Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO FIRME.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 76/2026. · Registro digital (IUS): 34357
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-30
Promovente: Entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 76/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIA: IVET DEL CARMEN JIMÉNEZ DEL ÁNGEL.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis, dicta la siguiente:

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al dirimir los recursos de queja 214/2026, 295/2026 y 306/2026, del índice respectivo de dichos órganos jurisdiccionales.

2. Los puntos jurídicos sujetos a análisis son: a) determinar si existe una contradicción de criterios; b) si aún es pertinente resolverla y, de ser el caso, c) definir cuál debe ser la solución jurídica que prevalezca y formular el criterio correspondiente.

I. TRÁMITE

3. Denuncia. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, formuló la denuncia de posible contradicción de criterios.

4. Admisión y turno previo. Mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional registró y admitió a trámite la contradicción de criterios; además, fijó preliminarmente la temática a dilucidar y realizó el turno previo electrónico del asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.

5. Informes de los órganos contendientes. Durante la tramitación, los órganos contendientes informaron que su criterio continuaba vigente, que no existía alguna condición que afectara su firmeza y habilitaron el expediente electrónico.

6. Informe de Compilación. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó que, en el último trimestre, no se radicó alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

7. Confirmación de turno. Una vez integrado el expediente, el uno de septiembre del año en curso, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada ponente.

8. Lista. El once de septiembre siguiente, se listó el asunto para su discusión y se circuló el proyecto correspondiente.

9. Plazo para formular el proyecto de resolución. Conforme al artículo 44 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, por regla general, el proyecto debe formularse dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se confirme el turno electrónico y se remitan las constancias a la Magistrada o Magistrado ponente. Excepcionalmente, el plazo es de quince días hábiles cuando el tema implique definir algún criterio relativo a la suspensión en el juicio de amparo o cuando el Pleno Regional así lo determine, atendiendo a los supuestos previstos en ese precepto.

10. Conforme a las características del presente asunto, resulta aplicable el plazo de quince días hábiles, el cual fue observado, como se evidencia a continuación:

Ver calendario

11. Amicus curiae. Antes de que el asunto fuera sometido a consideración del Pleno Regional, no se presentó opinión alguna relacionada con el tema de esta contradicción de criterios, en términos del artículo 45 del referido Acuerdo General 67/2022.

II. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, porque los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes pertenecen a esta región y la materia del asunto corresponde a su ámbito de competencia.

13. Ello es así, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.

III. LEGITIMACIÓN

14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

IV. CRITERIOS EN CONTIENDA

15. Enseguida se exponen los antecedentes indispensables y los argumentos esenciales de los criterios contendientes, con el objeto de identificar el punto jurídico común y la eventual divergencia.

PRIMER CRITERIO CONTENDIENTE

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas (recursos de queja 214/2026 y 295/2026).

a) Antecedentes relevantes.

Recurso de queja 214/2026

16. Demanda de amparo indirecto. La parte actora promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tamaulipas, de acordar el escrito de seis de abril de dos mil veintiséis, por el cual solicitó se ejecutaran las resoluciones incidentales de liquidación de diez de febrero de dos mil veintidós y seis de febrero del presente año, así como dejar de culminar el proceso de ejecución del laudo, dentro de un expediente laboral y su acumulado.

17. La Jueza de Distrito determinó conceder la suspensión provisional solicitada, únicamente para el efecto de que cesara la omisión en la que incurrió la autoridad responsable y de inmediato proveyera lo que en derecho procediera, respecto al citado escrito.

18. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja.

19. Trámite del recurso de queja. Del recurso correspondió conocer al Tribunal Colegiado en cita, quien lo admitió a trámite y en sentencia lo declaró fundado.

Recurso de queja 295/2026.

20. Demanda de amparo indirecto. La parte actora promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tamaulipas, de acordar el escrito de veinte de marzo de dos mil veintiséis, en ejecución del laudo y el dejar de culminar dicho proceso de ejecución dentro de un expediente laboral.

21. El Juez de Distrito determinó negar la suspensión provisional solicitada respecto de los actos omisivos reclamados, pues argumentó que de otorgarse esa medida se darían efectos restitutorios a la misma, lo cual dejaría sin materia el juicio de amparo, pues la restitución provisional de los derechos no podría ser revocada en caso de negarse el amparo.

22. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja.

23. Trámite del recurso de queja. Del recurso correspondió conocer al Tribunal Colegiado en cita, quien lo admitió a trámite y en sentencia, por mayoría de votos, lo declaró fundado.

b) Criterio jurídico.

24. Determinó que, atendiendo a la naturaleza omisiva del acto reclamado y a la finalidad conservativa y, excepcionalmente, restitutoria que puede asumir la suspensión, la medida cautelar debe orientarse a que la autoridad responsable continúe realizando las actuaciones necesarias dentro del procedimiento de ejecución, sin que ello implique un pronunciamiento anticipado sobre la existencia de la omisión reclamada.

c) Argumentos que sustentan el criterio.

25. El referido tribunal al resolver los recursos de queja de su índice, expuso razones idénticas para fundar sus decisiones; por tanto, para evitar reiteraciones innecesarias, en este apartado se reseñarán esas consideraciones una sola vez.

26. En primer lugar, puntualizó que de la lectura conjunta del capítulo relativo al acto reclamado, de los antecedentes y de la propia solicitud de suspensión, se advertía que la inconformidad planteada por la parte quejosa se encontraba esencialmente encaminada a cuestionar la persistencia de la omisión atribuida al tribunal burocrático de culminar la ejecución del laudo dictado dentro de un expediente laboral y su acumulado.

27. En ese orden, indicó que con la concesión de la suspensión provisional no se contravenían disposiciones que causaran daños significativos a la colectividad, ni se privaba a la sociedad de beneficios que ordinariamente le correspondían.

28. Asimismo, estimó que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto reclamado, los elementos aportados permitían advertir, de manera indiciaria, una apariencia favorable del derecho invocado por la parte quejosa, lo cual era suficiente para justificar el otorgamiento de la medida cautelar.

29. Ello, porque de la narrativa contenida en la demanda y de las constancias exhibidas se desprendía, en principio, la existencia de un laudo favorable a la recurrente y la alegación consistente en que su ejecución no había culminado pese al tiempo transcurrido; circunstancias que, de corroborarse al resolver el fondo del juicio, podrían traducirse en una afectación al derecho de acceso a una justicia pronta y completa.

30. Lo anterior lo estimó así, puesto que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, establece que la resolución deberá ser cumplida dentro de los diez días hábiles a partir de su notificación, transcurrido dicho plazo y después de que el ejecutante haya hecho la petición correspondiente, la autoridad responsable tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos.

31. Consideró que existían elementos indiciarios para estimar satisfechos los presupuestos necesarios para que la autoridad laboral desplegara sus facultades de ejecución, particularmente los relativos a la existencia de una solicitud encaminada a obtener el cumplimiento forzoso del laudo.

32. Indicó que ello era así, toda vez que hasta ese momento procesal únicamente bastaba con que la parte quejosa así lo manifestara bajo protesta de decir verdad, al narrar los antecedentes del acto reclamado en su demanda, porque normalmente son los únicos elementos con los que se cuenta al proveer sobre la suspensión provisional, requisito que –dijo– sí se cumplió.

33. Por lo tanto, estimó procedente ampliar la concesión de la suspensión provisional solicitada.

34. En ese sentido, argumentó que atendiendo a la naturaleza esencialmente omisiva del acto reclamado y a la finalidad conservativa y, en su caso, restitutoria que excepcionalmente puede asumir la suspensión en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, la medida cautelar debía orientarse a que la autoridad responsable, de no existir impedimento jurídico diverso, y conforme a la etapa procedimental en que se encontraba el asunto, continuara realizando las actuaciones que legalmente correspondieran dentro del procedimiento de ejecución del laudo.

35. Señaló que ello no implicaba emitir pronunciamiento anticipado sobre la existencia de la omisión reclamada ni sobre el sentido de la sentencia que se dictara en el juicio de amparo; ni pasar por alto la falta de firmeza de cualesquiera de las determinaciones de liquidación o actos de ejecución que pudieran impugnarse a través de los medios de defensa ordinarios o extraordinarios de forma autónoma.

36. Apoyó lo anterior en la jurisprudencia PR.L.CS. J/41 L (11a.), emitida por el entonces Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con registro digital 2027476, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. ES PROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN LAUDO."

SEGUNDO CRITERIO CONTENDIENTE

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas (recurso de queja 306/2026).

a) Antecedentes relevantes.

37. Demanda de amparo indirecto. La parte actora promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tamaulipas, de acordar el escrito de seis de abril de dos mil veintiséis, por el cual solicitó se ejecutaran las resoluciones incidentales de liquidación, así como dejar de culminar el proceso de ejecución del laudo, dentro de un expediente laboral.

38. La Jueza de Distrito determinó negar la suspensión provisional solicitada, al no colmarse lo previsto en los artículos 139 y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues argumentó que los actos reclamados eran de naturaleza omisiva y con la suspensión pretendida se otorgaría un efecto restitutorio pleno que, en todo caso, debería analizarse al abordar el fondo del juicio de amparo.

39. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja.

40. Trámite del recurso de queja. Del recurso correspondió conocer al Tribunal Colegiado en cita, quien lo admitió a trámite y en sentencia, por unanimidad de votos, lo declaró infundado.

b) Criterio jurídico.

41. Determinó que no resulta procedente conceder la suspensión provisional contra dichos actos omisivos pues, de otorgarse, sus efectos serían definitivos y no meramente transitorios, con lo que existiría la posibilidad de que el juicio de amparo principal quedara sin materia.

c) Argumentos que sustentan el criterio.

42. Indicó que respecto de las omisiones reclamadas era improcedente conceder la suspensión solicitada.

43. Señaló que además de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe ponderar el diverso elemento atinente a: "la apariencia del buen derecho".

44. Puntualizó que la suspensión del acto reclamado es una medida conservativa, cuyo objeto puede ser paralizar en el estado en que se encuentre el acto reclamado; esto es, si no se ha ejecutado, impedir que se ejecute y, si se está ejecutando impedir que lo siga haciendo; tiene efectos conservativos, ya que conserva la materia de la controversia y evita que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto; o de tutela anticipada –efectos restitutorios–, que anticipa provisionalmente los efectos transitorios, que serían los propios de la sentencia de amparo, siempre que se satisfagan los requisitos de procedencia.

45. Refirió que en cuanto a la naturaleza de los actos reclamados negativos, la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una clasificación al respecto de la manera siguiente:

"Negativos y omisivos: Que comprenden las negativas expresas de la autoridad para conducirse de cierto modo y las omisiones y abstenciones, en que simplemente la autoridad no actúa, cuando debiera hacerlo."

46. En ese orden, destacó que los actos negativos se subdividen en:

c) Prohibitivos, a través de los cuales la autoridad impone a las personas una obligación de no hacer; y,

a) Omisivos, cuya característica es que la autoridad se rehúsa a hacer algo o se abstiene de actuar, estando obligada a llevar a cabo cierta actuación.

47. En ese sentido, indicó que el acto reclamado respecto del cual la parte quejosa solicitó la suspensión provisional era de naturaleza omisiva o de abstención.

48. Así, dijo que resultaba orientadora la determinación adoptada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018.

49. En virtud de que en esa contradicción, la extinta Primera Sala puntualizó que la naturaleza omisiva de los actos reclamados no es el factor que determina la concesión o negativa de la suspensión, y estableció que las consecuencias que produzcan este tipo de actos serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado en que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a las personas en el goce del derecho violado.

50. La Sala concluyó que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse de momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, de lo que se sigue que los efectos van más allá del tipo de medidas que deben dictarse, en caso de que proceda conforme a lo anterior.

51. De la citada contradicción derivó la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), con número de registro digital 2021263, de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA."

52. Asimismo, señaló que la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, puntualizó que los parámetros a considerar por el juzgador al analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal, son los consistentes en que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso de resolver de forma adversa a la parte quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo.

53. De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), con número de registro digital 2026730, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL."

54. Por tanto, conforme a la ejecutoria de referencia, consideró que contra estos actos omisivos no era procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo; pues de hacerlo, el beneficio que obtendría sería definitivo y no transitorio, y en vía de consecuencia, existía la posibilidad de que el juicio de amparo en lo principal quedara sin materia.

55. Además, refirió que en razón de que los efectos suspensorios se actualizan de momento a momento; tal situación no ocurría en el caso concreto, que versa sobre la omisión reclamada en el juicio laboral, ya que en ese supuesto, bastaría una sola actuación de la autoridad laboral para restituir el derecho transgredido, lo que patentiza que los efectos suspensorios no se actualizarían de momento a momento, sino se agotarían en una sola oportunidad, lo cual constituye un impedimento jurídico para conceder la suspensión, pues la restitución provisional de los derechos no podría ser revocada en caso de que se sobreseyera o negara el amparo.

56. Al efecto, citó la Jurisprudencia PR.A.CN. J/93 A (11a.), del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, con número de registro digital 2028759, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE TRATE DE ACTOS OMISIVOS DEBE VERIFICARSE SI SU NATURALEZA ES INSTANTÁNEA O CONTINUADA Y, EN SU CASO, SI ES REVOCABLE, POR TRATARSE DE UN BENEFICIO TRANSITORIO."

57. Indicó que de otorgarse la medida cautelar con efectos restitutorios, si en el fondo se obtiene una sentencia adversa, no podría retrotraerse el efecto de la suspensión, ya que con motivo del otorgamiento de la medida cautelar solicitada, la parte quejosa ya obtendría su pretensión; en consecuencia, no sería materialmente posible retrotraer esa circunstancia, lo que a su vez conllevaría a que el juicio de amparo se quedara sin materia.

58. Señaló que era aplicable la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/10 L (11a.), de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, con número de registro digital 2029087, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE DICTAR EL LAUDO."

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

59. Este Pleno Regional determina que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, por las razones que a continuación se precisan.

60. En primer término, debe decirse que para la actualización de una contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

61. Tal como se observa en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno del Alto Tribunal, con número de registro digital 164120, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

62. Por otra parte, es preciso indicar que para determinar la configuración de la contradicción de criterios no es necesario que los tribunales contendientes hayan emitido una tesis jurisprudencial, dado que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, no imponen tal requisito.

63. Sobre el particular, es de invocarse el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 27/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 189998, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."

64. Así, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:

a. Primer requisito. Ejercicio del arbitrio judicial. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método.

b. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

65. Ello es así, de acuerdo con el criterio emitido en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la extinta Primera Sala del Alto Tribunal, con número de registro digital 165077, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."

66. Ahora bien, en el caso en particular, tales requisitos se encuentran colmados conforme a los datos precisados en el apartado anterior, mismos que medularmente se exponen y contrastan a continuación:

Ver cuadro

67. Lo que evidencia la posibilidad de formular la pregunta siguiente: ¿Es procedente conceder la suspensión provisional, con efectos restitutorios, contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de realizar los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución del laudo?

68. Sin que obste a lo anterior que, en el acuerdo de admisión, la Presidencia de este Pleno Regional delimitó el tema de contradicción en forma diversa, a saber: "Determinar si es procede (sic) conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas, de ejecutar el laudo".

69. No obstante, ello obedece a la fijación preliminar efectuada en un auto inicial, mismo que no es propio del análisis de fondo de la presente sentencia.

70. Consecuentemente, se satisfacen los requisitos necesarios para tener por existente la contradicción de criterios.

VI. ESTUDIO DE FONDO

71. Este Pleno Regional determina que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio conforme al cual es procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, a fin de que la autoridad responsable continúe realizando los actos necesarios para la ejecución del laudo, sin que ello implique su cumplimiento anticipado ni la consumación definitiva de las prestaciones en él reconocidas.

72. Para justificar esa conclusión, el estudio se desarrollará en los apartados siguientes:

I. Marco jurídico que regula la suspensión.

II. Línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los elementos que deben considerarse para conceder la suspensión con efectos restitutorios.

III. Postura del Alto Tribunal sobre la procedencia de la suspensión tratándose de actos de naturaleza omisiva.

IV. Análisis del caso en concreto.

V. Concesión de la suspensión con efectos restitutorios.

VI. Conclusión.

I. Marco jurídico que regula la suspensión.

73. En primer término, resulta pertinente precisar que la suspensión tiene su fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido, para pronta referencia, se transcribe en la parte conducente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...]

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Tratándose de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales."

74. Asimismo, la suspensión se encuentra regulada en los artículos 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, cuyo contenido se transcribe a continuación:

"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se tramitará a petición de la persona quejosa en todas las materias, salvo aquellas previstas en el último párrafo de este artículo.

Para ello, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar de forma expresa y justificada un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, a fin de verificar que concurran los requisitos siguientes:

I. Que exista el acto reclamado, se tenga certeza de su inminente realización u opere una presunción razonable sobre su existencia.

II. Deberá acreditarse, aunque sea de manera indiciaria, el interés suspensional de la persona promovente, entendido como la existencia de un principio de agravio derivado del acto reclamado, que permita inferir que su ejecución afectará a la persona quejosa.

III. Que, al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social, y a disposiciones de orden público, el órgano jurisdiccional advierta que su concesión no causa un daño significativo a la colectividad, ni priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden.

IV. Que, del análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados, se desprenda la apariencia del buen derecho, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto.

Artículo 131. Cuando la persona quejosa que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando la persona quejosa acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido la persona quejosa antes de la presentación de la demanda.

Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá analizar los elementos que obren en autos para determinar si se actualizan los requisitos previstos en el artículo 128 de esta Ley, atendiendo a la naturaleza provisional e inmediata de la medida cautelar. Concluida dicha valoración, la persona juzgadora deberá emitir un auto en el que:

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.

Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la persona quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo."

75. Del contenido de los referidos dispositivos se advierte que los actos reclam

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34357-697d460b/suspension-provisional-con-efectos-restitutorios-procede-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.