CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. VALORACIÓN DE AQUEL EN QUE SE ESTABLECE QUE EL TRABAJADOR FUE DADO DE ALTA PARA UN DETERMINADO PATRÓN, COTIZÓ CERO SEMANAS Y NO SE ASIENTA LA FECHA DE BAJA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 312/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS; SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ VOTÓ CON SALVEDADES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto se ocupa de la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en asuntos que versan sobre la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo,(2) puesto que fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, por conducto de su presidente.
TERCERO. A continuación, conviene reseñar los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.
1. Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito
Amparo directo **********.
Una mujer demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social ante la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, solicitando esencialmente que se le otorgara una pensión por viudez.
La Junta, después de valorar las pruebas aportadas al juicio, determinó que el trabajador fallecido no reunía los requisitos establecidos en el artículo 182 de la Ley del Seguro Social abrogada (pero aplicable al caso concreto), pues únicamente cotizó 239 semanas en el régimen obligatorio y feneció su conservación de derechos, por lo que no contaba con el número suficiente de semanas de cotización para el otorgamiento de la pensión solicitada a su viuda. Se dijo que esto se desprendía de la prueba documental consistente en la hoja de certificación de derechos emitida a nombre del trabajador fallecido, y se dio valor probatorio pleno a este documento.
Inconforme con esta determinación, la parte actora en el juicio laboral promovió juicio de amparo directo contra el laudo de la Junta Especial. En los conceptos de violación se reclamaron diversas cuestiones. Para efectos del presente asunto, destaca que en el amparo se afirmó que la hoja de certificación de derechos que se tomó en cuenta no tenía sello del departamento de afiliación y vigencia de derechos correspondiente y que erróneamente se concedió valor probatorio pleno a la mencionada hoja, pues está incompleta. Esto se comprueba, según la quejosa, con copia simple de un aviso de inscripción proporcionada en el juicio natural por la parte actora. Asimismo, la quejosa señaló que, a su juicio, la hoja de certificación es incongruente, ya que en ella se aprecia que el trabajador fue dado de alta por dos patrones, pero se contabilizaron cero semanas de cotización con éstos, lo cual es falso.
El Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito resolvió este asunto en sesión celebrada el veintitrés de junio de dos mil once y negó la justicia constitucional solicitada, bajo los siguientes razonamientos:
"La impetrante del amparo argumenta, en su primer motivo de inconformidad, que indebidamente la Junta otorgó valor probatorio a la certificación de derechos exhibida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que la misma no contiene sello oficial ni fue suscrita por la titular de la oficina de vigencia de derechos, como lo señala la tesis con el rubro: ‘LOS TITULARES EN LAS OFICINAS DE VIGENCIA DE DERECHOS ESTÁN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR Y EXPEDIR HOJAS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.’.
"Lo anterior es infundado según se expone enseguida.
"Al dictar el laudo impugnado, la Junta responsable tuvo por justificado el hecho que el asegurado no contó con el mínimo de cotizaciones necesarias para el otorgamiento de la pensión de viudez reclamada por la aquí quejosa, para lo cual, de manera correcta, otorgó valor probatorio a la hoja de certificación de derechos, al establecer que, conforme a la misma, el extinto cónyuge cotizó únicamente doscientas treinta y nueve semanas, lo que se estima es correcto.
"Para ello se parte de la premisa consistente en que la hoja de certificación de derechos constituye un documento público que, salvo prueba en contrario, hace fe en el juicio en el que se presenta sin necesidad de legalización, esto es, no se requiere de la comprobación del nombramiento del titular que lo expide, por emanar de una autoridad que actúa en el ámbito de su competencia y en ejercicio de sus funciones (o como autoridad facultada para realizar la certificación respectiva), por lo que el acto en él contenido se encuentra investido del principio de presunción de legalidad y, por ello, hace prueba plena de lo que afirma la autoridad que lo suscribe, desde luego, siempre que contenga los datos conducentes y no sea desvirtuado por otros elementos de convicción.
"En efecto, contrario a lo argumentado por la quejosa, la citada documental tiene valor, sin que ello impida a la actora, en su caso, desvirtuar con prueba en contrario su verosimilitud, lo que no aconteció en el presente asunto.
"Además, en términos de la jurisprudencia que enseguida se cita, no es requisito acompañar los movimientos de altas y bajas del trabajador; luego, si éste considera que las semanas reconocidas no son las reales, está en aptitud y obligación de aportar las pruebas sobre el particular, lo que no ocurrió en la especie.
"Efectivamente, para demeritar su valor resultaría indispensable cuando menos el ofrecimiento de una prueba cuyo confeccionamiento también guarde características similares a aquél, es decir, que se trate de una prueba que constituya o pueda constituir un instrumento de control de uso ordinario que, con frecuencia, se emplee para registrar los movimientos de afiliación de los trabajadores, como pudieran ser los avisos de altas o modificaciones al régimen de seguridad social (pues en éstos se contienen los datos proporcionados por el patrón al instituto, y éste valida su presentación con el sello impreso de recepción), o bien, una diversa hoja de certificación de derechos extendida por el instituto a solicitud del asegurado o beneficiario, si se tiene en cuenta que éstos pueden solicitar su expedición de conformidad con el Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social; o, la prueba pericial que evidenciara su falsedad o inexactitud, incluso, con la testimonial de los patrones; de ahí lo infundado del concepto de violación de referencia.
"La aludida jurisprudencia es la 39/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 271, y es del rubro y texto siguientes:
"‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’
"Luego, es infundado el argumento de la quejosa relativo a que, al dictar el laudo impugnado, la Junta responsable no debió otorgar valor probatorio a la mencionada hoja de certificación de derechos y que conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘SEGURO SOCIAL LOS TITULARES DE LAS OFICINAS DE VIGENCIA DE DERECHOS ESTÁN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR Y EXPEDIR LAS HOJAS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES.’, se deduce que tal documental no fue expedida por persona autorizada, ya que su suscribiente ostenta un cargo muy distinto al señalado por dicha tesis.
"Ello, en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte que la Junta le haya irrogado agravio legal a la quejosa, porque si bien **********, al suscribir dicho documento lo realiza en su carácter de encargada del departamento de afiliación y vigencia, contra lo que afirma, con dicho carácter, sí está facultada para expedirlo de acuerdo a lo que estableció la jurisprudencia que invoca y que más adelante se transcribe.
"Lo anterior es así, toda vez que, como en ella se determinó, la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social precisa de la coordinación entre los diversos órganos que lo componen: superiores, normativos, regionales, delegacionales y operativos, entre los que se encuentran las subdelegaciones y otras unidades administrativas, previéndose que dicha coordinación puede efectuarse a través de los manuales de organización.
"Es así, en razón de que, en la actualidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 161/2005-SS, en relación con el tema, determinó que los titulares de las oficinas de vigencia de derechos están facultados para suscribir y expedir las hojas de certificación correspondientes, toda vez que, en virtud de que tanto las Oficinas de Vigencia de Derechos de las Subdelegaciones, subordinadas a las delegaciones, como la dirección de afiliación y cobranza, cuentan con la atribución para realizar actos relativos a la certificación de vigencia de derechos para el otorgamiento de prestaciones en dinero y en especie, de lo anterior se concluye que los titulares, o bien, los encargados de las oficinas de vigencia de derechos están facultados para suscribir y expedir las hojas de certificación correspondientes, pues el ejercicio de sus atribuciones se encuentra en los manuales de organización.
"Por consiguiente, si la hoja de certificación de derechos que el instituto demandado allegó al juicio laboral de origen fue expedida y suscrita por **********, en calidad de encargada del departamento de afiliación y vigencia respectivo, ante ello, resulta correcta, por ende, legal, la determinación de la autoridad responsable en la que estimó que la documental de mérito surtía plenamente sus efectos, entre otras cuestiones, porque se emitió por una persona facultada legalmente para ello, pues, se reitera, quien ejerce la titularidad o encargo de las oficinas de vigencia de derechos -carácter que se estima tenía la precitada persona al momento de la expedición respectiva- cuenta con la facultad para signar las hojas de certificación de vigencia de derechos correspondientes.
"Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 174/2005 de la Novena Época, la cual deriva de la ejecutoria emitida a la contradicción de tesis 161/2005-SS, por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, localizable en la página 1122, Tomo XXIII, enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:
"‘SEGURO SOCIAL. LOS TITULARES DE LAS OFICINAS DE VIGENCIA DE DERECHOS ESTÁN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR Y EXPEDIR LAS HOJAS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES. ...’
"Luego, debe concluirse que la hoja de certificación de vigencia de derechos expedida por **********, en calidad de encargada del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación en Reynosa, Tamaulipas, del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por ende, responsable en ese momento de tal dependencia, sí cuenta con el valor probatorio otorgado por la Junta responsable, por ser la persona facultada para expedirla de acuerdo a lo que se estableció en la jurisprudencia en que se apoyó la responsable, al no haberse desvirtuado el carácter de la suscriptora, ni el contenido de la documental.
"Tampoco demerita el valor probatorio otorgado a dicha hoja de certificación de derechos, la circunstancia de no contener algún sello que identifique que proviene del instituto demandado o del departamento que lo expide.
"Ello es así, porque la hoja de certificación de derechos que tomó en cuenta el tribunal del trabajo, no obstante carecer de sello, contiene la leyenda: ‘Hoja de certificación de derechos. Instituto Mexicano del Seguro Social. Jefatura de Servicios Técnicos’, y en la parte inferior se identifica a la suscriptora como encargada del departamento de afiliación y vigencia, funcionaria que, como ya se dijo, tiene a su cargo la expedición de las certificaciones correspondientes, por lo cual es correcto el valor otorgado a dicha documental; máxime que, como ya se abundó, no fue desvirtuada con otros elementos convictivos para demeritar su valor.
"Sin que tampoco asista razón a la quejosa en cuanto argumenta que no se debe conceder valor probatorio a la hoja de certificación de derechos por carecer de sello, conforme a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo ********** del índice de este Tribunal Colegiado; en tanto que en esa sentencia no se estableció que la aludida documental carecía de valor por la falta de sello de la dependencia que la emitió, sino que se concedió la protección federal para efectos formales, esto es, que se analizaran las objeciones de la parte actora, relativas a si el hecho de carecer de sello y no coincidir el número de afiliación del asegurado eran motivos para restarle o no valor probatorio a la hoja de certificación de derechos y, en el caso, se determinó que si bien, como se abundó con antelación, la aludida documental carece de sello, dicha circunstancia por sí sola es insuficiente para negarle valor probatorio como lo pretende; luego, aunque no se soslaya que fue objetada por la parte actora, habiéndole otorgado la Junta valor probatorio pleno, sin realizar un pronunciamiento específico en cuanto a dicha objeción, resultaría estéril conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para ese efecto, dado que, como se estableció con antelación, fue correcto el valor otorgado por la responsable a la hoja de certificación de derechos, no obstante carecer de sello de la dependencia emisora, pues, como ya se dijo, tal documental no fue desvirtuada con otros elementos convictivos que pudieran demeritar su valor.
"Por otra parte, en el segundo concepto de violación aduce la amparista que en su demanda laboral señaló que el extinto asegurado contaba con dos números de seguridad social, ********** y **********, a lo que el instituto demandado contestó que con el primero de esos números de afiliación no se cuenta con antecedentes, por lo que la actora exhibió copia simple del aviso de inscripción del trabajador agregada a foja 75, en la que obra el sello del IMSS y en el recuadro del número de seguridad social aparece **********, y ahí mismo, arriba de ese cuadro aparece que le escribieron el número de afiliación **********, probando con ello que el asegurado contaba con dos números de afiliación.
"Lo anterior es infundado en virtud de que con la citada documental no se justifica que el asegurado contó con dos números de afiliación, ya que de la misma únicamente se desprende que el aviso de inscripción del trabajador **********, presentado al Instituto Mexicano del Seguro Social el veintitrés de agosto de dos mil uno, por el patrón con registro **********, con fecha de ingreso del trabajador el veinte de agosto de dos mil uno, se apuntó con máquina de escribir el número de afiliación **********, con el mismo tipo de letra que se llenaron los demás datos, pero que al ser erróneo ese dato se corrigió a mano para asentar el diverso **********, que es el que realmente correspondía al trabajador, lo que se confirma con el hecho que en la antes citada certificación de derechos aparezca el dato que el extinto asegurado cotizó con ese patrón del veinte de agosto al ocho de octubre de dos mil uno, siete semanas; certificado en que aparece como número de afiliación el de **********.
"En ese mismo segundo motivo de inconformidad, la amparista refiere sustancialmente, que la Junta responsable incorrectamente le otorgó valor demostrativo a la hoja de certificación de derechos exhibida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues esa documental no es congruente con la información que expresa, porque con el patrón **********, con alta de nueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, no se asentó fecha de baja ya que únicamente se apuntó ‘S/baja’ y que además aparece que cotizó cero semanas, invocando en su favor la tesis del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito Judicial, publicada en la página 1684, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente:
"‘CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL SEGURO SOCIAL. SI EN ÉL SE HACE CONSTAR LA FECHA DE ALTA DEL TRABAJADOR, PERO NO AQUELLA EN LA QUE FUE DADO DE BAJA, RESULTA INVEROSÍMIL QUE SE MENCIONE QUE NO CUENTA CON SEMANAS DE COTIZACIÓN Y, POR ENDE, AQUÉL CARECE DE VALOR PROBATORIO. ...’
"Tal motivo de inconformidad se considera infundado, partiendo de la base que la hoja de certificación de vigencia de derechos es el documento oficial de control e información, utilizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, por lo que al ser aportado por el indicado instituto en su carácter de demandado en el juicio laboral de origen, constituye la prueba idónea para acreditar los extremos referidos, sin que sea necesario que se exhiban los avisos de alta y baja del asegurado o el pago de las cuotas respectivas, ya que el documento en el que se asientan los datos correspondientes es precisamente la hoja de certificación de derechos.
"Sobre el particular tiene exacta aplicación la jurisprudencia 39/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación y texto se transcribieron con antelación, y de rubro: ‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’
"Por tanto, que la información contenida en la hoja de certificación de vigencia de derechos, constituye prueba plena, lo que desde luego no impidió la posibilidad de que la actora ahora quejosa pudiera desvirtuarlos con prueba en contrario, en caso de estimar que aquéllos son inciertos o incompletos, esto es, estuvo en la posibilidad de ofrecer probanzas para demostrar la inexactitud de los datos contenidos en esa documental.
"Además, si bien en la hoja de certificación de vigencia de derechos se asentó en la línea correspondiente al patrón ********** que fue dado de alta el nueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, y sin fecha de baja, indicándose que cotizó cero semanas, ello no tiene el alcance de restarle valor demostrativo a esa probanza, toda vez que en autos la parte actora no probó en contrario, esto es, fue omisa en ofrecer prueba alguna en la que se demostrara que con ese patrón sí hubo efectivamente cotizaciones.
"En efecto, la hoja de certificación de derechos tiene valor probatorio, sin que ello impida a la parte actora, en su caso, desvirtuar con prueba en contrario, su verosimilitud, lo que no sucedió en el presente asunto, ya que estaba obligada a aportar las pruebas tendentes para demostrar la falsedad o inexactitud de los datos contenidos en esa documental, como pudo haber sido con avisos de altas o modificaciones al régimen de seguridad social, pues en éstos se contienen los datos proporcionados por el patrón al instituto, y éste valida su presentación con el sello impreso de recepción, o bien, una diversa hoja de certificación de derechos extendida por el instituto a solicitud del asegurado o beneficiario, si se tiene en cuenta que éstos pueden solicitar su expedición de conformidad con el Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, o con la prueba pericial que evidenciara su falsedad o inexactitud, incluso con la testimonial de los patrones; de ahí lo infundado del concepto de violación de referencia.
"Sin que este órgano jurisdiccional comparta el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito Judicial antes citado, contenido en la tesis de rubro: ‘CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL SEGURO SOCIAL. SI EN ÉL SE HACE CONSTAR LA FECHA DE ALTA DEL TRABAJADOR, PERO NO AQUELLA EN LA QUE FUE DADO DE BAJA, RESULTA INVEROSÍMIL QUE SE MENCIONE QUE NO CUENTA CON SEMANAS DE COTIZACIÓN Y, POR ENDE, AQUÉL CARECE DE VALOR PROBATORIO.’, en virtud que no necesariamente en todos los casos habrá correspondencia entre las semanas que estuvo dado de alta el trabajador y las cotizaciones semanales realizadas por el patrón o recaudadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de organismo fiscal autónomo.
"En la tesis en cita, se invocan los artículos 19, fracción I, 43 y 240, fracciones XI y XVII, de la anterior Ley del Seguro Social, los cuales establecen:
"‘Artículo 19. Los patrones están obligados a:
"‘I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos que señalen esta ley y sus reglamentos, dentro de plazos no mayores de cinco días; ...’
"‘Artículo 43. En tanto el patrón no presente al instituto el aviso de baja del trabajador, subsistirá su obligación de cubrir las cuotas obrero patronales respectivas; sin embargo, si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las cuotas obrero patronales pagadas en exceso.’
"‘Artículo 240. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:
"‘...
"‘XI. Dar de baja del régimen a los sujetos asegurados, verificada la desaparición del presupuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento, aun cuando el patrón o sujeto obligado hubiese omitido presentar el aviso de baja respectivo;
"‘...
"‘XVII. Determinar y hacer efectivo el monto de los capitales constitutivos en los términos de esta ley; ...’
"Es cierto que el patrón tiene la obligación de dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus trabajadores y enterar las respectivas cuotas obrero patronales; que en tanto no dé el aviso de baja, subsistirá su obligación de cubrir las cuotas obreropatronales respectivas; que ese organismo asegurador tiene facultades para dar de baja al trabajador, verificada la desaparición del hecho que dio origen al aseguramiento y, de determinar y hacer efectivo el monto de los capitales constitutivos en los términos de esa ley.
"También es cierto que el patrón es responsable de pagar las cotizaciones semanales por el periodo que el trabajador permanezca en el Seguro Social dado de alta con él y que en caso de incumplimiento ese organismo fiscal autónomo deberá recaudar las mismas.
"Sin embargo, si el patrón no entera las cuotas obrero patronales o incumple con su obligación de dar de baja al trabajador cuando por cualquier motivo ya no subsiste la relación laboral, y el Instituto Mexicano del Seguro Social omite por cualquier razón, la recaudación correspondiente en términos del artículo 271 de la citada anterior Ley del Seguro Social, es evidente que una vez prescrito el crédito fiscal en cuestión, conforme se establecía en los diversos 276 y 277 del ordenamiento en cita, ello trae como consecuencia que finalmente no se haya cotizado en el periodo respectivo; sin que se pueda afirmar que ese organismo deba cubrir tales cotizaciones, por no existir disposición legal que así lo autorice expresamente.
"Efectivamente, el hecho de que en la certificación de derechos exhibida por el instituto demandado se haya asentado cero semanas de cotización en el supuesto que un trabajador fue dado de alta con un patrón en una fecha determinada y que no se dio el aviso de baja, sino que tiempo después aparezca que fue dado de alta con un patrón distinto; no torna inverosímil esa documental, puesto que, como se ha visto, es posible que efectivamente en el periodo de tiempo comprendido no se formularon o recaudaron cotizaciones semanales.
"En tal virtud, en su oportunidad se deberá denunciar la correspondiente contradicción de tesis.
"Por último, afirma la quejosa que el laudo es también violatorio de garantías en virtud de que en el certificado de derechos exhibido por el Instituto Mexicano del Seguro Social es incongruente dado que con relación con los patrones ********** y ********** se asentó cero semanas de cotización, cuando con el primero se estableció fecha de alta el treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y siete y de baja el doce de noviembre del mismo año; mientras que con el segundo fue dado de alta el treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y siete y de baja el quince de noviembre de ese año.
"Lo anterior también es infundado, toda vez que las cotizaciones semanales correspondientes fueron contabilizadas en el certificado de derechos con un distinto patrón, **********, en el periodo comprendido del treinta y uno de octubre al uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.
"Efectivamente, por el hecho de que un trabajador labore para varios patrones en el mismo periodo, ello no implica que obtendrá múltiples cotizaciones semanales, sino solamente será una cotización por cada semana que transcurra, siguiendo las reglas del artículo 39 de la anterior Ley del Seguro Social (correspondiente al numeral 33 de la actual), del tenor siguiente:
"‘Artículo 39. En el caso de que el asegurado preste servicios a varios patrones se le clasificará, para el disfrute de prestaciones en dinero, en el grupo correspondiente a la suma de los salarios percibidos en los distintos empleos. Los patrones cubrirán separadamente los aportes a que estén obligados con base en el salario que cada uno de ellos pague al asegurado.
"‘Cuando la suma de los salarios que percibe un trabajador llegue o sobrepase el límite superior establecido en el artículo 34 de esta ley, a petición de los patrones, éstos cubrirán los aportes del salario máximo de cotización, pagando entre ellos la parte proporcional que resulte entre el salario que cubre individualmente y la suma total de los salarios que percibe el trabajador.’
"Luego entonces, la Junta responsable no vulneró garantías individuales en perjuicio del quejoso al otorgar valor probatorio a la certificación de derechos ofrecida por el instituto demandado.
"Sin que en el caso exista materia para suplir la deficiencia de la queja, en virtud de que el instituto demandado acreditó con la certificación de derechos exhibida en autos que el asegurado no contaba con el mínimo de cotizaciones semanales requeridas, sin que la quejosa hubiere probado en contrario.
"En las relatadas condiciones, procede negar el amparo y protección a la quejosa en contra del acto reclamado y autoridad responsable señalados en el resultando primero de la presente ejecutoria."
2. Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito
Amparo directo **********.
Un trabajador demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social ante la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas. Esencialmente, pretendía que se le otorgara una pensión por vejez, al amparo de la ahora abrogada Ley del Seguro Social.
La Junta consideró que no era procedente su pretensión, ya que no se reunían los requisitos establecidos en el artículo 138 de la mencionada Ley del Seguro Social (al no haber cubierto el actor el número necesario de semanas de cotización) y el demandante estaba fuera del periodo de conservación de derechos. Para llegar a esta conclusión, se valoraron diversas pruebas, entre las cuales se encontraba la hoja de certificación de derechos expedida por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de donde se desprendía que el actor únicamente tenía dieciocho semanas de cotización y que el periodo de conservación de derechos ya había fenecido. Además, la Junta consideró que la prueba documental exhibida por el instituto (es decir, la hoja de certificación de derechos) acreditó su carga procesal, en el sentido de que no se reunían los requisitos del artículo 138 de la Ley del Seguro Social aplicable, y que esto no fue desvirtuado por la parte actora con alguna de las demás pruebas que aportó.
El demandante en el juicio laboral promovió juicio de amparo directo contra este laudo. Entre otras cosas, estimó que la autoridad responsable indebidamente tomó en cuenta la hoja de certificación de derechos, pues contiene datos falsos que la dejan sin validez. De manera concreta, se reclama que en ella obra la fecha en que unos patrones dieron de alta al trabajador, pero no la fecha en que lo dieron de baja, por lo que no se puede determinar con certeza el número de semanas cotizadas por el actor. Así pues, la parte quejosa pidió que se negara valor probatorio a la hoja de certificación de derechos.
El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito dictó sentencia en la cual concedió el amparo solicitado. A continuación, se reproduce la parte que interesa del fallo mencionado:
"En otro aspecto, tenemos que en el caso concreto, la Junta responsable declaró procedente la excepción de falta de acción y dere
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23213-f15c3553/certificado-de-derechos-expedido-por-el-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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