RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE INTERPONERSE DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES CUANDO SE IMPUGNE LA OMISIÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO O PROVISIONAL (ARTÍCULO 98, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 25/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE ABRIL DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIO: DENIS REYES HUERTA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al siete de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Que resuelve la contradicción de criterios 25/2026, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver los recursos de queja 43/2026 y 67/2026, respectivamente.
2. El problema jurídico materia de la presente ejecutoria consiste en determinar: a) si existe la contradicción de criterios; b) si la misma es procedente y, de ser el caso, c) establecer cuál es el plazo para interponer el recurso de queja, contra la omisión de la persona juzgadora de pronunciarse respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados.
ANTECEDENTES
Denuncia de la contradicción de criterios.
3. La Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, formuló la denuncia de posible contradicción de criterios, suscitada entre lo sustentado por los referidos tribunales colegiados contendientes al resolver los asuntos anteriormente precisados.
Trámite ante el Pleno Regional.
4. Mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional admitió y registró el presente asunto y, de forma preliminar, delimitó el tema de contradicción, por lo que solicitó a los tribunales colegiados contendientes informaran -esencialmente- sobre la vigencia y firmeza del criterio sustentado.
5. Por otra parte, ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación del asunto y solicitó le informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente.
6. Asimismo, se realizó el turno previo electrónico a la ponencia de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.
7. En proveído de dieciocho de marzo siguiente, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por los tribunales colegiados contendientes, en los que precisaron que los criterios sustentados continúan vigentes y que las sentencias emitidas en los juicios de origen han causado estado.
8. En acuerdo de veinte de marzo del año en curso, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que durante los últimos tres meses no se encuentra radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.
9. En esa misma fecha, se confirmó el turno a la Magistrada ponente.
10. El veinticinco de marzo de la propia anualidad, se listó el asunto para su discusión.
AMICUS CURIAE
11. Al respecto se precisa que, con anterioridad a la fecha en que se listó este asunto para sesión ordinaria, no se presentó opinión alguna relacionada con el tema de esta contradicción de criterios; lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.
COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia penal, suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes al territorio donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.
13. Ello es así, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.
LEGITIMACIÓN
14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue realizada por la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, esto es, uno de los tribunales que emitieron los criterios en contienda.
CRITERIOS DENUNCIADOS
15. A continuación, se expondrán -medularmente- las consideraciones con base en las cuales los tribunales colegiados contendientes sustentaron sus respectivos criterios.
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas.
16. Juicio de amparo indirecto. Una persona promovió juicio de amparo indirecto, contra: 1) la omisión de declarar de oficio el sobreseimiento de la causa y de las acciones penales instadas en su contra; y 2) la instauración de varias carpetas de investigación. Lo cual atribuyó a distintos jueces de control y agentes del Ministerio Público de la Federación, respectivamente. Asimismo, solicitó la suspensión de plano de dichos actos.
17. Radicación de la demanda de amparo e incompetencia. La demanda se recibió en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien previo autos aclaratorios y desahogo de las prevenciones formuladas, determinó declararse incompetente por razón de territorio y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; lo que efectuó sin pronunciarse sobre la suspensión solicitada.
18. Recurso de queja. La parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, quien lo admitió a trámite y en su oportunidad, dictó la sentencia correspondiente.
19. Consideraciones del tribunal colegiado. El referido tribunal determinó desechar el recurso, por los siguientes motivos:
20. En principio, señaló que era innecesario analizar los agravios expresados por la parte recurrente, en atención a que el medio de impugnación debía desecharse dada su extemporaneidad, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b) y 98, de la Ley de Amparo.
21. Debido a que de dichas disposiciones, se advertía que la parte recurrente contaba sólo con el plazo de dos días hábiles para su interposición, cuando se trate de resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano.
22. Sin que obstara el hecho de que, en ese asunto se reclamó la omisión del Juez de Distrito de pronunciase sobre la suspensión de plano de los actos reclamados. Sustentándolo en la jurisprudencia P./J. 2/2021 (10a.), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022909, de rubro: “RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO MEDIANTE EL QUE UN JUEZ DE DISTRITO SE ABSTENGA DE PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN POR HABERSE EXCUSADO AL ADUCIR QUE TIENE INTERÉS PERSONAL EN EL ASUNTO, SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AMPARO”.
23. Ya que el recurso en cuestión se presentó después de dos días hábiles contados a partir del acuerdo impugnado, en donde se omitió el pronunciamiento respecto a la suspensión de plano solicitada por el quejoso.
24. Asimismo, señaló que si bien la fracción II, del artículo 98 de la Ley de Amparo, refiere que podrá ser interpuesto el recurso de queja en cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo, en el caso concreto no se actualizaba esa excepción; con base en que la propia ley de la materia es muy clara en el sentido de que existe la posibilidad de presentar en cualquier momento el recurso de queja siempre y cuando la omisión sea respecto al trámite de la demanda de amparo, y no así sobre el pronunciamiento de la suspensión de plano.
25. Dado que el juicio de amparo no se encuentra sin trámite, pues la Jueza Federal al advertir irregularidades en la demanda de amparo, previno del conocimiento a la parte impetrante y, una vez cumplidas dichas prevenciones, determinó no tener competencia por cuestión de territorio y ordenó remitir los autos al juzgado que estimó competente, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo.
26. Concluyendo además, que la a quo ya no podría pronunciarse respecto a la suspensión de plano, pues ésta se declaró incompetente, con lo que a su juicio, no podría considerarse que se pueda interponer el recurso de queja en cualquier momento y, por tanto, determinó que en el caso, era improcedente el mismo en términos de los artículos 97, fracción I, inciso b), y 98 de la Ley de Amparo, por haberse presentado fuera del plazo legal previsto.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
27. Juicio de amparo indirecto. Una persona por propio derecho y en representación de su padre, así como de sus menores hijos, promovió juicio de amparo indirecto, contra diversos actos que atribuyó a un agente ministerial, dentro de los que destaca la desaparición forzada de su padre, respecto de la que solicitó la suspensión de plano.
28. Radicación de la demanda de amparo y admisión. La demanda se recibió en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien la registró y mediante diversos acuerdos requirió a la parte quejosa para que desahogara las respectivas prevenciones.
29. Recurso de queja. La parte quejosa interpuso recurso de queja contra el último requerimiento del a quo, el cual fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo admitió a trámite y en su oportunidad, dictó la sentencia correspondiente.
30. Consideraciones del tribunal colegiado. El referido tribunal determinó declarar parcialmente fundado el recurso de queja, por los siguientes motivos:
31. En principio, destacó que era innecesario realizar el cómputo de la presentación del recurso, toda vez que, al impugnarse la omisión del juzgado de pronunciarse respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados, éste puede presentarse en cualquier tiempo, al actualizarse de momento a momento.
32. Luego, al analizar el motivo de disenso del recurrente, determinó que éste resultaba fundado y suficiente para declarar parcialmente fundado el recurso de queja; en virtud de que, respecto de la desaparición forzada, la a quo en el auto de prevención, debió conceder la suspensión de oficio y de plano.
33. Asimismo, precisó que ese Tribunal Colegiado ha sostenido que la omisión del Juez de Distrito de pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano, es una circunstancia que torna procedente su impugnación por la vía del recurso de queja; porque se equipara, desde un punto de vista jurídico-formal, al auto que niega la medida cautelar; puesto que, la omisión guarda semejanza con dicha determinación y, en el plano práctico, produce exactamente los mismos efectos que se traducen en frustrar la protección anticipada que se persigue con la solicitud de la suspensión del acto reclamado.
34. Citando por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a/ J. 5/90, de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 206462, de rubro: “QUEJA, RECURSO DE. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA QUE OMITA PROVEER RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO”.
35. Invocando como aplicable al caso, la jurisprudencia 1ª./J. 25/2018, de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017844, titulada: “SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO”.
EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
36. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
37. Previo a exponer los motivos que sostienen tal decisión, es importante referir que la intervención de los Plenos Regionales tiene su justificación en la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.
38. El estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas.
39. Entonces, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión de derecho en la que, a través de un ejercicio argumentativo llegaron a cierta decisión, mediante la adopción de un método, cualquiera que éste sea.
b) Entre la resolución de la cuestión de derecho, debe existir un punto contradictorio, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo tema, los tribunales contendientes adopten criterios discrepantes, con independencia de que hayan o no emitido tesis al respecto.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a preguntarse cuál de los dos argumentos es preferente con relación a cualquier otro que, como el primero, también sea legalmente posible.
40. Una vez cumplidos los requisitos, se determina que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
41. Ello es así, porque los tribunales contendientes se pronunciaron sobre dos cuestiones jurídicas en las que por medio de argumentos interpretativos de la norma y la jurisprudencia arribaron a conclusiones distintas en los puntos de derecho sujetos a análisis.
42. Primer requisito. Ejercicio del arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado de antecedentes, se advierte que los tribunales colegiados analizaron los mismos problemas jurídicos, esto es, establecer cuál es el plazo con el que se cuenta para interponer el recurso de queja contra la omisión de la persona juzgadora de pronunciarse respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados.
43. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Las soluciones dadas al problema anterior, son discrepantes, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, sostuvo que cuando se reclame por medio del recurso de queja, la omisión del Juzgado de Distrito de proveer sobre la suspensión de plano, ésta debe de interponerse dentro del término de dos días hábiles, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b) y 98, de la Ley de Amparo.
44. Sin que sea dable que se actualice la excepción prevista en la fracción II, del numeral 98, de ese mismo ordenamiento, que dispone que el recurso de queja podrá interponerse en cualquier tiempo, cuando se trate de la omisión de tramitar la demanda de amparo; en atención a que la ley de la materia establece que ello sólo procede cuando esa omisión sea en cuanto al trámite de la demanda de amparo, y no así, sobre el pronunciamiento de la suspensión de plano.
45. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, estimó que el recurso de queja interpuesto contra la omisión del Juzgado de Distrito de proveer sobre la suspensión de plano, puede interponerse en cualquier tiempo, pues dicho reclamo se actualiza de momento a momento.
46. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Ante esas posturas contradictorias, es claro que se cumple el tercero de los requisitos para que se genere una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de una interrogante relativa a:
47. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de queja, contra la omisión de la persona juzgadora de pronunciarse respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados?
48. Sin que obste a lo anterior que, en el acuerdo de admisión, la Presidencia de este Pleno Regional delimitó el tema de contradicción en forma diversa, esto es: “Recurso de queja. Determinar si se actualiza la excepción prevista en el artículo 98, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando se interpone contra la omisión del juzgado de pronunciarse respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados”.
49. Sin embargo, ello obedece a la fijación preliminar efectuada en un auto inicial, mismo que no es propio del análisis de fondo de la presente sentencia.
50. Consecuentemente, se satisfacen los elementos determinados para tener por existente la contradicción de criterios referida, contenidos en la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS” con registro digital 205420, así como la diversa jurisprudencia emanada de la entonces Primera Sala, con registro digital 165077 y de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA”.
ESTUDIO DE FONDO
51. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.
52. Como ya quedó establecido, uno de los tribunales colegiados contendientes consideró, que la omisión del juzgador de primer grado de pronunciarse sobre la suspensión de plano se debía controvertir mediante el recurso de queja, el cual debía presentarse dentro del plazo de dos días después de que se le notificó a la parte quejosa el acuerdo de declinatoria de competencia, conforme lo establecido en la fracción I, del artículo 98 de la Ley de Amparo.
53. Mientras que el otro tribunal colegiado, sostuvo que si bien en la misma circunstancia fáctica, el recurso para controvertir la mencionada omisión es el de queja, el mismo se podía presentar en cualquier momento, ya que la falta de pronunciamiento del juzgador en este tópico corría de momento a momento, en consecuencia el recurso se podría formular en cualquier tiempo, como lo establece la fracción II del referido numeral.
54. Para estar en aptitud de dirimir esta contradicción, es necesario señalar que en el artículo 97 de la Ley de Amparo se establece la procedencia del recurso de queja, de la siguiente forma:
“Artículo 97. El recurso de queja procede:
I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;
b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional;
c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;
d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de persona tercera interesada;
e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;
f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios;
g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido a la persona quejosa la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, y
h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo;
II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos:
a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente;
b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;
c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y
d) Cuando niegue a la persona quejosa su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguna de las personas interesadas”.
55. De la anterior trascripción se evidencia que el legislador estableció un catálogo de actos susceptibles de impugnarse mediante el recurso de queja, para lo cual efectuó una distinción dependiendo si el referido recurso se presentaba en el juicio de amparo directo o indirecto.
56. Ahora bien, para determinar el momento en que se debe presentar este recurso se debe precisar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene la garantía a la tutela jurisdiccional, la cual ha sido concebida como:
“(...)Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (...)”.
57. Así, el derecho a la tutela judicial se ha configurado esencialmente en tres etapas: i) previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que tiene su base en el derecho de acción como una especie del derecho de petición en sede jurisdiccional; ii) una judicial, del inicio del procedimiento hasta la última actuación del juicio, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, iii) una posterior al juicio, que se identifica con la efectividad de las sentencias (su ejecución).
58. El artículo 17 constitucional atribuye al legislador la facultad de establecer los plazos en que será administrada la justicia, en miras de respetar la prontitud en su impartición, mismos que deben ser generales, razonables y objetivos; debiéndose entender por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que intervengan en ellos; b) razonables, en tanto que sean prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y ejercicio del derecho de defensa de las partes; y c) objetivos, a fin que su delimitación normativa impida el arbitrio de las partes o de la autoridad para extender los tiempos para el ejercicio de los derechos y obligaciones procedimentales.
59. Bajo ese contexto, se advierte que los plazos para la presentación del recurso de queja se encuentran establecidos en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el cual refiere:
“Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:
I. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y
II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo”.
60. De lo anterior se establece que el legislador consideró como un lapso general, razonable y objetivo, el de cinco días para hacer valer ese recurso, respecto de los diversos supuestos de procedencia del mismo; y sólo estimó necesario establecer dos excepciones a ese plazo genérico, a saber: 1) cuando se tratara de impugnar la determinación sobre la suspensión de plano o provisional (para lo cual fijó dos días); y 2) cuando se omitiera tramitar la demanda de amparo (caso en el que no sujetó el recurso a un plazo fatal, permitiendo que se interpusiera en cualquier tiempo).
61. Ahora bien, para determinar el plazo con que cuenta el quejoso para interponer el recurso de queja contra la omisión del juzgador de pronunciarse en relación con la suspensión de plano o provisional del acto reclamado, conviene precisar que la suspensión es una figura jurídica cuya finalidad es paralizar los actos combatidos en el juicio de amparo, a efecto de conservar la materia de éste y, durante su tramitación, evitar perjuicios a la parte agraviada.
62. Al respecto, en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los actos reclamados en el juicio de amparo pueden suspenderse en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo –cuando la naturaleza del acto lo permita– deberá realizar un análisis en el que se pondere la apariencia del buen derecho y el interés social.
63. En ese contexto, en la ley de la materia el legislador dispuso reglas específicas para la tramitación de la suspensión del acto reclamado, según se trate de amparo indirecto o de amparo directo.
64. En relación con el juicio de amparo indirecto, en los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, se regula la tramitación de la medida suspensional, la cual se decretará de oficio o a petición de la parte quejosa.
65. Al respecto, el artículo 126 de la mencionada legislación, regula la suspensión de oficio y de plano, la cual procede cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o cuando se trate de algún acto que tenga relación con la privación total o parcial, en forma temporal o definitiva de la propiedad o posesión, o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
66. Este tipo de suspensión se tramita de plano, es decir, sin audiencia de las partes y se decreta en el mismo auto en el que el juzgador federal admita la demanda. Sus efectos son ordenar el cese de los actos referidos o que las cosas se mantengan en el estado que guarden, supuesto este último en el que el juzgador federal deberá tomar las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.
67. Fuera de los supuestos señalados en el artículo 126 de la ley de la materia, la suspensión se dictará a petición de parte, para lo cual, de acuerdo con el artículo 128 del mismo ordenamiento, debe solicitarla el quejoso y no seguirse perjuicio al interés social, ni contravenir disposiciones de orden público.
68. Ahora bien, por lo que respecta a la segunda excepción a la regla general de cinco días para la interposición del medio de impugnación en estudio, se debe resaltar que la decisión del legislador de no imponer un límite determinado a la oportunidad de interponer el recurso de queja, necesariamente se debe a que, cuando existe omisión o abstención del juzgador en realizar el trámite de la demanda de amparo, ello coloca en estado de indefensión al quejoso, al no estar en condiciones de establecer un punto de partida fáctico para que pueda correr un plazo cierto y determinado, para recurrir la inacción de la autoridad.
69. Sin embargo, tal indefensión e imposibilidad de computar un plazo cierto, no existe cuando ésta emite una resolución material, como pudiera ser por ejemplo al desechar la demanda pues, en tal caso, el quejoso está en la situación ordinaria de poder controvertir esa actuación en el plazo fatal que la legislación prevé para impugnar los trámites que se estimen indebidos.
70. Esta excepción a la regla general del plazo de cinco días, relativa a dejar abierta la oportunidad de interponerlo en cualquier tiempo cuando se impugne la omisión de tramitar la demanda de amparo, lógicamente encuentra su principal justificación frente al tipo de conducta observada por el juzgador ante la presentación de la demanda de amparo a la que no se le ha dado trámite en los plazos legales, pues omitir la realización de los trámites que la ley le encomienda para contribuir a la sustanciación de la misma, es una conducta de no hacer que, por su naturaleza, se prolonga en el tiempo, y con ella se impide al quejoso estar en condiciones de interponer el recurso de queja a partir de un momento cierto y determinado, que haga posible el cómputo del plazo genérico de cinco días para su interposición.
71. De modo que, la incertidumbre jurídica en que se encuentra el quejoso, respecto de la sustanciación de su demanda de amparo cuando el juzgador de amparo omite darle trámite al juicio de garantías instado, constituye el sustento para que, por medio de un mecanismo judicial, como lo es el recurso de queja, se remedie esa circunstancia y se logre la emisión de un pronunciamiento respecto a la demanda de amparo presentada, con lo que cesaría el estado de inseguridad e indefensión en que se encuentra el interesado, pues el mismo ya contaría con una determinación judicial respecto de su solicitud.
72. De lo anteriormente señalado se llega a la conclusión de que en el supuesto de que la persona juzgadora realiza una manifestación respecto a la presentación de la demanda de amparo, pero omite pronunciarse sobre la suspensión de plano, y la misma le fue notificada a la parte quejosa, esta actuación permite conocer el momento exacto desde el cual debe comenzar a computarse el plazo de dos días, al que se refiere el artículo 98, fracción I
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34061-50f86fdc/recurso-de-queja-en-amparo-indirecto-debe-interponerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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