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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO. CUANDO SE DEMANDA ANTE UN TRIBUNAL LABORAL ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 59/2025. · Registro digital (IUS): 33742
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-11-14
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.363.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 59/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN, Y DEL MAGISTRADO MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. PONENTE: MAGISTRADA VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. SECRETARIA: KARINA HUERTA GALICIA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al dos de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios 59/2025 entre el sustentado por el Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver los amparos directos 729/2024, 358/2023 y 132/2024, respectivamente.

2. Por auto de presidencia de nueve de julio de dos mil veinticinco, se identificó de manera preliminar el problema jurídico consistente en: determinar si el periodo de adaptación a que se refiere el artículo 61 de la Ley del Seguro Social debe ser aplicado o no, al concederse una pensión por riesgo de trabajo.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. El nueve de julio de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio remitido por el Juez del Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Coahuila, con residencia en Torreón; por lo que, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, instruyó crear el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el registro 59/2025; requirió a los contendientes para que informaran si los criterios que sustentaron seguían vigentes o, en su caso, las consideraciones para tenerlos por superados o abandonados y la fecha en que aconteció; asimismo, les solicitó que pusieran a disposición la consulta de los expedientes electrónicos de sus índices para vincularlos con el que se creó en este Pleno, que informaran si el criterio sustentado en su correspondiente asunto había causado ejecutoria, así como que adjuntaran copia digital certificada de las sentencias en las que se sustentaron los criterios denunciados.

4. En ese mismo auto se turnó el asunto de manera preliminar a la Ponencia del Magistrado Miguel Bonilla López.

5. Seguido el trámite por su curso legal, se tuvo a los Tribunales Colegiados de Circuito informando que sus criterios seguían vigentes; por su parte, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que durante los últimos seis meses no encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

6. A través de la comunicación oficial SEADS/2787/2025 de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se tomó conocimiento de la comisión temporal en este Pleno Regional de la Magistrada María Dolores Núñez Solorio, en sustitución del Magistrado Miguel Bonilla López, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veinticinco.

7. Luego, mediante oficio SEADS/2947/2025 suscrito por el Secretario Técnico, encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, comunicó la comisión temporal a este Pleno Regional del Magistrado Óscar Espinosa Durán, con efectos a partir del dieciséis de agosto de este año.

8. El dieciocho de agosto del año en curso, se turnó definitivamente el asunto a la ponencia del Magistrado Óscar Espinosa Durán.

9. Por acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso se dio cuenta con el Acuerdo General AG-POAJ-008/2025 del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan reubican y re adscriben, a personas funcionarias de los órganos jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de personas juzgadoras, y a través de este se adscribió a este Pleno Regional a la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval, al Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro y a la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán, con efectos a partir del quince de septiembre del año en curso, conformándose este órgano por los citados Magistrados.

10. Así, si bien en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinticinco, se confirmó el turno electrónico de este conflicto competencial para el Magistrado Óscar Espinosa Durán, no obstante, con motivo de la nueva integración, por auto de diecinueve de septiembre del año en curso, se returnó el asunto para la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval.

11. Conforme a lo establecido por el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento del algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

12. Así, del escrito de denuncia presentado por el Juez del Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, se aprecia que emitió su opinión respecto del tema planteado en la presente contradicción de criterios.

13. No obstante, dichos argumentos no serán tomados en consideración para resolver el presente asunto, debido a que la opinión vertida no es vinculante, ni de estudio obligatorio para este Pleno Regional, por lo que no serán estudiados en la presente resolución.

II. COMPETENCIA

14. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, conforme a los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo; 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso 38/2023 del propio Consejo por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia de trabajo suscitada entre dos tribunales colegiados del Octavo Circuito, pertenecientes a la Región Centro-Norte.

III. LEGITIMACIÓN

15. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Juez del Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Coahuila, con residencia en Torreón, por lo que se actualiza el supuesto de los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III de la Ley de Amparo.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

16. A continuación realizaremos una síntesis de los casos analizados por los tribunales colegiados contendientes y sus consideraciones medulares.

A) Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 729/2024

Antecedentes procesales

17. Un trabajador presentó demanda laboral en contra del ********** y otra, a quienes demandó el reconocimiento de diversas enfermedades profesionales y, en vía de consecuencia, el otorgamiento de la pensión por incapacidad permanente.

18. La demanda se admitió a trámite radicándose ante el Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila, y de las constancias del conflicto individual de seguridad social **********, del índice del Tribunal Laboral Federal aludido, se advierte que el trabajador refirió que luego de varios estudios, el Instituto Mexicano del Seguro Social le determinó la existencia de varias enfermedades profesionales; sin embargo, al iniciar los trámites administrativos correspondientes, le indicó que no podía darse inició al procedimiento para el reconocimiento de los aludidos padecimientos y de la incapacidad permanente total, por lo que tendría que demandar.

19. Que seguido el trámite procesal el Tribunal laboral dictó sentencia en la que condenó al Instituto de seguridad social al reconocimiento de los padecimientos y a otorgar la pensión con el carácter de provisional por el término de dos años, de conformidad con el artículo 61 de la Ley del Seguro Social. En desacuerdo con el laudo el trabajador promovió juicio de amparo directo.

20. Del asunto conoció por razón de turno el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, seguido el procedimiento por su cauce legal dictó la sentencia correspondiente.

Consideraciones que sustentan el criterio

21. El Tribunal Colegiado declaró fundados los conceptos de violación del quejoso y en principio citó el contenido del artículo 61 de la Ley del Seguro Social y explicó que del citado artículo, esencialmente se desprenden dos cuestiones:

1. Que al surtirse un evento y al declararse la incapacidad parcial o total, se concederá al trabajador la pensión que le corresponda, con carácter de provisional, por un periodo de adaptación de dos años; y,

2. Que durante ese lapso en cualquier momento el Instituto podrá ordenar, y por su parte el trabajador asegurado tendrá derecho a la revisión de la incapacidad con el fin de modificar la cuantía de la pensión y transcurrido el periodo de adaptación, se otorgará la pensión definitiva, la cual se calculará en términos de las fracciones II y III del artículo 58 de la Ley del Seguro Social.

22. El Tribunal destacó que a su juicio fue correcto lo que sostuvo el quejoso al considerar que al haberse establecido que los padecimientos que presentaba el actor son irreversibles, el juez laboral debió otorgarle una pensión definitiva y no provisional, al no existir motivo para conceder un periodo de adaptación de dos años, en términos del artículo 61 de la Ley del Seguro Social, bajo el argumento de que las lesiones que presenta ya fueron motivo de debate judicial (distinto a una apreciación de carácter administrativa) y aquellas no son objeto de mejora o evolución, pues en el caso se trata de amputación de extremidades.

23. Afirmó que de la propia sentencia se advierte que el juez al valorar la prueba pericial médica a cargo del perito de la Unidad de Peritos Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, consideró que el trabajador sufría diversos padecimientos, y que estas enfermedades diagnosticadas se asociaban de manera directa, necesaria y suficiente con los factores de riesgo laborales a los que estuvo expuesto el operario en ejercicio o con motivo de su trabajo.

24. Con estas bases la autoridad determinó que era evidente que tales padecimientos representaban un impedimento para que el actor desempeñará su trabajo, de tal suerte que condenó al instituto de seguridad social a reconocer los padecimientos relativos valuados en un total del cien por ciento.

25. En otro parte, el Tribunal refirió que incluso el propio juez consideró no abordar el estudio respecto del padecimiento denominado “hipoacusia bilateral”, ya que éste adquiría la presunción de haber sido generado con motivo del ambiente laboral en que se desempeñaba el actor, sin embargo, sostuvo que como éste ya había alcanzado el cien por ciento de incapacidad permanente total era innecesario realizar un pronunciamiento respecto de aquél.

26. Refirió que al margen de todo esto, la autoridad laboral determinó otorgar una pensión de carácter provisional de conformidad con el artículo 61 de la Ley del Seguro Social. No obstante, el Tribunal subrayó que el juez laboral pasó por alto que si el mencionado artículo establece que al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o total, se concederá al trabajador la pensión que corresponda con el carácter de provisional, por un periodo de adaptación de dos años y que al transcurrir ese periodo se otorgará la definitiva, lo que se calculará en términos de las fracciones II y III del numeral 58 de la Ley del Seguro Social.

27. Entonces, sostuvo que si bien la acepción “adaptación” a que hace referencia el artículo 61 de la citada ley, debe entenderse como el proceso físico, mental, social o de cualquier otra naturaleza a través del cual un elemento se modifica o transforma en sí mismo para responder o producir una reacción de mejor manera a un obstáculo o situación, los padecimientos del trabajador como constaba del dictamen pericial analizado ya eran irreversibles.

28. Bajo ese análisis el Tribunal Colegiado de Circuito destacó que el promovente no podría razonablemente desarrollar las actividades que realizaba previo al último accidente que sufrió, ni tampoco desempeñar una categoría similar que le signifique un ingreso, ni siquiera cercano al que tenía en la actividad que desempañaba, concluyendo así que la disposición contenida en el artículo 61 de la Ley del Seguro Social debe desaplicarse, pues es evidente que aun cuando transcurra el tiempo de adaptación no podría producirse un cambio.

29. El órgano colegiado concluyó que el Juez de Distrito debió otorgarle al actor, además del incremento de la cuantía del porcentaje de la pensión por incapacidad parcial permanente, el carácter de definitiva, sobre todo ante la judicialización del tema que abrió la posibilidad de una confrontación probatoria, como ocurrió; en cuyo caso, no puede existir la posibilidad de índole meramente administrativa, de que se cuestione ese resultado; y más aún, por el carácter irreversible de los padecimientos.

30. En consecuencia, sostuvo que se acreditó fehacientemente que el accionante alcanzó la participación máxima correspondiente a una incapacidad permanente total, el Juez de Distrito debió pronunciarse con base en el artículo 58, fracción VI y diverso 68 de la Ley del Seguro Social vigente, resolviendo lo que en derecho corresponda.

31. Es decir, concedió el amparo para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada, y que se dictará una nueva en la que se considerara que se debe otorgar al trabajador una pensión con el carácter de definitiva, y en consecuencia, lo demás que en derecho proceda.

B) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 358/2023.

Antecedentes procesales

32. Un trabajador demando al ********** y otra, la revaloración de una enfermedad de trabajo; y derivado de ello, el otorgamiento y pago de la pensión de incapacidad parcial permanente.

33. La demanda se admitió a trámite ante el Quinto Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en Coahuila de Zaragoza, y de ésta se aprecia que previo a plantear su pretensión ante el Tribunal laboral, el trabajador acudió a la sede administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a que sufrió un accidente de trabajo; así, el instituto le reconoció y emitió una resolución para el Otorgamiento de Indemnización Global, en el que se determinó que contaba con un 17% de incapacidad total permanente.

34. Seguido el procedimiento, la autoridad laboral dictó sentencia en la que condenó al Instituto codemandado.

35. Inconforme con la determinación el actor promovió demanda de amparo directo. Por razón de turno le correspondió el conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito que seguido el procedimiento el veintisiete de junio de dos mil veinticuatro dictó sentencia.

Consideraciones que sustentan el criterio

36. En sus consideraciones el Tribunal abordó lo resuelto por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 4a./J.4/93, en ella se consideró que aunque el capítulo tercero, sección primera de la Ley del Seguro Social derogada que regula lo relativo a los riesgos de trabajo no establece a partir de qué momento debe cubrirse la pensión por incapacidad sea parcial o total, lo cierto, es que de la interpretación armónica de los artículos 51, 65 y 68 de la Ley del Seguro Social, concluyó que ese beneficio debe pagarse a partir de la fecha en que se califique definitivamente el grado de incapacidad, y que ello, se actualiza, en estos supuestos:

a) Cuando el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social emite su resolución, en caso de que el trabajador hubiera optado por recurrir la calificación del riesgo; o,

b) Cuando la autoridad laboral competente dicte la resolución, en el supuesto de que el asegurado hubiera ejercido la acción correspondiente, lo cual es aplicable a la legislación vigente.

37. Citó el contenido del artículo 492 de la Ley Federal del Trabajo, y refirió que es atribución del Tribunal laboral realizar la adecuación de la norma general y abstracta al caso concreto, ya que es deber del órgano subsumir las consecuencias de un riesgo de trabajo a las hipótesis legales contenidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con los artículos 840, fracción VI y 841 del mismo ordenamiento legal, debido a que no puede ser posible que recaiga en el profesional médico la facultad de decidir la aplicabilidad de determinada fracción de la Ley Federal del Trabajo para efectos de establecer el porcentaje de incapacidad, sin que la autoridad responsable se cerciore de la existencia de la norma aplicada.

38. Además de la adecuación de la norma al caso particular dependerá la actualización de la presunción que emana del presupuesto legal, labor meramente jurisdiccional que no puede residir en un profesional en materia de medicina, ya que con los datos que provee el propio perito médico, el Tribunal laboral está en aptitud de determinar la norma legal respectiva para aplicar el porcentaje de incapacidad parcial permanente.

39. En ese sentido el Tribunal Colegiado consideró que contrario a lo considerado por el Tribunal laboral responsable, la condena impuesta al instituto de seguridad social demandado, consistente en otorgar al actor una pensión permanente parcial, con el carácter de provisional por dos años referente al periodo de adaptación, no se encontraba ajustada a derecho, pues es labor del órgano jurisdiccional subsumir las consecuencias de un riesgo de trabajo a las hipótesis legales contenidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con los artículos 840, fracción VI, y 841, del mismo ordenamiento legal.

40. Señaló que incluso el propio Tribunal Laboral al concluir el grado de los padecimientos reclamados por el actor precisó determinar en definitiva y en coincidencia con el peritaje médico la clasificación del grado de los padecimientos reclamados en el sumario, de tal suerte que condenó al demandado Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer los padecimientos relativos.

41. De ahí que consideró que en ese aspecto el Tribunal Laboral responsable es incongruente, pues por una parte determina en forma definitiva la clasificación del grado de los padecimientos del actor y por otro, estimó que dicha pensión debe ser con el carácter de provisional.

42. Argumentos que apoyó, en la jurisprudencia VII.2o.T. J/17 L (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con registro digital 2028837, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: “PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. CUANDO SE CUBRA UNA INDEMNIZACIÓN GLOBAL Y POSTERIORMENTE SE AGRAVE LA DISMINUCIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL DEL ASEGURADO, DEBE PAGARSE A PARTIR DE QUE SE CALIFIQUE DEFINITIVAMENTE EL GRADO DE INCAPACIDAD”. 43. El Tribunal Colegiado concedió el amparo para que se dejará insubsistente la sentencia reclamada y se dictara una nueva en la que se prescindiera de considerar que la pensión otorgada al actor debe ser de carácter provisional por dos años, por correspondiente al periodo de adaptación.

C) Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 132/2024.

Antecedentes procesales

44. Un trabajador demando del ********** y otra, diversas prestaciones de carácter laboral relacionadas con la revaloración de una enfermedad de trabajo; y en consecuencia, el otorgamiento y pago de la pensión de incapacidad parcial permanente.

45. La demanda le correspondió conocer al Quinto Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en Coahuila de Zaragoza; es importante destacar que de las constancias que integran el conflicto laboral, se advierte que el trabajador manifestó que acudió en diversas ocasiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien luego de varios estudios determinó la existencia de diversas enfermedades profesionales; sin embargo, al iniciar los trámites administrativos al reconocimiento de la incapacidad permanente, le fue señalado que por “normativa” era imposible determinar la incapacidad permanente parcial, pues solo le podía reconocer como “enfermedad general”, de ahí que acudió ante la vía judicial.

46. Seguido el procedimiento, el Tribunal laboral dictó sentencia en la que condenó al Instituto demandado.

47. Inconforme con la determinación el actor promovió demanda de amparo directo. Por razón de turno conoció del asunto el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito que seguido el procedimiento, el quince de febrero de dos mil veinticuatro, dictó la resolución correspondiente.

Consideraciones que sustentan el criterio

48. Al respecto el Tribunal Colegiado de Circuito invocó el contenido de los artículos 41 y 43 de la Ley del Seguro Social, así como los diversos 473 y 475 de la Ley Federal del Trabajo, que tales preceptos prevén la parte relativa a los riesgos de trabajo a que se exponen los trabajadores en ejercicio o con motivo de la prestación de sus servicios subordinados, y las consecuencias que por su gravedad puede originar un riesgo profesional que son clasificadas por la Ley Federal del Trabajo.

49. Citó además el contenido del numeral 61 de la Ley del Seguro Social, el cual interpretó de manera literal, y refirió que expresamente dispone que al declararse la incapacidad permanente (por orden judicial o administrativa), sea parcial o total, el Instituto Mexicano del Seguro Social concederá al trabajador la pensión que corresponda con carácter provisional y, una vez satisfechos los requisitos relativos, la pensión definitiva; esto último, transcurrido el periodo de dos años el instituto o el asegurado podrán solicitar la revisión de la incapacidad con el propósito de modificar la cuantía de la pensión.

50. Al realizar la interpretación de la norma anterior, el Tribunal resaltó que el legislador empleo del vocablo “podrá” en la estructura del citado numeral y que por lo tanto, su intención fue que si el instituto de seguridad social considerara necesario estaría en aptitud de solicitar la revisión de la incapacidad otorgada al trabajador con el fin de poder modificar la cuantía de la pensión, prerrogativa que también se le otorgó al pensionado.

51. Por tanto, concluyó que el que se pueda revisar en el periodo de dos años la cuantía de la pensión otorgada, en sí mismo no constituye un acto que se vaya a realizar, toda vez que su sola posibilidad de actualizarse depende de la voluntad de las partes; pues es claro que, antes de que alguna de ellas ejerza dicho derecho de revisión, tal acto no incide en la esfera jurídica del trabajador, ya que si bien pudiera repercutir en un incremento o disminución de la cuantía de la pensión, es sólo una posibilidad que en este momento no puede considerarse que lesione intereses legalmente protegidos, pues para la actualización de esa posible consecuencia, habrá que esperar el momento en que el instituto obligado sometiera la pensión otorgada a dicha revisión.

52. De ahí que puntualizó que la afirmación en torno a que una incierta revisión de la pensión por incapacidad otorgada ocasionaría un menoscabo, resulta infundada; pues dicho acto se ve sujeto a la voluntad de las partes; asimismo, se ignora en qué sentido podrá pronunciarse la revisión, la cual incluso podría ser favorable a los intereses del trabajador de agravarse las enfermedades ya demostradas en juicio o aún más, que de las causas de estas surgieran nuevos padecimientos.

53. Que lo dicho es acorde con lo establecido en el dictamen médico-pericial rendido por la médico adscrita a la Unidad de Peritos Judiciales, quien al responder los cuestionarios que se le formularon, así como a las conclusiones médico-legales que alcanzó, advirtió que los padecimientos de salud que sufre el trabajador son permanentes, sin embargo, no señaló que no fueran agravarse.

54. También, agregó que el periodo de adaptación que alude el artículo 61 de la Ley del Seguro Social, no trastoca la firmeza de la cosa juzgada, como lo expresó el quejoso pues debe de tomarse en cuenta el derecho del actor finalmente dilucidado en el proceso, a saber: las enfermedades de trabajo que tuvieron su origen o causa en el trabajo desarrollado o en el medio en que el operario se vio obligado a prestar sus servicios que a causa de estas sus efectos fueron el estado patológico del quejoso.

55. Destacó que por tanto, el fin mismo que se busca con el numeral en cita, no es el brindar una oportunidad arbitraria al instituto de salud demandado para modificar la pensión por incapacidad permanente obtenida por sentencia, sino todo lo contrario, es una prerrogativa que busca garantizar el derecho fundamental a la salud en su vertiente completa y actualizada.

56. Explicó que con el denominado “periodo de adaptación” lo que se pretende es el actualizar o dar a conocer de la manera más precisa y cierta los padecimientos patológicos del trabajador, pues es bien sabido que cualquier enfermedad o patología existente que presenta un ser humano con el trascurso del tiempo tienden a agravarse o acentuarse, motivo por el cual, la posibilidad de que las partes que integran el juicio puedan solicitar una revisión en un lapso de dos años obedece a este fin, pues sólo de esta forma el juzgador en su momento tendrá esos nuevos elementos para incrementar la cuantía de la pensión o en su caso su disminución; con lo cual se alcanzaría el fin de toda contienda judicial que es, dar a cada quien lo que legalmente le corresponde.

57. Así, estableció que el lapso de adaptación contemplado en el artículo 61 de la Ley del Seguro Social y una vez fincada en sentencia la incapacidad permanente del trabajador, no se trastoca la inmutabilidad de la cosa juzgada; pues lo que se pretende con dicho lapso es brindar al gobernado una tutela completa al derecho a la salud.

58. De igual manera agregó que es infundado sostener que solamente puede actualizarse en sede administrativa la figura jurídica de periodo de adaptación de dos años, a que alude el numeral 61 de la Ley del Seguro Social, pues conforme a lo que establece el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, las controversias que surjan, entre otros casos, por el otorgamiento de pensiones motivadas por incapacidad permanente, es decir, entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, deberán tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral.

59. Por tanto, determinó que es correcto considerar que estas controversias donde se diluciden cuestiones de otorgamientos de pensiones, se sujetarán a las normas adjetivas especiales que establezca la Ley del Seguro Social que a su vez dispone que se ventilarán dichas contiendas ante los tribunales federales del trabajo, motivo por el cual el artículo 61 de la citada ley al pertenecer a dicho compendio es de aplicación también jurisdiccional.

60. El Tribunal Colegiado determinó negar el amparo.

V. Inexistencia de la contradicción de criterios entre lo

resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil

y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo

directo 729/2024 con los diversos tribunales

61. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no existe la contradicción de criterios denunciada respecto del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 729/2024, con los analizados por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo, ambos del Octavo Circuito, en los amparos directos 358/2023 y 132/2024, respectivamente.

62. Lo anterior se considera así, porque en el asunto fallado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, analizó un supuesto distinto al de los contendientes, ya que del análisis que efectuó de la actuación de la autoridad laboral, determinó que al sufrir el trabajador lesiones de carácter irreversible debía otorgársele una pensión de carácter definitivo, sin que emitiera cuestionamiento a cerca del periodo de adaptación que establece el artículo 61 de la Ley del Seguro Social.

63. Efectivamente, como puede corroborarse del apartado donde se analizaron los antecedentes de cada caso, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo 729/2024, sostuvo que el Juez de Distrito responsable debió, al haber establecido que los padecimientos que presentaba el actor son de carácter irreversible, otorgarle una pensión definitiva y no provisional, al no existir motivo para otorgar el periodo de adaptación de dos años a que se refiere el artículo 61 de la Ley del Seguro Social, toda vez que las lesiones que presentaba ya fueron materia de debate judicial (distinto a una apreciación administrativa) y no son objeto de mejora o evolución como es la amputación de ex

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33742-a87081f3/pension-por-riesgo-de-trabajo-cuando-se-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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