la que autoriza al gobernado para controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas.
Puntualizó que, por tal razón, el juzgador se encuentra facultado para introducir en su sentencia el análisis de normas que no hubieren sido reclamadas de manera destacada por la parte quejosa, siempre y cuando estén estrechamente relacionadas con la litis y se encuentren vigentes al momento de promover la demanda, ya que si la cuestión a resolver se relaciona con otras disposiciones legales por virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre las normas por constituir un sistema normativo, el estudio de constitucionalidad debe comprender a las normas que se vinculan estrechamente dentro de ese sistema, aunque no hubieran sido expresamente señaladas por la parte quejosa en el escrito de la demanda, porque solo así se resolverá de manera integral y congruente lo reclamado.
Precisó que esa afirmación se corrobora con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo, que dispone que si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma inválida, y de que cuando exista jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una norma, opera la suplencia de la deficiencia de la queja, lo que significa que el juez está obligado a examinar si la norma impugnada se encuentra estrechamente vinculada con alguna otra y a verificar si la norma declarada inconstitucional causa afectación a la esfera jurídica del quejoso y así evitar la subsistencia de actos de aplicación de disposiciones que contienen vicios de inconstitucionalidad.
El Alto Tribunal concluyó diciendo que el juzgador está impedido de introducir al examen normas que no correspondan a la pretensión principal de la parte quejosa o que no se encuentren vigentes al momento de la promoción de la demanda de amparo, además de que tampoco queda a su arbitrio incluir actos no reclamados y que no estén vinculados con la litis, ya que debe entenderse como sistema normativo al conjunto de normas que regulan una institución jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que ese sistema no pueda operar sin alguna de esas disposiciones.
Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 91/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que establece:
“AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO.” (Se transcribe)
Cobra relevancia lo que expone el Alto Tribunal en la parte final del criterio en cita en el sentido de que sistema normativo es el conjunto de normas que regulan una institución jurídica y que se encuentran íntimamente relacionadas, en el supuesto de faltar, de no existir o de declararse inconstitucional una de esas disposiciones jurídicas, ese sistema normativo no podrá funcionar.
Es importante tener presente que sistema normativo no es que determinadas normas regulen, versen, hablen o traten una misma institución jurídica, sino que deben guardar tal correspondencia y estar estrechamente vinculadas, en el entendido que si una norma falta, la institución no pueda funcionar.
La Segunda Sala ha especificado que no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, de suerte que no puedan combatirse las que hagan una mera referencia, mención o correlación, porque es a partir de la relación estrecha que el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio cuando son heteroaplicativas, o desde su sola vigencia cuando son autoaplicativas.
Las anteriores consideraciones están reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 100/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:
“AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD.” (Se transcribe)
En el caso, el artículo 29-A, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, y la regla 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, integran un sistema normativo, pues prevén cuál es el plazo que existe para cancelar los comprobantes fiscales digitales por internet que, aun cuando en un primer momento sea en el propio ejercicio fiscal en que se expidan, lo cierto es que se permite que pueda ocurrir en el mes en que se presente la declaración anual del impuesto sobre la renta.
Entre el artículo reclamado y la regla en cuestión existe una relación directa e indisociable por la vinculación en cuanto al plazo que se tiene para cancelar los comprobantes fiscales digitales por internet que se expidan en un ejercicio fiscal, lo que hace operable esa institución jurídica.
En efecto, la operatividad del sistema normativo radica en la regulación del plazo que se tiene para que se cancelen los comprobantes fiscales que se expidan en un ejercicio fiscal, ya que, como se ha visto, si bien legalmente se dispuso que debe circunscribirse al ejercicio en que se expidan, se permite que a través de una disposición normativa de observancia general, la permisión se extienda al momento en que se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, o sea, marzo o abril, dependiendo si se trata de personas morales o físicas.
Sin embargo, ese sistema normativo no entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro, sino a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, de manera que esta última fecha es la que debe tomarse como parámetro para la promoción del juicio constitucional.
En sus agravios la quejosa recurrente insiste que los artículos 29-A, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, y 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, integran un sistema normativo que regula el procedimiento de cancelación de los comprobantes fiscales digitales por internet.
Dice que el sistema normativo de cancelación de comprobantes fiscales tiene un período de vigencia definido conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal que se circunscribe a un ejercicio fiscal, lo que hace procedente el juicio de amparo indirecto.
Conforme se ha explicado, no se desconoce que, como aduce la quejosa, los artículos 29-A, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, y 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, integran verdaderamente un sistema normativo, tal cuestión no es objeto de controversia.
Sin embargo, del contenido de la propia tesis de jurisprudencia 2a./J. 100/2008 que se invocó en párrafos que preceden, el sistema normativo no inició a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro, sino a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, por lo que es a partir de esta última fecha que la quejosa debió promover el juicio de amparo.
En efecto, acorde con las explicaciones dadas en párrafos que anteceden, sistema normativo implica la estrecha vinculación y correspondencia de normas jurídicas para hacer funcionar una institución jurídica por lo que, a falta de una, aquella no puede funcionar, además de que basta situarse en la hipótesis de una para reclamar disposiciones generales que no hayan sido aplicadas en perjuicio del quejoso o desde su sola vigencia.
En el caso, si bien asiste razón a la quejosa al afirmar que la vigencia de la resolución miscelánea fiscal se limita a un ejercicio fiscal, lo que encuentra fundamento en el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, tal circunstancia no le otorga una nueva oportunidad de promover el juicio de amparo a partir de la entrada en vigor de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.
Esto se explica porque el sistema normativo conformado por el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal en lo relativo a la temporalidad de cancelación de los comprobantes fiscales digitales por internet inició a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, pues en ese momento se estableció que el plazo para la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por internet sería a más tardar en el mes en el que deba presentarse la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el comprobante.
Por ende, aun cuando también es cierto que a partir del uno de enero del año en curso se reiteró, tal como sucedió en la regla 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, la temporalidad de la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por internet, la existencia del sistema normativo surgió a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, por lo que la quejosa debió promover el juicio de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de esa Resolución Miscelánea Fiscal.
Este tribunal sostiene el criterio de que la oportunidad a la parte quejosa para promover demanda de amparo contra el sistema normativo conformado por el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal se actualiza cuando aquel sea modificado, esto es, cuando se reduzca
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34029-dc2b42c0/demanda-de-amparo-indirecto-el-computo-del-plazo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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