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Modo: Corpus Pro

RECAÍDA DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO. EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA CALCULAR LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES ES EL QUE LA PERSONA ASEGURADA TENGA REGISTRADO AL MOMENTO EN QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DETERMINE LA PROCEDENCIA DE LA RECAÍDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 24/2026. · Registro digital (IUS): 34189
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-21
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.380.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 24/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 18 DE JUNIO DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. DISIDENTE: MAGISTRADO MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIA: IVET DEL CARMEN JIMÉNEZ DEL ÁNGEL.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios 24/2026, entre los sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, al resolver los juicios de amparo directo 190/2025 y 271/2024, del índice respectivo de dichos órganos jurisdiccionales.

2. El problema jurídico materia de la presente ejecutoria consiste en determinar: I) si existe la contradicción de criterios; II) si la misma es procedente y, de ser el caso, III) determinar qué salario debe tomarse en cuenta para el pago de las prestaciones a que dé lugar una recaída derivada de un riesgo de trabajo previamente reconocido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a saber: a) el que el asegurado tenía registrado al momento en que ocurrió el riesgo de trabajo; o b) el que tenga registrado al momento en que el instituto asegurador determine procedente la recaída.

ANTECEDENTES

Denuncia de la contradicción de criterios.

3. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, formuló la denuncia de posible contradicción de criterios suscitada entre los referidos Tribunales Colegiados contendientes al resolver los asuntos anteriormente precisados.

Trámite ante el Pleno Regional.

4. En acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional admitió y registró el presente asunto y, de forma preliminar, delimitó el tema de contradicción, por lo que solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes informaran -esencialmente- sobre la vigencia y firmeza del criterio sustentado.

5. Por otra parte, ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación del asunto y solicitó informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente.

6. Asimismo, se realizó el turno previo electrónico a la ponencia del Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro.

7. En proveídos de seis y nueve de marzo del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por los Tribunales Colegiados contendientes, en los que precisaron que los criterios sustentados continúan vigentes y que las sentencias emitidas en los juicios de origen han causado ejecutoria.

8. En acuerdo de veinte de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no existe una contradicción de criterios relacionada con el tema del presente asunto.

9. En esa misma fecha, se confirmó el turno al citado Magistrado.

10. El seis de mayo de la presente anualidad, se listó el asunto para su discusión.

11. En sesión ordinaria de catorce de mayo de dos mil veintiséis, se desechó el proyecto de sentencia.

12. En consecuencia, por auto de quince del mismo mes y año, se ordenó returnar el presente asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán, para el dictado de la resolución correspondiente; listándose el asunto para su discusión el ocho de junio de dos mil veintiséis.

AMICUS CURIAE

13. Al respecto se precisa que, con anterioridad a la fecha en que se listó este asunto para sesión ordinaria, no se presentó opinión alguna relacionada con el tema de esta contradicción de criterios; lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.

COMPETENCIA

14. Este Pleno Regional es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia de trabajo, suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes al territorio donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

15. Ello es así, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.

LEGITIMACIÓN

16. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

CRITERIOS DENUNCIADOS

17. A continuación, se expondrán -medularmente- las consideraciones con base en las cuales los Tribunales Colegiados contendientes sustentaron sus respectivos criterios.

Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes

18. Juicio laboral. Se promovió un juicio laboral en el que se demandaron diversas prestaciones de seguridad social, entre las que destacan principalmente, el pago del subsidio y las diferencias a que hubiere lugar, con motivo de la recaída por riesgo de trabajo que sufrió el actor, tomando en consideración el salario base de cotización que tenía al momento de sufrir el riesgo de trabajo, en términos de los artículos 58, fracción I y 62 ambos de la Ley del Seguro Social.

19. En la etapa procesal pertinente, se dictó una sentencia en la que, en la parte que interesa, se condenó al ente de seguridad social al pago retroactivo de las diferencias salariales correspondientes al subsidio por incapacidad temporal del trabajador, con el salario que cotizó en el momento de sufrir el riesgo de trabajo.

20. Demanda de amparo directo. Inconforme con lo anterior, la parte demandada, promovió juicio de amparo directo.

21. Trámite del juicio de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Tribunal Colegiado en cita, quien la admitió a trámite.

22. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El referido tribunal determinó, en la parte que interesa para dilucidar la presente contradicción, lo que enseguida se precisa:

23. Estableció que existía una contradicción normativa entre lo que dispone la Ley del Seguro Social, en sus artículos 58, fracción I y 62, y lo que establece el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en su numeral 74, fracción I.

24. Porque los preceptos contenidos en la Ley del Seguro Social, abordan sin restricción alguna, la hipótesis inherente a la consecuencia que ocurre en el evento de que un asegurado sufra una recaída; pero a la par, el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, establece una diversa consecuencia al mismo fenómeno de trabajo.

25. Lo cual, a su consideración, debía resolverse atendiendo a los principios de supremacía normativa e in dubio pro operario.

26. En atención a que, sobre el artículo 74, fracción I, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, debía aplicarse lo establecido en los preceptos 58, fracción I y 62 de la Ley del Seguro Social, en virtud que desde las perspectivas constitucional y legal, es de mayor jerarquía.

27. Dado que no debe perderse de vista que la validez de la norma de un reglamento, para efectos de aplicación, o bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales expresas existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate; ello, en función a que se encuentran sujetas, asimismo, a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley.

28. Puesto que las disposiciones reglamentarias, aun siendo expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del legislador plasmada en el texto de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones debían interpretarse y aplicarse en forma armónica.

29. Lo anterior, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley, atendiendo no sólo al principio fundante de la supremacía del sistema normativo que rige el orden legal, sino al diverso denominado in dubio pro operario, de acuerdo con el cual, en cualquier caso, debía estarse a lo que sea de mayor beneficio para los trabajadores.

30. Así, concluyó que los artículos 58, fracción I y 62 de la Ley del Seguro Social, debían prevalecer sobre lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

31. Esto es, que cuando un asegurado que sufrió un riesgo de trabajo fue dado de alta y posteriormente sufre una recaída con motivo del mismo accidente o enfermedad de trabajo, éste tendría derecho a recibir mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento del salario que cotizaba en el momento en que ocurrió el riesgo, y no el salario que tenía registrado al momento de la recaída.

32. Para sustentar lo anterior, invocó la tesis V.3o.C.T.10 L (10a), del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, de rubro: “RIESGO DE TRABAJO. SALARIO QUE DEBE PERCIBIR EL TRABAJADOR CUANDO FUE DADO DE ALTA Y, POSTERIORMENTE, SUFRE UNA RECAÍDA CON MOTIVO DE AQUÉL (APLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN I Y 62 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y NO DEL 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN)”.

Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes

33. Juicio laboral. Se instauró un juicio laboral en el que se reclamaron diversas prestaciones de seguridad social, entre las que destacan primordialmente, el cálculo correcto de una pensión de incapacidad parcial permanente, tomando en consideración el salario base de cotización que se tenía al momento de sufrir la recaída por riesgo de trabajo.

34. Seguida la secuela procesal, se dictó una sentencia en la que, en la parte que interesa, se condenó al ente de seguridad social a pagar las diferencias correspondientes con motivo de la correcta cuantificación de la pensión por incapacidad parcial permanente, de acuerdo con el salario base de cotización que se tenía al momento de que se determinó la recaída por riesgo de trabajo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; así como la modificación de la resolución de incapacidad respectiva.

35. Demanda de amparo directo. Inconforme con lo anterior, la parte demandada, promovió juicio de amparo directo.

36. Trámite del juicio de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Tribunal Colegiado en comento, quien la admitió a trámite.

37. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El referido tribunal resolvió, en la parte que interesa para dilucidar la presente contradicción, lo que enseguida se precisa:

38. Determinó que no hay una antinomia normativa o un conflicto entre lo establecido en los artículos 58, fracción I y 62 de la Ley del Seguro Social, y el numeral 74, fracción I, del referido Reglamento de la Ley del Seguro Social, pues de su lectura sistemática, armónica y complementaria, se podía concluir que no existía una incompatibilidad entre éstas, ya que dichas disposiciones normativas regulan hipótesis distintas.

39. Luego, bajo ese parámetro, analizó el contenido de los artículos 58, fracción I, 62 de la Ley del Seguro Social y el 74, fracción I, del citado Reglamento.

40. Concluyendo que, si en el artículo 58, fracción I de la Ley del Seguro Social, es en donde se estipula la determinación de un riesgo de trabajo de forma general, atendiendo a la primera clasificación del mismo y, con base en eso, se establecen los derechos del asegurado y las reglas para cuantificar, en su caso, el subsidio y las pensiones que puedan derivar; es que por ello, se debía atender a que el salario para establecer el monto del subsidio o pensión, era el que estuviese cotizando al momento en que ocurre el riesgo de trabajo, a pesar de que en ese numeral no se hace mención, de lo que puede pasar derivado de un alta por dicho riesgo y la posterior recaída del asegurado.

41. Mientras que en el diverso artículo 62 de Ley del Seguro Social, se regula un supuesto de hecho distinto, el cual atiende a un suceso posterior a la primera determinación, relativo a cuando un asegurado haya sido dado de alta y, posteriormente, recaiga con motivo del mismo accidente de trabajo, el cual si bien señala que en estos casos el asegurado tiene derecho al subsidio establecido en la fracción I, del artículo 58 de la citada norma -esto es, a que reciba mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento de su salario-; lo relevante es que no fijan de manera clara todas sus consecuencias, pues no establece qué sucede en los casos en los que el asegurado tiene derecho a una pensión, ya sea permanente o parcial.

42. De ahí que, a su consideración, no era dable colegir que el salario a tomar en cuenta para fijar el monto del subsidio, pensión o revaloración en caso de recaída, tenga que ser el que el asegurado estuviese cotizando al momento en que ocurre el riesgo de trabajo, dado que debía atenderse a que el hecho generador de este supuesto normativo contemplado en el artículo 62 -recaída- es distinto al hecho generador -riesgo de trabajo inicial- previsto en el numeral 58 y, que por ende, ello no podía tener exactamente las mismas consecuencias jurídicas.

43. Asimismo, indicó que esa cuestión viene a completar el contenido del artículo 74, fracción I, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, que regula expresamente ese tema, pues ahí se establecía que el subsidio -previsto en el citado artículo 62, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social-, pensión o revaluación, en caso de una recaída derivada de un riesgo de trabajo, tendría como base para su cálculo el salario registrado al momento en que se determine la procedencia de la recaída.

44. Pues a su juicio, era lógico que se debía partir de la premisa de que las prestaciones derivadas de la seguridad social, como es el caso de los subsidios otorgados como consecuencia de un riesgo de trabajo o las pensiones -por incapacidad- o su revaluación, sustituyen al salario que el trabajador venía percibiendo por motivo de una cuestión, que ajena a la voluntad, le impide seguir disfrutando de su salario íntegro a través de su fuerza de trabajo.

45. Ya que era claro que dichos beneficios tienen por objeto satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia, al ser equivalentes al monto que percibía como sueldo al momento en que aconteció el motivo -hecho generador- por el cual se vio imposibilitado para recibir el cien por ciento de su salario.

46. Finalmente, reiteró que las citadas disposiciones no regulaban el mismo hecho, ni eran jurídicamente incompatibles, dado que se podían aplicar de manera simultánea y, en su conjunto, perfeccionaban el sistema relacionado con el pago de los subsidios, pensión o revaluación en los supuestos de que un asegurado sufra una recaída derivada de un riesgo de trabajo.

EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

47. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

48. Previo a exponer los motivos que sostienen tal decisión, es importante referir que la intervención de los Plenos Regionales tiene su justificación en la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.

49. El estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas.

50. Entonces, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión de derecho en la que, a través de un ejercicio argumentativo llegaron a cierta decisión, mediante la adopción de un método, cualquiera que éste sea.

b) Entre la resolución de la cuestión de derecho, debe existir un punto contradictorio, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo tema, los tribunales contendientes adopten criterios discrepantes, con independencia de que hayan o no emitido tesis al respecto.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a preguntarse cuál de los dos argumentos es preferente con relación a cualquier otro que, como el primero, también sea legalmente posible.

51. Una vez cumplidos los requisitos, se determina que sí existe la contradicción de criterios denunciada.

52. Ello es así, porque los tribunales contendientes se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas en las que por medio de argumentos interpretativos de la norma y la jurisprudencia arribaron a conclusiones distintas en los puntos de derecho sujetos a análisis.

53. De ese modo, conforme a lo reseñado en el apartado de criterios denunciados, se advierte lo siguiente:

Ver tabla

54. Bajo esas premisas, si bien es cierto que las cuestiones fácticas analizadas en los criterios contendientes no son exactamente iguales; sin embargo, ello no incidió en lo sustentado por cada Tribunal de Amparo, en la medida en que ambos se pronunciaron sobre un mismo punto de derecho, consistente en la interpretación, sentido o alcance de una norma, a saber si el artículo 62 de la Ley del Seguro Social vigente, debía ser entendido de conformidad con el diverso numeral 58, fracción I, de la propia ley; o bien, en relación el artículo 74, fracción I, del reglamento en cita.

55. Lo anterior, en el entendido de que tales porciones normativas no se refieren -específicamente- a una prestación económica concreta derivada de un riesgo de trabajo (subsidio o pensión); de ahí que el hecho de que en cada asunto se haya tenido derecho de uno u otro, no incidió en el criterio sustentado por cada tribunal contendiente.

56. Al respecto, es de invocarse el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 164120, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”.

57. Lo que evidencia el cumplimiento de los requisitos necesarios para la existencia de la presente contradicción de criterios, a saber:

58. Primer requisito. Ejercicio del arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado de antecedentes, se advierte que los Tribunales Colegiados analizaron los mismos problemas jurídicos, esto es, qué salario debe servir de base para la cuantificación correspondiente originada por la recaída de un riesgo de trabajo, a saber, el vigente al momento en que ocurrió: a) el propio riesgo; o b) la recaída.

59. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Las soluciones dadas al problema anterior son discrepantes, ya que el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes determinó que no existe una antinomia entre la Ley del Seguro Social y el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, ya que ambos ordenamientos deben analizarse en conjunto.

60. En consecuencia, determinó que el salario que debe considerarse en caso de una recaída, derivada de un riesgo de trabajo, es el previsto en el artículo 74 del citado Reglamento, es decir, el vigente al momento en que ocurre la recaída.

61. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes sostuvo que las disposiciones contenidas en un reglamento, para efectos de su aplicación, se encuentran subordinadas a las normas expresas previstas en la Ley del Seguro Social, por lo que únicamente pueden aplicarse en la medida en que guarden congruencia con ésta.

62. Ello, en virtud de que las disposiciones reglamentarias no pueden prevalecer sobre la voluntad del legislador plasmada en dicho ordenamiento. En consecuencia, determinó que el salario que debe considerarse en caso de una recaída derivada de un riesgo de trabajo, es el vigente al momento en que ocurrió el riesgo de trabajo originalmente sufrido.

63. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Ante esas posturas contradictorias es claro que se cumple el tercero de los requisitos para que se genere una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de una interrogante relativa a:

64. Cuando se presenta una recaída derivada de un riesgo de trabajo (cualquiera que éste sea) ¿debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y tomar en cuenta el salario vigente al momento de la recaída; o bien, los artículos 58, fracción I, y 62 de la Ley del Seguro Social deben interpretarse de manera sistemática, de modo que el salario a considerar sea el vigente al momento en que ocurrió originalmente el riesgo de trabajo?

65. Consecuentemente, se satisfacen los elementos determinados para tener por existente la contradicción de criterios referida, contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 165077 de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”; y la tesis P. L/94 del Pleno del Máximo Tribunal, con número de registro digital: 205420, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.”

66. Sin que obste a lo anterior que, en el acuerdo de admisión, la Presidencia de este Pleno Regional delimitó el tema de contradicción en forma diversa, esto es: “Determinar si existe un conflicto de normas entre lo previsto en los artículos 58 y 62 de la Ley del Seguro Social y lo dispuesto en el artículo 74, fracción I del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, y de ser el caso, cual es la disposición que debe aplicarse para efecto de fijar el salario que debe percibir un trabajador cuando sufre una recaída derivada de un riesgo de trabajo”.

67. Sin embargo, ello obedece a la fijación preliminar efectuada en un auto inicial, mismo que no es propio del análisis de fondo de la presente sentencia.

ESTUDIO DE FONDO

68. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.

69. Como ya quedó establecido, el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios consiste en determinar cuál es el salario que debe servir como base para la cuantificación de las prestaciones derivadas de una recaída originada por un riesgo de trabajo, esto es, si debe atenderse al salario vigente al momento en que ocurrió: a) el riesgo de trabajo; o b) la recaída.

70. A fin de dar respuesta al cuestionamiento precisado en el apartado anterior, es necesario fijar los temas que serán abordados en la presente sentencia, a saber:

I. Estudio relativo a la existencia de una posible antinomia entre los artículos 58, fracción I, y 62 de la Ley del Seguro Social vigente, y el artículo 74, fracción I, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

II. Facultad reglamentaria.

III. Facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal.

IV. Análisis del caso en concreto.

V. Principio pro-persona.

VI. Conclusión.

I. Estudio relativo a la existencia de una posible antinomia entre los artículos 58, fracción I, y 62 ambos de la Ley del Seguro Social vigente.

71. En primer término, y previo al análisis del caso en estudio, resulta necesario dilucidar si existe una posible antinomia entre los artículos 58, fracción I, y 62 ambos de la Ley del Seguro Social.

72. En ese sentido, conviene citar la definición que Ricardo Guastini sostiene respecto de la antinomia, la cual se entiende como un conflicto entre normas y no propiamente entre disposiciones normativas.

73. Señala que, en muchos casos, una antinomia puede evitarse o prevenirse mediante la interpretación; asimismo, sostiene que también puede originarse a partir de ésta o incluso manifestarse únicamente una vez realizada determinada interpretación jurídica.

74. Por ello, considera que toda antinomia plantea un problema interpretativo y, en consecuencia, puede resolverse a través de la interpretación jurídica.

75. En ese sentido, a efecto de determinar si existe o no una antinomia entre los artículos 58, fracción I, y 62 de la Ley del Seguro Social, y el artículo 74, fracción I, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, resulta conveniente citar el contenido de los referidos preceptos:

“Artículo 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:

I. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo.

El goce de este subsidio se otorgará al asegurado entre tanto no se declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien se declare la incapacidad permanente parcial o total (...)

II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo (...)

(...)”.

“Artículo 62. Si el asegurado que sufrió un riesgo de trabajo fue dado de alta y posteriormente sufre una recaída con motivo del mismo accidente o enfermedad de trabajo, tendrá derecho a gozar del subsidio a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, ya sea que esté o no vigente su condición de asegurado, siempre y cuando sea el Instituto quien así lo determine.

(...)”.

“Artículo 74. Para efectos del otorgamiento del subsidio a que se refiere el párrafo primero del artículo 62 de la Ley, se estará a lo siguiente:

I. El trabajador que sufra una recaída derivada de un riesgo de trabajo, estando vigente su condición de asegurado, ya sea con el patrón con el que ocurrió el riesgo o con otro diferente, el salario que servirá de base para certificar el pago del subsidio o en su caso, de la pensión o revaluación de la misma, será el que tenga registrado al momento de que el Instituto determine la procedencia de la recaída, y

(...)”.

76. De los citados preceptos se advierte que no existe un conflicto entre normas.

77. Lo anterior es así, porque dichas disposiciones no regulan un mismo supuesto jurídico ni resultan incompatibles entre sí, de modo que no existe impedimento para su aplicación simultánea.

78. Por el contrario, tales preceptos se complementan entre sí, ya que de su interpretación se advierte que hacen referencia a hechos generadores distintos; cuando un trabajador sufre una recaída derivada de un riesgo de trabajo, previamente reconocido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por tanto, no regulan un mismo supuesto jurídico, sino situaciones diversas, como se explicará con mayor detalle en un apartado posterior.

79. En consecuencia, al referirse a hechos distintos, de la interpretación sistemática de dichos preceptos se concluye que no existe una antinomia entre ellos, pues ambos pueden coexistir y aplicarse de manera autónoma y complementaria.

II. Facultad reglamentaria.

80. Por otra parte, en segundo término, resulta pertinente analizar el alcance y contenido de la facultad reglamentaria como figura jurídica, en virtud de que una de las disposiciones relevantes para resolver el caso en estudio se encuentra contenida en un reglamento.

81. En ese contexto, resulta conveniente retomar las consideraciones emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 36/2006, en la que analizó de manera específica dicha potestad constitucional, tal y como se advierte de la parte conducente de la ejecutoria que, para pronta referencia, se inserta a continuación:

“...es import

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34189-e38c7111/recaida-derivada-de-un-riesgo-de-trabajo-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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