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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL PARA VERIFICAR Y AJUSTAR EL CÁLCULO DE LA PENA ES DE NATURALEZA REGLADA. SANCIÓN DEL CONCURSO REAL DE DELITOS EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE IMPONER UNA PENA DISTINTA NI DE MAYOR ALCANCE A LA SOLICITADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ACEPTADA EXPRESAMENTE POR EL IMPUTADO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA SIDO CORRECTAMENTE DETERMINADA CONFORME AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 96/2025. · Registro digital (IUS): 34021
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO, EL SEXTO Y EL DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.501.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 96/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO, EL SEXTO Y EL DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. PONENTE: VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. SECRETARIO: RAÚL BRINDIS HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, dicta la siguiente:

Sentencia

1. Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios en materia penal 96/2025, originada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Cuarto y Sexto en Materia Penal del Primer Circuito contra el Décimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito.

2. El punto jurídico a comprobar en esta sentencia es establecer si el juez de control, en un procedimiento abreviado donde se actualiza un concurso real de delitos, cuenta con facultades para imponer una pena menor a la propuesta por el Ministerio Público y aceptada por la persona acusada.

I. Trámite de la denuncia

3. El Pleno del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre lo resuelto por dicho órgano en el amparo directo 64/2025, contra lo sustentado por los Tribunales Colegiados Cuarto y Sexto de la misma materia y circuito al resolver, respectivamente, los amparos directos 85/2022 y 18/2019, 55/2019 y 63/2019.

4. La admisión del asunto fue realizada por la entonces Presidenta de este Pleno Regional, Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval, quien entre otras determinaciones, solicitó a los tribunales contendientes hacer disponibles los expedientes electrónicos de los amparos directos citados, informaran la vigencia de las posturas adoptadas e indicaran la firmeza de sus resoluciones. Asimismo, turnó a su ponencia el asunto para la formulación del proyecto de sentencia.

5. Las personas Magistradas que integran este Pleno Regional, conforme a los artículos 23, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 21 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, nombraron como Presidente de este órgano colegiado para el periodo relativo al año dos mil veintiséis, al Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro, quien continuó con la integración y trámite del expediente.

6. Durante la substanciación del asunto los Tribunales Colegiados de Circuito informaron que sus criterios continuaban vigentes; además, señalaron que las resoluciones involucradas en esta contradicción de criterios habían causado ejecutoria y habilitaron sus expedientes electrónicos.

7. El Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que durante los últimos seis meses no se encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuya temática tenga relación con este asunto.

8. El seis de febrero de dos mil veintiséis, quedó integrada la contradicción de criterios y se confirmó el turno electrónico a la Magistrada ponente.

9. Ninguna persona ni institución presentó opinión (amicus curiae) con relación a esta contradicción de criterios, como lo dispone el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal.

II. Competencia

10. En virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito en contienda pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción y es semiespecializado en la materia penal sobre la que versa, cuenta con competencia legal para conocer y resolver la misma.

11. Lo anterior, con fundamento en los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y 2 del Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, reformados por los diversos Acuerdos Generales 38/2023 y 1/2024.

III. Legitimación

12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que la formuló el Pleno del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, autoridad jurisdiccional involucrada en uno de los amparos directos de los que deriva este asunto.

IV. Criterios involucrados

Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el amparo directo 64/2025

13. Antecedentes relevantes. Mediante sentencia emitida por el Juez de Control dentro de un procedimiento abreviado, en donde se actualizó la figura procesal de concurso real de delitos, el justiciable fue condenado por la comisión de tres ilícitos de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

14. En la audiencia intermedia la fiscalía, después de formular acusación por los aludidos delitos, solicitó la forma de terminación anticipada del proceso de referencia y propuso la pena acumulada por el concurso real de los tres delitos.

15. Esto es, la fiscalía y el acusado, este último asesorado por su defensor, acordaron la imposición de la pena mínima, equivalente a doce años y seis meses de prisión.

16. El Juez de Control, una vez que validó los requisitos formales que se requieren para la configuración del procedimiento abreviado, procedió a emitir el fallo correspondiente.

17. Sin embargo, a pesar de que el fiscal solicitó la pena acumulada por cada uno de los delitos del concurso, el referido juzgador impuso una pena menor a la acordada entre las partes, esto es, cinco años de pena privativa de la libertad.

18. Para ello, fundó su decisión en el artículo 79 del Código Penal de la Ciudad de México; por lo que solo aplicó la sanción penal del delito que merecía la mayor, pues, desde su perspectiva, ponderó la reinserción social del justiciable con la reparación del daño de la víctima menor de edad y determinó que la pena de cinco años de prisión era proporcional.

19. Contra esa determinación, concretamente en cuanto a la punibilidad fijada, el padre de la víctima y la fiscalía interpusieron el recurso de apelación.

20. La Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien correspondió conocer de dicho medio de impugnación, en lo que interesa para la resolución de esta contradicción de criterios, modificó la pena impuesta por el a quo y elevó la misma al quantum acordado entre las partes (doce años y seis meses de prisión). Para ello aplicó lo dispuesto por los artículos 202 y 206, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21. El justiciable promovió demanda de amparo directo contra la sentencia de segundo grado.

22. En sus conceptos de violación planteó la afectación al debido proceso y una indebida fundamentación y motivación, pues adujo que el Juez de Control cuenta con la facultad de aplicar la regla del concurso de delitos que establece el artículo 79 del código penal para esta ciudad y debía imponerle, únicamente, la pena mayor de los tres delitos que integran el concurso real, sin atender a la propuesta del Ministerio Público.

23. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó la protección constitucional solicitada.

24. Razonamientos del tribunal denunciante. En lo referente a la cuestión sobre qué debe hacer el Juez de Control respecto de la imposición de penas en un procedimiento abreviado cuando se actualiza un concurso real de delitos, el órgano colegiado de referencia determinó que los conceptos de violación eran, por una parte, fundados pero inoperantes por otra, ya que las razones utilizadas por la Sala responsable para modificar la pena no atendían a la naturaleza del procedimiento abreviado.

25. El Tribunal Colegiado de Circuito convalidó el estudio de los requisitos formales y sustantivos que la Sala responsable realizó del procedimiento abreviado al que se sometió el quejoso, reprodujo la formulación de la acusación a cargo del fiscal para reseñar los hechos atribuidos, su clasificación jurídica, grado de intervención, penas propuestas y datos de prueba con los que la sustentó.

26. Para sostener que la sentencia de segundo grado cumplió con el debido proceso utilizó la misma línea argumentativa de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de explicar en qué consistía la facultad del Ministerio Público para definir el quantum de la reducción de la pena impuesta a una persona en un procedimiento abreviado.

27. Incluso, plasmó el desarrollo de la audiencia intermedia en la que el Juez de Control autorizó la procedencia de esta forma de terminación anticipada del proceso y, además, reseñó cada uno de los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación con los que la fiscalía sustentó la acusación. Medios de convicción que, dijo, la Sala responsable calificó como suficientes, congruentes y probables para acreditar la acusación del concurso de delitos.

28. En ese sentido, el órgano colegiado declaró que era correcto el estudio de la congruencia lógica entre los medios de convicción y la acreditación de los tres delitos de abuso sexual agravado que la Sala responsable efectuó y, a partir de la transcripción del desarrollo del procedimiento abreviado y las consideraciones del ad quem, reafirmó el cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso.

29. Aunque el tribunal contendiente tomó en cuenta que el juez a quo sí atendió, en principio, el requisito de que las penas se ciñeran a los topes máximos de reducción y no fueran distintas o mayores a las solicitadas por el fiscal y a las aceptadas por el acusado, concluyó que la Sala actuó correctamente al haber modificado el quantum de la sanción penal, pues la pena impuesta resultó menor a la pactada.

30. Empero, desarrolló razonamientos de índole diversa para justificar el aumento de la pena de prisión de cinco a doce años y seis meses, pues señaló que el procedimiento abreviado tiene una naturaleza diferente a la etapa de juicio oral, en donde sí se efectúa una graduación de la culpa y valoración del daño ocasionado al bien jurídico tutelado.

31. Expuso que en el procedimiento abreviado el Juez de Control no tiene la facultad para fijar sanciones con base en un juicio de reproche, ya que las penas han sido acordadas de manera preliminar entre el fiscal y el acusado, además, el juzgador solamente está facultado para verificar que el parámetro de punibilidad propuesto por el Ministerio Público se ajuste al monto máximo de reducción que dispone artículo 202, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

32. Refirió que la Sala responsable reconoció la existencia del concurso real de delitos sexuales, el cual fue sancionado incorrectamente por el Juez de Control que impuso una pena menor a la negociada por el fiscal y el justiciable, la cual se ubicó dentro de los límites máximos establecidos legislativamente y se redujo conforme al margen de punibilidad mínimo aplicable.

33. Al respecto, abundó que el a quo no podía modificar el quantum de la sanción penal propuesta por el Ministerio Público y aceptado por el acusado en el procedimiento abreviado, en el entendido de que esa justicia penal negociada implicaba, únicamente, la verificación por parte del Juez de Control de que la pena propuesta por el fiscal se ubicara dentro del rango punible aplicable al caso y que comprendiera desde la pena mínima, incluida su eventual acumulación con las sanciones del resto de los delitos del concurso, hasta la aplicación del máximo parámetro de reducción propuesto por la parte acusadora.

34. En alcance a lo anterior, utilizó la misma línea argumentativa del amparo en revisión 1091/2022, fallado por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sostener que el Juez de Control, en un procedimiento abreviado, no tiene las mismas facultades que un tribunal de enjuiciamiento en un proceso de juicio oral ordinario.

35. Detalló que, en el caso, el a quo tiene una posición de árbitro intermedio y se limita a vigilar el debido proceso y los derechos humanos de las partes, pues tiene el rol de verificar la actualización de las condiciones presupuestales que condicionan la procedencia de esta forma anticipada de terminación del proceso.

36. Enumeró dichos requisitos: i) el consentimiento pleno, libre e informado del acusado; ii) que no exista oposición fundada de la víctima; iii) razonabilidad y lógica entre los datos de prueba y la acusación; iv) petición formal a cargo del fiscal; v) que la pena negociada no sea inferior al límite máximo regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la reducción propuesta por el Ministerio Público sea conforme; y, vi) que la petición de la reducción de la pena se encuentre supeditada al acuerdo emitido por el fiscal general.

37. Con base en lo anterior, el tribunal denunciante reiteró que el acusado, al haber aceptado ser juzgado con un procedimiento abreviado, obtuvo como beneficio la imposición de la pena mínima correlativa a cada uno de los delitos sexuales del concurso real, cuyo quantum total se determinó mediante la sumatoria de cada sanción mínima reducida en una cuarta parte, conforme al párrafo cuarto del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

38. En consecuencia, afirmó que la Sala responsable aumentó, de forma correcta, la pena de cinco años de prisión que el juez primario había impuesto al quejoso, a la de doce años y seis meses, la cual era acorde con el acuerdo celebrado entre el justiciable y la fiscalía.

39. Destacó que conforme a los artículos 79 del Código Penal para la Ciudad de México y 206, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la totalidad de la sanción penal correspondía a un concurso de delitos sexuales.

40. Enfatizó que el Juez de Control no podía imponer una pena distinta o de mayor alcance a la solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado, con la asesoría de su defensa, pues existía una negociación firme respecto de la culpabilidad del quejoso en la comisión de las tres conductas delictivas y la sanción penal acumulada con la que se le castigaría y repararía el daño a la víctima menor de edad.

41. Aclaró que el juez debía dotar de validez el acuerdo celebrado entre el acusado y la fiscalía, con la condición de que verificara, en todo momento, el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de procedibilidad del procedimiento abreviado e impusiera la pena solicitada por la fiscalía con base en los parámetros de su reducción.

42. Finalmente, señaló que la Sala responsable no estaba obligada a justificar el aumento de la pena a causa de la actualización del concurso real de delitos sexuales y calificó como inoperante el argumento del quejoso con el que pretendió la aplicación del artículo 79, párrafo segundo, del código penal local, en el sentido de que se le impusiera, únicamente, la pena mayor de los tres delitos del concurso real, sin atender a la propuesta de la fiscalía.

II. Criterio de los Tribunales Colegiados Cuarto y Sexto en Materia Penal del Primer Circuito al resolver, respectivamente, los amparos directos 85/2022 y 18/2019, 55/2019 y 63/2019

43. Elementos fácticos y jurídicos relevantes. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció del amparo directo 85/2022, promovido en contra una sentencia de segundo grado donde se confirmó la pena impuesta al quejoso en un procedimiento abreviado.

44. Los antecedentes de dicha terminación anticipada del proceso son los siguientes:

45. Al justiciable se le instruyó proceso por su probable participación en dos delitos de robo agravado. El Ministerio Público solicitó al Juez de Control la apertura del procedimiento abreviado y propuso la imposición de una pena de prisión equivalente a ocho años y tres meses, resultante de la acusación de los dos delitos de robo agravado y la acumulación de las penas de cada uno.

46. El Juez de Control verificó los requisitos formales y sustantivos para acreditar la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso y decretó la apertura del procedimiento abreviado, en donde analizó la idoneidad y suficiencia de los medios de convicción que el fiscal invocó para sustentar la acusación respecto del concurso real de delitos de robo.

47. Previo al dictado de la sentencia condenatoria, la defensa del acusado solicitó se impusiera solamente la pena correspondiente al delito de mayor punibilidad, para lo cual invocó la regla de aplicación y determinación de sanciones de los concursos reales de delitos que prevé el artículo 79, párrafo segundo, del Código Penal para la Ciudad de México.

48. El a quo negó tal propuesta, pues determinó que la naturaleza del procedimiento abreviado era distinta a la del proceso ordinario y aclaró que estaba obligado a imponer la pena privativa de la libertad aceptada por el acusado, con base en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales (ocho años y tres meses).

49. Contra tal determinación el sentenciado interpuso el recurso de apelación y adujo que no había sido correcta la imposición de la pena privativa de libertad, pues el juez tenía la facultad de individualizar las sanciones penales en un concurso real de delitos conforme a la tesis aislada I.6o.P.144 P (10a.) de título:

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA IMPOSICIÓN DE PENAS EN CONCURSO DE DELITOS, ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ESTÁ SUPEDITADA AL CONVENIO QUE REALICEN LAS PARTES AL SOLICITAR ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL.

50. La Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien tocó conocer del medio de impugnación, determinó la existencia de un acuerdo entre el justiciable y la fiscalía, con el que negociaron la aceptación de la comisión de dos delitos de robo a cambio de la imposición de la pena mínima, correlativa a cada hecho delictivo, cuyo quantum, además, se redujo en una cuarta parte.

51. Por consiguiente, por un lado, estableció que el procedimiento abreviado cumplió con todos los presupuestos jurídicos fundamentales para su procedencia; y, por el otro, verificó que la pena acumulada e impuesta al recurrente estuviera dentro del margen de disminución y no fuera distinta o superior a la propuesta por la parte acusadora.

52. En desacuerdo con esa decisión, el justiciable promovió juicio de amparo directo y enderezó sus conceptos de violación en el sentido de que debía interpretarse armónicamente el contenido del artículo 79, párrafo segundo, del Código Penal para la Ciudad de México con el principio pro persona, a fin de permitir que el Juez de Control solo impusiera la pena del delito cuya sanción mereciera la mayor, cuando se trate de un concurso real de delitos.

53. Por otra parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió los amparos directos 18/2019, 55/2019 y 63/2019, cuyos actos reclamados fueron las resoluciones de segunda instancia en las que los tribunales de alzada se enfrentaron a la problemática de revisar la imposición de las sanciones penales que el Juez de Control realizó en procedimientos abreviados, en donde se sancionaron concursos reales de delitos.

54. Por lo que hace al contexto fáctico del amparo directo 18/2019, la sentencia reclamada derivó de un procedimiento abreviado en el que al quejoso se le reconoció su responsabilidad penal en la comisión de un concurso real de delitos de robo agravado (dos). 55. Inicialmente, a pesar de que el fiscal solicitó solo la imposición de la sanción correspondiente al ilícito de mayor punibilidad, el Juez de Control impuso la pena del delito más grave, a la que aumentó el quantum de la diversa correlativa al delito restante, dando como resultado cinco años y diez meses de prisión.

56. Contra esa determinación el justiciable interpuso el recurso de apelación. En sus agravios argumentó que el Juez de Control tenía la facultad de imponer, únicamente, la pena con mayor punibilidad al tratarse de un concurso real de delitos, si en el caso, el Ministerio Público y el acusado acordaban que el primero solicitara ejercer ese arbitrio judicial al a quo, cuyo fundamento se establece en el artículo 79 del Código Penal para la Ciudad de México.

57. La Sala responsable verificó la actualización de todos los requisitos procesales inherentes a la tramitación del procedimiento abreviado y, en lo tocante a la punibilidad del concurso real de delitos, estimó que el juez a quo había impuesto, correctamente, la pena acumulada de los dos delitos de robo agravado, puesto que había expuesto las razones con las que justificó la imposición de dicha sumatoria.

58. El sentenciado promovió demanda de amparo uniinstancial y, en esencia, combatió el establecimiento de la pena aduciendo que debió imponerse únicamente la pena de mayor cuantía de acuerdo a la interpretación del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz del diverso 79, párrafo segundo, del Código Penal para la Ciudad de México.

59. En lo que respecta a los amparos directos relacionados 55/2019 y 63/2019, el tribunal contendiente partió de la actualización de un concurso real de delitos en donde los tres implicados cometieron, por una parte, el delito de robo calificado y, por la otra, los ilícitos de robo y homicidio, ambos calificados y en grado de tentativa, cuya punibilidad fue recurrida en apelación por todos los justiciables.

60. Aunque los medios de defensa se desecharon por lo que hace a los quejosos involucrados en cada juicio de amparo, la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió una tercera apelación. Resolución de segunda instancia donde se corrigió y redujo la pena acumulada de ocho años y seis meses de prisión a la de siete años, siete meses y diez días, por no haberse disminuido el quantum de las calificativas del robo tentado.

61. Consecuentemente, si esa determinación afectó también la libertad de los quejosos en los amparos directos relacionados, el órgano colegiado estableció como acto reclamado esa sentencia de segundo grado, al tratarse del mismo concurso real de delitos.

62. Acto reclamado que los acusados tildaron de inconstitucional al pretender obtener, únicamente, la imposición de la pena de mayor entidad y evitar la sanción acumulada del concurso real de delitos.

63. A partir de los anteriores marcos fácticos y jurídicos, ambos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito (Cuarto y Sexto) estudiaron las sentencias de apelación a la luz del cumplimiento del principio de debido proceso, exigible en el procedimiento abreviado en el que se sanciona un concurso real de delitos.

64. Los dos tribunales de referencia definieron al procedimiento abreviado como una forma de terminación anticipada que se caracteriza por lo siguiente:

A) El Juez de Control es quien autoriza el procedimiento abreviado y en audiencia deberá verificar los diversos requisitos que marca el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales;

B) El Ministerio Público es quien solicita el procedimiento abreviado; en esa solicitud, entre otras cuestiones, debe señalarse el monto de la reparación del daño;

C) La víctima u ofendido del delito puede presentar oposición, pero sólo será vinculante al Juez cuando aquélla sea fundada; y,

D) El imputado debe reconocer estar informado de los alcances del procedimiento abreviado y que renuncia al juicio oral, pues deberá admitir su responsabilidad por el delito atribuido y aceptar ser sentenciado con los medios de convicción obtenidos por el Ministerio Público.

65. De modo que ambos órganos colegiados verificaron, en primer lugar, el cumplimiento de las reglas fundamentales del procedimiento abreviado, regulado en los artículos 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales disponen los requisitos de procedencia, verificación, oportunidad, admisibilidad, trámite y sentencia.

66. En los cuatro juicios uniinstanciales, los tribunales determinaron que se cumplieron los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esta forma de terminación anticipada del proceso.

67. Para ello, reprodujeron las audiencias en donde se desahogaron todos los procedimientos abreviados y analizaron la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por los fiscales que formularon las acusaciones.

68. A partir de lo anterior, advirtieron que los acusados celebraron un pacto procesal expreso con los fiscales y aceptaron la responsabilidad penal sobre los hechos de las acusaciones expresando su conformidad en forma libre, voluntaria e informada y comprendiendo el beneficio que se les otorgaría en cuanto a la reducción de las penas correlativas al concurso real de delitos.

69. De igual forma los tribunales contendientes validaron que los implicados hubieran entendido los términos de esos acuerdos y todas las consecuencias que implicaban, incluso en lo referente a la pérdida de los beneficios como los sustitutivos penales o la suspensión de la pena.

70. En la misma línea, convalidaron la imposición de las penas negociadas conforme a los parámetros de reducción de la fiscalía y el límite establecido en el código nacional adjetivo.

71. También, reafirmaron que no podían ser distintas o mayores a las solicitadas por la parte acusadora y que el Juez de Control, antes de admitir dicho procedimiento, debía constatar que se colmara el requisito relativo a que el acusado aceptara la reducción de la pena propuesta.

72. Finalmente, sostuvieron que el Juez de Control únicamente participa como mediador del acuerdo al que lleguen las partes a fin de concluir el proceso penal con una admisión de responsabilidad sobre los hechos de la acusación, pues su función es verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la aceptación y consentimiento del justiciable a fin de admitir dicha solicitud o, en su defecto, rechazar la petición al advertir incongruencias o irregularidades en los planteamientos del Ministerio Público.

73. No obstante, ambos Tribunales Colegiados de Circuito determinaron que, en un procedimiento abreviado, el juez penal está facultado constitucionalmente (artículo 21) para individualizar las penas en un concurso real de delitos mediante la aplicación de la regla, de carácter discrecional, que permite imponer la pena del delito que merezca la mayor, sin acumular las restantes correlativas a los demás ilícitos que integran el grupo de conductas típicas realizadas.

74. Tales razonamientos, con sus respectivos matices, fueron plasmados en las tesis aisladas que derivaron de los amparos directos reseñados, esto es, las identificadas como I.4o.P.12 P (11a.) y I.6o.P.144 P (10a.), mismas que serán transcritas párrafos más adelante.

V. Existencia de la contradicción de criterios

75. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con fundamento en los artículos 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, determina que la contradicción de criterios denunciada sí se configura.

76. Este órgano regional ha sostenido que, para que se actualice una contradicción de criterios, deben reunirse los siguientes requisitos:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, apoyados de arbitrio judicial y efectúen un ejercicio interpretativo.

b. Entre las interpretaciones realizadas exista, al menos, un razonamiento que verse sobre un mismo problema jurídico; y

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de un planteamiento sobre la manera de responder la cuestión jurídica que sea preferente a cualquier otra que también sea legalmente posible.

77. Por lo que hace al primer supuesto, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito implicados se pronunciaron sobre un tema jurídico que fue sometido a su consideración y recurrieron a su arbitrio judicial para determinar si el Juez de Control cuenta con la facultad para imponer una pena menor a la propuesta por el Ministerio Público y aceptada por la persona acusada, en un procedimiento abreviado donde se actualiza un concurso real de delitos.

78. Los órganos colegiados emitieron posturas disímiles y contradictorias respecto a la forma en la que el juez del sistema penal acusatorio debe sancionar un concurso real de delitos cuya punibilidad fue acordada entre la fiscalía y el acusado, con asistencia de su defensa.

79. En otras palabras, si el imputado reconoce su participación en la comisión de varias conductas ilícitas que configuran un concurso real de delitos y el Ministerio Público solicita al Juez de Control, en un procedimiento abreviado, la imposición de una pena acumulada, cuyo quantum se determina con la sumatoria y la aplicación del parámetro de reducción de las sanciones mínimas correlativas a cada ilícito cometido.

80. Es posible que dicho juzgador aplique la regla especial de punición de los concursos reales de delitos, contenida en el artículo 79, párrafo segundo, del Código Penal para la Ciudad de México, e imponga una pena menor a la acordada entre las partes con base en el argumento de que se podría imponer la pena del delito que merezca la mayor sin ser aumentada con el quantum del resto de los ilícitos del concurso delictivo.

81. Para el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Juez de Control no tiene la facultad de modificar ni imponer una pen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34021-670b1a22/procedimiento-abreviado-la-facultad-del-juez-de-control · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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