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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. PROCEDE APLICARLE EL FACTOR 1.11 A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EL 5 DE ENERO DE 2004, AUN CUANDO SU MONTO INICIAL HAYA SIDO AJUSTADO AL 100 % DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE CONFORME AL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO QUE LA REGULA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 23/2026. · Registro digital (IUS): 34140
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo II, Volumen 2, Pág.982.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 23/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO. 21 DE MAYO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. PONENTE: VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. SECRETARIO: RAÚL BRINDIS HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, dicta la siguiente:

Sentencia

1. Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios en materia de trabajo 23/2026, originada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.

2. El punto jurídico a comprobar en esta sentencia es establecer si la pensión de cesantía en edad avanzada, después de que su monto inicial sea incrementado al cien por ciento del Salario Mínimo General Vigente (pensión mínima garantizada), conforme a lo previsto por el artículo 168 de la anterior Ley del Seguro Social, corresponde o no aplicar el diverso incremento consistente en el factor 1.11 de acuerdo con el inciso b), del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

I. Trámite de la denuncia

3. El Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Nuevo León denunció la posible contradicción de criterios entre lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el amparo directo 630/2025, contra lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito al resolver, el amparo directo 125/2024.

4. La admisión del asunto fue realizada por el Presidente de este Pleno Regional, quien entre otras determinaciones, solicitó a los tribunales contendientes hacer disponibles los expedientes electrónicos de los amparos directos citados, informaran la vigencia de las posturas adoptadas e indicaran la firmeza de sus resoluciones. Asimismo, turnó a la ponencia de la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval el asunto para la formulación del proyecto de sentencia.

5. Durante la substanciación del asunto los Tribunales Colegiados de Circuito informaron que sus criterios continuaban vigentes; además, señalaron que las resoluciones involucradas en esta contradicción de criterios habían causado ejecutoria y habilitaron sus expedientes electrónicos.

6. El Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que durante los últimos tres meses no se encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuya temática tenga relación con este asunto.

7. El veinte de marzo de dos mil veintiséis, quedó integrada la contradicción de criterios y se confirmó el turno electrónico a la Magistrada ponente.

8. El ocho de mayo del presente año, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social presentó opinión (amicus curiae) con relación a esta contradicción de criterios, la cual se tomó en cuenta para la emisión de la presente sentencia.

II. Competencia

9. En virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito en contienda pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción y son especializados en la materia laboral sobre la que versan, cuenta con competencia legal para conocer y resolver la misma.

10. Lo anterior, con fundamento en los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y 2 del Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, reformados por los diversos Acuerdos Generales 38/2023 y 1/2024.

III. Legitimación

11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que la formuló Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Nuevo León, autoridad jurisdiccional involucrada en el dictado de ambas sentencias laborales génesis de los amparos directos de los que deriva este asunto.

IV. Criterios involucrados

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito en el amparo directo 630/2025

12. Antecedentes relevantes. Una persona jubilada demandó del Instituto Mexicano del Seguro la nivelación y el aumento de su pensión de cesantía en edad avanzada pues a su juicio no se incluyó en su determinación inicial la prestación autónoma denominada como ayuda asistencial.

13. De entre los hechos en los que fundó su acción principal, señaló que el monto inicial de su pensión fue otorgada con el ajuste al salario mínimo, vigente en esa época en el entonces Distrito Federal.

14. Asimismo, refirió que se incluyó, dentro de la cuantificación del monto, la aplicación del factor 1.11 establecido y regulado en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto Transitorios del "Decreto que reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley del seguro social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del año 2001", publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro.

15. Conflicto individual de seguridad social. El Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales [denunciante] en el Estado de Nuevo León condenó al instituto demandado al pago del concepto de ayuda asistencial del quince por ciento, así como el pago de las diferencias que resulten por la procedencia de la acción.

16. De igual modo, emprendió el cálculo correcto de la pensión, por lo que tuvo a la vista la resolución de otorgamiento de pensión de la actora, de la que adujo se desprendía que se ajustó a la mínima garantizada en términos del artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada, de modo que al calcular la condena económica decretada, aplicó al salario mínimo vigente en el año dos mil diecinueve en la ahora Ciudad de México, el 15% por concepto de ayuda asistencial.

17. Por otro lado, resolvió que no procedía aplicar el incremento del 1.11 previsto en el referido Decreto, pues ello implicaría efectuar un incremento sobre otro y aplicar dos incisos de forma consecutiva, cuando la norma sólo prevé la aplicación de uno u otro, al ser excluyentes entre sí, porque de conformidad con el artículo Cuarto Transitorio de este mismo instrumento, quedó prohibido expresamente efectuar un incremento sobre otro.

18. Determinación del Tribunal Colegiado de Circuito. En contra de lo anterior, la pensionada promovió juicio uniinstancial en donde se le negó el amparo.

19. Determinó que era jurídicamente correcta la decisión adoptada por el tribunal responsable, ya que se estaba en la hipótesis prevista en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, en relación con el inciso a), del artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto citado.

20. En ese sentido, afirmó que, si el cálculo de la pensión de la actora se ajustó al monto previsto en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada, entonces era acertado que excluyera en el cálculo de la pensión el factor 1.11, dado que este sólo procedía en los casos previstos en el inciso b) del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto [pensionados de sesenta años o más y con pensión igual o mayor a un salario mínimo general].

21. Aclaró que, no era obstáculo a lo anterior, el hecho de que se haya aplicado dicho factor en la resolución de otorgamiento de pensión, ya que lo único que se considera un derecho adquirido es el derecho a la pensión, pero no el monto que se determinó en sede administrativa por el instituto demandado, pues la cantidad pensionaria está sujeta al cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

22. Esta argumentación, la desarrolló a partir de la cita textual de la totalidad de las consideraciones [párrafos 28 a 70] contenidas en la contradicción de tesis 90/2021 del índice de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

23. De dicha cita textual realizada por el tribunal implicado se destaca que en ese precedente se analizó si al resolver sobre la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplicaba el tope máximo de 10 veces el salario mínimo previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973, se vulneraban o no derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.

24. Que para determinar si un precepto impugnado es o no violatorio del derecho mencionado, era necesario precisar, en primer lugar, si el particular tenía ya dentro de su haber jurídico, los derechos y prestaciones a los que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho.

25. En ese orden de ideas, la ley es retroactiva o se aplica retroactivamente cuando se modifican o destruyen los derechos que una persona adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, porque esos derechos ya habían entrado en su patrimonio o esfera jurídica, pero no sucede lo mismo cuando se trata de expectativas de derechos.

26. Que de acuerdo con la teoría de los componentes de la norma, debe advertirse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia.

27. Si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, puesto que puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas, es necesario atender a la jurisprudencia P./J. 123/2001, de rubro:

“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.”

28. Que la pensión no constituye un derecho que los trabajadores adquieran por el simple hecho de existir la relación laboral equiparada o por el simple efecto del pago de las cotizaciones, ya que la incorporación de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos para ello, así como a tener reconocido determinado número de cotizaciones semanales.

29. Sólo el derecho de pensión por cesantía en edad avanzada (una vez que ingresó al patrimonio jurídico del asegurado, esto es, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes), puede considerarse como un derecho adquirido, el cual no puede verse afectado con posterioridad, lo que no ocurre en el caso del monto o cantidad que se fija como pensión, dado que éste no puede estimarse como derecho adquirido.

30. Que el monto que se fija como cuota pensionaria, no puede constituir un derecho adquirido para los asegurados, ya que no implica la introducción de un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio jurídico de una persona, que no pueda afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto; sino que constituye una cantidad que la autoridad fija con base en los parámetros legales y la cual está sujeta a controvertirse en caso de inconformidad.

31. La Ley del Seguro Social fija la forma en que se debe efectuar el cálculo y éste se encuentra sujeto a escrutinio legal a través del medio de defensa correspondiente, por lo que, el monto que de inicio se fijó como cuota diaria pensionaria en la resolución primigenia de otorgamiento de pensión, que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, puede variarse con posterioridad, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo.

32. En el caso de que se haya incurrido en algún error de cálculo, como ocurre cuando en la resolución primigenia de otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada, el Instituto, erróneamente cuantifica el monto de la pensión sin atender al tope máximo de 10 veces el salario mínimo previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973, supuesto en el cual válidamente puede realizar el ajuste correspondiente, sin que ello implique la transgresión a derechos adquiridos.

33. Que no puede constituir un derecho adquirido para los asegurados, puesto que el monto de la pensión no implica la introducción de un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio jurídico de una persona, que no pueda afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, sino que constituye una cantidad que la autoridad fija con base en los parámetros legales y la cual está sujeta a controvertirse en caso de inconformidad.

34. Con base en estas premisas que se reseñaron, el Tribunal Colegiado de Circuito convalidó la corrección del monto de la pensión [inaplicación del factor 1.11] que el Juez de Distrito efectuó y aplicó la jurisprudencia 2a./J. 14/2021 (11a.) que derivó del precedente citado cuyo número de registro digital es 2023912 y texto:

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE RECLAMA LA CUANTIFICACIÓN DE SU MONTO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AUNQUE EN UNA RESOLUCIÓN PREVIA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR ERROR, NO LA HAYA CONSIDERADO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE TRANSGRESIÓN A DERECHOS ADQUIRIDOS NI AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes disintieron sobre si al resolver respecto de la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10 veces el salario mínimo general que regía en el entonces Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, se vulneran o no derechos adquiridos y el principio de irretroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que al resolverse sobre la correcta cuantificación de una pensión por cesantía en edad avanzada debe atenderse al tope máximo de 10 veces el salario mínimo previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973, aun cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no lo hubiere hecho por error, sin que ello implique una violación a los derechos adquiridos y al principio de irretroactividad de la ley.

Justificación: Lo anterior es así, porque el monto que se fija como cuota pensionaria, no puede constituir un derecho adquirido para los asegurados, puesto que no implica la introducción de un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio jurídico de una persona, que no pueda afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto; sino que constituye una cantidad que la autoridad fija con base en los parámetros legales y la cual está sujeta a controvertirse en caso de inconformidad. De modo que cuando en la resolución primigenia de otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada, el Instituto, por un error, cuantificó el monto de la pensión sin atender al tope máximo de 10 veces el salario mínimo general que regía en el entonces Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, supuesto en el cual válidamente puede realizar el ajuste correspondiente, sin que ello implique la transgresión a derechos adquiridos ni al principio de irretroactividad de la ley.

35. Finalmente, se ocupó del estudio del pago retroactivo de las diferencias generadas por la incorrecta cuantificación de la pensión desde la fecha de su otorgamiento, con base en la supuesta prescripción de las mismas; conclusión que, sostuvo, era jurídicamente insostenible, toda vez que el error cometido por el Instituto Mexicano del Seguro Social no fue de apreciación subjetiva o de valoración jurídica, sino un error aritmético.

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito en el amparo directo 125/2024

36. Conflicto individual de seguridad Social. Una jubilada reclamó, en lo que interesa, el ajuste de la pensión de cesantía en edad avanzada, desde su otorgamiento, con base en el mínimo garantizado, más el factor 1.11 y el quince por ciento de ayuda asistencial, toda vez que se otorgó con una cuantía menor a la que legalmente correspondía; asimismo, adujo que el ajuste de la pensión del año dos mil veintitrés, ya que, a su juicio, era inferior a la pensión mínima garantizada.

37. El Juez de Distrito absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social de la aplicación del factor 1.11 a la pensión de vejez, previsto en el inciso b), del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto Transitorios del "Decreto que reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley del seguro social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del año 2001", publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro.

38. Concluyó que, por disposición expresa del artículo Cuarto Transitorio del Decreto, las personas pensionadas que recibieron el ajuste de su pensión a un salario mínimo, en términos del inciso a) del diverso numeral Décimo Cuarto en relación directa con el artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada, no se les era aplicable, adicionalmente, los beneficios de los incrementos a que hacen referencia los diversos incisos b), c) y e), es decir, el citado Factor 1.11.

39. Amparo uniinstancial. En contra de la anterior resolución, la pensionada solicitó la protección federal la cual se concedió para el efecto de que el tribunal responsable prescindiera de las razones por las cuales determinó que resultaba improcedente la aplicación del factor 1.11, previsto en el inciso b) del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto en comento.

40. En lo que importa para esta resolución, calificó como fundado el concepto de violación en donde el quejoso adujo que la sentencia reclamada estaba indebidamente fundada y motivada por absolver al instituto demandado de incluir el pago del factor 1.11 al salario mínimo bajo el argumento de que se había aplicado ya un incremento a la pensión.

41. Sostuvo que, contrario a lo considerado por el juez responsable, no existía precepto legal alguno que sustentara tal aseveración, además de que tal nivelación de la cuantía se había hecho en términos del artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada, por tanto, la improcedencia decretada por el tribunal responsable para aplicar a favor de la quejosa el factor 1.11, a causa de los dispuesto en el Decreto resultaba incorrecta.

42. Transcribió el Decreto en su totalidad y señaló que todos aquellos asegurados que contaran con una pensión menor a un salario mínimo recibirán un incremento hasta igualar dicho monto y determinó que para aplicar el factor 1.11 se debían cumplir con los siguientes requisitos:

i) que las personas pensionadas contaran con sesenta años o más y,

(ii) que el monto de la pensión que recibieran al treinta y uno de diciembre de dos mil tres o de la respectiva, si se otorgó en fecha posterior, sea igual a un salario mínimo o mayor.

43. Advirtió que el artículo Cuarto Transitorio de dicho decreto establece que a los beneficiados por los incrementos a que se referían los incisos b), c) y e) [aplicación del factor 1.11], no se les aplicarían adicionalmente los incrementos que señalan los incisos a) y d) [incremento hasta igualar un salario mínimo].

44. Reseñó que en la sentencia reclamada, el Juez de Distrito estimó improcedente la aplicación del factor 1.11 previsto en el artículo Décimo Cuarto transitorio del Decreto, estimando que el diverso artículo Cuarto Transitorio excluía efectuar un incremento sobre otro, aduciendo, además, que resultaba inaplicable una vez ajustada la pensión al mínimo vital, pues aplicar dicho porcentaje representaría un sobre incremento.

45. Determinación que estimó era incorrecta, ya que en la especie no se actualizaba el supuesto previsto en el artículo Cuarto Transitorio a causa de que, si bien el Juez resolvió que la pensión otorgada a la quejosa resultaba inferior a un salario mínimo general vigente en dos mil diez, por lo que debía aplicarse el mínimo previsto en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, condenando al instituto su pago correcto más el importe adicional correspondiente a la ayuda asistencial.

46. Lo cierto era que dicha determinación no la realizó con base en lo previsto en el inciso a) del artículo Décimo Cuarto Transitorio ya mencionado, sino que tal consideración derivó, como ya había razonado, con base en lo previsto en el numeral 168 en comento.

47. En otras palabras, precisó que en la sentencia reclamada se determinó que debía atenderse a lo previsto en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada, por lo que el monto de la pensión debía ser equivalente a un salario mínimo general vigente al momento de su otorgamiento, es decir, de dos mil diez, a lo que debía de sumarse el porcentaje correspondiente a la ayuda asistencial.

48. Cuestión que si bien era similar a lo previsto en el inciso a) del artículo Décimo Cuarto transitorio multicitado, lo cierto era que, en estricto sentido, no fue aplicado por el juez laboral, habida cuenta de que la resolución reclamada no se sustentó en dicho dispositivo normativo.

V. Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de criterios

49. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de criterios, debe precisarse que este Pleno Regional, a ese respecto, ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) En esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

d) Sin necesidad de que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

e) Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.

50. Bajo tales directrices, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que sí existe contradicción de criterios porque del análisis de sus argumentos, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en los argumentos que sustentaron sus correspondientes decisiones y se detallarán a continuación.

51. Primer requisito. Interpretación jurídica. Ad cautelam, se establece que los tribunales colegiados contendientes examinaron un mismo problema jurídico, el que, mediante su interpretación, ofrecieron distintas soluciones, respecto a determinar la procedencia de aplicar o inaplicar el factor 1.11, tratándose de una pensión que ha sido elevada al monto de la mínima garantizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social.

52. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que en el conflicto individual de seguridad social, génesis del amparo directo 630/2025 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el Juez laboral haya revisado el cálculo del monto de la pensión e inaplicado el factor 1.11.

53. Determinando que había sido incluido, indebidamente, en términos del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto transitorios del “Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno”.

54. Lo anterior, pues el tribunal laboral denunciante conoció de dos juicios laborales en donde se analizaron, al final de cuentas y de manera adicional, la aplicación del factor 1.11 previsto en el artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto en mención.

55. En ese sentido al dictar ambas sentencias laborales, el tribunal denunciante aplicó y precisó que, conforme al artículo Cuarto Transitorio del Decreto en cuestión, está prohibido expresamente efectuar un incremento sobre otro, cuyo texto es del contenido siguiente:

Cuarto. A los beneficiados por los incrementos a que se refieren los incisos b), c) y e), no se les aplicarán adicionalmente los incrementos que señalan los incisos a) y d).

56. Inconformes con tal determinación, las aseguradas promovieron los juicios de amparo directo de los que derivan los criterios contendientes.

57. Segundo requisito. Punto de toque en la interpretación. Este Pleno Regional determina que, los tribunales contendientes argumentaron soluciones discrepantes respecto de idéntica cuestión.

58. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 630/2025, determinó no amparar a la parte quejosa al concluir que era improcedente el incremento del factor 1.11 a quienes gozaban de una pensión que fue ajustada al mínimo vital, dado que aplicar dicho porcentaje representaría un sobre incremento.

59. Consecuentemente, adujo que de la interpretación gramatical y sistemática del precepto referido, así como de la propia intención del legislador, no se advertía algún elemento que autorizara esa conclusión, resultando aplicable el Cuarto Transitorio aludido, por lo que concluyó que no se violaban derechos adquiridos, pues los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de calcular de forma correcta las pensiones, sin necesidad de que el demandado se excepcione al respecto.

60. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el amparo directo 125/2024, consideró que la aplicación del artículo 168 de la Ley del Seguro Social derogada no podía equipararse a la regla establecida en el inciso a), del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto.

61. Así, estableció que la determinación adoptada por el tribunal era incorrecta, pues no se actualizaba el supuesto previsto en el diverso Cuarto Transitorio.

62. De lo anterior, se advierte que los tribunales colegiados implicados establecieron argumentos que evidencian una postura contraria respecto de una prestación autónoma [incremento del factor 1.11], estudiada en los juicios laborales.

63. Bajo esas premisas, este Pleno Regional estima que sí se actualiza una contradicción de criterios, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron pronunciamientos divergentes en torno a un mismo punto jurídico: la procedencia de aplicar el factor 1.11 cuando la pensión de cesantía en edad avanzada ha sido elevada al monto de la mínima garantizada, conforme a lo previsto en el artículo 168 de dicha ley.

64. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Ante esas posturas contradictorias es claro que se cumple el tercero de los requisitos para que se genere una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de una interrogante relativa a determinar:

65. ¿La pensión de cesantía en edad avanzada, después de que su monto inicial sea incrementado al cien por ciento del Salario Mínimo General Vigente (pensión mínima garantizada), conforme a lo previsto por el artículo 168 de la anterior Ley del Seguro Social, corresponde o no aplicar el diverso incremento consistente en el factor 1.11 de acuerdo con el inciso b), del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social?

66. En consecuencia, se cumple con los requisitos determinados por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 72/2010 y 1a./J. 22/2010, con números de registro digital 164120 y 165077, de rubros siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”

“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”

VI. Estudio

67. Este Pleno Regional determina que los beneficios a las pensiones, que se regulan en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada, así como en los incisos a) y b) del Decreto en estudio, son independientes y s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34140-93869d40/pension-de-cesantia-en-edad-avanzada-procede-aplicarle · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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