LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN. CARECE DE ELLA EL JEFE GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUANDO COMBATE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 22/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE ABRIL DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. PONENTE: VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. SECRETARIO: JAIME GÓMEZ AGUILAR.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de dieciséis de abril de dos mil veintiséis, dicta la siguiente:
Sentencia
1. Que resuelve la contradicción de criterios en materia penal 22/2026, ocasionada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo en Materia Penal del Primer Circuito, en los incidentes en revisión 339/2025 y 314/2025.
2. Los puntos jurídicos a comprobar en esta sentencia son: i) verificar si la contradicción de criterios se actualiza; ii) si es procedente y pertinente resolverla y, de ser el caso, iii) definir si el Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad responsable ejecutora), cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia interlocutoria en la que se concede la suspensión definitiva de la ejecución de una orden de aprehensión.
I. Trámite de la denuncia
3. El veinte de febrero de dos mil veintiséis, los integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciaron ante este Pleno Regional la posible contradicción de criterios previamente mencionada.
4. Por proveído de veintitrés de febrero siguiente, la presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite y registró el asunto. También fijó de forma preliminar la temática a dilucidar en la presente contradicción de criterios y la turnó a la ponencia de la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval.
5. Durante la tramitación procesal del asunto, los Tribunales Colegiados de Circuito implicados informaron que su criterio continuaba vigente, remitieron copia digital certificada de la resolución que dictaron y habilitaron su expediente electrónico.
6. El Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó que, durante los últimos tres meses, no se encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuya temática tenga relación con la presente.
7. En fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiséis, al estar integrada la contradicción de criterios, se confirmó el turno electrónico para la elaboración del proyecto de sentencia.
8. El ocho de abril siguiente se listó para verse en sesión.
9. Ninguna persona ni institución presentó opinión (amicus curiae) con relación a esta contradicción de criterios, como lo dispone el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal.
II. Competencia
10. Toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción y es semiespecializado en la materia penal sobre la que versa, cuenta con competencia legal para conocer y resolver la misma.
11. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y 2 del Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, reformados por los diversos Acuerdos Generales 1/2024 y 38/2023.
III. Legitimación
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que la formularon los integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Órgano implicado en esta controversia.
IV. Criterios en contienda
13. A continuación se realizará una síntesis de las circunstancias y los argumentos que derivaron de los asuntos que originaron la denuncia de contradicción de criterios.
? Primer criterio ?
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el incidente en revisión 314/2025
14. Contexto. La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra el acto que reclamó al Juez de Control (autoridad ordenadora), relativo a la orden de aprehensión librada en su contra.
15. La ejecución de dicho acto reclamado la atribuyó a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al agente del Ministerio Público.
16. El Juez de Distrito que conoció de la demanda la admitió. A solicitud de la quejosa abrió el cuaderno incidental en el que concedió la suspensión provisional del acto reclamado.
17. Posteriormente, una vez recabados los informes previos de las autoridades responsables, celebró la audiencia incidental y dictó la sentencia interlocutoria.
18. En dicha resolución, por una parte, negó la suspensión definitiva –por inexistencia del acto reclamado al agente del Ministerio Público– y, por la otra, concedió la misma respecto de la orden de captura reclamada al Juez de Control, para efectos de que la quejosa quedara a su disposición en cuanto a su libertad personal se refería y de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento, en la inteligencia de que no debía ser privada de la libertad personal.
19. Contra esa determinación el Subdirector de Amparos Penales y Civiles, en representación del Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México interpuso el recurso de revisión. Medio de impugnación al que se adhirió la parte quejosa.
20. El Tribunal Colegiado de Circuito de que se trata resolvió, ante lo infundado de los agravios formulados, confirmar la interlocutoria recurrida, conceder la suspensión definitiva solicitada y declarar sin materia el recurso adhesivo.
21. Razones que involucran lo concerniente a la denuncia de la contradicción de criterios. El órgano colegiado, al analizar la legitimación del recurrente principal –autoridad responsable ejecutora–, señaló que del artículo 81 de la Ley de Amparo, así como lo resuelto en la contradicción de tesis 415/2013 (hoy contradicción de criterios), por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtenía que las autoridades responsables ejecutoras, por regla general, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, salvo si la ejecución le causa un perjuicio; lo que la legitimaba para acudir al recurso de revisión.
22. Esto es, expuso, el recurso de revisión, incluso en el incidente de suspensión, solo puede interponerse contra las resoluciones que afecten directamente el acto que a cada autoridad responsable se haya reclamado.
23. Luego, al tomar en consideración que en la interlocutoria recurrida el efecto de la suspensión definitiva concedida le impedía a la autoridad responsable –Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México– ejecutar la orden de aprehensión reclamada, era innegable que contaba con legitimación para acudir al recurso de revisión incidental.
24. Para ello debía entenderse que aun cuando la autoridad ordenadora no interpusiera el medio de impugnación, a la recurrente le causaba afectación no poder ejecutar el acto reclamado (orden de aprehensión); de ahí su legitimación.
25. Máxime que, añadió, dentro de sus atribuciones se encuentra la ejecución de una orden de aprehensión, en virtud de que es la autoridad que en términos del artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 132, fracciones III y XIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 65 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le corresponde: “Efectuar las detenciones, realizando el registro inmediato conforme lo señale la normativa aplicable.”.
26. Por lo que si al Jefe General de la Policía de Investigación le compete la ejecución de las órdenes de aprehensión, era innegable que afectaba a sus intereses el no poder ejecutar el acto reclamado, derivado del incidente de suspensión.
27. Adicionó que la Policía de Investigación (anteriormente Policía Judicial), es la encargada de ejecutar las órdenes de aprehensión libradas por la autoridad judicial.
28. Que en ese sentido se pronunció la desaparecida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/97 (hoy contradicción de criterios).
29. De tal precedente derivó la jurisprudencia 1a./J. 49/97, con registro digital 196941, de rubro siguiente:
“ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR JUEZ DE DISTRITO. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA.”.
30. También citó la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005718, de epígrafe:
“REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA.”.
31. Sumó la tesis jurisprudencial I.9o.P. J/11 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro digital 164688, que su título dice:
“REVISIÓN, RECURSO DE. CASO EN QUE TIENE LEGITIMACIÓN LA AUTORIDAD EJECUTORA PARA INTERPONERLO.”.
? Segundo criterio ?
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el incidente en revisión 339/2025
32. Sucesos de relevancia. La quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra los actos que reclamó a Jueces de Control y diversas autoridades (ordenadoras), concernientes a órdenes de aprehensión giradas en su contra.
33. Como autoridades ejecutoras señaló, entre otras, al Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
34. El Juez de Distrito al que correspondió el conocimiento de la demanda la admitió a trámite y ordenó, por cuerda separada, la apertura del incidente de suspensión en el que la concedió provisionalmente contra los actos reclamados.
35. Al recabarse los informes previos de las autoridades responsables llevó a cabo la celebración de la audiencia incidental y dictó la sentencia interlocutoria respectiva.
36. En tal determinación, por una parte negó la suspensión definitiva y, por la otra, la otorgó respecto de las órdenes de detención reclamadas a diversos Jueces de Control, para el efecto de que la quejosa no fuera aprehendida.
37. Contra esa resolución el Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, representado por el Subdirector de Amparos Penales y Civiles, interpuso el recurso de revisión.
38. El Tribunal Colegiado de Circuito de referencia desechó el medio de impugnación.
39. Razonamientos del órgano colegiado. Sostuvo que la autoridad recurrente carecía de legitimación para interponer tal recurso.
40. Precisó que existen dos tipos de legitimación: la procesal activa o ad procesum y la de acción o ad causam.
41. Que la primera se refiere a la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia; mientras que la segunda implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado que será materia de juicio.
42. Con relación a su análisis señaló que la legitimación procesal activa debe verificarse al inicio del procedimiento, pues de ello dependerá admitir la solicitud o demanda, o bien, desecharla; en tanto que la legitimación de la acción debe estudiarse en la resolución que resuelva el fondo, es decir, en la sentencia, ya que esa es la finalidad del procedimiento.
43. Como apoyo del anterior argumento invocó la jurisprudencia 2a./J. 75/97 de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 196956, cuyo rubro establece:
“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.”.
44. Añadió que la legitimación de las partes, tanto en el juicio de amparo como en los recursos que interpongan, constituye un presupuesto que hace necesario su estudio de forma oficiosa.
45. Lo que sustentó con la tesis aislada P. LIV/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 205845, de epígrafe siguiente:
“REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.”.
46. En ese sentido, refirió, la legitimación para interponer los recursos previstos en el juicio de amparo deriva de que el recurrente sea uno de los sujetos procesales a que se refiere el artículo 5 de la Ley de Amparo, esto es, que cuente con autentificación ad procesum y del interés que tenga para defender su derecho o atribución amenazada y/o afectada por una resolución dictada en ese procedimiento, que resienta algún perjuicio con motivo de la misma, también denominada legitimación ad causam.
47. Que si esos supuestos no se colmaban, el recurrente carecía de legitimación procesal para interponer el medio de defensa.
48. Expuso que, tratándose del recurso de revisión, si bien los artículos 81, fracción I, inciso a) y 87 de la Ley de Amparo establecen que tal medio de impugnación puede interponerse por cualquiera de las partes; lo cierto era que la legitimación de las autoridades responsables solamente se genera cuando la interlocutoria cause una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, esto es, que se haya concedido la suspensión definitiva respecto del acto reclamado a la autoridad recurrente.
49. Que en el caso, dijo, si bien el Jefe General de la Policía de Investigación ostenta legitimación procesal activa (legitimatio ad procesum), en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser parte en el juicio al haber sido señalado como autoridad responsable ejecutora, por ende, puede interponer el recurso de revisión que prevé el artículo 81 de dicha legislación.
50. No obstante, indicó, las autoridades responsables señaladas como ejecutoras en el juicio de amparo, por regla general, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la interlocutoria que concede la suspensión definitiva.
51. Ello, a menos que tal concesión sea respecto del acto de ejecución atribuido a dicha autoridad o que el efecto dado al fallo protector lo vincule y esto le cause alguna afectación directa; lo cual no acontecía.
52. Por lo cual, expuso, la autoridad recurrente no contaba con legitimación sustancial (legitimatio ad causam) para interponer el recurso de revisión, pues la interlocutoria recurrida no afectaba de forma directa la esfera de sus facultades específicas.
53. Añadió que, en atención a la naturaleza del acto primordial reclamado (orden de aprehensión) y en virtud del efecto para el cual se concedió la suspensión definitiva, la autoridad ejecutora –Policía de Investigación– no cuenta con legitimación sustancial para interponer el recurso de revisión, pues aun cuando el efecto para el cual se concedió la medida cautelar la vinculaba –que la quejosa no fuera aprehendida–, carecía de interés directo respecto del cumplimiento de los actos reclamados a las autoridades responsables ordenadoras.
54. Tan era así, que en sus agravios no especificó de qué manera la sentencia interlocutoria afectaba directamente el acto de ejecución que se le reclamó, esto es, no expresó motivo alguno de disconformidad encaminado a sostener cuál era la afectación que directamente le causaba la suspensión concedida respecto del acto que se le atribuyó o el efecto para el cual se otorgó. Motivo por el cual desechó el recurso de revisión interpuesto.
V. Existencia de la contradicción de criterios
55. Con base en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, determina que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
56. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de una contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
57. Para la existencia de una discrepancia de criterios deben constituirse las siguientes exigencias:
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.
b. Entre las interpretaciones realizadas exista, al menos, un razonamiento en discrepancia que verse sobre un mismo problema jurídico; y
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de un planteamiento sobre la manera de responder la cuestión jurídica que sea preferente a cualquier otra que también sea legalmente posible.
58. Tales requerimientos se satisfacen en el presente caso, por lo que, como hicimos mención, se configura la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo en Materia Penal del Primer Circuito.
59. Los aludidos órganos colegiados contendientes, al analizar las cuestiones litigiosas de las que conocieron, se vieron en la necesidad de resolver una misma cuestión jurídica para llegar a una solución determinada.
60. Esto es, analizaron un tema jurídico que fue sometido a su consideración y recurrieron a su arbitrio judicial para determinar si la autoridad responsable ejecutora, concretamente el Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión contra la interlocutoria en la que se concede la suspensión definitiva de la ejecución de una orden de aprehensión.
61. Advertimos que en los argumentos desarrollados por los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se ha dado un punto de controversia, pues fijaron posturas enfrentadas sobre la legitimación del Jefe General de la Policía de Investigación –autoridad responsable ejecutora– para interponer el recurso de revisión contra una sentencia interlocutoria.
62. Para el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el efecto de la suspensión definitiva concedida le impedía a la autoridad responsable –Policía de Investigación– ejecutar la orden de aprehensión reclamada; por lo que era innegable que contaba con legitimación para acudir al recurso de revisión incidental.
63. Para ello, debía entenderse que aun cuando la autoridad ordenadora no interpusiera el medio de impugnación, a la recurrente le causaba afectación no poder ejecutar el acto reclamado (orden de aprehensión); de ahí su legitimación.
64. En contraposición, para el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en atención a la naturaleza del acto primordial reclamado (orden de aprehensión) y en virtud del efecto para el cual se concedió la suspensión definitiva, la autoridad ejecutora –Policía de Investigación– no cuenta con legitimación sustancial (legitimatio ad causam) para interponer el recurso de revisión, pues aun cuando el efecto para el cual se concedió la medida cautelar la vinculaba –que la quejosa no fuera aprehendida–, carecía de interés directo respecto del cumplimiento de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras. 65. De acuerdo con lo anterior, resulta claro que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes partieron de un mismo supuesto de hecho, ya que resolvieron sobre si la autoridad responsable ejecutora –Jefe General de la Policía de Investigación–, cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia interlocutoria en la que se concede la suspensión definitiva respecto de la ejecución de una orden de aprehensión.
66. Como podemos visualizar, lo anteriormente precisado nos permite constatar que se satisfacen los requisitos enumerados con las letras “a” y “b” para la configuración de la contradicción de criterios, puesto que ambos tribunales ejercieron su arbitrio judicial al pronunciarse sobre el mismo problema jurídico, así como diversos posicionamientos que dan lugar a la formulación de un planteamiento para responder a esa cuestión.
67. De la discrepancia entre los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes surge la interrogante:
El Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad responsable ejecutora) ¿cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión contra la interlocutoria en la que se concede la suspensión definitiva de la ejecución de una orden de aprehensión?
68. En tales circunstancias, es viable aseverar que la exigencia identificada con el carácter “c” para la existencia de la contradicción de criterios también se satisface.
69. Sin que sea obstáculo el hecho de que en el acuerdo de admisión, de forma preliminar, se considerara diverso tema de contradicción, esto es:
“Determinar si la autoridad responsable ejecutora cuenta con legitimación para interponer recurso de revisión contra la suspensión a la ejecución de una orden de aprehensión.”.
70. Dado que los autos de presidencia no causan estado como se informa en la tesis aislada emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 207617, de rubro:
“ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO RESPECTIVO NO CAUSA ESTADO.”.
71. Con lo que podemos ultimar que se cumplen los requisitos para la actualización de una contradicción de criterios, mismos que fueron definidos por el Pleno y la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 72/2010 y 1a./J. 22/2010, con registros digitales 164120 y 165077, cuyos títulos señalan:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”.
“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”.
72. Tampoco es óbice para determinar la configuración de la contradicción de criterios la circunstancia de que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados no hayan emitido una tesis jurisprudencial, dado que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para resolverla, sin imponer tal requisito.
73. Como apoyo se cita la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 189998, de rubro siguiente:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.”.
74. De esta manera, ante la acreditación de la contradicción de criterios, es conveniente que este Pleno Regional realice un pronunciamiento a fin de fijar el verdadero sentido de una solución jurídica al problema que examinaron los órganos colegiados implicados y declarar la situación que deba prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria.
75. Ello, con la finalidad de garantizar que se aplique de manera uniforme y correcta, así como brindar seguridad jurídica.
VI. Estudio
76. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte determina que el Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad responsable ejecutora), no cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia interlocutoria en la que se concede la suspensión definitiva de la ejecución de una orden de aprehensión.
77. Como inicio debemos señalar que los artículos 5, 81 y 87 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establecen lo siguiente:
“Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
[...]
II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [...].”. Lo subrayado no es de origen.
“Artículo 81. Procede el recurso de revisión:
I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:
a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental; [...].”. Lo subrayado no es de origen.
“Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. [...].”. Lo subrayado es agregado.
Ver artículo 87 con agregado
78. Como se advierte de las normas transcritas, la autoridad ejecutora puede interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto que le es reclamado. En consecuencia, en principio, podría pensarse que el Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con legitimación para interponer dicho medio de impugnación.
79. Sin embargo, debemos mencionar que la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia.
80. Que a dicha legitimación se le conoce como ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio.
81. En ese sentido, la aludida Sala resaltó que la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se discutirá, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular.
82. Concluyó que la legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable.
83. Tales postulados se ven reflejados en la jurisprudencia 2a./J. 75/97, con número de registro digital 196956, cuyo contenido es el que a continuación se reproduce:
“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.”.
84. Como se mencionó en líneas anteriores, el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto que se les reclama.
85. En cuanto a dicha porción normativa la extinta Segunda Sala del Tribunal Supremo del país sostuvo que la autoridad responsable ejecutora está legitimada para interponer el recurso de revisión cuando no pretende sostener la validez de los actos de la ordenadora, sino cuestiones diversas que la afectan directamente.
86. Tal afirmación se puede constatar en la tesis aislada con registro digital 206517, que a la letra dice:
“REVISIÓN, LEGITIMACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA INTERPONER EL RECURSO DE. La autoridad responsable ejecutora está legitimada para interponer el recurso de revisión cuando mediante él, no pretende sostener la validez de los actos de la ordenadora, sino cuestiones diversas que la afectan directamente.”.
87. Precisado lo anterior, ahora debemos establecer las facultades de la policía frente a las órdenes de aprehensión, con la finalidad de dilucidar si existe o no, prima facie, un ámbito jurídico que pueda ser lesionado y, correlativamente, tutelando en la revisión cuando se conceda la suspensión definitiva de un mandato de esa naturaleza.
88. Primeramente hay que señalar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, fundamenta lo siguiente:
“Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ej
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34031-01a4a59c/legitimacion-para-interponer-el-recurso-de-revision-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CON EFECTOS DE TUTELA ANTICIPADA CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA GARANTÍA ECONÓMICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFIC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL PARA VERIFICAR Y AJUSTAR EL CÁLCULO DE LA PENA ES DE NATURALEZA REGLADA. SANCIÓN DEL CONCURSO REAL DE DELITOS EN EL PROCED (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO FIRME. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE INTERPONERSE DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES CUANDO SE IMPUGNE LA OMISIÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO O PROVISIONAL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES RESOLVIÓ CON BASE EN EL CRITERIO ADOPTADO EN UN DIVERSO ASUNTO RESPECTO (PR.P.T.CN.2 P (11a.))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES IMPROCEDENTE SI LOS CRITERIOS DENUNCIADOS FUERON MATERIA DE UNA DIVERSA CONTRADICCIÓN AUN CUANDO SE HAYAN SUSTENTADO EN EXPEDIENTES DISTINTOS. (PR.P.T.CS.3 K (11a.))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. PROCEDE ANALIZAR LAS POSTURAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES, AUN CUANDO UNO HAYA CONCLUIDO FUNCIONES. (PR.P.CN.7 K (11a.))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CUANDO LA TEMÁTICA PLANTEADA YA FUE DILUCIDADA EN DIVERSO ASUNTO EN EL QUE SE DECLARÓ INEXISTENTE EL PUNTO DE CONTRADI (PR.P.CN.6 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis