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Modo: Corpus Pro

INCORPORACIÓN POR LECTURA DE DECLARACIONES ANTERIORES DE TESTIGOS FALLECIDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 386, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA OMISIÓN DE INTRODUCIRLAS A TRAVÉS DE UN TESTIGO DE ACREDITACIÓN ACTUALIZA UNA NULIDAD ABSOLUTA QUE DEBE DECLARARSE DE OFICIO Y NO ES CONVALIDABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 53/2026. · Registro digital (IUS): 34261
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-25
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo IV, Volumen 2, Pág.721.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 53/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 20 DE AGOSTO DE 2026. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. DISIDENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. SECRETARIO: JAIME GÓMEZ AGUILAR.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de veinte de agosto de dos mil veintiséis, dicta la siguiente:

Sentencia

1. Que resuelve la contradicción de criterios originada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Decimosexto Circuito.

2. El problema jurídico a resolver radica en determinar la validez de la incorporación por lectura del testimonio de una persona fallecida, sin haber cumplido con la formalidad procesal de utilizar un testigo de acreditación.

I. Trámite de la denuncia

3. El veintitrés de junio de dos mil veintiséis, la presidencia de este órgano jurisdiccional regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios que los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito plantearon entre el criterio de dicho órgano, en el amparo directo 4/2025, contra lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito en los amparos directos 87/2023, 144/2023, 164/2023, 29/2024, 33/2024 y 98/2024 de su índice.

4. En ese mismo acuerdo de admisión el presidente de este Pleno Regional solicitó a los tribunales implicados que rindieran el informe de vigencia y firmeza de los criterios sostenidos en los amparos directos, así como la vinculación de los expedientes electrónicos.

5. Mediante proveídos de uno y dos de julio de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los informes solicitados y por cumplida la habilitación de los expedientes electrónicos.

6. El Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó que durante los últimos tres meses no se encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuya temática tenga relación con la presente.

7. En fecha trece de julio de dos mil veintiséis, al estar integrada la contradicción de criterios, se confirmó el turno electrónico para la elaboración del proyecto de sentencia. El doce de agosto siguiente se listó para verse en sesión.

8. Ninguna persona ni institución presentó opinión (amicus curiae) con relación a esta contradicción de criterios, como lo dispone el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal.

II. Competencia

9. Al pertenecer los órganos jurisdiccionales implicados a la región centro-norte y versar el asunto sobre la materia penal, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte tiene competencia legal para resolver la contradicción de criterios denunciada.

10. De conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y 2 del Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, reformados por los diversos 1/2024 y 38/2023.

III. Legitimación

11. La denuncia de contradicción de criterios fue formulada por parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido presentada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, quienes emitieron uno de los criterios contendientes.

IV. Criterios en contienda

12. Las circunstancias y los argumentos que derivan de los asuntos que originaron la denuncia de contradicción de criterios, son los siguientes:

A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en los amparos directos 87/2023, 144/2023, 164/2023, 29/2024, 33/2024 y 98/2024

a) Amparo Directo 87/2023

13. Contexto fáctico. Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra dos personas por los delitos de homicidio simple y homicidio en grado de tentativa.

14. En la etapa de juicio oral, la fiscalía desarrolló su teoría del caso y la respaldó con el ofrecimiento y desahogo de varios testimonios presenciales de los hechos, así como diversas pruebas periciales con las cuales pretendió establecer la mecánica de hechos consistente en que los coautores de ambos delitos provocaron las lesiones y la muerte de una de las víctimas utilizando, respectivamente, un arma de fuego y un bate de béisbol.

15. Dentro del acervo probatorio que tomó en cuenta el Tribunal de Enjuiciamiento para emitir la sentencia de condena, se destaca el testimonio de una persona que presenció los hechos pero falleció antes de la celebración de la audiencia de juicio oral donde se pretendía su desahogo, por lo que su incorporación se realizó por medio de lectura que realizó el Ministerio Público —previa solicitud del incidente respectivo—, pues demostró que dicha persona había fallecido.

16. La jueza de enjuiciamiento, en respuesta a las objeciones de la defensa que expuso en sus alegatos de clausura, precisó que era posible atribuir valor probatorio a dicha entrevista porque se habían cumplido las condiciones que permitían incorporarla mediante lectura, ya que los acusados tuvieron oportunidad de interrogar al testigo en etapas previas del procedimiento y la entrevista no era el principal elemento probatorio para justificar la condena.

17. En contra de la condena y de dicha decisión los sentenciados interpusieron el recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Alzada en el sentido de convalidar la sentencia de primer grado.

18. Inconformes, promovieron juicio uni-instancial en contra de la sentencia de segundo grado y como conceptos de violación (relevantes para la resolución de este asunto) argumentaron que la entrevista del testigo fallecido, que se incorporó al juicio por medio de lectura, era contraria a derecho, pues su desahogo se hizo sin el empleo de un testigo de acreditación, esto es, por conducto de quien recabó dicha entrevista.

19. Criterio del Tribunal Colegiado de Circuito. Calificó como fundado pero inoperante el referido argumento al considerar que, si bien la entrevista se incorporó sin haber observado los lineamientos que marcó la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la introducción por lectura de los registros de la investigación, lo cierto era que aunque esa prueba se excluyera del acervo probatorio, el resto de las pruebas sostenían la culpabilidad de los quejosos.

20. Sostuvo que no se satisfizo el requisito conforme al cual, previo a su incorporación, la entrevista —el documento en que se hizo constar— tendría que haber sido reconocida o autenticada por la persona que la recabó.

21. Para sostener su postura refirió que en el Amparo Directo en Revisión 2929/2018, la referida Primera Sala analizó el contenido de los artículos 380, 383, 385 y 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a partir de ello estableció los parámetros que la autoridad jurisdiccional deberá observar para estar en condiciones de valorar una entrevista incorporada por lectura al juicio.

22. Dichos requisitos los sintetizó de la siguiente manera:

1. Que la entrevista haya sido autenticada por el testigo de acreditación. Es decir, que la persona que la recabó haya comparecido al juicio para informar dónde y cómo obtuvo esa entrevista y que describa su contenido [al menos de forma esencial] para saber que es la misma que será incorporada al acervo probatorio; y

2. Que previo a la incorporación de la entrevista por lectura se actualice alguna de estas condiciones: que el inculpado y su defensa hayan podido interrogar previamente al juicio al testigo; o bien, que no sea la única prueba de la que depende la condena.

23. Analizó que en el caso se cumplió con la condición número dos porque el fiscal demostró que el testigo había fallecido; sin embargo, no fue satisfecha la condición uno, ya que la incorporación por lectura de la entrevista de ese testigo se realizó por el fiscal que llevó la audiencia de juicio, cuando lo correcto habría sido que se introdujera a través del testigo de acreditación, esto es, el agente del Ministerio Público que recabó la prueba testimonial durante la etapa de investigación.

24. Es decir, precisó que para poder valorar la entrevista del testigo fallecido resultaba indispensable que el fiscal de mérito acudiera a la audiencia de juicio y diera cuenta al Tribunal de Enjuiciamiento y a las partes procesales de que la entrevista que pretendía incorporarse por lectura era la misma que había recabado en sede ministerial.

25. No obstante, concluyó que aunque esa prueba no se tomara en cuenta o se excluyera del acervo probatorio para decidir la causa penal de origen, cierto era también que las restantes pruebas desahogadas en juicio eran aptas y suficientes para soportar la sentencia de condena emitida contra los quejosos.

26. Lo anterior, porque se desahogaron múltiples medios de prueba con los que se evidenciaron la teoría del caso y la mecánica de hechos.

27. Esto es, explicó que los testimonios eran coincidentes en lo esencial y podían complementarse con diversas pruebas objetivas y subjetivas que respaldaban el relato de los hechos proporcionado por las víctimas y testigos de cargo.

28. El tribunal negó el amparo a los quejosos. Consideró que la sentencia condenatoria se confirmó de forma adecuada al comprobar la culpabilidad de los acusados por los delitos imputados.

b) Amparo Directo 144/2023

29. Marco fáctico. En la etapa de juicio oral, un juez de enjuiciamiento declaró inocente al concubino de una persona del sexo femenino que fue acusado por la fiscalía de haber cometido el delito de feminicidio en grado de tentativa.

30. La particularidad de la causa penal, génesis de este asunto, radicó en que se ofrecieron y desahogaron una pluralidad de pruebas testimoniales bajo la figura procesal de “testimonio de oídas”, la cual se entiende como la declaración de un testigo que dice haber percibido una comunicación de un tercero, con la cual se pretende acreditar que lo comunicado por el tercero es cierto.

31. Es una forma específica de prueba de referencia, la cual se entiende como toda declaración (escrita, oral, corporal o de cualquier otra índole) realizada fuera de juicio oral, que se introduce al juicio oral con el propósito de demostrar la veracidad de su contenido.

32. En otras palabras, la persona del sexo femenino, en su calidad de víctima, no acudió de forma personal al tribunal de juicio oral a desahogar su testimonio, ni figuró en ninguna de las etapas previas a la celebración de la audiencia de juicio oral, pues se limitó, únicamente, a narrar los hechos sucedidos a varias personas (terceros); por lo que el Ministerio Público ofreció a esos “testigos de oídas” con la intención de acreditar el núcleo del hecho típico materia de la acusación.

33. En ese sentido, la teoría del caso del fiscal consistió en que el acusado —concubino de la víctima—, discutió con la afectada y le roció líquido “PVC” en la cara, cuello, manos y partes del cuerpo, el cual es un solvente utilizado para manualidades o trabajos de pintura altamente volátil.

34. A su vez, la fiscalía refirió que el imputado intentó acercar un cerillo prendido a la víctima para lograr la consecuencia física de provocarle quemaduras mortales; sin embargo, por causas ajenas a la conducta del imputado, la afectada sufrió solamente quemaduras de primer y segundo grado ya que logró salir corriendo del domicilio y al solicitar auxilio en la calle fue abordada por su hijo, quien logró contactar a una ambulancia con paramédicos para el traslado de la víctima a un hospital.

35. Como hecho procesal destacado se tiene que, de la totalidad de las pruebas testimoniales que fueron desahogadas en la audiencia de juicio, se incorporaron por lectura las entrevistas realizadas al hijo de la víctima y al paramédico que le brindó atención inmediata el día del evento, en virtud de que fallecieron durante la etapa de investigación.

36. Pruebas circunstanciales que dieron cuenta de que la propia lesionada les manifestó que su pareja le arrojó el solvente que le provocó las quemaduras en su cuerpo.

37. El Tribunal de Enjuiciamiento les concedió valor probatorio pero dictó sentencia absolutoria a favor del acusado, porque estimó que ninguno de los testigos que intervinieron en la audiencia de debate dijeron haber presenciado directamente el modo de producción de las quemaduras, circunstancia que era necesaria conocer para determinar que el acusado desplegó alguna acción idónea y dirigida a privar de la vida a la víctima.

38. En contra de esa decisión la víctima interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Alzada en el sentido de confirmar el fallo absolutorio.

39. Dicho tribunal desestimó las entrevistas que se incorporaron por lectura, en virtud de que no se había demostrado su existencia, ni que las personas que fallecieron fueran las mismas que las emitieron.

40. En contra de la sentencia de segundo grado, el asesor jurídico de la víctima accionó el juicio de amparo directo y, en esencia, adujo que la autoridad responsable debió realizar un ejercicio valorativo de la información que ella misma le proporcionó a los testigos —incorporados por medio de lectura—, con aquella que percibieron directamente, pues ese análisis conjunto permitía conocer, a partir de inferencias, la forma en que se produjeron las lesiones y la culpabilidad del justiciable.

41. A partir de ello, la parte quejosa se dolió de que el Tribunal de Alzada responsable excluyó las entrevistas del acervo probatorio, las cuales se realizaron a los testigos fallecidos. Expresó que su incorporación por lectura conculcaba el principio de contradicción.

42. Razonamiento del órgano colegiado. El tribunal negó el amparo a la víctima quejosa, pues estimó que fue correcto que el Tribunal de Alzada restara valor probatorio a los testimonios que se incorporaron mediante lectura durante la audiencia de juicio oral; además, concluyó que el resto del material probatorio solo demostró que la víctima sufrió violencia familiar y fue objeto de lesiones, generándose duda razonable sobre la autoría material del feminicidio tentado.

43. Para apoyar su decisión se basó en la doctrina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado en torno al testimonio de oídas y la relacionó con la diversa que explica la forma y posibilidad de incorporar, mediante lectura, las declaraciones de personas que no acudan al juicio a desahogar su testimonio ante el juez de enjuiciamiento.

44. Explicó que la prueba de referencia representa dos clases de problema para el proceso legal: uno de valoración; y, otro de formación, que tiene que ver con los requisitos que deben contar todos los elementos de prueba para ser válidos y susceptibles de ser considerados para la emisión de la sentencia condenatoria o absolutoria.

45. Bajo esa línea, refirió que los principios de inmediación y contradicción eran indispensables como garantías procesales para no dejar al inculpado en estado de indefensión, por lo que agregó que eran componentes centrales del debido proceso, y especificó que en este sistema de justicia oral se traducen en una herramienta metodológica de formación de la prueba.

46. Matizó que el primer principio exigía la percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión, de modo que era en la etapa de juicio donde cobraba plena aplicación, pues el contacto directo que el juez tenía con los sujetos y el objeto del proceso, lo colocaban en las mejores condiciones posibles para percibir toda la información que surgiera de las pruebas personales —la testimonial, la pericial o la declaración del acusado—.

47. Reseñó que ambos principios admitían modulaciones, las cuales debían interpretarse de manera restringida y estableció que el fallecimiento del testigo, antes de que compareciera a la audiencia de juicio oral, constituía una excepción a la exigencia de que se desahogara ante la presencia del juez y con oportunidad a que la defensa del acusado pudiera examinar su credibilidad a través de un ejercicio contradictorio, ya que ese hecho era material y jurídicamente insuperable.

48. En el caso concreto advirtió que aunque se incorporaron por medio de lectura, las entrevistas realizadas al hijo de la víctima y al paramédico que le brindó atención, en realidad no fueron incorporadas por el testigo de acreditación a que se refiere en los artículos 380, primera parte y 383, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

49. Situación que, explicó, contrario a lo que sostuvo la quejosa, sí contravino los principios de inmediación y contradicción, ya que se reprodujeron por conducto del órgano acusador. Entonces el órgano de prueba, que realizó dichas entrevistas, no pudo explicar dónde y cómo las obtuvo, y, sobre todo, si eran las mismas que se practicaron en etapas previas, a fin de que el acusado y su defensa estuvieran en condiciones de controlar y debatir sobre su autenticidad o fiabilidad.

c) Amparo Directo 164/2023

50. Hechos relevantes. El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió una causa penal en donde determinó la acreditación de la responsabilidad penal de una persona a la que se le acusó de la comisión del delito de homicidio.

51. Durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, la jueza de enjuiciamiento declaró como procedente la incorporación, por medio de la lectura que realizó la fiscal, del testimonio de una persona fallecida. Incluso, el órgano acusador, mediante incidente de prueba nueva, ofreció el testimonio del agente de investigación criminal que practicó la entrevista al occiso.

52. La juzgadora de origen, al resolver la procedencia del testimonio del agente de Ministerio Público, consideró que la incidencia sí tenía mérito porque la fiscal la ofreció para contrastar la veracidad de lo dicho por una diversa testigo que declaró que los sujetos procesales —imputado y víctima— tenían una relación caracterizada por animosidad.

53. Desahogado el acervo probatorio en su totalidad, el Tribunal de Enjuiciamiento se acogió a la teoría del caso expuesta por la fiscalía y condenó al acusado por el delito de homicidio, al comprobar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

54. El sentenciado apeló la sentencia condenatoria y el tribunal de apelación la confirmó. Contra esta última determinación el quejoso promovió juicio de amparo directo.

55. Criterio del Tribunal Colegiado de Circuito. Con base en el empleo de la suplencia de la queja deficiente advirtió una violación a las leyes del procedimiento, pues destacó un defecto durante la incorporación por lectura de la entrevista del testigo fallecido. Consecuentemente concedió el amparo para efecto de que el tribunal responsable restara el valor probatorio a esa prueba testimonial.

56. Explicó que la forma en que fue desahogada e incorporada la entrevista era desacertada, en virtud de que no se contó con un testigo de acreditación que diera cuenta de ella.

57. Refirió que en el resto de las ejecutorias de su índice, que son objeto de estudio en esta contradicción de criterios, empleó la doctrina de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para explicar que, a partir del contenido y aplicación de los principios de contradicción, inmediación e igualdad procesal, se configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba.

58. Esto es, partió de la premisa de que hay una exigencia de debido proceso, que se traduce en el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se le coloca en las mejores condiciones posibles para percibir toda la información que surja de las pruebas personales.

59. Agregó que la inmediación permite al juzgador tener óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, y así evitar la producción de un estado de indefensión para alguna de las partes del proceso penal acusatorio.

60. Precisó que si los sujetos del proceso pueden hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva en condiciones de igualdad procesal, entonces tendrán oportunidad de contrainterrogar a los órganos de prueba —testigos— sobre el contenido de sus afirmaciones.

61. En relación con lo anterior, explicó que el artículo 386, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales permite incorporar declaraciones o informes, emitidos por personas que fallecieron antes de la audiencia de juicio oral, mediante lectura, lo cual se traduce como una excepción válida al principio de inmediación, ya que constituye la única posibilidad de allegar al juez de enjuiciamiento esa información, la cual podrá ser refutada o constatada por las partes.

62. Sostuvo que la incorporación respectiva deberá hacerse a través del testigo de acreditación, para que esa persona explique quién, dónde y cómo obtuvo el material que se pretende incorporar, pero sobre todo para saber si la declaración de que se trata es la misma que se practicó en etapas previas, lo cual permitiría a la contraparte controlar y debatir sobre su autenticidad o fiabilidad.

63. En el caso concreto, razonó que la incorporación por lectura del testimonio de la persona fallecida, sin que se hubiera desahogado a través de un testigo de acreditación, privilegió la posición del Ministerio Público e imposibilitó al justiciable para controlar y debatir sobre su autenticidad o fiabilidad.

64. Determinó que aunque la fiscalía introdujo, mediante incidente de prueba nueva, el testimonio del agente de investigación criminal que practicó la entrevista del occiso; lo cierto era que no lo hizo con la finalidad de que fungiera como un órgano de prueba de acreditación, sino para refutar una prueba testimonial diversa que tuvo su propio desahogo en la audiencia de juicio.

65. Por tanto, concluyó que si desde el momento en que se ofreció la entrevista del fallecido, para incorporarse por lectura, lo cual aconteció en la etapa intermedia, entonces resultaba claro que desde ese momento el órgano acusador ya sabía que tenía que compensar el derecho de defensa y contradicción del acusado, mediante el ofrecimiento del testimonio de acreditación del agente de investigación que recabó la entrevista.

d) Amparo Directo 29/2024

66. Elementos fácticos. El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió una causa penal en donde condenó al acusado por el delito de homicidio calificado, que cometió en agravio del sujeto pasivo, al cual golpeó y disparó con un arma de fuego.

67. Para arribar a esa decisión, el juez de enjuiciamiento valoró, de manera libre y lógica, diversas pruebas, entre las que destacan, dos testimonios que se incorporaron por medio de lectura en términos del artículo 386, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

68. Las entrevistas de los occisos correspondían a un tercero que estuvo al momento del deceso de la víctima y al agente de investigación que detuvo al justiciable.

69. En contra de la referida sentencia, la defensa y el sentenciado interpusieron el recurso de apelación. El Tribunal de Alzada modificó la sentencia de primer grado; sin embargo, consideró que el desahogo e incorporación de los testimonios de las personas fallecidas era válido y no había afectado el derecho de defensa del sentenciado.

70. En contra de esta resolución el justiciable promovió juicio de amparo directo y obtuvo la protección federal para el efecto de que ambas pruebas fueran consideradas como inválidas y se excluyeran del acervo probatorio.

71. Consideraciones del tribunal de amparo. En los términos en que se han reseñado las anteriores ejecutorias, el órgano colegiado abordó los principios de contradicción, inmediación e igualdad procesal en el contexto de declaraciones o informes incorporados a la audiencia de juicio oral mediante lectura; y, la regularidad constitucional del artículo 386, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

72. Con base en esa misma línea argumentativa, sostuvo que el conocimiento de los elementos probatorios y de la evidencia física que serán objeto de prueba en el juicio, es la condición que permite el ejercicio del contradictorio en la audiencia de juicio oral.

73. De manera que las pruebas practicadas a “espaldas de las partes”, que se conserven en secreto o sean conocidas solamente por el juez antes de la sentencia, carecerán de valor probatorio por vulnerar el derecho de defensa del sujeto procesal a quien perjudiquen.

74. Por tal razón, aclaró que era necesario considerar las formas en que puede controvertirse la formación de la prueba testimonial en la audiencia de juicio oral.

75. Dichas estrategias, refirió, se manifestaban al cuestionar la forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone o al debatir la credibilidad de los atributos de la declaración, lo que podía llegar a poner en duda la veracidad del propio testimonio, pues se debatía su objetividad, calidad o naturaleza —si se trata de un conocimiento personal, de referencia o inferencial—.

76. A partir de lo anterior explicó que el supuesto de incorporar, por medio de lectura, un testimonio de un fallecido, es una excepción al principio de inmediación que modula la posibilidad del contradictorio en la audiencia de juicio oral.

77. Agregó que, en atención al principio de presunción de inocencia, que se surte a favor de todo acusado, el fiscal está obligado a ofrecer todos aquellos elementos o medios de prueba que puedan ser útiles para soportar el cuadro fáctico en el que basa su acusación.

78. Por esa razón, en el caso, razonó que la incorporación por lectura de los testimonios debió hacerse con la asistencia del agente de investigación que hizo la toma de esas entrevistas en la fase indagatoria, para poder dar elementos mínimos e indispensables al acusado que necesita para contradecir tales medios de prueba. Este elemento, reafirmó, es el testigo de acreditación.

79. Órgano de prueba que, en el caso concreto de la incorporación por lectura de las entrevistas de los fallecidos, no fue presentado por el Ministerio Público, ocasionando una violación a los principios de contradicción, inmediación e igualdad procesal.

80. Por tal razón, concedió el amparo para el efecto de que el tribunal responsable determinara que la incorporación por lectura de las entrevistas no cumplieron con las exigencias delineadas por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar válido su desahogo.

e) Amparo Directo 33/2024

81. Particularidades fácticas. Dos personas fueron halladas culpables por la comisión del delito de homicidio en contra de un hombre y una mujer.

82. De la mecánica de hechos se desprende que mientras uno de ellos manejaba un vehículo automotor, empleado para la consecución del delito, el otro accionó un arma larga para privar de la vida a las víctimas.

83. Durante la ejecución del ilícito los acompañó una mujer en el mismo vehículo, la cual presenció todos los hechos, sin embargo, después de que rindió su declaración ante la fiscalía y fue puesta en libertad, fue privada de la vida.

84. Consecuentemente, durante la audiencia de juicio oral, el agente ministerial solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento la incorporación de la entrevista a través de su lectura, que él mismo realizó.

85. Una vez desahogados el resto de los medios de prueba y escuchados los alegatos de clausura expuestos por las partes, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia, en la que determinó condenar a los acusados por el delito en cuestión.

86. Inconformes con esa resolución, los sentenciados y su defensor interpusieron el recurso de apelación, el cual se resolvió en el sentido de revocar la sentencia de primera instancia y absolver a los acusados.

87. El Tribunal de Alzada determinó que la prueba principal con la que se había contado para establecer la identidad de los acusados era la entrevista de la mujer fallecida que los acompañó el día de los hechos.

88. Prueba testimonial que estimó invalida, ya que no se incorporó a través de un testigo de acreditación que, al dar cuenta sobre la existencia previa de esa declaración y la forma en la que la recabó, permitiera a los justiciables ejercer su derecho de defensa por medio de su refutación, utilizando o empleando cuestionamientos cuya legitimación derivan de la materialización del principio de contradicción.

89. En desacuerdo con la sentencia absolutoria, las víctimas indirectas, por conducto de su asesora jurídica, promovieron amparo directo y dieron las razones que estimaron pertinentes para sostener que el testimonio de la fallecida sí fue incorporado conforme a la doctrina constitucional, incluso señalaron a dos agentes de investigación que desahogaron sus testimonios ante el juzgador primario, los cuales podían ser considerados como de acreditación.

90. Criterio del Tribunal Colegiado de Circuito. Al igual que en las sentencias de su índice, antes analizadas, desarrolló la misma línea argumentativa en torno a la excepción del principio de inmediación, con el que se permite la incorporación de registros previos mediante lectura, entre otros casos, cuando se trata de las entrevistas de testigos que han fallecido y no fue posible so

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34261-9f1df23b/incorporacion-por-lectura-de-declaraciones-anteriores-de-testigos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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