AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE EMITIRLO POR ESCRITO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 78/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL EXTINTO PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 1 DE OCTUBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIO: DENIS REYES HUERTA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del primero de octubre de dos mil veintiséis, dicta la siguiente:
S E N T E N C I A
1. Que resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el desaparecido Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, al dirimir la contradicción de tesis 2/2020 y el recurso de queja penal 407/2025, del índice respectivo de dichos órganos jurisdiccionales.
2. Los puntos jurídicos sujetos a análisis son: a) determinar si existe una contradicción de criterios; b) si aún es pertinente resolverla y, de ser el caso, c) definir cuál debe ser la solución jurídica que prevalezca y formular el criterio correspondiente.
I. TRÁMITE
3. Denuncia. La parte quejosa y recurrente en el recurso de queja 407/2025, formuló la denuncia de posible contradicción de criterios.
4. Admisión y turno previo. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional registró y admitió a trámite la contradicción de criterios; además, fijó preliminarmente la temática a dilucidar y realizó el turno previo electrónico del asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.
5. Informe del órgano contendiente. Durante la tramitación, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, informó que su criterio continuaba vigente, que no existía alguna condición que afectara su firmeza y habilitó el expediente electrónico.
6. Informe de Compilación. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó que, en el último trimestre, no se radicó alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.
7. Confirmación de turno. Una vez integrado el expediente, el ocho de septiembre del año que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada ponente.
8. Lista. El día veintitrés del mes y año en cita se listó el asunto para su discusión y se circuló el proyecto correspondiente.
9. Plazo para formular el proyecto de resolución. Conforme al artículo 44 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, por regla general, el proyecto debe formularse dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se confirme el turno electrónico y se remitan las constancias a la Magistrada o Magistrado ponente. Excepcionalmente, el plazo es de quince días hábiles cuando el tema implique definir algún criterio relativo a la suspensión en el juicio de amparo o cuando el Pleno Regional así lo determine, atendiendo a los supuestos previstos en ese precepto.
10. Conforme a las características del presente asunto, resulta aplicable el plazo de treinta días hábiles, el cual fue observado, como se evidencia a continuación:
Ver cuadro
11. Amicus curiae. Antes de que el asunto fuera sometido a consideración del Pleno Regional, no se presentó opinión alguna relacionada con el tema de esta contradicción de criterios, en términos del artículo 45 del referido Acuerdo General 67/2022.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, porque los órganos jurisdiccionales contendientes pertenecen a esta región y la materia del asunto corresponde a su ámbito de competencia.
13. Ello es así, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 253/2025, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, determinó que la resolución de este tipo de contradicciones de criterios corresponde a los Plenos Regionales, dado que interrumpió la obligatoriedad de la tesis de jurisprudencia 1a/J. 136/2024 de la extinta Primera Sala, con registro digital 2029374, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ENTRE UN PLENO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE DIFERENTE CIRCUITO, PERO DE LA MISMA REGIÓN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES COMPETENTE PARA RESOLVERLA”.
14. Además, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.
III. LEGITIMACIÓN
15. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por la parte quejosa en el recurso de queja del índice del Tribunal Colegiado contendiente.
IV. CRITERIOS EN CONTIENDA
16. Enseguida se exponen los antecedentes indispensables y los argumentos esenciales de los criterios contendientes, con el objeto de identificar el punto jurídico común y la eventual divergencia.
PRIMER CRITERIO CONTENDIENTE
Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, en Toluca, Estado de México (contradicción de tesis 2/2020).
a) Antecedentes relevantes.
17. Denuncia de contradicción de tesis. El Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, en los juicios de amparo en revisión de sus respectivos índices.
18. La Presidencia del entonces Pleno de Circuito, admitió a trámite la posible denuncia, solicitó a los órganos contendientes los informes respectivos, así como copia certificada de las ejecutorias dictadas en los referidos juicios de amparo en revisión; y, una vez integrado el asunto emitió la sentencia correspondiente.
b) Criterio jurídico.
19. En atención al derecho de debido proceso y, conforme al artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso debe emitirse de manera oral y por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes. Así, cuando en el amparo indirecto se reclame como acto, la vinculación a proceso y ésta sólo se emitió oralmente y no por escrito, de no advertir transgresión a derechos fundamentales, se concederá la protección constitucional solicitada para el único efecto de que sin dejar insubsistente el auto de plazo constitucional dictado oralmente, el Juez de Control emita la versión escrita de aquél, la cual no podrá exceder los alcances de la pronunciada en audiencia.
c) Argumentos que sustentan el criterio.
20. Delimitó las consideraciones de los Tribunales Colegiados en contienda y estableció que ambos realizaron un análisis constitucional de la resolución de vinculación a proceso en su versión oral, en la que concluyeron que existió una correcta fundamentación y motivación, por lo que no fue motivo de pronunciamiento alguno. Sin embargo, advirtió divergencia por cuanto al pronunciamiento de la versión escrita (pieza papel) del auto de vinculación a proceso.
21. Lo anterior, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostuvo que con independencia de la versión oral de esa resolución y que exista en una videograbación, es necesaria la emisión de forma escrita, dado que es una exigencia prevista en el artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015127, de título: “AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)”.
22. Así, el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y sede, determinó que el hecho de que no obre la versión escrita del auto de vinculación no irroga perjuicio alguno al quejoso, porque dicho auto se emitió de manera oral, dejando los argumentos que la sustentan plasmados en el registro de videograbación y respaldó esa decisión en la citada jurisprudencia.
23. En ese contexto, estableció que sí existía la contradicción de tesis y fijó dos cuestionamientos a resolver:
I) ¿La jurisprudencia 34/2017 de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación justifica que no se elabore la versión escrita del auto de vinculación a proceso que se emite conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales?; y,
II) ¿Es necesaria la versión escrita del auto de vinculación a proceso que prevé el artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales?
24. Por lo que hace al primer cuestionamiento, determinó que la jurisprudencia de mérito no es aplicable; en virtud que la desaparecida Segunda Sala del Alto Tribunal, sostuvo que es obligación del juzgador definir si el criterio jurisprudencial invocado por la parte quejosa es aplicable al caso que resuelve o no.
25. Esto es, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto de la Ley de Amparo, analizar si el criterio de jurisprudencia es aplicable al caso concreto y, si conforme a las circunstancias fácticas y legales, se cumple con la totalidad de las directrices del precedente que emitió la jurisprudencia o tesis aislada que se pretende aplicar.
26. Refirió que la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 5601/2014, estableció que la distinción de un precedente es una técnica de argumentación que radica en no aplicar la regla contenida en él, con motivo de que si bien, de inicio parece aplicable al caso en estudio, al final no lo es, porque el resolutor advirtió un elemento fáctico que no se encuentra previsto en el antecedente, de donde deviene la inaplicabilidad de éste, lo que justifica un trato distinto.
27. Acorde con ello, consideró que la jurisprudencia 34/2017 de la desaparecida Primera Sala del Máximo Tribunal, no justifica el hecho de que no se elabore la versión escrita del auto de vinculación a proceso dictada en un asunto que se rige conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
28. Esto es así, dado que de la contradicción de tesis 168/2015 de la que emanó la jurisprudencia en estudio, se advierte que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron las legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas, en las que no se encontraba previsto que el auto de vinculación debía constar por escrito, adicionalmente del emitido de forma oral.
29. Por tanto, al ser diferentes ordenamientos, no resulta aplicable cuando el auto de vinculación a proceso se fundamenta en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
30. En ese sentido, refirió que la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, al unificar los criterios determinó que la videograbación de la audiencia en que se emite la vinculación a proceso, es suficiente para respetar la fundamentación y motivación del acto de autoridad.
31. Sin embargo, una situación diferente se presenta con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone en su artículo 67, de forma expresa e inequívoca que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; entonces, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017, que tuvo génesis en códigos que no disponían lo anterior, aunado a que actualmente se encuentran abrogados.
32. En ese orden de ideas, respondió la segunda interrogante en sentido positivo, señalando que retomaría las consideraciones que emitió la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 506/2019, respecto al derecho al debido proceso, previsto en el artículo 14 Constitucional, del que es posible identificar dos perspectivas.
33. La primera, la del derecho al debido proceso que se ocupa del ciudadano que es sometido a un proceso jurisdiccional, al ser destinatario del ejercicio de una acción, la cual, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso se debe verificar que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; se le dé el derecho de alegar, ofrecer pruebas y se le asegure la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
34. En la segunda vertiente, consideró que el debido proceso también puede entenderse desde la perspectiva de quien insta la actividad jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho y no para defenderse de alguna pretensión, en cuyo caso se ubica en una posición cuya suerte depende del ejercicio de un derecho, el que en caso de no dirimirse adecuadamente, podría hacerse nugatorio.
35. Bajo esa perspectiva, el derecho al debido proceso exige que las autoridades judiciales diriman los conflictos sobre los derechos de las personas mediante un procedimiento que otorgue a las partes una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo a sus pretensiones.
36. Así, la entonces Primera Sala expuso que el derecho de las personas a disponer del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa, aplica a todas las fases de las actuaciones jurisdiccionales y que el tiempo que se estime suficiente, podrá depender de la evaluación de las circunstancias particulares de cada caso.
37. En relación con la oralidad como principio fundamental del Sistema Penal Acusatorio, sostuvo que es la herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso, tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio; bajo ese modelo, el juzgador deberá emitir de forma oral todas sus determinaciones en audiencia, a fin de transparentar el procedimiento y garantizar los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
38. Afirmó que el Juez de Control, al emitir en la audiencia inicial las resoluciones relativas a la calificación de la detención y auto de vinculación a proceso, deberá expresar los fundamentos y razones por las que se califica de legal aquélla, así como por qué se vincula a proceso al imputado, conforme a lo establecido en el artículo 16 Constitucional.
39. Agregó que al tratarse de un acto de molestia que incide en la libertad personal del imputado, la debida fundamentación y motivación no sólo implica expresar los preceptos legales aplicables al caso, así como las razones y circunstancias que permiten emitir la decisión al Juez de Control, sino también efectuar la relatoría de los datos de prueba y su valoración para arribar a la decisión correspondiente.
40. En ese sentido, determinó expresamente que el principio de legalidad se acredita cuando en la audiencia se emite la resolución respectiva y, además, el Juez de Control cumple con la obligación de emitir la constancia de ellas por escrito, según lo prevé el artículo 67, fracciones III y IV, del Código Nacional, con la expresa prohibición de que la versión escrita no debe rebasar lo oralmente expuesto.
41. Aunado a eso, estableció que la videograbación es la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y fundamentos que tomó en cuenta el Juez de Control para calificar de legal su detención y/o vincularlo a proceso, pues en ella consta de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial, como se pronunció al resolver la contradicción de tesis 455/2012.
42. Refirió también que en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, Constitucional, es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, cuya naturaleza jurídica es la de una prueba instrumental pública de actuaciones, por tanto, deben ser consideradas las constancias audiovisuales del desahogo de las diligencias inherentes a un proceso penal de corte acusatorio y con ello, válidamente puede tenerse como soporte material y la exigencia de registrar el acto de autoridad que dispone el numeral 16 de la Carta Magna.
43. No obstante lo anterior, destacó que el artículo 67, fracciones III y IV, del código adjetivo, establece una regla procesal para el juzgador, consistente en que dentro de las veinticuatro horas siguientes debe dejar constancia por escrito de la resolución oral dictada al calificar la detención y resolver sobre la petición de vinculación a proceso, con la limitante que tal versión no puede sobrepasar lo expuesto de manera oral.
44. En ese sentido, indicó que si bien lo expuesto por la extinta Primera Sala del Alto Tribunal en la contradicción de tesis 506/2019, no emite jurisprudencia respecto al tema en estudio, lo cierto es que orientó a ese Pleno de Circuito a determinar lo siguiente:
i. El reconocimiento de que el artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una carga procesal para el Juez de Control consistente en que dentro de las veinticuatro horas debe dejar constancia por escrito, la cual, como regla que, por contradictoria que parezca con la esencia del sistema oral, es obligatoria, en el sentido de que después de que dicte la resolución de vinculación a proceso en audiencia de manera oral, debe cumplir, con la diversa inherente a la emisión de una constancia escrita y que incluso especificó, son diversas a las videograbaciones, pues afirmó que ambos son registros que quedan en resguardo del Juez de Control en las áreas de gestión de los centros de justicia; y,
ii. Que para considerar que el justiciable cuente con todas las herramientas necesarias para su defensa, debe tener acceso a la totalidad de las constancias, esto es, a las videograbaciones y a las emitidas por escrito.
45. Consecuentemente, estableció el criterio a seguir en el supuesto en estudio y emitió dos tesis de jurisprudencia al respecto, PC.II.P. J/12 P (10a.) y PC.II.P. J/11 P (10a.), con registros digitales 2023192 y 2023207, de títulos: “AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 67, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEBE EMITIRSE DE MANERA ORAL Y POSTERIORMENTE POR ESCRITO (PIEZA PAPEL)”; y, “LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES”.
SEGUNDO CRITERIO CONTENDIENTE
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua (recurso de queja 407/2025).
a) Antecedentes relevantes.
46. Demanda de amparo indirecto. La parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto contra la omisión de emitir y entregar la versión escrita de la resolución de vinculación a proceso, dictada en su perjuicio en la audiencia inicial, dentro de la causa penal que se le siguió, por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, Chihuahua.
47. Trámite del juicio de amparo indirecto. De la demanda conoció el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien determinó desecharla de plano, dado que se actualizó de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretados en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.
48. Recurso de queja. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja del que conoció el nombrado Tribunal Colegiado.
b) Criterio jurídico.
49. La omisión de entregar y notificar la versión escrita del auto de vinculación a proceso es un acto de naturaleza adjetiva e intraprocesal que no irroga un perjuicio grave e irreparable en los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo que no hace procedente el juicio de amparo, pues dicha circunstancia constituye una obligación de carácter adjetiva contenida en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que está dirigido a los Jueces de Control y para una correcta integración de la carpeta judicial correspondiente.
c) Argumentos que sustentan el criterio.
50. Explicó que la tesis aislada emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a la que hizo alusión la parte recurrente y que sostuvo, no se tomó en consideración por la Jueza Federal de origen, no es obligatoria para ese órgano jurisdiccional; además, que fue motivo de análisis y superada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, quien emitió el criterio a seguir en la jurisprudencia PC.I.P. J/1 P (11a.), con registro digital 2027046, de rubro: “AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO, BASTA LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA DONDE EL JUEZ DE CONTROL LO DICTÓ DE MANERA ORAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN AQUÉL NO OBRE LA CONSTANCIA ESCRITA DE DICHA RESOLUCIÓN”.
51. Precisó que el tema central de la jurisprudencia no fue la procedencia del juicio de amparo, empero, hace alusión a que para poder realizar el estudio del auto de vinculación a proceso es suficiente que en el juicio de amparo obre copia del registro audiovisual.
52. Por lo que indicó que, contrario a la pretensión del quejoso que fue la omisión de la entrega por escrito del auto de vinculación a proceso, y si bien, no se estudió en dicha tesis, no le favorece a su pretensión, pues se llegó a la conclusión de que no es necesario tener a la vista la versión escrita del referido auto.
53. Aunado a ello, señaló que en ese mismo sentido existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por la extinta Primera Sala, identificada como 1a./J. 34/2017 (10a.), con registro digital 2015127, de título: “AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)”.
54. De la que resulta evidente que, como el auto de vinculación a proceso se dicta oralmente en audiencia en la que se encuentra presente el imputado y su defensa, además a que existe constancia videograbada de ello, es incuestionable que la forma de notificación prevista en el artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, es acorde con el actual texto del numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, no vulnera ningún derecho fundamental del justiciable.
55. Lo anterior, con independencia de que posteriormente el Juez de Control deba elaborar la versión escrita de su determinación, pues dicha circunstancia constituye un imperativo de carácter adjetivo contenido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no pugna con lo resuelto por la referida Sala, pues está dirigido a la correcta integración de la carpeta judicial correspondiente.
56. Así, determinó que la jurisprudencia citada por el recurrente del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, no es aplicable para los efectos que pretende, pues la obligación de emitir la constancia escrita del auto de vinculación a proceso dictado oralmente no condiciona su legalidad, ni de su respectiva notificación en audiencia, pues conoció su contenido desde el momento mismo en que se pronunció.
57. Por lo que concluyó que la omisión de entregar la versión escrita del auto de vinculación a proceso es un acto de naturaleza adjetiva, intraprocesal, que no irroga un perjuicio grave e irreparable en sus derechos fundamentales, lo que no hace procedente el juicio de amparo, por lo que declaró infundado el recurso intentado.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
58. Este Pleno Regional determina que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes, por las razones que a continuación se precisan.
59. En primer término, debe decirse que para la actualización de una contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
60. Tal y como se observa en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno del Alto Tribunal, con número de registro digital 164120, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”.
61. Por otra parte, es preciso indicar que para determinar la configuración de la contradicción de criterios no es necesario que los tribunales contendientes hayan emitido una tesis jurisprudencial, dado que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, no imponen tal requisito.
62. Sobre el particular, es de invocarse el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 27/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 189998, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES”.
63. Así, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:
a. Primer requisito. Ejercicio del arbitrio judicial. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método.
b. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
64. Ello es así, de acuerdo con el criterio emitido en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la extinta Primera Sala del Alto Tribunal, con número de registro digital 165077, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA”.
65. Ahora bien, en el caso en particular, tales requisitos se encuentran colmados conforme a los datos precisados en el apartado anterior, mismos que medularmente se exponen y contrastan a continuación:
Ver criterios
66. Debiéndose resaltar que si bien es cierto que el Pleno de Circuito denunciado, no se pronunció de manera expresa sobre la procedencia o no del juicio de amparo contra la omisión del Juez de control de emitir el auto de vinculación a proceso de forma escrita, también lo es que de manera indubitable, sus razonamientos dejan claro que el mismo considera que en este supuesto sí procede el juicio de garantías, ya que concedió la protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que esta actuación fuera emitida, lo que constata que a su consideración, el aludido juicio es procedente.
67. Lo que evidencia la posibilidad de formular la pregunta siguiente: ¿La omisión del Juez de Control de emitir la versión escrita del auto de vinculación a proceso, de conformidad con el artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto que afecta derechos sustantivos y por consecuencia contra esta omisión procede o no el juicio de amparo indirecto?
68. Sin que obste a lo anterior que, en el acuerdo de admisión, la Presidencia de este Pleno Regional delimitó el tema de contradicción en forma diversa, a saber: “Determinar si la omisión del Juez de Control de elaborar la versión escrita del auto de vinculación a proceso, de conformidad con el artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un acto que afecta derechos sustantivos y hace procedente el juicio de amparo”.
69. No obstante, ello obedece a la fijación preliminar efectuada en un auto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34380-493fdef5/auto-de-vinculacion-a-proceso-la-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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