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Modo: Corpus Pro

COMPENSACIÓN DIRECTA. PROCEDE CONDENAR AL SENTENCIADO A SU PAGO COMO PARTE DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 95/2025. · Registro digital (IUS): 33957
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo II, Volumen 2, Pág.868.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 95/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIO: DENIS REYES HUERTA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios 95/2025, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo directo 93/2025 y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimotercer Circuito, al sentenciar el amparo directo 31/2023.

2. El problema jurídico materia de la presente ejecutoria consiste en determinar: a) si existe la contradicción de criterios; b) si la misma es procedente y, de ser el caso, c) establecer si es procedente condenar al sentenciado a la figura de la compensación en cualquier delito, o únicamente se puede condenar al Estado por este concepto.

ANTECEDENTES

Denuncia de la contradicción de criterios.

3. Los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, formularon la denuncia de posible contradicción de criterios suscitada entre lo sustentado por ese órgano jurisdiccional y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimotercer Circuito, al resolver los asuntos anteriormente precisados, y de este último emergió la tesis aislada de rubro: “GASTOS Y COSTAS DEL ASESOR JURÍDICO PRIVADO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. ES IMPROCEDENTE CONDENAR AL SENTENCIADO A SU PAGO.”.

Trámite ante el Pleno Regional.

4. En acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional admitió y registró el presente asunto y, de forma preliminar, delimitó el tema de contradicción, presumió la vigencia del criterio sostenido por el Tribunal Colegiado denunciante y solicitó al diverso órgano contendiente informara -esencialmente- sobre la vigencia y firmeza del criterio sustentado.

5. Por otra parte, ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación del asunto y solicitó informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente.

6. Asimismo, se realizó el turno previo electrónico a la ponencia de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.

7. Posteriormente, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por los Tribunales Colegiados contendientes, en los que precisaron que los criterios sustentados continúan vigentes y que las sentencias emitidas en los juicios de origen han causado estado.

8. En acuerdo de trece de enero de dos mil veintiséis, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que en relación con el tema de la presente contradicción, durante los últimos seis meses no se encuentra radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

9. En ese mismo proveído, al estar integrado el asunto, se confirmó el turno a la Magistrada ponente, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

10. El once de febrero de dos mil veintiséis se listó el asunto para su discusión.

AMICUS CURIAE

11. Al respecto se precisa que, con anterioridad a la fecha en que se listó este asunto para sesión ordinaria, no se presentó opinión alguna relacionada con el tema de esta contradicción de criterios; lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.

COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia penal, suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes al territorio donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

13. Ello es así, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.

LEGITIMACIÓN

14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se formuló por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, cuyo criterio se encuentra en contradicción.

CRITERIOS DENUNCIADOS

15. A continuación se expondrán -medularmente- las consideraciones en las cuales los Tribunales Colegiados contendientes sustentaron sus respectivos criterios.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito.

16. Demanda de amparo directo. **********, por propio derecho y en su carácter de ofendido en la causa penal de origen, promovió juicio de amparo directo en contra de los actos y autoridades siguientes:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES

A.- COMO ORDENADORA.

El Maestro **********, En su calidad de Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

B.- COMO EJECUTORA.

1.- El tribunal unitario de enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Oral perteneciente a la primera región del estado, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende.

2.- El C. Juez de ejecución penal del Sistema de Justicia Penal Oral perteneciente a la primera región del estado, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende.

IV.- ACTOS RECLAMADOS.-

1.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, SE RECLAMA:

a.- La sentencia definitiva de fecha 4 de diciembre de 2024, dictada en el toca de apelación, **********AU formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el acusado ********** y el ofendido **********, en contra de la sentencia condenatoria que el cinco de julio de dos mil veinticuatro emitió el tribunal unitario de enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Oral perteneciente a la primera región del estado, con sede en San Miguel de Allende, dentro de la causa penal **********, seguida en contra de **********, por el delito de robo de ganado.

2.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA SE RECLAMA:

a.- La ejecución de la sentencia definitiva de fecha 4 de diciembre de 2024., dictada en la (sic) toca **********AU, dictada por la autoridad responsable ordenadora.”.

17. Trámite del juicio de amparo directo. Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Colegiado precisado anteriormente, quien admitió la demanda principal, así como el diverso amparo adhesivo promovido por el sentenciado ********** o **********, el cual concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso en el juicio principal, y negó en el juicio de amparo adhesivo, por los motivos que se exponen a continuación:

18. Primeramente, señaló que la materia de estudio se limitaría a la reparación del daño, en su vertiente de perjuicios ocasionados, pues en ella se determinó tener por no acreditada la erogación de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), realizada por la parte quejosa en la causa penal de origen, en virtud de los gastos realizados por su asesor jurídico a efecto de lograr la comparecencia de los testigos, así como los honorarios del mismo.

19. Estimó que la Sala responsable cometió un error en la técnica utilizada para analizar los recursos de apelación; pues, en lo que interesa, determinó que no le asiste la razón al ofendido recurrente, en cuanto al reclamo de la reparación del daño en su vertiente de “perjuicios ocasionados” por los conceptos de gastos de traslado de testigos, pero sí le asiste la razón en el concepto de honorarios del asesor jurídico.

20. En ese contexto, refirió que la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 312/2020, analizó la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley General de Víctimas y el diverso 69 de la Ley de Víctimas para el Estado de Quintana Roo; ejecutoria en la que se analizó la reparación del daño a las víctimas del delito, mecanismos de reparación, naturaleza de la Ley General de Víctimas, la compensación a víctimas del delito conforme esta legislación y la justicia restaurativa.

21. Señaló que existe una distinción entre víctimas de delito y víctimas de violaciones a derechos humanos; por lo que hace a las primeras, en los hechos ilícitos existe un perpetrador, que es el responsable primario de la reparación, pero en algunos casos previstos por la Ley General de Víctimas y bajo reglas específicas, cuando el perpetrador no puede hacerlo, el Estado debe cumplir con las obligaciones de manera subsidiaria sólo en lo relativo a la compensación económica.

22. No obstante, respecto a las violaciones de derechos humanos, adujo que el responsable innegable es el Estado, quien tiene la obligación de responder por la reparación de manera integral.

23. La entonces Primera Sala del Alto Tribunal del País, destacó que el marco jurídico de protección a las víctimas surgió en un contexto en el que los índices de violencia e impunidad en el país se encuentran en aumento, por lo que su fin principal es la protección de las personas que no se encuentran en posibilidad de acceder a la reparación por medio del sistema de justicia, en virtud de desventajas económicas y sociales.

24. Por tanto, se hizo necesaria la creación de una vía administrativa para garantizar dicha reparación, la cual se encuentra contenida en la Ley General de Víctimas y prevé una vía administrativa que debería tramitar con mayor celeridad las peticiones de víctimas del delito, así como de violaciones a derechos humanos.

25. Refirió que la compensación subsidiaria está dirigida únicamente a cierto tipo de delitos, circunstancia que tiene un fin constitucionalmente válido, pues está reservado para aquellos casos en los que la víctima no pueda obtener la reparación del daño como consecuencia del desenlace que tuvo el proceso penal, o bien, cuando no pueda obligarse al sujeto activo a realizar el pago, esto es, cuando el Estado en su carácter de autoridad jurisdiccional, comparte cierto grado de responsabilidad en la causa que impide a la víctima obtener la reparación.

26. Precisó que en los delitos que no se consideran graves o no ameritan prisión preventiva oficiosa, puede hacerse esa exclusión, en virtud que en esos casos el legislador previó la posibilidad de que las víctimas obtengan la reparación del daño de una manera rápida al someterse a los acuerdos reparatorios.

27. Explicó que, esa situación no pugna en forma alguna con el derecho que asiste a todas las víctimas del delito a obtener la reparación integral del daño, pues como derecho humano, es imprescindible en todos los casos en los que se genera un perjuicio a la esfera jurídica de la víctima, máxime tratándose de materia penal; sin embargo, no es posible considerar que en todos los procesos es el Estado quien asume su cumplimiento a través de la compensación, puesto que se encuentra reservada para supuestos específicos.

28. Así, de conformidad con lo señalado por la referida Sala en la ejecutoria de mérito, la medida de “compensación” prevista en los artículos 64 a 72 de la Ley General de Víctimas, es de naturaleza estatal, diferenciándola de la restitución, reparación o indemnización que el delincuente debe asumir frente a su víctima, ya que en la primera, se utilizan fondos públicos para compensar la nocividad del delito, partiendo del argumento que la sociedad en conjunto es responsable de la prevención criminal, por lo que resulta justo que se compense a la víctima.

29. En ese contexto, destacó que en el caso en estudio no es factible la aplicación del artículo 64 de la Ley General de Víctimas, pues no se está frente a una víctima de violación a derechos humanos (en la que sí opera la compensación directa del Estado) o uno de los supuestos que prevé el numeral 68 de la citada legislación.

30. Por otra parte, señaló que dentro de las medidas de reparación integral que contempla la Ley General de Víctimas, se encuentra la compensación, la cual ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o a la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.

31. Dicha compensación, debe otorgarse por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos.

32. De acuerdo con lo expuesto y en estricto cumplimiento al principio pro persona y de interpretación más favorable, el órgano colegiado consideró que el derecho a una compensación como medida complementaria de la reparación integral del daño, sí puede trasladarse a las sentencias de condena penal por delitos no graves o que no ameritan prisión preventiva oficiosa, condena que debe ser a cargo del responsable directo del ilícito.

33. Lo anterior, pues la legislación en cita reconoce el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera oportuna, plena diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño sufrido con motivo del delito, comprendiendo medidas de restitución, compensación, satisfacción y de no repetición, lo que es congruente con el marco internacional de los derechos humanos y los precedentes de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

34. Sin que se tenga que hacer distinción alguna entre los delitos graves o no graves, pues evidentemente la autoridad jurisdiccional debe determinar qué medidas son las que deben aplicarse al caso concreto, atendiendo a los principios de proporcionalidad y justa reparación; esto, en virtud que la Corte en diversos precedentes ha determinado que el derecho a una reparación integral del daño o justa indemnización es de carácter sustantivo y que su extensión debe tutelarse en favor de los gobernados sin restricciones innecesarias, salvo en función de una finalidad constitucionalmente válida.

35. En ese sentido, reiteró que de conformidad con lo determinado por la entonces Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver el amparo en revisión 312/2020, es incuestionable el derecho que asiste a todas las víctimas del delito –incluso las de delitos no graves- a obtener la reparación integral del daño, pues dicha Sala refirió que la necesidad de la reparación integral, como derecho humano es imprescindible en todos los casos en los que se genera un perjuicio a la esfera jurídica de la víctima.

36. Consecuentemente, consideró que el quejoso víctima del delito de robo, tiene derecho a que se le reparen gastos de honorarios pagados a su asesor jurídico privado, como parte de una medida compensatoria, por lo que determinó fundados sus conceptos de violación respecto a ese tópico.

37. No obstante, indicó que el monto debe ser resuelto en la etapa de ejecución, a efecto que sea entonces cuando se cuantifiquen los gastos por servicios profesionales, para lo cual el juzgador podrá acudir a la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarías y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, a efecto de determinar un monto justo y proporcional.

38. Precisó que lo resuelto no es contrario al contenido del artículo 99, inciso b) del Código Penal para el Estado de Guanajuato, el cual establece los conceptos que aborda la reparación del daño, entre los que se encuentra la indemnización de los perjuicios ocasionados, pues este numeral es coincidente con la diversa contemplada por el artículo 27, fracción III, de la Ley General de Víctimas, que precisa que la indemnización como medida de compensación incluye los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean consecuencia del delito.

39. Así, con apoyo en la tesis 1a. CCCXC/2015 (10a.) de la entonces Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: “MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. REPARACIÓN DEL DAÑO EN SU FAVOR”, determinó que en el caso el gasto de servicios jurídicos privados debe entenderse como un perjuicio indirecto del delito, pues sin ser el resultado inmediato del hecho ilícito, tiene un nexo causal con él y debe ser indemnizado para lograr una restitución completa.

40. Precisando que el derecho de la víctima u ofendido del delito a contar con un asesor jurídico de oficio pagado por el Estado, no tiene el efecto de reemplazar o dejar sin efectos el derecho al pago de esos perjuicios, en caso de preferir un asesor privado, pues dicha circunstancia daría un efecto perjudicial a un derecho constitucional de la víctima.

41. Por otra parte, en cuanto al pago de gastos de traslado de los testigos, determinó dicho reclamo como infundado, dado que no le era atribuible ese gasto, puesto que el artículo 363, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que en el caso de que los testigos residan fuera del lugar de residencia del tribunal y no cuenten con recursos económicos, se dispondrá lo necesario para su comparecencia.

42. Por ese motivo, concedió el amparo solicitado a efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dictara una nueva en la que considerara procedente la condena genérica al pago de la reparación del daño por perjuicios causados, únicamente por lo que hace a los servicios profesionales del asesor jurídico privado, mismo que deberá cuantificarse en etapa de ejecución. Por otra parte, negó el amparo adhesivo.

Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimotercer Circuito.

43. Demanda de amparo directo. **********, representante legal de la víctima menor de edad identificada con las iniciales **********, promovió juicio de amparo directo, en contra de las autoridades y actos siguientes:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA:

1. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA:

2. TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE OJOCALIENTE, ZACATECAS.

3. JUEZ DE EJECUCIÓN Y SANCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL DE OJOCALIENTE, ZACATECAS.

IV. ACTO RECLAMADO.

1. La sentencia definitiva del 14 de noviembre 2022, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el toca penal oral A.P.O. **********, por medio de la cual confirmó la sentencia condenatoria, misma que bajo protesta de decir verdad, me fue notificada el 29 de noviembre de 2022, por parte del personal del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas.

2. De la autoridad ejecutora se reclama el acatamiento del fallo de segundo grado.”.

44. Trámite del juicio de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al tribunal colegiado en cita, quien la admitió a trámite.

45. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El órgano jurisdiccional por mayoría de votos resolvió negar la protección federal a la parte quejosa, en virtud de lo siguiente:

46. Precisó que no analizaría la acreditación de los elementos del delito, ni la responsabilidad del enjuiciado, pues la parte quejosa únicamente refirió que la sentencia reclamada vulneró su derecho a la reparación integral del daño, previsto en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Norma Fundamental, debido a que las pruebas que aportó en el proceso son eficaces y suficientes para condenar al sentenciado al pago de los honorarios del asesor jurídico privado que representó al menor en el juicio.

47. En ese sentido, citó lo resuelto por la extinta Primera Sala del Alto Tribunal, en los amparos en revisión 1612/2020 y 312/2020, en los que se abordó lo relativo a la reparación del daño, llegando a la conclusión de negar el amparo solicitado, pues el concepto amplio de reparación del daño comprende diversos rubros genéricos, en atención al tipo de delito cometido, entre ellos la reparación material, moral y de perjuicios ocasionados, misma que debe cubrirse en forma expedita, proporcional y justa.

48. Además, debe ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado en consecuencia del hecho ilícito, lo que incluye el establecimiento de medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción.

49. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1 de la Ley General de Víctimas, que reconoce las medidas compensatorias como elementos de la reparación integral del daño, prevista en los numerales 20, inciso C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la precitada legislación.

50. Sin embargo, en el numeral 64 de la ley en cita, se desprende que la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de la Ley General de Víctimas, o de la violación a derechos humanos, conceptos entre los que se incluye el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado.

51. No obstante lo anterior, la figura de la “compensación” únicamente es de naturaleza estatal, lo que la diferencia de la restitución, reparación o indemnización que el delincuente debe asumir frente a su víctima; puesto que, en la primera se utilizan fondos públicos para compensar la nocividad del delito, partiendo del argumento que la sociedad en su conjunto, es responsable de la prevención criminal.

52. En ese contexto, indicó que contrario a lo que aduce la quejosa, la compensación como una forma de reparación del daño no puede subdividirse en principal (a cargo del imputado) y subsidiaria (a cargo del Estado), pues los recursos que se utilizan para cubrir la reparación del daño en esa vertiente, provienen del Estado, aun cuando éste tenga expedita la posibilidad de exigir la restitución de esos recursos al sentenciado.

53. Por tanto, estableció que la compensación es un instrumento generado en favor de las víctimas de los delitos, a fin que en el supuesto que exista una imposibilidad para que el sujeto activo del delito repare directamente los daños provocados, no se les deje en estado de indefensión, pues en tales casos el Estado es quien otorga una compensación proporcional a la gravedad del daño sufrido, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; es decir, es una medida complementaria, para lograr la protección más amplia a las víctimas.

54. Así, para acceder a esos recursos, las víctimas deben encuadrar en los supuestos específicos que describe el artículo 68 de la precitada normativa, esto es, que el daño fuera por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del ilícito.

55. Igualmente, en el supuesto que el responsable se haya sustraído de la justicia, fallecido o desaparecido, o se haga valer un criterio de oportunidad.

56. Sin embargo, existe un requisito indispensable para acceder a este beneficio, esto es, que la víctima no haya sido reparada, por lo que tiene que comprobar dicha circunstancia con los medios que tenga a su alcance, esto puede ser:

a. Constancia del Ministerio Público donde se adviertan las causas que hacen imposible la consignación del imputado;

b. Determinación firme emitida por autoridad judicial en la que se señalen los conceptos que el sentenciado no estuvo en aptitud de reparar; o,

c. Resolución dictada por autoridad competente, donde se desprenda que la víctima no ha obtenido su reparación del daño por parte de la persona responsable de restituirla.

57. Asimismo, para que se asignen esos recursos, la autoridad competente tendrá que tomar en consideración lo señalado en los numerales 150 de la Ley General de Víctimas y 76 de su reglamento.

58. En el entendido que la compensación subsidiaria a la que se puede obligar al Estado (federal o local), será hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), aunado a que debe ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

59. Atento a lo anterior, estableció que no procede la condena al pago de gastos y costas del asesor jurídico privado, en los términos pretendidos por la quejosa, dado que la medida compensatoria es diferente a la restitución, reparación o indemnización que el responsable del delito debe asumir frente a su víctima.

60. Pues dicho beneficio no puede ser exigido directamente por la víctima al sentenciado, en virtud que es una prerrogativa otorgada por el Estado, en el supuesto que se configuren los lineamientos establecidos por la norma, y de ser el caso que se autorice la compensación, será el mismo Estado quien posteriormente podrá reclamar la restitución de esos recursos económicos al responsable del delito, una vez que le sea posible.

61. En ese sentido, indicó que de las constancias de origen, no se advierte que la parte quejosa encuadre en alguna de las hipótesis normativas que la ley exige para el otorgamiento de la medida compensatoria relativa al pago de gastos y costas del asesor jurídico privado.

62. Apoyó su conclusión en la tesis aislada 1a. XXIV/2022 (10a.), emitida por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2025481, de rubro: “COMPENSACIÓN SUBSIDIARIA EN LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, QUE PREVÉ COMO REQUISITO PARA SU OTORGAMIENTO QUE EL DELITO COMETIDO AMERITE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A UNA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y A LA IGUALDAD, NI EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.”.

EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

63. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

64. Previo a exponer los motivos que sostienen tal decisión, es importante referir que la intervención de los Plenos Regionales tiene su justificación en la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.

65. El estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas.

66. Entonces, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión de derecho en la que, a través de un ejercicio argumentativo llegaron a cierta decisión, mediante la adopción de un método, cualquiera que éste sea.

b) Entre la resolución de la cuestión de derecho, debe existir un punto contradictorio, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo tema, los tribunales contendientes adopten criterios discrepantes, con independencia de que hayan o no emitido tesis al respecto.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a preguntarse cuál de los dos argumentos es preferente con relación a cualquier otro que, como el primero, también sea legalmente posible.

67. Una vez cumplidos los requisitos, se determina que sí existe la contradicción de criterios denunciada.

68. Ello es así, porque los tribunales contendientes se pronunciaron sobre dos cuestiones jurídicas en las que por medio de argumentos interpretativos de la norma y la jurisprudencia arribaron a conclusiones distintas en los puntos de derecho sujetos a análisis.

69. Primer requisito. Ejercicio del arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado de antecedentes, se advierte que los tribunales colegiados analizaron los mismos problemas jurídicos, esto es, determinar si la figura de la compensación debe ser solventada de manera exclusiva por el Estado, o si este concepto también puede ser saldado por el sentenciado, como parte de la reparación integral del daño.

70. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Las soluciones dadas a la problemática anterior son discrepantes, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, sostuvo que conforme al criterio de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisado en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 312/2020, es incuestionable el derecho que asiste a todas las víctimas del delito –incluso las de delitos no graves- a obtener la reparación integral del daño, pues como derecho humano es imprescindible en todos los casos en los que se genera un perjuicio a la esfera jurídica de la víctima.

71. Asimismo, señaló que el artículo 27, fracción III, de la Ley General de Víctimas, precisa que la i

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33957-c257658a/compensacion-directa-procede-condenar-al-sentenciado-a-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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