SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA LA CALIFICACIÓN DE ILEGAL DETENCIÓN EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 40/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 25 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIO: DENIS REYES HUERTA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Que resuelve la contradicción de criterios 40/2026, entre los sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas; así como el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, al resolver los recursos de queja 148/2026, 108/2026 y 160/2026, respectivamente.
2. El problema jurídico materia de la presente ejecutoria consiste en determinar: a) si existe la contradicción de criterios; b) si la misma es procedente y, de ser el caso, c) resolver si contra la resolución del Tribunal de Alzada que revocó la calificación de ilegal detención emitida por el Juez de Control y ordena la continuación de la audiencia inicial, procede conceder la suspensión provisional para efecto de que la misma no continúe.
ANTECEDENTES
Denuncia de la contradicción de criterios.
3. El Magistrado integrante del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, formuló la denuncia de posible contradicción de criterios suscitada entre los referidos Tribunales Colegiados contendientes al resolver los asuntos anteriormente precisados.
Trámite ante el Pleno Regional.
4. En acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional admitió y registró el presente asunto y, de forma preliminar, delimitó el tema de contradicción, por lo que solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes informaran -esencialmente- sobre la vigencia y firmeza del criterio sustentado y que pusieran a disposición la consulta de los expedientes electrónicos de su índice.
5. Por otra parte, ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación del asunto y solicitó informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente.
6. Asimismo, se realizó el turno previo electrónico a la ponencia de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.
7. En proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por los Tribunales Colegiados contendientes, en los que precisaron que los criterios sustentados continúan vigentes e hicieron disponible la consulta de los expedientes electrónicos de sus asuntos.
8. En acuerdo de dos de junio de dos mil veintiséis, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no existe una contradicción de criterios relacionada con el tema del presente asunto.
9. En esa misma fecha, se confirmó el turno a la Magistrada ponente.
10. El quince de junio del año en curso, se listó el asunto para su discusión.
AMICUS CURIAE
11. Al respecto se precisa que, con anterioridad a la fecha en que se listó este asunto para sesión ordinaria, no se presentó opinión alguna relacionada con el tema de esta contradicción de criterios; lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.
COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia penal, suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes al territorio donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.
13. Ello es así, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.
LEGITIMACIÓN
14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se formuló por el integrante del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito.
CRITERIOS DENUNCIADOS
15. A continuación, se expondrán -medularmente- las consideraciones con base en las cuales los Tribunales Colegiados contendientes sustentaron sus respectivos criterios.
Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito.
16. Procedimiento de primera instancia. Dentro de una carpeta digital tramitada ante un Juez de Distrito en funciones de Juez de Control, se celebró la audiencia inicial por hechos con apariencia de delito, en la que, en su fase inicial, calificó de ilegal la detención, por lo que ordenó la libertad con las reservas de ley de la imputada.
17. Impugnación. Inconforme con dicha determinación el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, en el que el Tribunal Colegiado de Apelación resolvió revocar la determinación emitida por el Juez de Control, calificó de legal la detención y ordenó la reanudación de la audiencia inicial, así como las gestiones atinentes para tal efecto.
18. Demanda de amparo indirecto. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto, de la que correspondió conocer al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, en funciones de Tribunal de Amparo, la admitió y, en la parte que interesa, ordenó la apertura del incidente de suspensión correspondiente.
19. Incidente de suspensión. El referido Tribunal Colegiado de Apelación concedió la suspensión provisional, para el efecto de que la autoridad judicial que conocía del proceso penal reanudara la audiencia inicial y continuara con las siguientes fases de la misma, pero que, en su caso, debería abstenerse de ordenar la remisión de la carpeta judicial de origen al Tribunal de Enjuiciamiento, como lo dispone el último párrafo del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta que fuera notificada la suspensión definitiva.
20. Recurso de queja. En desacuerdo con lo anterior, la persona quejosa interpuso recurso de queja, del que conoció el Tribunal Colegiado de Circuito en cita.
21. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El referido tribunal declaró fundado por mayoría de votos el recurso, por los siguientes motivos:
22. En primer término, acotó que en dicho asunto se avocó en verificar si era procedente o no conceder la suspensión para los efectos que solicitó la parte quejosa; esto es, para que no se continúe con la audiencia inicial.
23. Señaló que el artículo 150 de la ley de la materia establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse la resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse a la quejosa.
24. Así, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar de carácter instrumental, que tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo y cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios, o mantener las cosas en el estado en que se encuentran, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
25. Definió que el propósito de esa medida cautelar era mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para la agraviada la protección de la Justicia Federal, evitando los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
26. Consideró pertinente analizar las características del acto reclamado que dio origen al recurso de queja, en lo que manifestó que implicaba reponer el procedimiento.
27. Refirió que, contrario a lo que consideró el Tribunal Colegiado de Apelación, era procedente conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que no se continúe con la audiencia inicial respectiva; lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley de Amparo.
28. Estimó que, en el caso, debía analizarse previamente si la determinación de la autoridad responsable de calificar de legal la detención de la quejosa y por ende, ordenar la reposición del procedimiento natural, fue dictada conforme a derecho y sin violar ningún derecho fundamental de la impetrante. Análisis que deberá realizarse al emitirse la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de amparo.
29. Además, de permitirse que la audiencia inicial continúe, se ocasionarían daños o perjuicios a la quejosa que quedarían consumados irreparablemente.
30. Lo anterior, al tomar en consideración que el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que inmediatamente después de que el sujeto detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de Control; y con la celebración de la audiencia ordenada por el Tribunal de Alzada, ello trae consigo que como ya fue calificada de legal la detención de la peticionaria de amparo, adquiera nuevamente la calidad de detenida, lo que la obliga a llevar a cabo las demás etapas de la audiencia inicial con dicha calidad, lo que evidentemente le genera un daño irreparable con la ejecución de la resolución de alzada.
31. Por esos motivos estimó procedente suspender la ejecución de la resolución de alzada señalada como acto reclamado, que revocó la determinación que calificó de ilegal la detención, la calificó de legal y ordenó la reposición del procedimiento con la continuación de la audiencia inicial, a fin de preservar aquella situación jurídica.
32. Consideró aplicable en lo conducente, la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/3 P (12a.), emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con registro digital 2032045, de rubro siguiente: “SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y ORDENA REPONER LA AUDIENCIA INICIAL, SUS EFECTOS SE LIMITAN A PARALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN”.
33. Sin que implicara paralizar la etapa de investigación inicial que compete a la representación social, con el objetivo de recabar los datos de prueba que estimara convenientes.
34. En apoyo a lo anterior, citó la jurisprudencia 1a./J. 21/2011 (10a.), de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2000472, de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO”.
Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito.
35. Procedimiento de primera instancia. Dentro de una carpeta digital tramitada ante un Juez de Distrito en funciones de Juez de Control, se celebró la audiencia inicial, por hechos con apariencia de delito, en la que calificó de ilegal la detención.
36. Impugnación. Inconforme con dicha determinación el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, en el que un Tribunal Colegiado de Apelación de una entidad federativa diversa, en auxilio, en reasunción de jurisdicción resolvió revocar la determinación emitida por el Juez de Control, calificó de legal la detención y ordenó la reanudación de la audiencia inicial, así como las gestiones atinentes para tal efecto.
37. Demanda de amparo indirecto. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto, de la que correspondió conocer al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, quien la admitió y, en la parte que interesa, ordenó la apertura del incidente de suspensión correspondiente.
38. Incidente de suspensión. El referido Tribunal de Apelación concedió la medida cautelar para el efecto de que, una vez concluida la etapa intermedia, se suspendiera el procedimiento hasta que fuera notificada la sentencia dictada en el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
39. Recurso de queja. En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de queja del que conoció el Tribunal Colegiado de Circuito en cita.
40. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El referido tribunal declaró fundado el recurso, por los siguientes motivos:
41. Estableció que la materia de aquel recurso se redujo a la determinación adoptada por el tribunal recurrido, respecto a los efectos para los que no se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados.
42. Partió de que la autoridad recurrida fundó su resolución en una disposición legal inaplicable al invocar como apoyo para acotar los efectos de la medida cautelar en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; es decir, que cuando los actos reclamados emanan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.
43. Asimismo, estableció que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la resolución de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para la improcedencia prevista en dichos dispositivos.
44. Definió que la calificación de la detención en flagrancia de una persona, es un acto previsto en los párrafos quinto y séptimo del artículo 16 constitucional; al tratarse de un acto que involucra el control de la detención de la quejosa, no así los diversos 19 y 20 de la propia Norma Fundamental como lo refirió el Tribunal Colegiado de Apelación respectivo.
45. Estimó que la situación jurídica en la que se ubicaba la parte quejosa, era susceptible de variación no sólo hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, sino por otros actos emanados previos a la etapa de juicio.
46. Determinó que se surtieron los requisitos legales previstos para conceder la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se llevara a cabo la continuación de la audiencia inicial, no se materializara el apercibimiento decretado en contra de la agraviada, ni se solicitara, librara o ejecutara orden de comparecencia o aprehensión con motivo de la inasistencia a dicha audiencia.
47. Consideró que en términos del artículo 150 de la ley de la materia, cuando la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse a la persona quejosa.
48. Lo anterior porque, en el caso, la continuación de la audiencia inicial dejaría irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo o generaría daños y perjuicios de difícil reparación, pues la continuación de la referida audiencia sería susceptible de modificar la situación jurídica de la quejosa, mediante la eventual imposición de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, lo que evidentemente incidiría en la situación en que se encuentre la parte agraviada.
49. Sustentó sus argumentos en la jurisprudencia 1a./J. 15/2018 (10a.), de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017642, de rubro: “SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE QUE TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA CITACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O RESPECTO A LA NEGATIVA DE DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA”.
50. Precisó que a pesar de encontrarse sub júdice en sede constitucional los actos reclamados y sus consecuencias jurídicas, con la continuación de la audiencia inicial se generarían consecuencias procesales similares o equivalentes a una reposición del procedimiento, lo que impondría a la quejosa la obligación de litigar nuevamente su caso en sede ordinaria, con la consecuente inversión de tiempo y recursos, pudiendo ocasionar con ello daños de difícil reparación aun si obtuviera una sentencia concesoria de amparo.
51. Consideró aplicable por similitud jurídica la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/3 P (12a.), emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con registro digital 2032045, de rubro: “SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y ORDENA REPONER LA AUDIENCIA INICIAL, SUS EFECTOS SE LIMITAN A PARALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN”.
52. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 21/2011 (10a.), de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2000472, de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO”.
53. Aclaró que los efectos de la suspensión se limitan a mantener las cosas en el estado que guardan y preservar la materia del juicio, sin impedir que el Ministerio Público continúe con su labor investigadora.
54. En tal virtud, señaló que de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, era posible conceder la medida suspensional, ya que se advirtió la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.
55. Precisó que, en el caso concreto, en razón de que los actos reclamados derivan de una aparente violación al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, en tanto que la detención en flagrancia de la parte quejosa derivó de una percepción que no estaba sustentada en datos o elementos objetivos, sino únicamente a partir de apreciaciones subjetivas e indemostrables que, por sí mismas, impedían a la afectada ejercer un real y efectivo derecho de defensa.
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito.
56. Procedimiento de primera instancia. Dentro de un proceso penal tramitado ante un Juez de Distrito en funciones de Juez de Control, se celebró la audiencia inicial por hechos con apariencia de delito, en la que calificó de ilegal la detención.
57. Impugnación. Inconforme con dicha determinación el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, en el que un Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Segundo Circuito, resolvió revocar la determinación emitida por el Juez de Control, calificó de legal la detención y ordenó la reanudación de la audiencia inicial, así como las gestiones atinentes para tal efecto.
58. Demanda de amparo indirecto. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto, de la que correspondió conocer al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito con residencia en La Paz, Baja California Sur, quien la admitió y, en la parte que interesa, ordenó la apertura del incidente de suspensión correspondiente.
59. Incidente de suspensión. El Tribunal Colegiado de Apelación negó la suspensión provisional, ya que estimó que no se reunían los requisitos establecidos en los numerales 128, fracción III y 150 de la Ley de Amparo, dado que su otorgamiento ocasionaría un daño significativo a la colectividad y contravendría disposiciones de orden público, al impedir la continuación del proceso penal.
60. Recurso de queja. En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de queja del que conoció el Tribunal Colegiado de Circuito en cita.
61. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El referido tribunal declaró infundado por mayoría de votos el recurso, por los siguientes motivos:
62. Determinó que no era factible conceder la suspensión de los actos reclamados porque impedían la continuación del procedimiento penal y no operaba la excepción relativa a que, de continuar el procedimiento, pudieran quedar irreparablemente consumados los daños y perjuicios en contra de la parte quejosa.
63. Declaró que no se actualizó el supuesto previsto en el dispositivo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que las quejosas manifestaron bajo protesta de decir verdad que ya había iniciado la celebración de la audiencia inicial, que el Tribunal Colegiado de Apelación responsable calificó de legal la detención y que había ordenado la continuación de sus etapas correspondientes, evidenciando que no se actualizó dicho supuesto, por lo que no era dable suspender la citada audiencia.
64. Indicó que el artículo 150 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él.
65. Estimó que de conformidad con lo previsto en el párrafo primero de la fracción X, del artículo 107 de la Constitución Federal, al proveer sobre la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional de amparo examinará la naturaleza del acto, no así la de la infracción alegada, y sólo si permite su suspensión deberá realizar el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
66. Sostuvo que lo anterior se interrelaciona con los artículos 128, 138 y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; y que los mencionados requisitos son de tal trascendencia que el artículo 129 de la Ley de Amparo, prevé de manera enunciativa, diversos casos en los que de concederse la suspensión, se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.
67. Especificó que de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal está comprendido por diversas etapas, mismas que por regla general no son susceptibles de suspenderse, en tanto que se obstaculizaría la continuación del proceso penal; y, si bien, por excepción es dable la misma, lo cierto es que debe analizarse si el daño que pueda causar la violación a la parte quejosa es irreparable.
68. Indicó que en términos del artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia inicial comienza informando al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se hubiese hecho de su conocimiento con anterioridad, se realiza el control de la detención, se formula imputación, se le da la oportunidad de declarar, se resuelve lo relativo a la vinculación a proceso y las medidas cautelares, y concluye con el cierre de la investigación, una vez definida en dicha audiencia.
69. Recalcó que no opera la excepción a la regla relativa a que de continuar el procedimiento puedan quedar irreparablemente consumados los daños y perjuicios en contra de la parte quejosa.
EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
70. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
71. Previo a exponer los motivos que sostienen tal decisión, es importante referir que la intervención de los Plenos Regionales tiene su justificación en la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.
72. El estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas.
73. Entonces, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:
74. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión de derecho en la que, a través de un ejercicio argumentativo llegaron a cierta decisión, mediante la adopción de un método, cualquiera que éste sea.
75. Entre la resolución de la cuestión de derecho, debe existir un punto contradictorio, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo tema, los tribunales contendientes adopten criterios discrepantes, con independencia de que hayan o no emitido tesis al respecto.
76. Que lo anterior pueda dar lugar a preguntarse cuál de los dos argumentos es preferente con relación a cualquier otro que, como el primero, también sea legalmente posible.
77. Una vez cumplidos los requisitos, se determina que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
78. Ello es así, porque los tribunales contendientes se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas en las que por medio de argumentos interpretativos de la norma y la jurisprudencia arribaron a conclusiones distintas en los puntos de derecho sujetos a análisis.
79. Primer requisito. Ejercicio del arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado de antecedentes, se advierte que los Tribunales Colegiados analizaron los mismos problemas jurídicos, esto es, resolvieron sobre la procedencia y los efectos de la suspensión provisional solicitada en contra de la resolución dictada por un Tribunal Colegiado de Apelación que revocó la determinación en virtud de la cual se calificó como ilegal la detención y, en reasunción de jurisdicción, la calificó de legal y ordenó la reanudación de la audiencia inicial, así como las gestiones atinentes para su desahogo.
80. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Las soluciones dadas al problema anterior, son discrepantes, ya que el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Decimonoveno Circuito, ambos con residencia en Reynosa, Tamaulipas, sostuvieron medularmente que es procedente conceder la suspensión provisional pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, la continuación de la audiencia inicial dejaría irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo o generaría daños y perjuicios de difícil reparación, pues aquélla sería susceptible de modificar la situación jurídica de la parte quejosa; máxime que con la referida suspensión se conserva la materia del juicio de amparo.
81. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, estimó que no es procedente conceder la suspensión provisional, lo anterior a través de un ejercicio interpretativo del artículo 150 de la Ley de Amparo, pues consideró que con tal concesión se obstaculizaría el procedimiento penal, aunado a que su prosecución no deja irreparablemente consumada violación alguna en perjuicio de la persona quejosa, puesto que la continuación de la audiencia inicial sólo tiene efectos meramente procesales dentro del juicio penal acusatorio.
82. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Ante esas posturas contradictorias, es claro que se cumple el tercero de los requisitos para que se genere una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de una interrogante relativa a:
83. ¿Contra la resolución del Tribunal de Alzada que revocó la calificación de ilegal detención emitida por el Juez de Control y ordena la continuación de la audiencia inicial, procede conceder la suspensión provisional para efecto de que dicha audiencia no continúe?
84. Consecuentemente, se satisfacen los elementos determinados para tener por existente la contradicción de criterios referida, contenidos en la tesis jurisprudencial P. L/ 94 emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, con registro digital 205420, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS”, así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 22/2010 emanada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, con registro digital 165077 y de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA”.
ESTUDIO DE FONDO
85. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.
86. Como ya quedó establecido, el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios consiste en determinar si contra la resolución del Tribunal de Alzada que revocó la calificación de ilegal detención emitida por el Juez de Control y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34191-537574d1/suspension-provisional-es-improcedente-contra-la-resolucion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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