CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PUEDE DESVIRTUARSE SU VALOR PROBATORIO CUANDO NO SE ASIENTA QUE EL TRABAJADOR FUE DADO DE ALTA PARA UN DETERMINADO PATRÓN, Y EL DERECHOHABIENTE ACREDITA ESE EXTREMO EN EL JUICIO LABORAL CON LOS AVISOS DE ALTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 380/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; VOTÓ CON SALVEDAD SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley, y 21, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de distintos circuitos en asuntos que versan sobre la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.
6. SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, uno de los tribunales en contradicción.
7. TERCERO. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis, cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
8. Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
9. Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
10. Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época, Registro: 164120, Instancia: Pleno, jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época, Registro: 166996, Instancia: Pleno, tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67)
11. CUARTO. Precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
12. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al resolver los amparos directos 51/2013 y 215/2013, el veinticinco de julio y el veintinueve de agosto de dos mil trece, respectivamente, sostuvo que: (fojas 4 y 35 vuelta a 46, 54 y 77 a 88 del toca)
Ejecutoria 51/2013
"Por otra parte, en el primero de sus motivos de disenso el instituto quejoso aduce, esencialmente, que el laudo reclamado es violatorio de garantías en su perjuicio, porque la Junta del conocimiento omitió valorar las pruebas de su intención y analizó incorrectamente la prueba documental pública que ofreció con el número cuatro, consistente en la hoja de certificación de derechos, la cual tiene valor probatorio salvo prueba en contrario en términos de la jurisprudencia por contradicción 13/2022-SS (sic), siendo equívoco el criterio de la responsable, al establecer que su valor se desvirtuó con el aviso de alta y la inspección ofrecidas por el actor, ya que la simple inscripción de un asegurado no significa que empiece a cotizar, pues para que se generen semanas de cotización, es requisito indispensable que los patrones que lo afilien o den de alta liquiden y paguen las cuotas obrero patronales y, en todo caso, el actor debió aportar las cédulas relativas para demostrar que los importes correspondientes fueron enterados al instituto.
"Indica, que cotizar, en términos gramaticales y de seguridad social, implica el pago mismo de las cuotas obrero patronales, por lo que si en el certificado de derechos que aportó no aparecen más de 881 semanas cotizadas y el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas en cantidad de $88.43 pesos, es porque jamás se hicieron los registros ni los pagos respectivos a nombre del actor por ningún patrón.
"Agrega, que es absurdo el razonamiento de la autoridad responsable de negarle valor a la certificación de derechos, porque los patrones señalados en los supuestos avisos de alta no aparecen en dicha documental, pues con esos avisos solamente se tiene la certeza de una fecha de alta pero no del total de semanas cotizadas y por tanto, no puede ser prueba en contrario del certificado de derechos, amén de que el actor no aportó prueba con la cual demostrara que cotizó 1099 semanas, y el certificado de derechos es emitido con los datos del Sistema Integral Nacional de Derechos y Obligaciones (SINDO) que contiene los movimientos afiliatorios de los asegurados a partir de mil novecientos ochenta y dos, y del Catálogo de Avisos Originales (CAO), que contiene las semanas cotizadas anteriores a dicho año, demostrando que ********** solamente cotizó 881 semanas y que el salario de las últimas 250 es de $********** pesos.
"No asiste razón al instituto quejoso en lo referente a que la Junta indebidamente le negó valor al certificado de derechos que exhibió en el juicio laboral de origen.
"Para evidenciar lo anterior, es menester precisar, que si bien en términos del criterio de jurisprudencia invocado por el hoy peticionario del amparo, es cierto que, el certificado de derechos expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un documento oficial de control e información, utilizado para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario.
"Igualmente, que de conformidad con las reglas específicas, dicho certificado sirve para establecer si un asegurado tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones, tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga acorde con su legislación y reglamentación particular.
"Y que tal documento, no obstante ser aportado por el instituto en su carácter de demandado, constituye prueba idónea para acreditar los extremos referidos, sin necesidad de exhibir los avisos de alta y baja del asegurado o el pago de las cuotas respectivas, ya que el documento en el que se asientan los datos correspondientes es precisamente la hoja de certificación de derechos, aunado a que dada la trascendencia fiscal que pudiera derivarse de tal información, sería difícil que los datos ahí registrados sean alterados.
"Pero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emisora del criterio en comento, también estableció que aun cuando el certificado de derechos aludido sea la prueba idónea para comprobar los datos en él asentados por el instituto asegurador, existe la posibilidad de que el trabajador pueda desvirtuarlos con prueba en contrario, en caso de estimar que aquéllos son inciertos.
"La jurisprudencia citada está publicada con el número 2a./J. 39/2002, en la página doscientos setenta y uno del Tomo XV, correspondiente a mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto:
"‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS. De lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que dentro de las facultades de la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como del delegado, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra la consistente en certificar la vigencia de derechos de los asegurados, por lo que el certificado que al respecto expidan es el documento oficial de control e información, utilizado para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, de conformidad con sus reglas específicas, a efecto de establecer si éste tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones, tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga acorde con su legislación y reglamentación particular. En congruencia con lo anterior, se concluye que aun en los casos en que el citado documento sea aportado por el indicado instituto en su carácter de demandado, constituye la prueba idónea para acreditar los extremos referidos, sin que sea necesario que se exhiban los avisos de alta y baja del asegurado o el pago de las cuotas respectivas, ya que el documento en el que se asientan los datos correspondientes es precisamente la hoja de certificación de derechos. Además, si para la validez de dicho documento fuera necesario acompañar los citados avisos o el pago señalado, ello implicaría desconocer todo valor a la certificación aludida en los juicios laborales en que el mencionado instituto sea parte, pues entonces no tendría razón de ser su exhibición; lo anterior, aunado a que dada la trascendencia fiscal que pudiera derivarse de tal información, sería difícil que los datos ahí registrados sean alterados, lo que desde luego no impide la posibilidad de que el trabajador pueda desvirtuarlos con prueba en contrario, en caso de estimar que aquéllos son inciertos.’
"Ahora bien, en el juicio laboral de origen se fijó como punto de controversia el cómputo legal de las semanas de cotización al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, así como el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas por el trabajador **********, ya que en la resolución número ********** de cinco de enero de dos mil diez, mediante la cual, el instituto demandado le otorgó su pensión de vejez, sólo consideró 881 semanas cotizadas y un salario de $********** pesos, como salario de las últimas 250 semanas cotizadas, cuando el trabajador afirmó que cuenta con 1099 semanas cotizadas y un salario de $********** pesos, aspectos que, dijo, debieron ser considerados por el instituto asegurador para el cálculo de su pensión de acuerdo con el artículo 167 de la Ley del Seguro Social vigente a partir de mil novecientos setenta y tres.
"Para acreditar la diferencia de las 218 semanas de cotización existentes, entre las tomadas en cuenta por el instituto demandado y las que dice el accionante son las correctas, así como el monto del salario de cotización que indicó en la demanda inicial, éste ofreció y exhibió en el juicio las pruebas documentales consistentes en: la resolución de pensión de vejez de cinco de enero de dos mil diez; copias autógrafas de avisos de inscripción y baja al régimen obligatorio de seguridad social, así como avisos de modificación de salarios con diversos patrones; y, la copia certificada ante notario público de la hoja de certificación de derechos expedida por el jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, fechada el cuatro de diciembre de dos mil nueve (fojas 36 a 41).
"Por su parte, el instituto demandado ofreció la confesional a cargo del actor y la inspección judicial en su sistema electrónico para verificar el monto de la pensión otorgada, mismas que le fueron desechadas; las documentales consistentes en: la hoja de certificación de derechos, fechada el diez de diciembre de dos mil nueve; la resolución número 09/266798 de cinco de marzo de dos mil, mediante la cual le otorgó la pensión al actor, y la hoja de cálculo de la pensión; así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.
"Durante el desarrollo de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia trifásica celebrada el once de junio de dos mil diez, el instituto objetó de manera general, en cuanto al alcance y valor probatorio, las documentales ofrecidas por el actor, en los términos siguientes:
"‘En cuanto a la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el inciso a), la misma se objeta en cuanto al alcance y valor probatorio que el oferente le pretende dar, ya que con la misma no se acreditan los extremos de su acción y se hace propia en cuanto beneficie los intereses de mi representada, ya que de la misma se desprende, que al momento de la baja del hoy actor el mismo tenía cotizadas ante mi representada un total de 881 semanas, y que el salario promedio de las últimas 250 semanas del hoy actor es de $88.43, datos éstos que fueron tomados como base para realizar el cálculo de la pensión de vejez que hoy recibe el hoy actor por parte de mi representada; así mismo, de dicha documental se desprenden los cálculos realizados correctamente por mi representado para el otorgamiento de la pensión de vejez antes mencionada; respecto a la DOCUMENTAL marcada con el inciso b), la misma se objeta en cuanto alcance y valor probatorio que el oferente le pretende dar, ya que con la misma no se acredita los extremos de su acción y concretamente no se acredita que el hoy actor haya cotizado ante mi representado un total de 881 semanas como lo pretende hacer valer el hoy actor, pero de ninguna manera, se acredita que haya cotizado en el régimen obligatorio del seguro social un total de 1099 semanas; en cuanto a la PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA ofrecida de manera, oral por la parte actora, la misma se objeta en cuanto alcance y valor probatorio que el oferente le pretenda dar, ya que con la misma no acredita los extremos de su acción, y concretamente, no acredita que haya cotizado ante mi representado un total de 881 semanas como lo pretende hacer valer el hoy actor, además, de que no se le deberá otorgársele (sic) valor probatorio puesto que se trata de una simple copia fotostática. Y por último, se objetan las pruebas marcadas con el numeral I y II en cuanto alcance y valor probatorio que el oferente le pretenda dar, ya que con las mismas no acredita los extremos de su acción, y concretamente no acredita haber cotizado ante mi representado un total de 881 semanas como lo pretende hacer valer el hoy actor.’ (fojas 10 y 11)
"En el laudo reclamado, por corresponder la carga procesal al instituto demandado, inicialmente la Junta responsable procedió a valorar sus pruebas en la forma que se transcribe:
"‘... En lo que respecta a la prueba documental marcada con el número 4, que se hace consistir en la hoja de certificación de derechos del actor, debidamente signado por el Lic. Luis Enrique Martínez Cedillo, en su carácter de subdelegado del IMSS de Monclova, que se encuentra visible a foja 47 del expediente, y del cual, se desprende que, el instituto le reconoce mediante este documento al actor, 881 semanas de cotización, y que si bien, se encuentra debidamente signado por el C.P. Luis Enrique Martínez Cedillo en su carácter de jefe de departamento de afiliación y vigencia, y se obtiene que el actor empezó a cotizar ante el instituto desde el 10 de octubre de 1968, y hasta su última baja del 16 de agosto del 2009, tiene valor para demostrar los datos que en él se contienen, ese alcance de convicción está condicionado a que no exista alguna prueba que lo desvirtúe. También ofreció en su escrito de pruebas bajo el apartado 5, la resolución número **********, del 05 de enero del 2010, que le fue otorgada al actor y que es visible a foja 48 de los autos, y que también fue ofrecido por la parte actora, se encuentra fuera de litis en cuanto al reconocimiento de que, se le determinó su pensión con base en un salario de $**********, el cual, si bien, es el indicado en la hoja de certificación de derechos exhibido por la demandada, ya que, con base a ésta se emitió la resolución correspondiente, como quedó señalado, en la hoja de certificación de derechos, tiene valor siempre y cuando no se encuentra en contradicción con otro medio de convicción ofrecido en autos. En lo que respecta a la prueba documental marcada con el número 7, que hizo consistir en la hoja de cálculo de pensión de vejez en favor del actor, es visible a foja 49 de los autos, no se le otorga valor, porque es un documento que no señala el nombre que se le atribuye a la firma que aparece en la parte inferior derecha del citado documento, aunado a que, existe inconformidad por parte del actor, en cuanto al número de semanas y salario de cotización que es el que aparece en la citada hoja ...’ (foja 151)
"Lo anterior denota, en principio, que adversamente a lo aducido de manera genérica por el instituto quejoso, la Junta responsable sí valoró las pruebas ofrecidas de su intención en los términos precisados.
"En cuanto al certificado de derechos, la autoridad del trabajo determinó que mediante dicho documento: el instituto reconoció al actor 881 semanas de cotización; que empezó a cotizar desde el diez de octubre de mil novecientos noventa y ocho, hasta su última baja del dieciséis de agosto de dos mil nueve; que aun cuando está signado por Luis Enrique Martínez Cedillo, jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia, y tiene valor para demostrar los datos que en él se contienen, ese alcance de convicción está condicionado a que no exista alguna prueba que lo desvirtúe.
"Respecto de la resolución número **********, de cinco de enero de dos mil diez, la autoridad responsable consideró que se encuentra fuera de litis en cuanto al reconocimiento del salario de $88.43 pesos con que se calculó la pensión, que si bien es el indicado en la hoja de certificación de derechos exhibido por la demandada, con base en el cual se emitió dicha resolución, el valor de tal certificación está condicionado a que no se encuentre en contradicción con otro medio de convicción ofrecido en autos.
"Y por lo que hace a la hoja de cálculo, la Junta determinó negarle valor porque se trata de un documento en el cual no se señaló el nombre de quien lo firmó en su parte inferior derecha, aunado a la inconformidad del actor en cuanto al número de semanas y salario de cotización asentados en esta probanza.
"Enseguida, para reforzar la valoración otorgada a las pruebas del instituto demandado, la Junta del conocimiento procedió al estudio y valoración del material probatorio aportado al juicio por el actor, como sigue:
"‘... Por otra parte para efecto de desvirtuar lo anterior, en análisis de las pruebas ofrecidas por la parte actora, tenemos que ofreció mediante el escrito de pruebas visibles de la foja 34 y 35 de los autos, la prueba documental marcada con el número 1, inciso b) diversos formularios de avisos de afiliación con el número de Seguridad Social **********, inscrito en el régimen obligatorio del Seguro Social, con diversas empresas, como lo fue, Ing. **********, cuyas inscripciones datan del 15 de enero del 2001, 19 de marzo del 2001, 05 de enero del 2000, con registro patronal **********, que no se desprende de la hoja de certificación de derechos ningún alta con este patrón, ya que, los registros patronales que aparecen en la citada hoja son **********; también aparece un alta del trabajador a nombre del patrón **********, con fecha 30 de abril de 1997, cuyo registro patronal tampoco aparece en la hoja de certificación de derechos, y el alta con este mismo patrón, del 8 de diciembre de 1998, con lo que se desvirtúa la prueba documental pública ofrecida por la demandada en donde no se contemplan las altas ni se cuantifican las semanas cotizadas con los patrones que han quedado señalados, y que corresponden a documentos propios del instituto, en su carácter de organismo asegurador, y si bien, la hoja de certificación de derechos, tiene valor probatorio, dicho valor está condicionado a que, no exista prueba alguna que lo contradiga, y en el caso concreto con las pruebas ofrecidas por la parte actora, se desvirtúa el valor de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada a fojas 47 y 48, consistentes en la hoja de certificación de derechos y la resolución emitida para el otorgamiento de una pensión de vejez al actor, porque en la citada hoja no aparecen las altas, bajas y modificaciones salariales con los patrones a que se ha hecho referencia con antelación y ofrecidos por la parte actora, lo cual genera en consecuencia que, se tenga por ciertas el número de semanas que afirma el actor en su demanda, ya que, al documento ofrecido por la demandada para acreditar su excepción y que fue la hoja de certificación de derechos no se le otorgó valor, y si no tiene valor este documento, para cuantía en las semanas, tampoco lo tiene para el salario promedio de cotización de las últimas 500 semanas, para efecto de fijar el monto de la cuantía, de la pensión del actor, como el de $**********, más aún cuando el salario de cotización es tomando en cuenta las últimas 500 semanas y las altas que ofrece la parte actora inciden en el monto del salario, de cotización, porque al no haber sido tomadas en cuenta, tampoco se tomó en cuenta el salario con que fue registrado o las modificaciones de salarios correspondientes y por ello, se tiene por cierto el afirmado por el actor, de $**********, en análisis de las pruebas ofrecidas y en apoyo a la prueba presuncional e instrumental de actuaciones, se corrobora que efectivamente el actor cotizó más semanas de las reconocidas en la hoja de certificación de derechos extendida por el instituto, a foja 47 de los autos, ante el régimen obligatorio del Seguro Social, y por ello se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a que compute al régimen obligatorio del Seguro Social 1099 semanas en favor de **********, y por ende a que le calcule en forma debida la cuantía de pensión de vejez de acuerdo a 1099 semanas, con un salario promedio de cotización de $**********, así como se le tome en cuenta el incremento del 11% establecido en el decreto que reforma el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero del 2004, sobre el que la demandada no suscita controversia y sí refiere que se lo cubre, pero en base a unas semanas que no corresponde y sobre pensiones de vejez otorgadas al actor y que en términos de la transcripción que hace el mismo instituto le asiste el derecho al actor al pago del porcentaje indicado, y por lo tanto le cubra las diferencias que resulten entre la cuantía de la pensión que le determinó con 881 semanas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24939-3a7ff50a/certificado-de-derechos-expedido-por-el-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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