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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CON EFECTOS DE TUTELA ANTICIPADA CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA GARANTÍA ECONÓMICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, SI SU FALTA DE PAGO CONDICIONA LA EXCARCELACIÓN DEL IMPUTADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 52/2026. · Registro digital (IUS): 34272
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-25
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1166.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 52/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 20 DE AGOSTO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. PONENTE: VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. SECRETARIO: JAIME GÓMEZ AGUILAR.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de veinte de agosto de dos mil veintiséis, dicta la siguiente:

Sentencia

1. Que resuelve la contradicción de criterios denunciada entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver respectivamente los recursos de queja 300/2026 y 56/2023.

2. Los puntos jurídicos a demostrar son: i) determinar si existe una contradicción de criterios; ii) si aún es pertinente resolverla y, de ser el caso, iii) definir si es procedente conceder la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada cuando en amparo indirecto es reclamada la imposición de una diversa medida cautelar —garantía económica—, en sustitución de la prisión preventiva justificada, cuyo cumplimiento condiciona el excarcelamiento.

I. Trámite de la denuncia

3. El dieciocho de junio de dos mil veintiséis, los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito denunciaron ante este Pleno Regional la posible contradicción de criterios previamente mencionada.

4. Por acuerdo de diecinueve de junio siguiente, la presidencia de este órgano jurisdiccional admitió a trámite y registró la contradicción de criterios; además, estableció preliminarmente la temática a dilucidar y la turnó a la ponencia de la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval.

5. Durante la tramitación procesal del asunto los Tribunales Colegiados de Circuito informaron que su criterio continuaba vigente, que no existía ninguna condición que afectara su firmeza y habilitaron el expediente electrónico.

6. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó que, en el último trimestre, no ha sido radicada en ese órgano ninguna contradicción de criterios relacionada con el tema fijado de forma preliminar en este asunto.

7. En fecha trece de julio de dos mil veintiséis, al estar integrada la contradicción de criterios, se confirmó el turno electrónico para la elaboración del proyecto de sentencia.

8. El doce de agosto posterior el asunto se incluyó en la lista para su discusión y aprobación en la sesión correspondiente.

9. Antes de resolver esta contradicción de criterios transcurrió el plazo sin que ninguna persona o institución ejerciera su derecho a ofrecer una opinión (amicus curiae), tal como lo dispone el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal.

II. Competencia

10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte es legalmente competente para resolver la contradicción de criterios denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados pertenecen a dicha jurisdicción y el asunto versa sobre la materia penal.

11. De conformidad con los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y 2 del diverso 108/2022, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, reformados por los Acuerdos Generales 1/2024 y 38/2023.

III. Legitimación

12. Conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, al haber sido formulada por los integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

IV. Criterios en contienda

13. Enseguida se exponen los antecedentes y argumentos esenciales de las ejecutorias contendientes para analizar la viabilidad de la contradicción de criterios.

? Primer asunto ?

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el recurso de queja 56/2023

14. Contexto. Una persona sujeta a un proceso penal promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control. En dicha resolución fue revisada y modificada la medida cautelar. Sustituyó la prisión preventiva justificada por otras restricciones:

i. La colocación de un localizador electrónico.

ii. Salir del país sin autorización, ni de la localidad en la que reside.

iii. La exhibición de una garantía económica por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m. n.).

15. La Jueza de Distrito a la que correspondió conocer del asunto admitió la demanda y aperturó el cuaderno incidental en el que concedió la suspensión provisional para los efectos exclusivos que establecen los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo.

16. Contra esa determinación la parte quejosa interpuso el recurso de queja. El Tribunal Colegiado de Circuito mencionado, en la queja 56/2023, declaró fundado el medio de impugnación.

17. Postura judicial. Determinó que es procedente otorgar la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada. Ordenó la inmediata libertad personal de la parte quejosa bajo medidas de aseguramiento más bajas (una garantía pecuniaria por la suma de $20,000.00 veinte mil pesos 00/100 m. n.). Argumentó que mantenerla presa por falta de ejecución de medidas alternativas hacía nugatorio el derecho a la libertad ya reconocido por el Juez de Control.

18. Argumentos que sustentan su criterio. Precisó que la quejosa señaló que le afectaban las medidas cautelares impuestas en lugar de la prisión preventiva justificada. Que aunque esta última medida quedó sin efectos, ella continuaba privada de su libertad.

19. Hizo referencia a lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016.

20. En tal precedente el Tribunal Supremo del país resolvió que la porción normativa del artículo 128, párrafo tercero, de la Ley de Amparo —que prohíbe otorgar la suspensión contra medidas cautelares judiciales— es constitucionalmente válida, bajo la interpretación de que dicha prohibición es una regla general y el juez de amparo puede evaluar excepciones en cada caso concreto.

21. Posteriormente examinó la naturaleza del acto reclamado y ponderó la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al interés social, con el fin de resolver sobre la procedencia de la medida suspensional.

22. Respecto a la naturaleza del acto reclamado, señaló que era de carácter positivo, ya que sus consecuencias seguían vigentes y afectaban de manera actual —en ese momento— la esfera jurídica de la parte quejosa.

23. Indicó que la concesión de la suspensión provisional no causaba perjuicio al interés social ni contravenía el orden público, ya que no se actualizaba ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo.

24. Asimismo, aclaró que la concesión de dicha suspensión no eximiría a la parte quejosa de atender el proceso penal ni la sustraería de la justicia; por el contrario, continuaría su procedimiento en libertad bajo las medidas de aseguramiento que le fueran impuestas.

25. Manifestó que la autoridad judicial original sustituyó la prisión preventiva justificada —por otras medidas cautelares, entre ellas, una garantía económica—, tras estimar que estaba garantizaba la comparecencia de la imputada, la protección de los involucrados y de la comunidad, sin riesgo de sustracción.

26. Analizó la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Para ello fundamentó su estudio en los artículos 131, 138 y 139 de la Ley de Amparo, y definió el alcance de cada una de estas figuras jurídicas.

27. Agregó que la suspensión en el juicio de amparo puede otorgar un efecto de tutela anticipada. Que dicha medida busca restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado antes de la sentencia final, conforme al artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, siempre que sea jurídica y materialmente posible.

28. Señaló que, en ese momento, solo contaba con los datos de la demanda de amparo para decidir sobre la suspensión provisional. Por ello debía basarse en dichos datos, aunque esto podría cambiar al resolver la suspensión definitiva, una vez que las autoridades rindieran su informe respectivo.

29. Citó como sustento la jurisprudencia 2a./J. 5/93 de la desaparecida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 206395, cuyo rubro dispone:

“SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.”.

30. Del estudio de la demanda de amparo, el tribunal advirtió que el acto reclamado podría ser inconstitucional.

31. Lo anterior, porque la autoridad responsable dejó insubsistente la prisión preventiva justificada e impuso tres medidas condicionantes para el excarcelamiento, entre ellas, la exhibición de una garantía económica de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m. n.).

32. De ahí que —adicionó—, si el Juez de Control ya había determinado que no existía necesidad de prolongar la prisión preventiva justificada, podía deducirse de manera probable una transgresión a los derechos de la quejosa, pues, pese a dicha determinación, continuaba privada de su libertad.

33. Expresó que en un juicio de probabilidad, la determinación de la autoridad responsable podría considerarse ilegal, ya que no cumplió con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

34. Refirió que el delito imputado a la quejosa —lesiones— no se clasifica como grave ni amerita prisión preventiva oficiosa. Por tanto, las medidas cautelares impuestas como sustitutas resultaban excesivas y constituían un obstáculo injustificado para su derecho a la libertad.

35. En tal virtud, indicó que, con independencia de analizar la apariencia del buen derecho, otorgar la suspensión provisional no causaba perjuicio al interés social. En cambio, existía peligro en la demora, ya que la quejosa podría continuar privada de su libertad ante la insubsistencia de la prisión preventiva justificada.

36. Que dicha situación no tendría un efecto positivo en su esfera jurídica; al contrario, haría nugatorio su derecho adquirido y dejaría las cosas en el estado en que se encontraban antes de modificarse la mencionada medida cautelar.

37. En consecuencia, estimó reunidos los presupuestos legales para otorgar la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada de naturaleza restitutoria.

38. De ese precedente derivó la tesis aislada II.4o.P.34 P (11a.), con registro digital 2026731, de contenido siguiente:

“SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS DE TUTELA ANTICIPADA, CONTRA LA IMPOSICIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS CAUTELARES AL IMPUTADO, EN SUSTITUCIÓN DE LA DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, SI EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS ES CONDICIONANTE PARA SU EXCARCELAMIENTO.

Hechos: En un juicio de amparo indirecto la parte quejosa reclamó la determinación de revisión de medidas cautelares en la que se le impusieron tres en sustitución de la de prisión preventiva justificada, a saber: (i) La colocación de un localizador electrónico; (ii) La prohibición de salir sin autorización del país, ni de la localidad en la cual reside; y, (iii) La exhibición de una garantía económica y su ejecución; actos contra los cuales el Juez de Distrito determinó conceder la suspensión provisional para el único efecto de que las cosas se mantuvieran en el mismo estado y que la quejosa quedara a su disposición en cuanto a su libertad personal en el lugar donde se encontraba recluida; inconforme, interpuso recurso de queja.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada en el juicio de amparo indirecto promovido contra la imposición de diversas medidas cautelares al imputado, en sustitución de la de prisión preventiva justificada, si el cumplimiento de aquéllas es condicionante para su excarcelamiento, porque a pesar de haber quedado insubsistente la medida de prisión preventiva, continúa privado de la libertad hasta que le sea colocado el localizador electrónico y exhiba la garantía económica, siempre que sea posible jurídica y materialmente, en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, lo que se traduce en ordenar su libertad personal con fijación de algunas medidas de aseguramiento.

Justificación: Lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, analizó la porción normativa contenida en el párrafo tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la que expresamente se establece la improcedencia de la suspensión tratándose de medidas cautelares; sin embargo, en dicho asunto se decretó su validez bajo la interpretación de que la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos en contra de las medidas cautelares en el procedimiento penal por autoridad judicial, dado que se trastocaría el derecho a un recurso efectivo, por lo que el juzgador de amparo deberá determinar en cada caso, si la naturaleza del acto permite o no su suspensión y, una vez establecido ello, si la concede o no, deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el interés social. Así, en el caso, bajo el análisis de los requisitos previstos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución General, se establece provisionalmente la ilegalidad de la determinación reclamada, así como de la detención del imputado por la autoridad responsable, al inobservar el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales; adicionalmente, como el delito por el cual fue sometido a proceso no es de aquellos catalogados como graves, ni de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, las garantías que sirven como sustitutas de la prisión preventiva justificada pueden traducirse en un obstáculo para hacer efectivo su derecho a la libertad, haciendo nugatorio el beneficio obtenido al haber quedado insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por tanto, en aras de garantizar una tutela anticipada, debe otorgarse la suspensión provisional para los siguientes efectos: (i) en cuanto a su libertad personal, el quejoso quede a disposición del Juez de amparo, pero del de la causa para la continuación del procedimiento, y (ii) se ordene su inmediata libertad únicamente respecto de los hechos relacionados con la causa de control de origen y, ante ello, se impongan las medidas de aseguramiento necesarias, en términos de los artículos 167 y 168 de la Ley de Amparo.”.

? Segundo caso ?

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en la queja 300/2026

39. Hechos relevantes. El quejoso promovió demanda de amparo indirecto contra la resolución del Juez de Control dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares, a través de la cual determinó modificar la prisión preventiva justificada, condicionado su cumplimiento a la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 m. n.).

40. El Juez de Distrito del conocimiento ordenó abrir, por cuerda separada, el cuaderno incidental respectivo y concedió la suspensión provisional para los efectos previstos en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo.

41. Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue declarado infundado por el citado Tribunal Colegiado de Circuito.

42. Postura judicial. Decidió que era improcedente la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada, ya que otorgar la libertad sin cubrir el pago afectaría la naturaleza cautelar del juez de origen; por ende, conforme al artículo 166 de la Ley de Amparo, declaró que el efecto se limitaba a dejar al quejoso a disposición del órgano de amparo en su lugar de reclusión.

43. Razonamientos del órgano colegiado. Sostuvo que el acto reclamado subsistía porque la prisión preventiva justificada se mantenía hasta que el quejoso pagara la garantía económica fijada para sustituir dicha medida cautelar.

44. Señaló que adquiría relevancia lo dispuesto por el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece el catálogo de medidas cautelares aplicables en el proceso penal, destacando de manera particular la exhibición de una garantía económica y la prisión preventiva.

45. Agregó que de conformidad con el artículo 156 del código procesal en cita, el Juez de Control puede imponer una o varias medidas cautelares. Para ello, debe valorar los argumentos de las partes y la justificación del Ministerio Público, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada caso.

46. Que de acuerdo con el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al resolver sobre las medidas cautelares, la persona juzgadora podrá imponer una de ellas, combinar varias según la pertinencia del caso, o decretar una diversa a la solicitada, siempre y cuando no resulte más gravosa para el imputado.

47. Además, indicó, para dicha función, la prisión preventiva no puede combinarse con otras medidas cautelares del mismo código, a excepción del embargo precautorio y la inmovilización de cuentas o valores financieros.

48. Sumó que para fijar el monto y el plazo de la garantía, la persona juzgadora debe establecer una cantidad eficaz que evite que el imputado incumpla sus obligaciones, así como un término razonable para exhibirla.

49. Precisó que la resolución sobre medidas cautelares debe contener la imposición y justificación de la medida, sus lineamientos de aplicación y su vigencia.

50. Explicó que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control puede combinar diversas medidas cautelares para un mismo caso. La única regla que lo impide es que la prisión preventiva y la exhibición de una garantía económica no pueden aplicarse juntas al mismo tiempo.

51. Que en dicho caso esto no sucedía, pues la prisión preventiva terminaba al presentarse la garantía económica, cuya vigencia comenzaba una vez realizado el pago correspondiente.

52. Por lo anterior, manifestó que, hasta ese momento procesal, advertía la existencia de dos medidas cautelares: prisión preventiva justificada y exhibición de una garantía. La cuales no coexisten de forma simultánea, ya que la segunda sustituiría a la primera en cuanto se cumpliera con la misma.

53. De ahí que, detalló, el acto reclamado no era inconstitucional ni inconvencional porque está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que justificaba negar la suspensión provisional con efectos restitutorios.

54. Mencionó que no inadvertía la tesis aislada 1a. XXVIII/2020 (10a.) de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022160, de rubro:

“GARANTÍA ECONÓMICA. LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE OFRECERLA NO JUSTIFICA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA PREFERENTE.”.

55. Sin embargo, consideró que no resultaba aplicable, puesto que de tal criterio se obtenía que fueron impuestas dos medidas cautelares con vigencia distinta.

56. La exhibición de la garantía no condiciona la prisión preventiva, ya que esta no se ordenó por falta de pago, sino porque —con independencia de su acierto— en su momento no existía otra medida eficaz para evitar que el quejoso evadiera la acción de la justicia, es decir, se justificó por un motivo diverso al pecuniario.

57. En ese sentido, describió que la medida cautelar de exhibición de garantía económica fue fijada por la autoridad judicial con fines exclusivamente procesales, y no reparatorios o sustantivos, según lo advirtió de lo pronunciado en la audiencia respectiva.

58. Aludió que la medida cautelar distinta a la prisión preventiva no podía analizarse en la suspensión provisional, ya que el quejoso estaba privado de su libertad por un proceso penal y los efectos restitutorios dependían de que la medida fuera jurídicamente posible.

59. Detalló que, sin prejuzgar las razones del Juez de Control al fijar la garantía económica, advertía que dicha medida no resultaba de imposible cumplimiento para el efecto de la suspensión provisional.

60. Que la cantidad no era exorbitante, ni sus formas de pago o condiciones mostraban una situación irracional que equivaliera a mantener la prisión preventiva o vulnerar la apariencia del buen derecho. Máxime que, agregó, el Juez de Control precisó que la garantía podía cubrirse no solo en efectivo, sino mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

61. Señaló que permitir la libertad del quejoso sin exhibir la garantía dejaría sin efectos la medida cautelar, cuya finalidad es asegurar su presencia en el proceso penal.

62. Concluyó que fue correcto aplicar el antepenúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo —respecto a la suspensión provisional—, ya que el acto reclamado modificó la prisión preventiva por medidas cautelares menos lesivas, incluida una garantía económica; por tanto, los efectos de la suspensión debían limitarse a lo que establece dicho precepto legal.

V. Existencia de la contradicción de criterios

63. Con base en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte determina la configuración de la discrepancia de criterios denunciada.

64. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de una contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

65. Para que una contradicción de criterios surja formalmente en el ámbito legal, se requiere que por lo menos dos tribunales analicen un mismo problema jurídico, apliquen ordenamientos similares y emitan conclusiones opuestas mediante el ejercicio interpretativo, esto es, deben satisfacerse estos requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto un caso mediante el ejercicio de su arbitrio interpretativo.

b. Entre las interpretaciones realizadas exista, al menos, un razonamiento en discrepancia que verse sobre un mismo problema jurídico; y

c. Esto pueda dar lugar a un planteamiento sobre la forma de responder la cuestión jurídica que sea preferente a cualquier otra que también sea legalmente posible.

66. Tales requerimientos se satisfacen en el presente caso, por lo que, como mencionamos, sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

67. Dichos órganos colegiados contendientes, al analizar las cuestiones litigiosas de las que conocieron, se vieron en la necesidad de resolver una misma cuestión jurídica para llegar a una solución determinada.

68. Mediante su arbitrio judicial analizaron la procedencia de la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada. El problema jurídico surge en el amparo indirecto al reclamarse una garantía económica —impuesta para sustituir la prisión preventiva justificada— cuyo pago condiciona el excarcelamiento de la parte quejosa.

69. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito determinó que procede otorgar la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada.

70. Dado que la autoridad judicial original sustituyó la prisión preventiva justificada al estimar que estaba garantizaba la comparecencia de la imputada, protegía a los involucrados y a la comunidad, y evitaba el riesgo de sustracción.

71. Que la autoridad responsable dejó sin efectos la prisión preventiva justificada e impuso medidas cautelares alternativas, entre ellas, una garantía económica.

72. Por ello, si el Juez de Control ya había determinado que no existía necesidad de prolongar la prisión preventiva justificada, podía deducirse de manera probable una transgresión a los derechos de la quejosa, pues, pese a dicha determinación, continuaba privada de su libertad.

73. Para el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito es improcedente conceder la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada.

74. Otorgar la libertad sin cubrir el pago de la garantía desvirtuaría la naturaleza cautelar del acto reclamado al juez de origen.

75. Sostuvo que el acto reclamado subsistía, ya que la prisión preventiva justificada se mantendría vigente hasta que el quejoso pagara la garantía económica fijada como medida cautelar sustituta.

76. Es decir, la prisión preventiva terminaba al pagar la garantía económica, la cual empezaba a funcionar tras cubrir el monto establecido. Ambas medidas no se aplicaban juntas, pues la garantía reemplazaba a la privativa de la libertad en cuanto fuera completado el pago.

77. Como podemos apreciar, los tribunales contendientes partieron del mismo supuesto de hecho. Ambos analizaron si procede conceder la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada en el amparo indirecto.

78. En específico, evaluaron el caso donde se reclama una garantía económica impuesta como medida cautelar para sustituir la prisión preventiva justificada, cuyo cumplimiento es obligatorio para lograr la libertad.

79. Resulta oportuno precisar que aunque uno de los órganos colegiados evaluó otras medidas adicionales a la prisión preventiva justificada —como el uso de un localizador electrónico y la prohibición de salir del país—, este análisis se limita solo a la garantía económica. Dado que es el punto donde las resoluciones tuvieron diferencias.

80. Es menester enfatizar que la disparidad en los importes determinados en cada asunto en lo particular constituye una variable estrictamente cuantitativa y contingente que no altera la materia de la contradicción —las cantidades de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m. n.) y $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 m. n.)—.

81. Esto es así, pues independientemente de si el monto fijado es mayor o menor, subsiste de manera idéntica la naturaleza restrictiva común de la medida, en tanto que su condicionamiento material e inmediato sigue operando como una barrera insalvable que prolonga la privación de la libertad de la parte quejosa.

82. Lo precisado nos permite constatar que se satisfacen los requisitos enumerados como “a” y “b”, para la configuración de la contradicción de criterios, puesto que ambos tribunales ejercieron su arbitrio judicial al pronunciarse sobre el mismo problema jurídico, así como diversos posicionamientos que dan lugar a la formulación de un planteamiento para responder a esa cuestión.

83. De la discrepancia entre los criterios contendientes surge la siguiente interrogante:

¿Procede otorgar la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada (restitución de la libertad) en el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en la imposición de una diversa medida cautelar —garantía económica—, en sustitución de la prisión preventiva justificada, cuyo cumplimiento es una condición forzosa para que el recluso pueda salir de prisión?

84. Por lo tanto, podemos afirmar que el requisito “c” para la existencia de la contradicción de criterios también se cumple.

85. Consecuentemente, las exigencias para la actualización de la contradicción de criterios están satisfechas, mismas que fueron definidas por el Pleno y la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 72/2010 y 1a./J. 22/2010, con registros digitales 164120 y 165077, cuyos rubros expresan:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”.

“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”.

86. Sin que sea obstáculo el hecho de que en el acuerdo de admisión, de forma preliminar, se considerara diverso tema de contradicción, esto es:

“Determinar cuáles son los efectos de la suspensión provisional cuando el acto reclamado consiste en la imposición de diversas medidas cautelares en sustitución de la prisión preventiva justificada.”.

87. En virtud de que los acuerdos de presidencia no causan estado. Esto se debe a que son simples determinaciones de trámite basadas en un examen preliminar.

88. Tampoco es óbice para determinar la configuración de la contradicción de criterios la circunstancia de que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados no hayan emitido una tesis jurisprudencial, dado que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para resolverla, sin imponer tal requisito.

89. Como sustento hacemos referencia a la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno del Tribunal Supremo del país, con registro digital 189998, de rubro siguiente:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENT

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34272-1b75c246/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-procede-con-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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